Comunicadores del Sur

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Procesados por comunicar

27.10.2017

El juez federal Martínez Di Giorgi decidió procesar a 22 de lxs detenidxs durante la represión de la Polcía de la Ciudad, luego de la marcha del 1º de Septiembre por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El fallo, que se dio a conocer este jueves, establece la falta de mérito para 7 de lxs detenidxs y el sobreseimiento de otrx dos más. Entre lxs procesadxs se encuentran dos compañeros de la RNMA, bajo los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, figuras utilizadas para la criminalización de la protesta social.

A pocos días de las elecciones legislativas, y en medio de una campaña de manipulación mediática capaz de valerse hasta del cuerpo sin vida de Santiago, el juez basa su determinación en un análisis que no garantiza el debido proceso para ningunx de lxs implicadxs. Según puede leerse en el escrito difundido hoy “resulta relevante resaltar que dada la magnitud de los eventos, en un primer momento no fue posible contar con la totalidad del material fílmico, peritajes y testimonios, todo lo cual será evaluado ahora en forma minuciosa e integral ”. Martínez Di Giorgi desestima la declaración de lxs trabajadorxs de prensa y el video que nuestrxs compañerxs realizaron del momento de su detención, para dar todo el crédito a los testimonios del personal policial interviniente.

En el acta el juez señala “que fueron detenidos por derribar el vallado policial y agredir con piedras y botellas al personal en la plaza frente a la Casa Rosada”, versión contradictoria con la declaración de Gabriela Amira Sánchez, otra de las procesadas. Durante su testimonio Gabriela explica que su detención se produjo en Avenida de Mayo al 1400, y que intervinieron dos jóvenes para ayudarla: “ellos son Medone y Mourenza”.

No es la primera vez que el magistrado ataca a lxs trabajadorxs de prensa. Dos comunicadorxs de Antena Negra TV podrían ir detenidxs por la connivencia de este juez con los intereses privados de la empresa PROSEGUR. Esta semana, además, decidió declararse incompetente en la causa de lxs trabajadorxs del diario Tiempo Argentino, dejando en evidencia su voluntad de no investigar a Gerardo Martínez Rojas por corrupción, pero sí hacerlo con nuestrxs compañerxs por comunicar.

A menos de una semana de las elecciones legislativas donde la democracia empapela con sus discursos el país, y a casi tres meses de exigir que nos digan qué hicieron con Santiago Maldonado, vamos a seguir trabajando para visibilizar la represión sistemática a la protesta, el mal uso de la información por parte de los medios hegemónicos y para exigir el cese de la persecución a la comunicación comunitaria, alternativa y popular.

 

Desde la RNMA exigimos:

#Anulación de la causa y sobreseimiento de todxs lxs detenidxs
#No a la Criminalización de la protesta
#No Queremos más Detenidxs por comunicar
#No a la persecución de la comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular.

 

Argentina, 28 de Octubre de 2017

Argentina. Una fiscal dictaminó frenar el desalojo de los trabajadores del hotel Bauen

26.10.2017

Pidió que se aplique un amparo presentado hace siete meses en favor de quienes trabajan en clásico hotel luego de que lo vaciaran sus dueños.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial que vetó la declaración de utilidad pública los inmuebles del Hotel Bauen.

La medida, en base a un amparo presentado el 20 de marzo de este año, lleva a que se promulgue la ley 27.344 en ese sentido. Asimismo, los trabajadores requirieron como medida cautelar de no innovar, con el fin de evitar el desalojo que derivó de la acción de Mauricio Macri.

La fiscal Boquín señaló que es competente “por conexidad” para intervenir en el conflicto el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°9 y la Sala C de la Cámara Comercial.

El 12 de septiembre pasado la Sala C dispuso en la mencionada quiebra la restitución inmediata del inmueble para el primer lunes del mes de diciembre del corriente año y rechazó las articulaciones de la cooperativa de trabajadores que explota el hotel y logró sacarlo adelante después de muchos años de labor.

