Comunicadores del Sur

8.9.2017

Por Luciana Peker

La semana pasada se fogoneó por las redes sociales el hashtag #ConMisHIjosNo para evitar que se hable en las aulas de la desaparición de Santiago Maldonado y se difundió un 0800 para denunciar a quienes lo hicieran. El número ya existía para otras denuncias -–como el bullying– pero ya se había hecho famoso cuando el entonces ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, alentaba a señalar a quienes “hicieran política en las escuelas”. El silenciamiento en los colegios, el bozal a los docentes no es un evento aislado. En los últimos dos años hubo maestras judicializadas por disentir y aumentan cada vez más las acciones policiales intrusivas frente a las tomas de secundarios que reclaman por educación sexual integral y por protocolos de intervención frente a la violencia de género.

El pueblo quería saber de qué se trataba frente al Cabildo. No quedar de espaldas a la Independencia. Los chicos y las chicas también quieren saber de qué se trata. Pero, por primera vez desde el regreso de la democracia, ante la pregunta y las respuestas en las aulas sobre la demanda por el esclarecimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, surgió un hashtag con el lema #ConMisHijosNo que reclamaba que no se hable de Santiago en las escuelas. No es solo una desaparición, sino la desaparición de la escuela como un lugar de palabras libres y de información y debate sobre la actualidad, la historia y su futuro.

El avasallamiento al derecho de chicas y chicos a saber por qué había una marcha en reclamo de la aparición de Santiago Maldonado, el viernes 1 de septiembre, en Plaza de Mayo o por qué las redes replicaban la pregunta: “¿Dónde está Santiago Maldonado?” no es un caso aislado. En colegios primarios se arrancaron carteles explicativos sobre Santiago y se judicializaron a docentes acorraladas a dejar su cargo por hablar del aniversario del golpe de estado, el 24 de marzo, o contestar una nota de “Clarín” sobre la eficiencia de las escuelas privadas por sobre las públicas.

También ante las tomas de colegios secundarios en contra de un nuevo sistema de escuela secundaria el miedo a la represión no es un fantasma. Un grupo de madres y padres ya calculó la cantidad de policías que entraron a los colegios, mientras en la Legislatura porteña espera, sin ser aprobado, un proyecto que prohíbe que fuerzas de seguridad puedan irrumpir entre guardapolvos, bancos y pizarrones. A una semana del 16 de septiembre (la conmemoración de La Noche de los lápices en donde desapareció un grupo de estudiantes, liderados por Claudia Falcone, por reclamar el boleto estudiantil entre otras demandas) la adolescencia aparece amenazada en sus demandas. Por eso, tanto un grupo de familias preocupadas por la violencia de las fuerzas de seguridad y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboraron protocolos de recomendación para cuidar a lxs adolescentes si son interceptados por la policía o si van a marchas (se puede ver en www.cels.org.ar).

El silencio nunca fue salud. El silencio también es un modo de adoctrinamiento en la falta de memoria, la inacción y la aceptación de un poder o una verdad irrefutable. No poder preguntar -ni por Santiago Maldonado, ni por una desaparición- es también desaparecer a las preguntas como método de aprendizaje, de confrontación, de debate plural y de enseñanza. El desafío del crecimiento se enmudece y se pone un bozal ante un clima de época que tiñe a la niñez y la adolescencia en la idea (o el regreso a la idea ya perimida) de blancas palomitas vs, menores descarriados.

Pero, además, silenciar la pregunta sobre la desaparición de un joven retrocede el lugar central de la escuela contra la violencia de género y los abusos familiares. En el caso de chicas víctimas de trata, de abuso y de femicidios los colegios se volvieron centrales en las denuncias contra profesores o preceptores, en la búsqueda de sus compañeras, en el reclamo de justicia. Y silenciar la realidad es poner a las chicas en peligro.

