30.8.2017

Comunicado del Centro de Estudiantes Antonio Devoto

El 29 de agosto decidió por medio de una asamblea extraordinaria y votaciones por cursos en ambos turnos del colegios, tomar el colegio de forma indefinida, pacífica y constructiva, como una media de fuerza contra la reforma educativa del gobierno "Secundaria del Futuro" que atenta contra la educación, el ajuste que sufrimos los y las estudiantes hace años en materia de infraestructura, materiales de estudio, falta de implementación de educación sexual integral viandas, etc.

Finalizando la asamblea del último turno, pasamos a comunicar la resolución final por los cursos. El vicedirector paso atrás nuestro boicoteando la medida, desarmándonos, diciendo que la toma era ilegal y que los estudiantes se fueran a sus casas.
La dirección del colegio inicio una situación de persecución política a los nos quedamos para garantizar la toma, a los mayores de edad se les agredió verbalmente y a los/las menores se los identifico sin su conscientemente y se llamo a sus padres para que los/las vinieran a buscar.

Al inicio del turno vespertino, el director Marcelo Mazzeo se atrincheró en la puerta con la supervisora del distrito 17, no dejando ingresar al turno noche y los y las estudiantes del turno mañana que querían entrar para iniciar la medida. 
No solamente les negó el acceso al colegio, si no que el director Marcelo Mazzeo agredió junto con una auxiliar a dos estudiantes, Lucas Mello (menor de edad) y Daniela llanos, delante de la madre del primero, para evitar su ingreso.

La situación de angustia colmó cuando entran oficiales policiales de la cuidad al colegio, a pedir identificación y DNI de la estudiante Daniela Llanos, presidenta del Centro de Estudiantes y a amenazar con tomar "represarías" contra quienes tomaran el establecimiento.

En el contexto de conflicto que venía en ascenso los y las estudiantes decidimos salir al patio del colegio, a reunirnos. Cuando quisimos entrar se nos negó al acceso a la parte del edificio del colegio.

El conflicto toco fondo cuando, después de negociaciones, dirección y supervisión, que se habían encerrado 3 horas adentro para impedir la toma, se retiran del colegio llamando nuevamente a la policía de la cuidad para que desarmara la toma con medidas de fuerza, con amenazas como "llevarnos a la comisaria".

Finalmente al horario aproximado de las 10:30 de la noche, los y las estudiantes del Centro de Estudiantes Antonio Devoto ingresamos a la parte del edificio que conforma las aulas y los pasillos del colegio y seguimos acá, consecuentes, en defensa de la escuela pública.

Llamamos a todas las comunidades educativas de capital a plantear la toma en sus colegios, como la única garantía de frenar la reforma educativa, el ajuste en la educación y el intento por amedrentar a la juventud que se organiza.

¡Saludos compañeros y compañeras, si el presente es de lucha el futuro es nuestro!

Se necesita: Comida, insumos básicos y materiales para garantizar la difusión del conflicto

30.8.2017

Por Vivian Palmbaum

En la Ciudad de Buenos Aires se avanza hacia una reforma educativa, donde están ausentes del debate alumnas, alumnos y docentes. Estudiantes de la Escuela Manuel Belgrano realizan una toma donde demandan, además de ser escuchados, reivindicaciones desde una mirada crítica y un consenso colectivo.

Estudiantes de la Escuela Manuel Belgrano, del barrio de Barracas, sorprendieron con una medida de fuerza que parece responder a una estrategia estudiantil consensuada para enfrentar las políticas educativas que buscan precarizar la educación, esclavizar a las y los trabajadores y que, a la vez, exigen poner en agenda la emergencia por la violencia de género que viene afectando a las jóvenes. Una medida que amenaza con extenderse a otras escuelas (la Asamblea de Estudiantes el Rogelio Yrurtia y de la Técnica 35 se encuentran debatiendo y las y los estudiantes del Liceo nro. 9 9 resolvieron tomar el departamento luego de su asamblea) mientras deliberan medidas que se sumen para enfrentar las políticas de Estado en materia de educación, género y el trabajo. La demanda de alumnas y alumnos es que sean escuchados.

Estudiantes, trabajadores precarizados

Tal como lo consigna el gremio docente Ademys, la reforma educativa va mucho más allá de los aspectos formales de la enseñanza. “La novedad radica en el pasaje de disciplinas a áreas: sociales y humanidades, naturales y tecnología y comunicación y expresión. Todas ellas contenidas en dos unidades académicas que contemplan un ciclo básico de dos años y un ciclo orientado de 2 años”.