El proyecto legislativo que derivó en la ley 27.344 había sido sancionado el 30 de noviembre de 2016 y contempló la declaración de utilidad pública y la expropiación de los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen, ubicados en Callao 346, 350 y 360 de Buenos Aires, y todos los bienes muebles e inmateriales, incluidos marcas y patentes, que tuvieran relación con la explotación turística, social y comunitaria que se desarrolla en el hotel, según especificó el portal Fiscales.gob.ar

El proyecto establecía la cesión en comodato de los bienes expropiados a la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada para la consecución de su objeto social, con la condición de dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que desarrolla, y de mantener su actividad productiva como fuente creadora de trabajo.

También contemplaba que una parte de las instalaciones debía estar destinada para el desarrollo de prácticas educativas laborales y la celebración de convenios con universidades públicas para realizar prácticas relacionadas con las carreras de turismo, gastronomía, hotelería, cooperativismo y socioculturales.

Además, la cooperativa del Bauen prevé destinar al menos 30 % del hotel para brindar cobertura a pasajeros del turismo social y para dar cobertura a las derivaciones médicas de todo el país efectuadas a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

“Han transcurrido siete meses y no sólo no se ha dirimido quién es el juez que resolverá el tema sino que tampoco ha sido tratada la medida cautelar solicitada”, indicó la fiscal.

En ese sentido, Boquín recordó que existe doctrina que sostiene que el principio general indica que los jueces deben abstenerse de dictar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia, pero que “en supuestos de excepción podrán hacerlo”, a condición de que se trate “del dictado de una medida urgente, que no admita demora y como único modo de proteger el derecho involucrado en la pretensión”.

Explicó que en el caso la urgencia se encontraba configurada por la circunstancia relativa a que el desalojo fue establecido para el primer lunes de diciembre del corriente año.

Lo mataron por ser paraguayo: el crimen de Diego Villarreal

26.20.2017

Por Santiago Menconi

El miércoles 18 de octubre un policía de civil asesinó a culatazos a Diego Villarreal, un trabajador paraguayo, por haberse negado a pagar una pizza. A una semana del crimen la investigación está paralizada y no hay detenidos ni avances en la causa. Familiares, amigos y miembros de la comunidad paraguaya se movilizaron a la estación de Constitución para exigir justicia. Asimismo, convocan para mañana a una nueva concentración a las 19:00.

 

Es miércoles 18 de octubre apenas pasadas las 21 horas, tres hombres atraviesan la calle Lima y se meten en el local Roca&Pizza, situado en la estación Constitución. Piden una grande de muzzarella y se sientan a esperar. Esperan un rato, pero el pedido no llega, miran la hora, piensan en el regreso a sus hogares y deciden marcharse. Tras ellos sale también el dueño del lugar al grito de: "paguenmé la pizza".

Un masculino de civil les corta el paso frente a los molinetes. El dueño del local les sigue gritando. El Civil les reclama que paguen. Diego Villarreal, junto a dos familiares, le explican que no consumieron nada. El civil levanta el tono, les dice "paraguayos de mierda". Algunos pasajeros voltean la cabeza. Algunos otros comienzan a filmar. Diego se ofrece a pagar por una pizza que no consumió. La discusión se va de tono. Llegan cinco policías.

El hombre de civil desenfunda su pistola y con la culata le parte la frente a Diego. Mientras convulsiona en el suelo, el civil lo esposa y los policías comienzan a patearlo. Los parientes les piden que paren y también son esposados. Llega una ambulancia y un enfermero comienza a practicarle RCP a Diego, pero no responde, lo suben a una ambulancia y lo trasladan al hospital Argerich. Todo es en vano: Diego está muerto.

Sobre el suelo de la estación queda un charco de sangre que horas más tarde será limpiado por algún empleado de maestranza.

A una semana del crimen de Diego me acerco a la estación Constitución, sus familiares y amigos convocaron a un acto. Somos pocos, unas cuarenta personas. Algunos tienen banderas de Paraguay y fotos con la cara del asesino. Pregunto por la convocatoria y me responden que la familia no pudo venir porque recién hoy le estarían entregando el cuerpo. En su casa de Solano todo es tristeza: una madre llora el crimen de su hijo de 32 años. La comunidad paraguaya está de luto, mientras la sociedad argentina mira para otro lado.