Además, la gran conquista del 2006, hace más de una década, de la Educación Sexual Integral (ESI) tuvo como una de sus grandes pulseadas establecer que los lineamientos curriculares básicos eran obligatorios para todas las alumnas y alumnos, de escuelas públicas y privadas, laicas y religiosas, desde jardín de infantes hasta el secundario. La gran conquista fue que la ex patria potestad (ahora responsabilidad parental según el nuevo Código Civil) de los padres y madres no podía estar por encima del derecho de los chicos y chicas a informarse. Por ende, ningún papá podía sacar del aula a su hijo o hija porque no quisiera que se enterara sobre el uso de preservativos o su derecho a la identidad de género. En esta semana muchos docentes se encontraron con notas de padres que querían que sus hijos se vayan del aula si se hablaba de Santiago Maldonado. Pero, para las leyes argentinas, la autonomía de niños y niñas y adolescentes y su derecho a la información, no depende de la voluntad de sus padres, sino que es su derecho ¿Qué pasaría si un papá abusador obliga a que su hijo no escuche que se puede denunciar un abuso familiar en un aula?: perdería su única posibilidad de defenderse.

“Una de las discusiones de la Educación Sexual Integral (ESI) estuvo alrededor del viejo tema de si las familias tenían más derecho que el Estado. Se hizo una consulta a todos los organismos internacionales y se estableció que en la actualidad hay acuerdos centrales que aquello que forma parte de la comunidad tiene que estar presente en la educación de niños, niñas y jóvenes. Los padres no pueden sacar a sus hijos de las clases de matemática porque no les gusta el enfoque de matemática”, explica la educadora Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Directora de la colección “La lupa de la ESI”, de Editorial Homosapiens.

Anahí Benítez iba a las marchas de Ni Una Menos y participaba de las reuniones para terminar con el acoso de los señores que iban con autos a molestar chicas a la puerta de su escuela. El 29 de agosto desa- pareció y los que alzaron la voz para reclamar su búsqueda fueron sus compañeras/os. El 4 de septiembre fue encontrada asesinada. Y sus amigos/as siguen pidiendo justicia. Sofía Montenegro, Presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (ENAM, de Banfield), a la que iba Anahí, resalta el dolor del banco vacío y que si las hubieran escuchado Anahí estaría viva. Piden que las escuchen, no que las callen: “Es importante hablar de desapariciones porque no podes hacer de la escuela una burbuja. Si se oculta que la Gendarmería se lleva pibes para reclamar o desaparecen pibas cada 18 horas ocultas información vital”, resalta Sofía.

Antonella, alumna de la escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y representante de la Coordinadora de Estudiantes de Base reclama contra la reforma educativa porteña y contra la violencia de género. “Nosotras sufrimos en nuestro colegio el femicidio de Natalia (Grebenshikova)  y de Nuria (Couto), a manos de Mariano Bonetto (apuñaladas el 11 de octubre frente al colegio). No podemos esperar más porque se nos van víctimas todos los días. Exigimos la aplicación de la Educación Sexual Integral y un Protocolo de Violencia de Género y profesionales que puedan acompañarnos en casos como estos”.

El silencio no es una respuesta. Pero, en una editorial del 31 de agosto del 2017, titulada “La desaparición de Maldonado y el adoctrinamiento escolar”, el diario “La Nación”, calificó de “repudiable politización” y “gran canallada” – sumándose a la calificación del Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro- la iniciativa del gremio Ctera de impulsar, a través de cuadernillos, el debate en las escuelas sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Eduardo López, secretario gremial de Ctera responde: “Los docentes educamos desde la perspectiva de los derechos humanos y lo seguiremos haciendo no solo porque es una práctica que contribuye a afianzar la democracia sino porque es una obligación establecida en leyes nacionales y en diseños curriculares. Desde 1983 en adelante el sistema educativo fue incorporando cada vez con más énfasis el tratamiento de temáticas de actualidad. Esto no fue patrimonio de ningún gobierno sino una construcción de la sociedad argentina”.

Eugenia Azurmendi, maestra de una escuela pública de Villa Crespo y una de las autoras del libro Huellas, voces y trazos de nuestra memoria, de Editorial El Zócalo subraya: “Nuestro sistema educativo promueve la participación y la democracia. En ese marco no hablar de una desaparición forzada es faltar a nuestro deber como docentes. Poder comprender la realidad que nos rodea está establecido en la Constitución y nuestro marco curricular. La escuela es el lugar de la palabra y no del silencio”.

