7.11.2017

Por Jordana Timerman

Cercada por vías de tren, muros, una autopista y el miedo a la inseguridad, la Villa 31 es casi inaccesible. No es el barrio informal más grande de Buenos Aires ni tampoco el más abandonado. Pero es quizás el más emblemático de los barrios que ocupan irregularmente terrenos públicos, antiguamente denominados “villas miseria”.

Se estima que más de 33.000 personas viven en las casas de obra limpia que se elevan al costado de los barrios más pudientes de la ciudad, un incongruente enclave de pobreza en medio de la riqueza concentrada. El barrio sobrevivió la violencia de la última dictadura militar y la desidia de más de tres décadas de democracia. Durante ese tiempo, cualquier atención oficial siempre apuntó hacia el desalojo.

Sin embargo, en los últimos años, esfuerzos de activistas lograron proteger a los residentes con una ley local que prohíbe la expulsión forzosa de sus habitantes y obliga al gobierno a darle a la Villa 31 acceso a servicios de electricidad, agua y aseo; crear espacios públicos, y mejorar las viviendas existentes. Reconoce los derechos de los que ahí viven y la comunidad que crearon.

El año pasado, el gobierno porteño prometió una inversión millonaria para el Barrio 31, como ahora lo denominan algunos. Pero el cumplimiento de la demanda histórica no puede asegurar que la villa estará a salvo. A sus habitantes ahora los amenaza la gentrificación, un enemigo más insidioso que las topadoras que históricamente lo acecharon. La gentrificación es el proceso de renovación urbana que provoca el aumento de alquileres y el desplazamiento de los habitantes tradicionales de un barrio determinado. En el caso de la 31, las políticas de regularización de tenencia e inversiones de infraestructura podrían desplazarlos de forma sutil pero definitiva.

Hay una aparente paradoja: los residentes reclaman mejoras y tenencia legal de sus hogares, pero estas aumentarían el valor de sus tierras provocando la especulación inmobiliaria. Gracias a su peculiar ubicación, la 31 tendría un muy apetecible valor de mercado.

Por eso, la llamada urbanización de la 31 simboliza un momento de disyuntivas para el barrio, pero también para la ciudad. Propiciar la destrucción del barrio mediante financiamiento público continuaría décadas de políticas que resultaron en una ciudad crecientemente segmentada y desigual. Los porteños debemos rechazar la simplista dicotomía entre la gentrificación y la desidia.

Las políticas para la 31 deberían contemplar la relevancia de la ubicación para sus residentes, así como también el valor de la comunidad como parte de una ciudad diversa. Es decir, un proyecto enfocado en el aprovechamiento equitativo de las urbes y el derecho colectivo a influir en su formación, lo que en los estudios urbanos modernos se conoce como el derecho a la ciudad.

Detrás del destino de los residentes de Villa 31 también surge una pregunta acerca de qué tipo de ciudad buscamos crear. Algunos de los residentes históricos se esfuerzan por mantener la comunidad. “Tenemos que tener cuidado para que no sea un barrio solo de gente pudiente”, cuenta Teófilo Tapia, un conocido activista local. El reconocimiento al derecho de vivir ahí “lo ganamos luchando”.

No hay duda de que Villa 31 está cambiando. Las paredes del barrio hoy se encuentran tapizadas de carteles oficiales que prometen obras urgidas; las inversiones han comenzado a llegar y a hacerse visibles. Los adoquines ya recubren algunas calles que hace poco eran de barro y se inundaban con la lluvia. Las canchitas de fútbol adquieren el vibrante color de pasto sintético y ha comenzado la construcción de nuevas viviendas. Los titulares de los diarios pregonan el arribo de Mc’Donalds, organismos públicos municipales y hasta una sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Funcionarios apuestan por la integración del aislado barrio y hablan de crear un mercado como La Boquería de Barcelona. Los críticos más férreos de la renovación, que incluyen grupos de residentes, señalan que ha habido una planificación deficitaria, trabajos mal hechos y sospechas de corrupción. Pero las obras y la atención oficial son señal de esperanza para personas acostumbradas a vivir entre la pobreza y el abandono de las autoridades.

Un tramo de autopista que atraviesa la zona sirve mirador de una prolija manzana de casas intervenidas por el gobierno porteño como parte de un plan piloto para la urbanización de la villa.

Algunos observadores, como Facundo di Filippo, ex legislador y autor de la Ley de urbanización, denuncian que las intervenciones públicas provocaron que los dueños de esas casas aumenten de inmediato el precio de alquiler. Se estima que casi la mitad de los habitantes del barrio podrían ser inquilinos informales. Aumentos de este podrían llevar a su desalojo afectando la continuidad de la comunidad, una cuestión central para las políticas que al final se apliquen.