Los medios hegemónicos informaron poco y mal: nadie le dio voz a los agredidos, deliberadamente encubrieron un nuevo caso de gatillo fácil. Aunque no hubo disparos, Diego murió desangrado. Ahora, sus familiares y amigos forman una ronda sobre los molinetes, giro la cabeza y veo que la pizzería de los hechos se encuentra cerrada, su frente vidriado está tapiado con bolsas de consorcio. A unos metros, un grupo de policías nos observa y se ríe. Un joven mastica bronca; es uno de los amigos de Diego, le pregunto por la causa y me responde:

No hay nada, a Diego lo mató un policía de la Federal y los que están investigando son los de Gendarmería: imaginate la confianza que podemos tenerles después de lo de Maldonado…

El joven hace una pausa, traga saliva, y no hace falta que vuelva a preguntarle, me sigue contando:

Imaginate, nuestro abogado pidió las filmaciones y los de la división Roca no se las quisieron entregar: están encubriendo al asesino. De él tampoco quisieron decirnos nada, aunque por boca de gente pudimos enterarnos que es poli y que estaba de civil, que se llama Lucas y que le dieron vacaciones. Por suerte varios pudieron filmarlo y tenemos bien registrada su cara.

¿Y los que estaban con Diego, no pueden testificar?

Ellos si vieron todo, son el hermano y el cuñado, pero los procesaron por resistencia a la autoridad, los tuvieron detenidos dos días. Ellos intercedieron cuando empezaron a pegarle, pero no hubo caso: a Diego lo mataron por ser paraguayo.

Nuestra conversación se ve interrumpida por una arenga que sale desde el altavoz de uno de los manifestantes. En segundos, todos los asistentes comienzan a gritar: "justicia, justicia, justicia". Los policías, sin disimulo, se siguen riendo: se saben impunes. Mientras los miro, y canto, me quedo pensando en la última frase de nuestra conversación: a Diego lo mataron por ser paraguayo. Y a sus amigos pueden deportarlos también, dado que la justicia acaba de avalar el decreto de Macri para echar extranjeros.

Una nueva canción rompe en coro, todos cantan: "Yo sabía, yo sabía que a Diego lo mató la policía, yo sabía…". Me quedó mirando el local tapiado, el hall de la estación está repleto, por la entrada de la calle Lima cientos de personas vienen y van en una marcha interminable. Los familiares y amigos de Diego atraviesan todos juntos el portón. Hoy se van, pero prometen volver para que se haga justicia, para que paguen los responsables, para no tener que lamentar otro crimen, para que nunca más maten a alguien por ser paraguayo.

Los familiares y amigos de Diego Villarreal convocan a una nueva concentración en el hall de Constitución, este viernes 27 de octubre a las 19:00.

La impunidad policial de seis policías asesina a un joven en Constitución

25.10.2017

El pasado miércoles, en el local gastronómico Roca&Pizza, situado en la entrada del Hall Central de Constitución, seis policías asesinaron al joven Diego Villareal por negarse a pagar una pizza que no consumió. Diego Villareal, junto a su hermano Víctor Alan y su cuñado retornaban de sus trabajos cuando optaron por cenar en Roca&Pizza, pero ante la tardanza del pedido decidieron marcharse. Ante tal situación, el dueño de la pizzería insistió a los hombres para que abonasen la cena, tratándolos de ladrones. Un policía de civil que estaba en el lugar, junto a otros que estaban de servicio comenzaron a agredir a los jóvenes, discriminándolos por su condición de paraguayos.

 

Uno de los policías atacó salvajemente a Diego, desenfundando su arma y pegándole un culatazo en la cara, porque se resistía a ser esposado. Ante el impacto del golpe, Diego cayó al piso y comenzó a convulsionar, mientras los policías continuaban pateándolo y agrediéndolo. Lo mismo hicieron con su hermano y su cuñado.
Diego tenía la cabeza reventada debido a los golpes ocasionados por el arma, las manos esposadas. Fue trasladado en grave estado a un hospital, pero no pudieron salvar su vida.

El hermano de Diego, de nombre Víctor Alan, fue detenido durante la agresión y lo mantuvieron encarcelado e incomunicado junto a su cuñado por 48 hs, sin agua y sin comida.

Los seis policías que protagonizaron el asesinato están libres. El parte oficial, de manera llamativa, da cuenta de un accidente en el intento de arresto, agregando que "utilizaron la fuerza mínima e indispensable". Las autoridades del Ferrocarril se niegan a entregar los videos de ese día.