Sin embargo, el clima de cercenamiento y la difusión de un 0800 para denunciar a docentes no es nuevo. Una docente que prefiere resguardar su identidad para preservar su fuente laboral sufrió una denuncia, en abril de este año, por parte de una familia que le pareció más sencillo ir a entablar una denuncia a una fiscalía que acercarse a hablar con la maestra de su hijo. La denuncia se produjo después de la clase sobre el 24 de marzo y de una nota del diario “Clarín” que estigmatizaba -en base a solo dos entrevistas al azar- la educación privada con la pública por la cantidad de hojas escritas en el cuaderno de dos alumnos de primer grado. Ni la justicia, ni la directora le pidieron a la docente que abandone el aula, pero el stress fue tan alto que tuvo que pedir licencia y, después, volver para realizar tareas administrativas. “Los pibes traen a la escuela lo que escuchan y el 24 de marzo es trabajado desde el jardín y toda la escuela primaria. Pero este año se vivió muy fuertemente la iniciativa para querer callarnos a los docentes. Hay un clima muy duro de miedo por algunas personas que salen a denunciarnos y querer callarnos”.

Pablo Almeida es papá de dos nenas de una escuela pública primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y relata: “Este año vivimos la experiencia que se comparara la escuela pública y privada a raíz de los paros docentes. Algunos salimos a bancar a los docentes de nuestros chicos porque entendemos que las condiciones de trabajo de los docentes son parte de la educación pública y es dar una enseñanza a los pibes. Existe una presión de los medios hegemónicos y de parte del gobierno que envalentonan a ciertos padres para cercenar a los docentes y que no puedan ejercer su tarea libremente”.

En una escuela pública de Colegiales, con una tradición de una alta participación de papás y mamás y de dialogo abierto sobre temas de actualidad, un padre reclamó que quiten carteles preguntando sobre Santiago Maldonado y se quejó mientras que otros padres y madres respondieron pidiendo que sus hijos e hijas tengan acceso a información y debate sobre la desaparición forzada del joven. “Es importante que la palabra no fue silenciado y que fue abordado muy amorosamente y cuidado por parte de los docentes. Lo que pasa en la escuela es parte de lo que acontece en la sociedad y hay que trabajar sobre esa tensión”, relata Daniela Wainer, mamá de la escuela primaria. “El hashtag #ConMisHijosNo es una falacia porque los temas surgen igual en las escuelas. Es un lugar de socialización, de construcción colectiva de saberes y de intercambio. No se puede subestimar a los chicos”, destaca Daniela Basso, madre de la escuela pública de Colegiales.

En las primarias los chicos y chicas piden la palabra. Y en la secundaria, la toman. Ya hay quince escuelas tomadas en contra de programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la Nueva Escuela Secundaria (NES) porque propone reformas que lxs adolescentes consideran que van a estimular el trabajo esclavo y la flexibilización laboral y, además, reclaman la efectiva implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).

El problema es que el miedo y la represión no aparecen como fantasmas del pasado, sino como sombras presentes. Marcela Negro es una mamá que se puso a anotar en una planilla de Excel la cantidad de avasallamientos policiales a estudiantes y dentro de escuelas y colegios, a partir de las denuncias de La Garganta poderosa y, especialmente, de la represión a la carpa docente frente al Congreso de la Nación y formó la Red de Madres y Padres contra la Violencia Institucional Hacía la Escuela. “La policía empezó a hacerse notar con sus móviles en las esquinas de las escuelas, entrando directamente o interceptando chicos a metros de sus escuelas. Tienen, por la ley, prohibido el ingreso con armas. Sin embargo lo hacen igual. Parece ser el modo de señalar el inicio de una nueva época en donde ellos tienen el poder. Creo que quieren amedrentar para despolitizar, quieren asustar para que no se participe, quieren hacer notar que ya no hay libertad para hacer o decir lo que se piensa. Nos quieren sumisos.”

