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Texto completo del documento leído al finalizar la marcha de repudio a Netanyahu en Buenos Aires

13.9.2017

El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y todas las organizaciones que lo componen, hace público su más absoluto repudio a la presencia en territorio argentino de Benjamín Netanyahu, Primer Ministro del Estado de Israel, abiertamente genocida y violadora del Derecho Internacional, responsable de crímenes de guerra, que ha cobrado la vida de miles de seres humanos, desplazado a millones y que mantiene secuestrados en terribles condiciones a más de seis mil palestinos en cárceles israelíes, sin ningún tipo de garantía legal, entre otros crímenes de lesa humanidad

Exigimos a nuestro gobierno interrumpir de manera inmediata todo tipo de relación con esta entidad ocupante dada la obligación de todo estado democrático de defender los Derechos Humanos y no mantener relaciones con un gobierno que practica la violación sistemática de los mismos, de aislarlo diplomática, económica y políticamente, a fin de que cesen sus prácticas segregacionistas, colonialistas, antidemocráticas y de apartheid.

Tanto durante la Nakba (la expulsión de palestinos de su tierra en 1948) como durante la Naksa (la ocupación de la totalidad restante del territorio en 1967), los israelíes han recurrido al terror (como en las masacres de Deir Yassin o Ein al Zaytoun) para que la población palestina abandonara sus tierras.

Hoy, casi 2.000.000 de palestinos viven en la Franja de Gaza, territorio de 262 km2 de superficie y una de las zonas más densamente pobladas de la tierra, constituida en la mayor cárcel a cielo abierta del mundo. El bloqueo al que es sometida, no permite en la práctica la circulación ni de personas ni de productos imprescindibles para la construcción, la salud, la alimentación, es decir, la vida misma. Gaza está hoy al borde de una gigantesca catástrofe humanitaria, ya que se encuentra sometida no sólo a las incursiones militares para llevarse prisioneros, sino a constantes ataques aéreos y bombardeos de distinta intensidad y magnitud La operación Margen Protector de 2014 dejó más de 2300 muertos, entre ellos 555 niños y niñas, más de 10.000 heridos, 475.000 desplazados y la masiva destrucción de infraestructura y viviendas.

En el territorio de Cisjordania, por otra parte, viven 2.600.000 palestinos, 900.000 de ellos en precarios campos de refugiados de casi 70 años de antigüedad en los que, violando los Acuerdos de Oslo, el ejército israelí penetra generalmente de noche para asesinar o secuestrar a palestinos al igual que hace en otras ciudades.

Toda Palestina está cruzada por un muro y un entramado de rutas cuyo uso está segregado para palestinos o israelíes. Los puntos de control militar (check points) impiden la libre circulación, allí los humillan, dividen a las familias y convierten en una odisea llegar al lugar de trabajo, cultivar los campos, concurrir a las escuelas y a los hospitales. Numerosas mujeres palestinas embarazadas han perdido a sus hijos esperando en estos puestos.

En la zona que está bajo total control israelí, se produce la destrucción de viviendas, la instalación de colonias y el robo sistemático del agua.

En Jerusalén Oriental viven unos 250.000 palestinos. En 1980 Israel se anexionó la ciudad. El Consejo de Seguridad de la ONU, declaró que dicho acto ilegal y unilateral «constituye una violación del derecho internacional» y «supone un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera». Sin embargo, esto no ha constituido un impedimento para que Israel continúe con el desarrollo de una Gran Jerusalén cada vez más judaizada. Los incidentes de este año 2017, se relacionan con esta política. Estos palestinos, que en muchos casos pertenecen a familias que han vivido por siglos en Jerusalén, tienen status de inmigrantes residentes temporarios, y son hostigados cotidianamente.

Por otra parte, los refugiados palestinos en Medio Oriente, más de cuatro millones, al igual que los emigrantes, tienen absoluta prohibición de regresar al territorio donde ellos o sus familias han nacido.

Quinientos mil israelíes son colonos en tierras palestinas de Jerusalén y Cisjordania. Las leyes internacionales y en particular la 4ª Convención de Ginebra, prohíben expresamente transferir población civil a territorios militarmente ocupados, de manera que todas las colonias son ilegales.