La hermana de Diego Villareal expresó:"En los medios argentinos se están diciendo muchas mentiras y no respetan que hay una familia destruida, mientras los asesinos de mi hermano están libres, son asesinos con uniforme. Pero eso sí, la muerte de mi hermano no va a quedar impune”. Agregó: “Solo te puedo decir que mi hermano y los que estaban con él no comieron ninguna pizza, es más, antes de ser agredidos, mi hermano les dijo a los policías que iban a pagar la pizza aunque no lo hayan consumido, pero que no había la necesidad de discriminarlos. Ya todo está en manos del abogado”, agregó. “Acá hubo abuso de autoridad hacia mi hermano por parte de la Policía, ellos no tienen derecho a golpear así a nadie”.

Adán Buenosayres en lucha

24.10.2017

Los trabajadores de la librería ubicada en la Avenida Corrientes al 1600 de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran, desde fines de julio, en la vereda vendiendo libros para mantener sus ingresos mientras avanzan, por un lado, con la conformación de la Cooperativa Adan Buenosayres y, por el otro, con las causas penales y comerciales contra David De Vita, dueño del comercio, que los estafó y hasta agredió físicamente.

 

Con dos mesas, decenas de libros, un par de sillas y una bandera cooperativista, un grupo de 10 personas mantiene desde hace tres meses una pelea por sus fuentes laborales. La presencia en la vereda de la Avenida Corrientes 1671 fue primero de manera permanente con el puesto de venta y una carpa; y actualmente se realiza con turnos rotativos, como forma de preservar la salud de los trabajadores.

Sin embargo, esta lucha no se inició con esta acción en el espacio público sino que se remonta a junio del año pasado cuando comenzaron a materializarse los problemas con el dueño de la librería, David de Vita.

A mediados de 2016, la librería Adán Buenosayres fue noticia en medios alternativos y tradicionales porque su dueño difundía la grave situación económica que atravesaba el local y la oportunidad que les daba a los trabajadores de convertir el espacio en una cooperativa junto a él, con el objetivo de mantener las fuentes laborales. 

“Por lo general, las cooperativas de trabajo se fundan luego de que los dueños de una empresa contraen deudas, quiebran el negocio y dejan a los trabajadores sin sus fuentes de trabajo. Pero nosotros fuimos por otro camino”, explicaron los trabajadores a través de un comunicado de prensa.

Es así como comenzaron, supuestamente, los trámites para la conformación de la Cooperativa Adán Buenosayres Libros.

“El año pasado, nuestro jefe, David De Vita, nos dijo que frente al tarifazo, nos veíamos obligados a hacer una liquidación por cierre definitivo a través de un 2×1 (llevás 2 libros, pagás 1)”, agregaron. Esta liquidación fue un éxito, pero el dinero recaudado lejos de ir a la caja de la cooperativa, como estaba previsto, fue al bolsillo de De Vita.

Los trabajadores sabrían luego que tampoco les estaba realizando los aportes de las cargas sociales con la excusa de que la cooperativa ya era un hecho, pero pasaron 6 meses y todo estaba en la misma situación: no se depositaban las cargas y el trámite de la cooperativa seguía dilatándose. A su vez, De Vita compraba de manera compulsiva lotes de libros, utilizando cheques sin fondo.

Los trabajadores descubrieron entonces que De Vita había presentado los papeles en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) ocupando el cargo de secretario de la cooperativa, sabiendo que como dueño no podía figurar como presidente, tesorero, secretario ni síndico. “El fin claramente era y sigue siendo que los papeles sean rebotados y la cooperativa nunca llegue a constituirse”, aseguraron los trabajadores.

A su vez, los empleados que habían decidido no formar parte de la cooperativa fueron despedidos: “Todo amparado, según De Vita, en que los trabajadores de la librería tenían dos caminos: ser parte de la cooperativa o dejar sus fuentes de trabajo”, afirmaron.

 

Golpes y gritos

 

En este contexto se llegó al domingo 4 de junio de este año, día en que la cooperativa en formación realizó una asamblea extraordinaria para tratar, entre otros temas, el estado “crítico” de las ventas.