Tampoco sorprendería presenciar la tendencia gradual hacia la construcción de viviendas de lujo, como lo han visto en la últimas dos décadas los habitantes del Lower East Side de Nueva York. Incluso un proyecto inmobiliario de alta gama que se haría en la zona promete una “sinérgica inversión con las obras del Gobierno de la Ciudad”.

Otros barrios informales en América Latina enfrentan problemas similares. Los residentes más pobres de las favelas de Río de Janeiro han sido desplazados por mejorías públicas. Y los barrios donde se regularizan tenencias informales corren mayor riesgo de recambio poblacional. Es un fenómeno difícil de cuantificar, pero la organización de sociedad civil Rio on Watch documentó a más de mil extranjeros que se habían mudado a una favela bien ubicada antes de las Olimpiadas de Río de 2016. Los alquileres en esa zona se han mantenido elevados a pesar de la recesión que afecta al país. Estos cambios evidencian las dificultades que la integración genera para los más pobres.

Hay mecanismos legales que apuntan a prevenir este tipo de desplazamiento. En Buenos Aires, como en varias ciudades de la región, se han propuesto limitar la venta de estos terrenos durante un tiempo. Aunque la medida restringe la acción individual, se protege la inversión estatal, argumenta Di Filippo.

Organizaciones locales proponen mecanismos que le permitan a los residentes más libertad con sus propiedades pero prevengan la especulación inmobiliaria. Jonatán Baldivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dice que estos mecanismos pueden incluir limitaciones al tipo de edificación que se puede construir en los terrenos, prohibir la unificación de varios terrenos o requerir permisos gubernamentales más estrictos para cambios a las construcciones.

El gobierno ha dado indicios de apertura hacia estas medidas que son una suerte de camino intermedio en la disyuntiva entre la necesidad de desarrollo y la dañina estratificación social del mercado que enfrenta la ciudad con la Villa 31.

La inversión y legalización que se promete para la 31 es importante pero insuficiente. El desplazamiento de los actuales habitantes sería un empobrecimiento para la comunidad y la ciudad. La integración no debería ser erradicación. Un desafío central en la renovación de Villa 31 es no idealizar la pobreza ni condenar a los residentes a la supuestamente pintoresca informalidad de la “favela chic”. Para superarlo, el gobierno debe asegurar la protección del barrio y los derechos adquiridos de quienes lo formaron.

Es justo para los residentes, pero también fomentará una mejor ciudad para todos los porteños.

6.11.2017

Por la “toma” de la comisaría en La Boca en 2004, luego del asesinato del militante social Martín “Oso” Cisneros.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a cuatro años de prisión al ex funcionario y titular del partido Miles Luis D’Elía por la protesta en la comisaría de La Boca en 2004 para denunciar la complicidad policial con el asesino del dirigente barrial Martín “El Oso” Cisneros. Seguirá en libertad hasta que quede firme la sentencia.

Los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero condenaron al ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social Luis D’Elía por “privación ilegal de la libertad, atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, usurpación e intimidación pública”. Recibió una pena de cuatro años de prisión, que no se hará efectiva hasta que la sentencia quede firme y una inhabilitación de 8 años para el ejercicio de las funciones públicas.

Minutos antes de que se leyera la sentencia, el titular del partido MILES denunció que estaba siendo juzgado “a expreso pedido” del presidente Mauricio Macri y advirtió que, si tenía que ir preso, lo haría “con orgullo y dignidad”, “Si tengo que ir a la cárcel 4 años y 8 meses por esto, a los 60 años y después de 40 de militancia, lo hago con orgullo y dignidad y mirando a la cara”, añadió en sus últimas palabras ante el tribunal.

Al ex funcionario y dirigente social se lo juzga por la toma de la comisaría 24, a raíz de una pueblada que pedía justicia por el asesinato de Martín “El Oso” Cisneros, un militante barrial cercano a D’Elía. El artífice del crimen fue el narcotraficante Juan Carlos Duarte, quien había sido denunciado en varias oportunidades y que según los referentes barriales actuó luego de que la policía liberara la zona.

La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había pedido una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que el defensor de D’Elía, Adrián Albor, planteó que todos los delitos están prescriptos y no corresponde ningún tipo de pena. El tribunal rechazó todos estos planteos, aunque los argumentos serán leídos recién el 5 de diciembre.