Los palestinos que permanecieron en 1948 en lo que hoy es el Estado de Israel, 1.600.000, es decir el 20% de la población de ese estado, poseen ciudadanía israelí, pero son allí considerados y tratados como ciudadanos de segunda clase y son numerosas las leyes que les otorgan menores derechos que a los ciudadanos israelíes judíos.

Cuando los palestinos ejercen su legítimo derecho a la resistencia ante la ocupación, o un soldado israelí sostiene que lo han hecho -cualquiera sea la forma- como un niño que tira una piedra, sufren ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias. En los últimos 10 años más de 5100 palestinos fueron asesinados por fuerzas de seguridad israelíes, y más de 25 por civiles israelíes. Entre ellos, más de 1100 niños y más de 400 mujeres.

Desde 1967, más de 750.000 ciudadanos palestinos han sido detenidos. Entre ellos, 15.000 mujeres y decenas de miles de niños. Cerca del 40% de la población masculina ha pasado por las cárceles israelíes. Estas cárceles, salvo una, violando las leyes internacionales, se encuentran en territorio israelí, lo que complica seriamente las visitas familiares.

En general, las detenciones son sorpresivas y nocturnas, para evitar la reacción de los vecinos. No se informa, por tiempos que pueden ser prolongados, el destino del detenido. Las torturas son prácticas habituales, convalidadas por el Tribunal Supremo israelí. Los niños son interrogados sin la presencia de sus padres. La detención administrativa es una modalidad que vuelve aún más arbitraria la represión: el fiscal puede informar en secreto, sin conocimiento del acusado y de su defensor, todos o parte de los motivos de la detención sólo al juez, impidiendo de esta forma toda posibilidad de defensa. En principio, la prisión administrativa no puede prolongarse más de seis meses, pero puede renovarse indefinidamente. Hay prisioneros que han pasado ocho años en prisión bajo la excusa de detención administrativa.

En julio de este año había 6.128 palestinos prisioneros, 450 de ellos en prisión administrativa, 320 niños, 62 mujeres.

Junto con la opresión permanente sobre el pueblo palestino y la ocupación de su territorio, Israel agrede a otros países árabes de la región, participa soterradamente en el conflicto de la República Árabe Siria, país en el que donde mantiene ocupadas ilegalmente las alturas del Golán desde el año 1967 y que lucha denodadamente por expulsar a los grupos terroristas de su territorio, así como las Granjas de Shebaa en la vecina República del Líbano, también agredido por el flagelo del terrorismo. Toda esta política injerencista del Estado de Israel se ve agravada por el paraguas de impunidad que le otorga ser el principal aliado de los Estados Unidos de Norteamérica, potencia que pretende hegemonizar la política internacional a través de sus constantes prácticas imperialistas.

Benjamín Netanyahu ha participado activamente, como militar y desde distintas funciones en el gobierno de Israel, en la ejecución de este genocidio, y en los últimos ocho años, en calidad de Primer Ministro, es el mayor responsable de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.

La invitación a Benjamín Netanyahu convierte al gobierno nacional en cómplice de un genocida y su presencia en suelo argentino es un insulto a una república que debe ser defensora de la legalidad internacional y de los atributos más preciados de la humanidad, como son el derecho de los pueblos a vivir en paz, sin ocupación ni agresiones colonialistas.

Pero las víctimas de Israel no son sólo los palestinos. Israel es un proveedor mundial de armas, elementos y capacitación para la represión. Fue proveedor de nuestra dictadura, y de gran parte de las dictaduras de América Latina. Garantiza siempre que lo que provee “ha sido probado”, sí, probado contra el pueblo palestino. Nuestro país ya está comprando estos productos, y la visita de Netanyahu viene a fortalecer los vínculos en este sentido. ¡Los argentinos no queremos represión y no queremos armas israelíes para la represión!

¡Fuera Netanyahu de la Argentina!

¡Viva Palestina Libre!                                        

Buenos Aires, septiembre de 2012

Estudiantes elevarán un petitorio contra la reforma educativa y decidirán si continúan las tomas

13.9.2017

Integrantes de 23 escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires lo anunciaron tras reunirse con la Defensoría del Pueblo, que mediará en el encuentro con el Ministerio de Educación.

 Estudiantes elevarán un petitorio contra la reforma educativa y decidirán si continúan las tomas

Integrantes de 23 escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires lo anunciaron tras reunirse con la Defensoría del Pueblo, que mediará en el encuentro con el Ministerio de Educación.