Los trabajadores presentaron los balances de los últimos meses que dieron cuenta de saldos positivos; es decir que las ventas superaban los gastos, por lo que el estado crítico del comercio no se debía entonces a la falta de ventas: “la librería no estaba siendo rentable porque David De Vita, dueño de la librería e impulsor del proyecto cooperativo, pagaba deudas personales con la plata de la cooperativa. (…) Se rumoreaba que David De Vita había vendido el fondo de comercio de la librería, que él mismo había cedido meses antes como capital inicial para constituir la cooperativa. Esta cesión está documentada y firmada por él en el proyecto de viabilidad presentado ante el INAES. Con estos argumentos sobre la mesa, le pedimos la renuncia a la cooperativa. David De Vita respondió que sin él no hay cooperativa posible. Nosotros retrucamos que sí la hay y que la conformaríamos sin él. De Vita llama a votación y pierde. La cooperativa seguirá adelante sin él. En ese momento, De Vita se levantó, se dirigió a la caja, extrajo toda la plata que había en ella, la guardó en su bolso y empezó a gritar: ‘Yo soy la cooperativa. Sin mí no existe la cooperativa’. Luego firmó un acta en el que aclaró que él no iba a abandonar la cooperativa y que nosotros habíamos violado el espíritu cooperativista”, denunciaron los trabajadores.

De Vita abandonó el local, pero volvió horas más tarde, pasadas las 12 de la noche del ya lunes 5 de junio. Golpeó con fuerza la cortina baja y uno de los trabajadores lo dejó pasar. Ingresó al grito de “Me están tomando la librería” y les ordenó a los presentes que se fueran. Tiró los objetos personales de los empleados e incluso revoleó una mochila contra una de las trabajadoras, de 19 años, a quien además le pegó un cachetazo.

De Vita llamó a la policía alertando que le estaban tomando la librería. Los trabajadores también se comunicaron con las fuerzas de seguridad para denunciar la violencia laboral y física recibida.

En la comisaría, los empleados efectuaron la denuncia correspondiente. De Vita quedó demorado. Sin embargo, al llegar al local a la mañana siguiente, los trabajadores encontraron la librería cerrada, con los candados de la persiana cambiados.

A partir de ese momento, comenzaba una nueva etapa de lucha.

 

Dignificar

 

“Como él fue el último en irse con la policía, cambió uno de los candados, por ende no podíamos ingresar. Fuimos al Ministerio de Trabajo, donde nos dijeron que hasta que no tuviéramos una negativa de tareas oral no nos diéramos por despedidos. Al día siguiente sí nos la hacen y empezamos con las cartas documentos. Yo al final me terminé dando por despedida, en el mes de agosto. Se hacen todas las denuncias, una por estafa que es penal, la de violencia y agresiones y las cuestiones laborales”, explicó Sol, una de las damnificadas.

Ante esta situación, los trabajadores decidieron permanecer en la vereda de Avenida Corrientes al 1600: “Cuando el 25 de julio aseguró que no iba a negociar con nosotros, dijimos de acá no nos movemos, de acá no va a sacar ni un solo libro, y no lo sacó, sí se llevó la pancarta, llamamos varias veces a la policía porque quiso sacar cosas. Estando acá nos dimos cuenta que no podíamos tener solo un fondo de lucha, ¿y qué es lo que nosotros sabemos hacer? Vender libros y empezamos con los libros de nuestras bibliotecas, la gente se empezó a acercar con donaciones, mucha gente que pasa capaz no compra pero nos deja un libro que terminó de leer para ‘que le saquemos un buen precio’. De la librería nosotros no sacamos nada, porque sería irrumpir ilegalmente, pero tampoco vamos a permitir que salga ningún libro, es decir no se puede sacar nada hasta que haya una orden judicial”, afirmó Sol.

Actualmente, los trabajadores son querellantes en la causa iniciada por estafas, que se va unir a la de violencia de género. “En cuanto a lo laboral – expresó Sol – ya estamos en la segunda instancia de los Seclos (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria). Originalmente los habíamos frenado porque se había presentado el abogado de De Vita con intenciones de negociación. Él mandó una propuesta, nosotros una contrapropuesta, que respondió y se llegó a un acuerdo que no era lo que nos correspondía en su totalidad, teniendo en cuenta las multas, era como lo mínimo que se podía reclamar, pero al menos era un monto que nos permitía poder empezar a trabajar en otro espacio, y en cuanto a lo laboral cerrar el conflicto. Pero cuando el abogado le presenta esta propuesta final la respuesta del dueño fue pelearse con él e insultarlo, de hecho el abogado vino especialmente a contárnoslo. (…) Así que volvimos a abrir la instancia de los Seclos”.