Gabriela Castillo es mamá de dos alumnos del Colegio Carlos Pellegrini, integrante de la Cooperadora y de la Asamblea de Familias de la escuela. Ella analiza: “El hashtag #ConMisHijosNo no fue nada espontáneo. Se trata de una campaña orquestada que busca desmovilizar a los estudiantes y a las familias. Representa un retroceso en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, del derecho a la libre opinión, a la participación. Se busca que las escuelas dejen de ser un lugar de debate, reclamo  y movilización por derechos como los de Educación Sexual Integral, como el #NiUnaMenos –que el año pasado en el Pelle fue un tema central–, como la desa- parición forzada de Santiago Maldonado. Justamente lo que muchos padres y madres queremos, es que nuestros hijos se eduquen no solo con contenidos sino con pensamiento propio y en el ejercicio pleno de sus derechos”.

Pablo Baldoma es integrante del grupo de Familiares del colegio Mariano Acosta y de la Red de Madres y Padres contra la Violencia Institucional Hacia la Escuela y cuenta el conflicto en el jardín, primaria y secundaria de Balvanera: “El enfrentamiento entre el Acosta y el Ministerio  de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasa por la persecución política y el cese intempestivo de Raquel Papalardo, la rectora, que derivó en su jubilación a partir del 1º de septiembre y el vacío de dirección consiguiente, ya que la autoridad que queda a cargo no tiene la legitimidad ante la mayoría de la comunidad escolar porque no garantiza la continuidad del proyecto pedagógico. La decisión del Ministerio de desplazar a Raquel Papalardo se toma después de su denuncia a la Policía de la Ciudad luego de un caso de violencia institucional contra el establecimiento el 20 de abril en el contexto de asambleas y movilizaciones de estudiantes y docentes reclamando la paritaria docente”.

En el Liceo 9 también hay toma en reclamo de la implementación de Educación Sexual Integral (ESI) y en contra que en el colegio se implemente un plan piloto de la Nueva Escuela Secundaria (NES). Las amenazas no se hacen esperar. José Machain, Consejero por Legislatura (Bloque FpV) en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explica: “El Liceo 9 está en toma desde la semana pasada. La Fiscalía N° 6 de la Ciudad a cargo de Adriana Bellavigna le remitió a la Directora de la Escuela un oficio para que le confeccionara un listado de las personas que estaban realizando la toma. Convocó a una reunión y le dijimos que ante cientos de tomas una fiscal nunca se había presentado y que constituye un hecho inédito. Ella dijo que no constituía delito, pero que si pasaba a ser una usurpación ella se veía en la obligación de proceder con el expediente judicial. Es una escalada de mucha gravedad que involucren al Poder Judicial con lo que se podría llevar a judicializar a los pibes y/o padres/madres”.

Adriana Friedman, es mamá de un alumno de segundo año del Liceo 9, reclama: “Me preocupa que hayamos tenido que recurrir a un Consejero por los derechos de la niñez, infancia y adolescencia y a abogadas de la Defensoría de Niñas, Niños y adolescentes de la comuna 13 para que interceda frente a la fiscalía que pedía a la rectora del colegio un listado con los nombres de los alumnos que participaban de la toma. Me corre un escalofrío porque hasta ahora nadie del Ministerio de Educación se ha acercado a escuchar cuáles son los reclamos ni a informar sobre las modificaciones que piensan implementar. Pero sí son hechos que encajan en un clima represivo pedir listados de alumnos rebeldes.

Mientras que, en la Legislatura porteña, se presentó una iniciativa de José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV) para prohibir el ingreso de policía a los colegios que se encuentra en la Comisión de Seguridad, pero todavía no fue tratado. Campagnoli subraya: “El proyecto que presentamos restringe el acceso de la policía a los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires impulsando que sólo puedan ingresar con una orden de un juez o de las propias autoridades educativas. Hasta ahora, en treinta años de democracia, nunca había sido necesario un proyecto de estas características porque nunca había existido un política constante de presencia policial en las escuelas. Fue necesario pensar estos mecanismos en el contexto actual de persecución tanto a docentes como a estudiantes”.