 Estudiantes y padres de 23 escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires elevarán un petitorio al Ministerio de Educación porteño en rechazo a la implementación de la reforma educativa, anunciaron este martes tras reunirse con la Defensoría del Pueblo, que mediará en el encuentro, mientras que los alumnos afirmaron que decidirán mañana si continúan las tomas.

Después de la reunión con el defensor Alejandro Amor, los estudiantes elaboraron un temario para presentar ante la ministra Soledad Acuña en el que piden que “se desista de la implementación del proyecto”, que se dé de baja el instructivo sobre cómo proceder en casos de tomas de establecimientos educativos, que se aplique la Ley de Educación Sexual y se establezca un protocolo para casos de violencia de género.

“Estamos planteando que se baje la reforma educativa porque no nos consultaron a nosotros a la hora de implementarla y va en contra de nuestros derechos”, aseguró Juan, estudiante del Mariano Acosta.

“Pedimos que no implementen ahora la reforma, creemos que es inconsulta y no consensuada, tiene puntos conflictivos que necesitan ser tratados”, aseveró la alumna Victoria, del Carlos Pellegrini.

Roberto, padre de un alumno de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, aseveró que la reforma propuesta por el Ministerio de Educación porteño “no queda clara, no está explicitada”.

Hoy se presentó un amparo por parte del asesor tutelar de la Cámara de Apelaciones, Gustavo Daniel Moreno, y de primera instancia, Mabel López Oliva para que se suspenda la aplicación del instructivo sobre cómo proceder en casos de tomas de establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires, procedimiento que la cartera de Soledad Acuña negó utilizar.

El otro punto que los estudiantes quieren llevar a la discusión con funcionarios porteños es “la implementación real de la ley de Educación Sexual”, reconoció la estudiante Victoria, a la vez que pedirán por un protocolo para la prevención e intervención en casos de violencia de género y discriminación.

Tras la reunión en la Defensoría del Pueblo, los estudiantes no confirmaron si se levantarán las medidas de fuerza en los 16 colegios que continúan tomados desde el 29 de agosto, las cuales la ministra Acuña denunció ayer que eran motivadas por “intereses políticos en juego”.

“La gran parte de las tomas van a durar hasta el viernes y otras se van a suspender”, aseguró Manuel, estudiante de la Escuela Lenguas Vivas.

La reunión entre la comunidad educativa y el ministerio de Educación porteño tendría lugar la semana que viene, aunque no está definido el encuentro, ya que desde la cartera de Acuña se había pedido el cese de las medidas de fuerza para restablecer las conversaciones.

En tanto, la Defensoría del Pueblo va a “mediar” entre las partes para acercar posiciones.
“Creemos en el diálogo, es la única forma de resolver las cosas, para que comience una nueva etapa hay que escucharse”, aseguró Amor.

Docentes villeros pidieron que se declare la emergencia educativa

12.9.2017

En el marco del Día del Maestro, los docentes de los barrios más postergados de la Ciudad de Buenos Aires hicieron una actividad en el Obelisco y pidieron que se declare la emergencia educativa.

Docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), de la agrupación La Poderosa y del colectivo Maestras y Maestros Villeros dictaron ayer una clase pública frente al Obelisco para reivindicar la tarea que llevan adelante en zonas vulnerables de la ciudad y reclamar la urgente declaración de la emergencia educativa, al conmemorarse el Día del Maestro.

El temario de la clase pública, incluyó un homenaje al maestro Carlos Fuentealba, asesinado el 4 de abril de 2007 en medio de una movilización del gremio docente neuquino.

Desde UTE indicaron que “a casi dos años de la asunción de Mauricio Macri como presidente, y ante la falta de diálogo con el actual gobierno” se llevó a cabo clase pública por “el futuro de la educación, los jóvenes estudiantes y todos los educadores a los que, cada día, se les hace más dificultoso brindar una enseñanza de calidad”.

“A partir del trabajo en clase y en el día a día, las maestras y maestros villeros exigen, se declare la emergencia alimentaria, la emergencia educativa, la emergencia laboral y la emergencia en la protección, frente a la violencia institucional”, indicaron los organizadores.