Esta nueva propuesta (des)educativa, en la Ciudad de Buenos Aires, contempla que el último año de la escuela media estaría destinado a la “formación” en un 50% del tiempo escolar, directamente en empresas –sin convenio– y el 50% del tiempo restante en la organización de proyectos de emprendedorismo; es decir, trabajo en empresas como mano de obra barata y una formación para el desempleo crónico. La modificación no solamente afectaría al ya grave deterioro de los contenidos educativos, sino que además se suma a las políticas de avance contra los derechos laborales y las fuentes de trabajo. Un destino que tampoco es ajeno a las y los trabajadores de la educación.

Coordinadora de Estudiantes de Base

El sábado pasado se realizó una asamblea extraordinaria de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), que nuclea los centros de estudiantes de la CABA, a la que fueron invitados gremios docentes, frentes estudiantiles y otras organizaciones. Delegados de Ademys participaron de la actividad con un intercambio fluido. También participaron delegadas de la Secretaría de Diversidad y Mujeres de la CTEP y del Encuentro de Feminismo Popular junto a distintas fuerzas políticas.

La idea era debatir respecto del avance de una reforma educativa que afectará a las y los estudiantes de enseñanza media, al mismo tiempo que se puso en agenda de manera prioritaria la cuestión de género, en función del aumento de la violencia que afecta a las mujeres y la falta de políticas públicas que den respuesta a la problemática.

Hubo distintas propuestas. Desde Ademys propusieron marchar en conjunto y acompañar las medidas que acordaran las y los estudiantes. En el contexto de la asamblea y las deliberaciones se evaluó que hay una emergencia en relación a la violencia de género, lo que se acompaña de otras reivindicaciones como la falta de profesionales idóneos para entender en la materia y la ausencia de implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).

Al mismo tiempo, se propuso que para combatir “todas las violencias que sufrimos las mujeres todos los días” se ponga en marcha un protocolo para aplicar en caso de abuso, violación o discriminación dentro de las escuelas que esté acompañado por profesionales capacitados que puedan contener estas situaciones”. Así lo expresó una de las delegadas de la CEB, Antonella Giuso.

Docentes precarizados

Otro aspecto central del proyecto es el cambio de metodología de enseñanza. Lo que implica en la práctica que el docente en el 70% del tiempo en el que se dedica a enseñar se transforme en un facilitador mediado por la tecnología, que no necesariamente sean docentes titulados y por fuera del estatuto del docente, tan combativo por los gobiernos. A la vez que significa una baja del costo laboral, una premisa de las políticas públicas de Cambiemos.

Recordamos que casi al finalizar 2016 poníamos en relevancia la baja aprobada en el Presupuesto Nacional para educación, lo que significa en la práctica menores recursos que se aplican a la educación pública como política de Estado, que fue aprobado en el Congreso Nacional, junto a otras fuerzas políticas, que hoy se rasgan las vestiduras.

La propuesta de reforma atenta contra el derecho a estudiar y formarse, pero además parece tener como objetivo favorecer las demandas del mercado laboral, que avanza restringiendo derechos y promoviendo una encubierta flexibilización, que provea a las empresas privadas de mano de obra barata. Una iniciativa que no sorprende, teniendo en cuenta el antecedente de “empleo joven”, que promueve las políticas de la cartera laboral, favorece la disminución del costo laboral para las empresas que tomen a jóvenes a la vez que disminuye el salario real, no solo de ellas y ellos sino que amenaza a todo el mercado laboral. Así lo expresaron oligarcas, empresarios y terratenientes augurando la disminución del costo laboral, aún antes de la asunción real de Cambiemos.

Las y los jóvenes, sin embargo, no solo disputan espacios de diálogo para consensuar las políticas que afectarán su futuro, sino que además responden con iniciativas donde la violencia de género, la trata, el abuso y la discriminación se ponen en agenda con propuestas innovadores, logradas en base al consenso de otras fuerzas organizadas. Un modo de hacer la política desde abajo, con consensos, disensos y diálogos una enseñanza de la que tenemos mucho que aprender.

30.8.2017

Desde el 1° de mayo, cuando se les avisó telefónicamente que se quedaban sin empleo, ocupan la planta para resguardar las maquinarias. Todavía no cobraron ni los salarios aduedados ni las indemnizaciones. Piden asistencia estatal.