La palabra, la participación estudiantil y de las familias y el rol docente están demonizados. Pero el proselitismo oficial no. En Rosario, Mauricio Macri les hizo cantar a alumnos de colegios públicos, frente al monumento a la bandera, el eslogan de “Cambiemos” “Sí, se puede” ante las cámaras de televisión. En campaña electoral, el ex ministro de Educación Esteban Bullrich fue a una escuela del conurbano mientras alegaban que era politizar la educación preguntar por Santiago Maldonado y, con quince colegios tomados y elecciones en octubre, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se saco fotos oficiales con alumnas de jardín de infantes para defender su proyecto de escuela secundaria.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó hoy el Atelier Digital de un jardín de infantes del barrio de La Boca, donde destacó que “la educación tecnológica es parte importantísima del nuevo mundo al cual los chicos van accediendo, que cambia todos los días”. “Es pate de un cambio en la escuela secundario que estamos consensuando con docentes, directivos y expertos en educación”, enumeró, sin contar a los propios alumnos/as. Pero sí reforzó que los jardines de infantes (insuficientes para las vacantes en falta) van a contar con atelier digital.

07.09.2017

Por La Garganta Poderosa

Se cumplen cuatro años del asesinato de Kevin Benega, el chico de 9 años que recibió un balazo mientras estaba escondido en su casa durante un tiroteo en una zona liberada de Villa Zavaleta.

Se cumplen 4 años del asesinato de Kevin Benega, de 9 años, luego de recibir un balazo que ingresó a su casa de Villa Zavaleta durante un tiroteo entre bandas ajenas al barrio, en una zona liberada por la Gendarmería y la Prefectura. 

El prefecto a cargo del operativo, Daniel Andrés Stolfd, es el único procesado por la causa pero aún no fue llevado a juicio y continúa en funciones, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Durante la madrugada de aquel 7 de septiembre de 2013, se contaron 105 detonaciones de UZI y de FAL en tres horas. 

El crimen de Kevin motivó la conformación de una comisión de vecinos nucleados en las asambleas de La Poderosa para controlar el accionar de las distintas fuerzas, que intenta promover la sanción de una ley que imponga el Sistema Nacional del Control Popular de las Fuerzas de Seguridad. La iniciativa busca crear una institución ajena al Poder Ejecutivo, autónoma, que garantice que los agentes sean nacionales, provinciales, o municipales, trabajen acorde a las normas que regulan su obrar, respetando las normas de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

7.9.2017

Hoy entrará en vigencia la ley que modifica la actividad inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, ninguna persona que quiera alquilar una vivienda deberá pagar comisión/honorarios como así tampoco gastos por gestorías.

A partir de hoy solo habrá que abonar para ingresar a una vivienda: depósito en garantía, mes de adelanto, $360 por pedidos de informes y $450 por la certificación de nuestra firma. Por todo esto las inmobiliarias deberán entregar factura si o si.

Sabemos que las inmobiliarias se van a resistir a cumplir la ley, por eso estaremos en permanente comunicación con los inquilinos a quienes les pedimos que ante cualquier incumplimiento nos envíen a nuestro correo (inquilinosasesoria@gmail.com): Nombre de la inmobiliaria, teléfono, condiciones que exigen por fuera de la ley y cualquier otra irregularidad.

Creemos fundamental que el Gobierno de la Ciudad, la AFIP y el IVC realicen los controles necesarios.

Cuando esta ley sea una realidad para todos comenzaremos a trabajar en la eliminación de la exigencia de títulos de propiedad y la puesta en marcha de un gravamen a las viviendas ociosas.

Inquilinos Agrupados

Sólo depende de nosotros

7.9.2017

Nicolás Rijman

En un marco de movilizaciones y asambleas de docentes y estudiantes porteños, dialogamos con Jorge Adaro, secretario general de la Asociación Docente Ademys, sobre las características de la reforma educativa propuesta por el Gobierno de Rodríguez Larreta. También se refirió a la situación salarial de los docentes, el estado edilicia de las escuelas y colegios en la Ciudad de Buenos Aires y el tratamiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en las aulas.