La comunidad educativa dice ¡no! a la reforma educativa

12.9.2017

Desde la Coordinadora Contra la Reforma que nuclea a los y las docentes de escuelas medias, reafirman su rotundo rechazo a la reforma educativa en la enseñanza media que busca imponer el Gobierno de la Ciudad y su ministra Soledad Acuña. Asimismo denuncian amedrentamientos a estudiantes y docentes.

Desde la Coordinadora Contra la Reforma que nuclea a los y las docentes de escuelas medias, reafirman su rotundo rechazo a la reforma educativa en la enseñanza media que busca imponer el Gobierno de la Ciudad y su ministra Soledad Acuña.

Los y las docentes manifiestan que la reforma que pretenden impulsar no ha sido consultada a la comunidad educativa, por lo tanto consideran "atenta contra una formación sólida y coherente en la educación pública, ya que los cambios impuestos por la reciente NES (Nueva Escuela Secundaria) todavía no fueron evaluados en su impacto"expresó la Coordinadora mediante un comunicado.

Asimismo implica una desvalorización del rol docente, ya que consideran que "atenta contra nuestras condiciones laborales al proponer formatos en un contexto de improvisación y falta de recursos, llegando incluso a vulnerar derechos otorgados por el Estatuto Docente".

Los impactos que tendrá sobre la formación académica de los adolescentes, serán negativos ya que apunta a formar unilateralmente hacia el trabajo sin opción de proyectar la continuidad en sus estudios, y dejando de lado la formación integral y crítica. "Porque esta orientación de la educación, fundamentalmente hacia la incorporación de fuerzas en el mercado laboral, con el agregado de la gratuidad o el bajísimo costo, no beneficia a lxs estudiantes, sino a las empresas privadas, quienes últimamente tienen cada vez mayor injerencia en la determinación de las políticas educativas"

Por último, denuncian diversas formas de amedrentamiento por parte de los funcionarios del Ministerio de Educación y de las autoridades en general hacia las alumnas y alumnos que ejercen su legítimo derecho al reclamo y a la protesta, como así también a los y las docentes que se oponen a éste proyecto educativo que pretenden aplicar.

Masacre de Once: comienza juicio oral por fallas en la búsqueda de Lucas Menghini Rey

12.9.2017

Cecilia Rodríguez

Los imputados son tres bomberos y comisarios de la Policía Federal. Las deliberaciones comienzan hoy en Comodoro Py.

A las 12 del mediodía de hoy, tres comisarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal entraran a la Sala C de los tribunales de Comodoro Py en carácter de imputados por la masacre de Once. Sus nombres: Carlos Alberto Medina, Omar Alberto Vacca y Raúl Héctor Abuín. Se los acusa de serias irregularidades en la búsqueda de víctimas luego de que, aquel 22 de febrero de 2012, una formación del ferrocarril Sarmiento se estrellara contra los andenes de la estación de Once ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

El saldo fueron 51 personas fallecidas y cientos de heridos. Pero la víctima número 51, Lucas Menghini Rey, recién fue hallado dos días después. Los comisarios habían dado por terminada la búsqueda el mismo día 22, a las 18hs. La familia Menghini tuvo que denunciar ante las autoridades y medios de comunicación que el joven de 20 años viajaba en la formación para que se dispusieran finalmente a buscarlo. Fue hallado el 24 de febrero, más de sesenta horas después de la tragedia.

"Vacca, Abuín y Medina fueron los jefes del fallido operativo de búsqueda que no buscó el cuerpo de Lucas en la cabina del cuarto vagón del tren que impactó contra los parachoques de la terminal ferroviaria", sostuvo la asociación Familiares y Amigos de la Víctimas de la Tragedia de Once.

La fiscalía del Estado, a cargo de Federico Delgado, señaló que con sólo "asomarse a la ventana" donde finalmente fue encontrado el joven se lo hubiese hallado mucho antes.

Los tres imputados afrontan el cargo de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, para la que el Código Penal prevé una multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos e inhabilitación especial de un mes a un año en sus funciones. La jueza a cargo de la causa es Servini de Cubría y la querella está encabezada por Leonardo Menghini.

“Después de más de cinco años y medio de aquel día, finalmente la Justicia comenzará a dirimir los hechos", remarcó la Asociación.

Por la Masacre de Once ya fueron condenados Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte, además de empresarios y un maquinista.

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