Además, los trabajadores continúan con su intención de conformar una cooperativa: “Con el INAES estamos en la etapa de presentación del proyecto de viabilidad, el problema es que al no contar con un espacio físico neto y ser pocos los que estamos trabajando con todo lo que es el proyecto de e-commerce, gestión comercial, todo lleva tiempo. Fuimos cumpliendo con los requisitos que nos han ido pidiendo en el INAES, teniendo en cuenta que es una situación muy irregular porque nosotros nos desprendemos de un proyecto cooperativo que dio un informe negativo (el que iban a conformar con De Vita. El informe negativo se produce cuando el antiguo dueño de la SRL se propone como secretario de la cooperativa). Al conformar una nueva cooperativa decidimos mantener una parte del nombre, la cooperativa primera era Adán Buenosayres Libros, nosotros somos solamente Adán Buenosayres. Mantener el nombre es una forma de dignificar la lucha porque nosotros nos quedamos y para eso nos habían convocado, para trabajar de manera cooperativa en el rubro en el que nos gusta trabajar que es la venta de libros, y desde ahí también poder desarrollarnos profesionalmente, porque todos estudiamos algo que se puede aplicar a lo que son las industrias culturales, pero todo esto terminó con nosotros en la calle, sin proyecto, sin plata, sin nada, así que tenemos que explicarle al INAES por qué hay similitud en el nombre y por qué uno se desprende del otro, y aunque no lo parezca redactar eso es difícil, es una cuestión burocrática pero necesaria para el proceso”.

Hoy la cooperativa está conformada por diez personas: cuatro damnificados (es decir, ex empleados de la librería), otras cuatro personas que se sumaron en el día a día de la lucha, y dos más que se han sumado al proyecto pero mantienen otros trabajos.

“Hasta hace dos semanas estábamos las 24 horas con una carpa – relató Sol –, pero nos empezamos a enfermar, así que por cuestiones de salud física dejamos solo una persona de vigía que, dependiendo de quién sea, se queda en alguno de los edificios que tiene guardia las 24 horas, o da vueltas en auto toda la noche. Los chicos del Bauen, que nos brindaron mucho apoyo, nos permiten dejarles las cosas unas horas durante la madrugada”.

En estos meses, los trabajadores también descubrieron que De Vita ya había estafado a empleados de otro local y que actualmente se encuentra poniendo en funciones otro comercio en el barrio de Almagro, específicamente en la calle Pringles al 900.

Mientras avanzan en los interminables trámites necesarios para la conformación de la cooperativa, y siguen el paso a paso de las causas iniciadas contra el empresario, subsisten vendiendo libros en la vereda. Además de los ejemplares que llevaron de sus propias bibliotecas y de los donados por personas que se acercaron a solidarizarse, recibieron libros de centros culturales y editoriales, como es el caso de Desde La Gente del Centro Cultural de la Cooperación, que les cedió un lote de libros a cambio de que los vendan a precio de lista. A su vez, organizaciones políticas se acercaron para pasarles contactos con editoriales.

“Nosotros acá tenemos solamente la bandera del cooperativismo, vos podés tener la ideología política que quieras, pero nuestra lucha es laboral por los despidos injustificados y cooperativista. Nuestra idea era poder romper con ese esquema de empleado patrón y poder trabajar en el marco de la economía social, en paridad y equidad.  Y seguimos en ese camino, hoy en términos prácticos sí ejercemos el cooperativismo, hay una repartición de excedentes, aunque la realidad es que entre abogados y gastos no es mucho, porque no es lo mismo trabajar en un local que estar en la calle; si llueve, hace frío, no hay ventas, cualquier cosa que haga que la gente no frene y mire. Pero tenemos una contabilización de gastos, un fondo común de lucha que nos permiten bancar, no vivimos en el sentido de que con esta plata no podemos pagar el alquiler pero nos alcanza. Como decimos, mientras nos alcance para pagar la sube y las cuestiones administrativas vale”, aseguró Sol.

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