¿En qué consiste la reforma educativa impulsada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

La nueva reforma educativa en Media que está impulsando el Gobierno bajo el nombre de “Secundaria del Futuro” es profundizar de alguna manera lo que fue la Nueva Escuela Secundaria que empezó a implementarse unos años atrás y de la que nosotros fuimos absolutamente críticos. Esta reforma tiene algunos puntos sobresalientes para destacar y fundamentar su rechazo. Por un lado, desde el punto de vista laboral de los docentes, hay una pérdida de horas-cátedra importante, lo que significa básicamente pérdidas de puestos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque el planteo que hace con esta nuevas escuelas secundarias del futuro es que va haber un 30% de la carga horaria o de las materias con profesor al frente del aula. El 70% restante va a ser con el profesor funcionando como un “facilitador”. Podemos entenderlo como una especie de tutor, donde el alumno además desarrollará ese 70% de la clase por medios informáticos o no sé, el Gobierno no da precisiones en ese punto. En este sentido hay una pérdida de horas importantes para los trabajadores. Un segundo aspecto es que va haber una reducción de los contenidos y de las cargas horarias, porque se van a nuclear a las materias conocidas hasta hoy (Historia, Geografía, Cívica) en un área de Ciencias Sociales y así con las demás. Esto apunta a una pérdida de horas en los contenidos que venía tradicionalmente teniendo la escuela.

Un tercer punto, que entendemos que expresa de manera más acabada la idea del Gobierno, es lo referido a Quinto Año, que va a pasar a ser un Año dedicado a dos cuestiones centrales. Por un lado, al trabajo de alumnos y alumnas, entiéndase menores, en empresas bajo el eufemismo de “pasantías”. No hay nada que indique que esto apunte al desarrollo y a la formación de los alumnos. Todo lo contrario: esto viene ajustado más a las necesidades y a los intereses de los empresarios. Esto para mí también es muy importante. Desde Ademys queremos poner un poquito el acento en esto porque ¿en qué marco se desarrolla esta propuesta de pasantías? En una marco donde en la política económica del Gobierno comienza a emerger un sujeto cada vez más presente que es el desocupado. La juventud, que viene a ser un sector con una gran crisis en cuanto al ingreso al campo laboral, va a producir a muy bajo costo, a costo casi 0 de mano de obra por parte de las empresas, y esto va a profundizar de alguna manera la perdida de fuentes de trabajo.

¿A que apunta esto? Por un lado, a políticas del Gobierno que tienen que ver con la precarización laboral, con la reforma laboral, con la quita de derechos que figuraron en el Convenios Colectivos de Trabajo. Y por otro lado, además de la precarización que implica esto, la otra mitad del año va a estar destinada a los proyectos de emprendedurismo. El Gobierno a través del entonces ministro Bullrich, ya planteaba “tenemos que educar para la incertidumbre”. ¿Cómo es esto? Es ingresar a los pibes en un mercado donde la estabilidad sea cosa del pasado, donde los derechos laborales sean del siglo pasado como lo plantearon ellos y acostumbrarse a que el trabajador va a ser de corto tiempo y puede tener 20 o 25 laburos a lo largo de su vida. Una inestabilidad en el campo del trabajo importante. El emprendedurismo es la solución que este Gobierno plantea para ese mundo de incertidumbre en materia laboral. Es preparar a los pibes y a las pibas para que aprendan a hacer proyectos donde logren a través de la acción individual procurarse materialmente lo que necesiten para vivir, o sea, procurarse un trabajo que no sea colectivo, que no sea como el conocido hasta ahora, sino un poco el planteo básico del menemismo: “abrite un video, una cancha de paddle o una cervecería artesanal”. Que cada uno se arregle como pueda.

Esto nos parece que enmarca la línea terrible a la que apunta el Gobierno y que consiste en que la escuela prepare alumnos para que hagan lo que puedan en un mercado laboral que se los va a comer. Estos elementos, nosotros entendemos, son suficientes como para plantear un rechazo absoluto, sin medias tintas, a la propuesta del Gobierno.

¿Cuál fue la respuesta de Ademys?

De rechazo. La pretensión de Ademys es facilitar todo lo que sea necesario para la organización de los trabajadores docentes, básicamente los de educación media, para organizar el rechazo a la reforma y dar pelea contra esta política. Desde hace algunas semanas ya empezaron a surgir asambleas autoconvocadas. Hay 16 escuelas que van a ser las pilotos a partir del próximo año para empezar esta reforma y, de esas, ya en 9 o 10 los docentes se han manifestado por escrito en contra de la reforma. Generan sus propias asambleas donde han sacado documento críticos sobre esto y ya este viernes se va hacer la segunda o tercera reunión de docentes en general de escuelas afectadas y no afectadas para valorar la situación y ver con qué medidas profundizar la movilización para resistir esto. Ademys está a disposición para la organización, básicamente, de la lucha de los docentes contra esta reforma educativa en media.