Irónicamente el 1° de mayo, en el día del trabajador, los empleados de la Talabartería Jocri S.A. fueron avisados por las autoridades de la firma, de manera telefónica, que no se presenten a trabajar porque se quedaban en la calle.

Para evitar el vaciamiento que ya estaba en marcha y sin tener noticias sobre el pago de las indemnizaciones, ni tampoco explicaciones de la decisión tomada, los 56 empleados desde ese día mantienen la guarda de la planta.

Según le explicaron oportunamente desde el Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero (SAMC), los dueños de la empresa que fabrica monturas de caballo habrían abierto un nuevo emprendimiento en Paraguay y por ello abandonaron la planta ubicada en Montenegro al 1600.

A 4 meses de ese día, los empleados no cobraron sus salarios ni sus indemnizaciones y siguen ocupando pacíficamente las instalaciones, con el anhelo de volver al trabajo e incluso sueñan con conformar una cooperativa que les permita gambetear el tan temido desempleo.

Sin embargo las ganas chocan con las trabas estatales. Nadie se acercó para ofrecerles alternativas que les permitan seguir produciendo y conservar los empleos de una producción con perfil exportador.

Es más, ahora las empresas amenazan con cortar los servicios de agua y de luz por la deuda acumulada que, según averiguaron, data desde antes de la quiebra de Jocri.

29.8.2017

Hace algunos días, las compañeras de la EI 5 DE1 a la cual asisten los niños de 0 a 5 de villa 31, denunciaron la grave situación por la cual están atravesando: con la promesa de la construcción de un polo educativo, el ministerio de educación de Soledad Acuña pretende dividir la institución llevando a los niños de 3 a 5 años “provisoriamente” a contenedores y galpones precarios, en tanto el sector de maternal sería transferido al Ministerio de Desarrollo social. Tanto docentes como familias han comenzado a reunirse y reclamar una respuesta del Ministerio de Educación pero hasta el momento, la Dirección de Infraestructura viene improvisando las respuestas y confirmando el traslado del jardín.

La escuela infantil es parte del complejo educativo denominado La Banderita que incluye además escuela primaria, media, un CENS y un CESAC. Alrededor de 460 niños y lactarios asisten sólo a la escuela infantil/maternal en sus dos turnos de funcionamiento, al cual hay que sumar un vespertino Para madres/padres alumnos y cartoneros que trabajan en la zona. El traslado de las salas a otro barrio conlleva numerosos problemas entre los cuales destacamos los viajes que deben efectuar los niños y docentes, la estructura precaria de salas modulares, la zona oscura y con basurales en la zona de galpones ubicada al final del barrio y las enormes dificultades horarios de las docentes que deben trasladarse para trabajar en un segundo cargo. El gobierno de Larreta además pretende convertir al Polo Educativo de villa 31 en su nave insignia ya que planea instalar en la zona el ministerio de Educación para coronar lo que denominan “integración” de la villa, algo que dista muchísimo de una verdadera urbanización. La construcción de este megaproyecto nada tiene que ver con las necesidades de vivienda, salud y educación de nuestros alumnos y sus familias de Villa 31 y 31 bis. A pesar de las promesas de Larreta y Acuña es necesario denunciar la verdadera trama que hay detrás de todo esto:

1- El terreno sobre el cual está el complejo Banderita (y que supuestamente se utilizará para la construcción) no pertenece al GCBA sino al poder judicial.

2- A la vez que anuncian la construcción del polo en esos terrenos, dicen que mejorarán Banderita, es decir dos complejos en el mismo espacio. 

Cabe destacar que Banderitas tiene dificultades de infraestructura y ha sufrido numerosas inundaciones.

3- No hay certezas hasta la fecha del proyecto que determine la existencia de dicha obra, como tampoco un estimativo de vacantes por nivel ni cantidad de secciones ni personal docente.

4- Lo que ya está garantizado es el contrato con la empresa Teximco adjudicatarios de obras como el Metrobús de Av. San Martín y el estadio cubierto de la villa olímpica. Ambas obras dejan dudas sobre la empresa ya que los contratos debieron rescindirse, con el dinero cobrado sin que las obras se hayan finalizado.

5- Se proyecta en el mismo predio de la Villa 31 (aunque no sabemos si es el mismo terreno) el Edificio del BID, algo que llama poderosamente la atención ya que, según el gobierno de CABA este organismo financiero internacional, sería una vez más, el encargado de otorgar los créditos para la construcción.