¿En qué situación se encuentra la paritaria de los docentes porteños?

Este año hemos tenido una paritaria muy singular en un marco donde el Gobierno, aprovechando ciertas limitaciones y debilidades de los sindicatos nacionales que durante años han sido parte de las paritarias y han favorecido muchas de las políticas gubernamentales, este año se las quitaron. En 2017 en la Ciudad de Buenos Aires hay una primera oferta que se hace en febrero que es del 17% y que formalmente era el cumplimiento del Gobierno a la política nacional del macrismo de establecer un techo salarial con ese porcentaje para cualquier discusión paritaria. Eso fue rechazado por el conjunto de los 17 sindicatos y por la docencia de la Ciudad. Ese mismo mes el Gobierno hace una oferta de 19,5%. Luego de que esa propuesta sea nuevamente rechazada, lo que se expresa por una cantidad de medidas de fuerza muy masivas, el Gobierno no volvió a convocar al dialogo a los sindicatos docentes. Pasaron cuatro meses hasta que vuelve a hacer una convocatoria donde “mejora” la oferta con un incremento que del 2%. Este 21,75% también es rechazado y no vuelve a haber propuesta. El Gobierno avanza como si hubiera sido aceptada. Cuando termina el receso escolar, nos enteramos que el Gobierno anuncia que de los 17 sindicatos, 15 habían aceptado la propuesta, es decir, una nueva traición de la burocracia sindical a las expectativas de la docencia aceptando una propuesta que era realmente muy poco seria. Los dos sindicatos que entendemos que son los más representativos de la Ciudad, UTE y Ademys, hicimos una serie de acciones, movilizaciones y paros contra esto. Ahora el gobierno aprovecha este acuerdo con la burocracia para decir “si de 17, 15 aceptaron, acá se acabó la paritaria”. Esto es lo que ha quedado y nosotros desde Ademys seguimos insistiendo no en la convocatoria de una mesa, sino en la reapertura de esa mesa para volver a discutir un salario que satisfaga las necesidades de los docentes.

¿Cómo está la situación edilicia de las escuelas y los colegios de la Ciudad?

El otro problema que se va planteando junto al salario es el estado en que se encuentran las escuelas. En Ademys todos los días tenemos denuncias de compañeros de distintas escuelas y distintos lugares de la Ciudad sobre un ventilador que no funciona, un techo que se cae, escuelas que se inundan después de alguna lluvia. Se expresa ahí toda la desinversión que el Gobierno viene sosteniendo en los últimos años en cuanto a la escuela pública. El estado de la escuela en general es bastante precario, con condiciones que no son las indicadas para establecer ese proceso de enseñanza y aprendizaje con los pibes. Este es un camino sin salida desde el momento en que el Gobierno en los últimos diez años ha hecho una reducción del presupuesto educativo del 10%. Insisto con esto que afecta básicamente a la escuela pública porque a la vez que desciende año tras año la inversión en ese campo, lo que se incrementa son las partidas para subsidiar a las escuela privadas, además de otras partidas que van generando ingresos a las empresas privadas de educación, por ejemplo la Universidad de San Andrés y la Universidad Católica, que han sido las elegidas para el perfeccionamiento y la capacitación sobre todo de los directivos en desmedro de la Universidad pública. El cuadro de situación lo venimos caracterizando como de emergencia educativa, no solamente por el aspecto salarial o por las condiciones en que los docentes debemos desarrollar nuestro trabajo cotidianamente y los pibes desarrollar su proceso educativo, sino que tiene más que ver con invertir y fortalecer a todos los sectores privados vinculados a la educación y destruir, de alguna manera, a la escuela pública. Esto no es una consigna vacía. Si a todo lo descripto sumamos la falta de vacantes, que también expresa la falta de construcción de espacios para que los pibes puedan tener su vacante, es una situación verdaderamente de crisis educativa.

¿Qué opinan del debate por el tratamiento del caso de Santiago Maldonado en las

aulas?

En cuanto a la polémica que se abrió la semana pasada sobre si la escuela debe o no abordar temáticas vinculadas a la realidad política-social del país como es el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tenemos una posición absolutamente clara. Entender que el docente no debe hacer abordaje de estos temas, entender que la escuela no debe hacerse eco de este tipo de situaciones, es negar la razón de ser de la docencia, del hecho educativo. Se pretende una escuela que instruya, que enseñe a leer, a sumar, a restar, pero se descarta la razón del ser del trabajador de la educación que es despertar consciencia crítica, tener la capacidad de interactuar y reflexionar sobre la realidad que tenemos que hacer de manera conjunta con nuestros alumnos de todas las modalidades. Los docentes tenemos la capacidad suficiente para abordar este tema puntual que entendemos de interés de la sociedad respetando la etapa evolutiva del alumno, su nivel escolar. Nosotros también hemos sacado para trabajar en las aulas un material, una secuencia didáctica para abordar el tema en las escuelas. Esto generó mucha polémica. Entendemos que hubo una cosa muy artificial generada desde algunos medios, donde se mencionaba por ejemplo la catarata de twitters o de intervenciones en las redes sociales en contra de la posición de nuestro sindicato, otros sindicatos y de trabajadores que intentan llevar esto a la práctica. Decía algo artificial porque en las escuelas no se ha vivido una cantidad de situaciones con esas características. A nosotros nos hace acordar mucho lo que fue el inicio del año escolar donde, a partir de la masividad del conflicto docente en provincia de Buenos Aires sobre todo, empezó a atacarse a los trabajadores en huelga con las propuestas de voluntariado reventando las redes sociales, sobre todo Twitter, con los trolls pagados por el Gobierno. En este sentido creemos que mucho de lo que hubo forma parte de una campaña oficial avalada, por supuesto, por los medios de prensa que abonan a su política. Esto en un escenario electoral, es decir, donde el Gobierno ha intentado instalar de algún modo una polarización con el tema y ha utilizado nuevamente como objeto de su furia a la docencia. Más allá de este análisis, reivindicamos fuerte y abiertamente el derecho que tiene tanto el alumno como el docente de interactuar de una manera crítica sobre la realidad, de tener una mirada crítica sobre los medios de comunicación y sacar sus propias conclusiones. Por lo tanto, estamos absolutamente satisfechos con nuestra campaña de poder facilitara nuestros docentes materiales para que puedan trabajar y, en el marco de esa campaña, desestimamos de manera absoluta las acusaciones de una política totalitaria por parte de los sindicatos que implementábamos estas actividades o difundíamos estas iniciativas. La política totalitaria corresponde a los gobiernos y no a una organización sindical que no hacía más que ofrecer y poner a disposición de los docentes esas herramientas didácticas para trabajar y de ninguna manera obligaba a nadie a hacer nada que no tuviera ganas de hacer.

6.9.2017

El informe, elaborado por el Plenario de Trabajadoras, reúne graves denuncias sobre boliches de esa zona donde son explotadas las jóvenes, así como evidencias respecto de los mecanismos de captación que se llevan adelante en las redes sociales. 

“Las redes y los colegios son el ámbito en el cual se lleva adelante este reclutamiento, que ocurre ante la completa inacción o complicidad de todos los estamentos del  Estado", señaló Vanina Biasi del PDT.  

En la audiencia, estuvieron presentes los dos diputados del FIT en la Legislatura, Laura Marrone y Marcelo Ramal, junto a vecinos y trabajadoras de la dirección de la Mujer, del área de Niñez y otros organismos. 

En el cierre de la actividad, Marcelo Ramal señaló: “Hay un orden social y político que ha integrado a la trata de personas como un filón más de beneficios.  Vamos a reclamar que comparezca la Agencia Gubernamental de Control, para que explique su inoperancia frente a la actividad de estos boliches. Pero también, reclamar una plataforma que asegure a la juventud el derecho al estudio y a un desenvolvimiento físico y cultural que hoy le es negado cotidianamente”.