Desde la Comisión de Nivel Inicial de ADEMYS debemos señalar otro hecho grave que conlleva este proyecto de falsa urbanización que denominan integración: el pase de las salas de jardín maternal a Desarrollo social, lo cual implica eliminar del sistema educativo a la primera infancia, una conquista que se viene ampliando desde la década del 80. No es casual que en este proyecto esté incluido el BID y el BANCO MUNDIAL ya que son los organismos internacionales que en conjunto con la OCDE direccionan la precarización de la educación, en particular la de los más chicos, bajo el formato de gestión asociada transformando la tradición educativa de nuestros jardines en atención asistencial a manos de ONGs de dudoso origen y cultos diversos que violentan la laicidad educativa y permiten frondosos negociados con el ya magro presupuesto educativo. En este sentido se inscribe también el nuevo Diseño curricular de 0 a 2 que centra su objetivo en la estimulación temprana y pone al docente en el lugar de cuidador y facilitador. ADEMYS respalda y acompaña a las docentes y la comunidad que ya ha comenzado a deliberar y tomar en sus manos las acciones necesarias para frenar este ataque y llama a iniciar un plan de lucha que acompañe los reclamos de los compañeros de la Banderita pero también una amplia denuncia frente a los avances de los CPI que no sólo significa precarización educativa sino también laboral:

NINGÚN NIÑO SIN ESCUELA, NINGÚN DOCENTE POR FUERA DEL ESTATUTO
CONSTRUCCION DE ESCUELAS INFANTILES 
NO A LA PRECARIZACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

29.8.2017

El legislador de Bien Común, Gustavo Vera realizará una presentación por el incumplimiento de la orden judicial para dar una solución habitacional transitoria a las familias de La Boca afectadas por el incendio de sus viviendas.

El legislador porteño Gustavo Javier Vera (Bien Común) realizará una denuncia por el incumplimiento de la medida cautelar y solicitó con carácter urgente que se convoque a una audiencia para tratar la situación de los habitantes de la vivienda colectiva del barrio de La Boca que se incendió hace un mes y medio.

Vera documentó ante la Justicia los padecimientos de P. A. B. y J. A. , quienes tienen gravemente afectada su salud a raíz de esa situación. Ambos con HIV positivo, quienes al no poder habitar la vivienda de Pedro de Mendoza 1447, se encuentran en situación de calle, en grave cuadro de alto riesgo de contraer patologías graves que pueden poner en riesgo su vida.

Como se recordará el pasado 7 de este mes se otorgó una medida cautelar que ordenaba al Gobierno porteño y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad otorguen una adecuada e inmediata satisfacción a los requerimientos económicos y materiales de las familias afectadas.

También se ordenó al GCBA, que por medio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA y/o quien fuera competente, proceda a la instalación inmediata de dos baños químicos -aparte del existente- en las inmediaciones en donde se hallan los grupos familiares.

Vera señaló que si bien “las familias consiguieron presupuestos para alquilar una vivienda con los mismos condiciones y requisitos manifestados por el asesor tutelar la Dirección de Atención Inmediata ést

tos le manifestaron que el GCBA solamente otorgaría un subsidio mensual para costear el monto del alquiler pero no para cubrir ni depósitos en garantía, comisiones de inmobiliaria, expensas, garantías bancarias o propietaria o el pago anticipado de varios meses a efectos de reemplazar la garantía propietaria exigida”.

El legislador denunció: “Frente a esta situación las familias decidieron no cobrar los montos otorgados por la Dirección General de Atención Inmediata porque no son suficientes para poder acceder a un alquiler, esencialmente para ingresar a la relación de inquilino”.

Ahora la Justicia deberá resolver ya que según el legislador porteño: “Ninguna de las familias ha podido acceder a una vivienda digna y se encuentran todos aún acampando en la calle a más de un mes de sucedido el incendio y la clausura administrativa por peligro de ruina”.

Por otro lado, el diputado opositor denunció que “la comida no es entregada en buen estado. Muchas veces está cruda o a punto de echarse a perder por ser recalentada varias veces. Esto generó que muchos niños tuvieran problemas de salud relacionadas con enfermedades intestinales”.

“Se hace imprescindible encontrar a la brevedad una solución habitacional definitiva y en el barrio de La Boca que posibilite la estabilidad de las familia que fueron víctimas de este incendio en una vivienda acorde a las características de cada grupo familiar” y agregó Vera que “se les otorgue el monto necesario para el ingreso a la vivienda (depósito, meses de adelanto, etc) y facilitar el acceso a la garantía”.