D’Elía, por su parte, argumentó que junto a militantes de la Federación Tierra y Vivienda no tomaron la comisaría, sino que los policías abandonaron el edificio ante la protesta vecinal. Hoy, al hablar ante el Tribunal, el ex funcionario destacó que volvería a hacer lo mismo si “narcopolicías” cometieran un crimen igual. “Se busca castigar la protesta social, soy un símbolo de la resistencia de los 90 y este juicio está hecho a expreso pedido de Macri, al sólo efecto de ponerme preso a mí”, dijo a los jueces en sus últimas palabras.

2.11.2017

Por Lucía Ferreri Ochoa

Los diputados porteños dieron luz verde a la licitación que dejará el control del subte en manos de privados. El plazo previsto para la concesión es de 12 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros tres.

Con 32 votos a favor, 23 en contra, y una abstención, la Legislatura de la Ciudad aprobó el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), a ceder la concesión del servicio a una firma privada. Además, la norma establece una prórroga de un año del contrato con Metrovías.

La normativa impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta prevé “otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público la operación y mantenimiento del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE)” y recibió fuertes críticas de los bloques de la oposición.

Asimismo, el texto plantea la “elección de un concesionario a través del proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional”, el cual tendrá el control del servicio público y las líneas nuevas o expansiones de las líneas existentes que se construyan en el futuro. El plazo previsto para la concesión es de 12 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros tres.

Al decidir tratar el llamado a licitación del subte como servicio público, el oficialismo gambeteó el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad, que estipula la necesidad de contar con dos tercios de los votos para aprobar “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años”. De esta forma, la discusión pasó a requerir 31 votos, número más amigable para el macrismo, que hoy en día cuenta con 28 legisladores propios, sin contar a sus cuatro aliados de la Coalición Cívica y Confianza Pública. Al mismo tiempo se omitió el art. 89 inciso 5 de la carta magna porteña que establece que tienen el procedimiento de doble lectura "toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad".

Por otra parte la pulseada sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar la medida la ganó el oficialismo, por lo que se requerirán 31 votos debido a que se trata de la concesión de un servicio público.

Los opositores habían presentado diversos proyectos que coincidían en la necesidad de reestatizar el servicio. La iniciativa redactada por el Frente para la Victoria planteaba dar por finalizado el modelo de gestión privado administrado por Metrovías S.A. desde 1994 y reemplazarlo por uno estatal.

En los fundamentos de la norma, los legisladores denunciaban que "la gestión privada no logró aportar calidad de servicio y tarifas adecuadas que puedan ser consideradas suficientes para garantizar la accesibilidad de los usuarios".

En ese sentido, señalaban que "la deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros no se condice con el resto de las experiencias internacionales, incluso si se consideran los servicios equivalentes en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Ciudad de México".

"Asimismo, no se encuentra acreditada una inversión real de la empresa concesionaria, más aún si se tiene en cuenta que actualmente el sostenimiento económico-financiero de la gestión privada en la prestación del servicio se cubre con subsidios y la tarifa que abona directamente el pasajero (que incluye un monto destinado a cubrir la rentabilidad empresaria que podría ser omitido en caso de una gestión estatal del servicio)", afirmaba el pliego.

El legislador del FpV, Javier Andrade, destacó el caso de ciudades como París, Nueva York, San Pablo o Santiago de Chile, donde el servicio de subterráneos está administrado por el Estado y agregó: “Nosotros proponemos un esquema mixto, con un directorio compuesto por el Estado, los trabajadores y los usuarios”.

En esa línea, cabe destacar que las dos empresas impulsadas como candidatas por el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, son estatales: Keolis (subsidiaria de la empresa ferroviaria nacional francesa) y la RATP (Empresa Autónoma de los Transportes Parisinos).

La iniciativa privatista del Ejecutivo de la Ciudad se basa en la necesidad de optimizar el uso de recursos y recortar el gasto público. Sin embargo, pese a estar el servicio en manos privadas, el Presupuesto 2017 contempló una inversión de 6281 millones de pesos en los subterráneos porteños, los que representa un 3,5% por ciento del total de fondos del Estado distrital.

En concordancia con el proyecto kirchnerista, el socialista Adrián Camps resaltaba que "resulta imprescindible que el Estado asuma la potestad de administrar el servicio, implemente un plan a corto plazo de mejoras de la infraestructura existente y adopte un programa a largo plazo para ampliar el servicio. Todos estos objetivos serán posibles a través de la gestión estatal, pues de esa manera no mediarán intereses económicos y lucrativos por parte de las empresas privadas".

2.11.2017

La diputada electa de la ciudad por el Frente de Izquierda y el dirigente de la oposición clasista en el Secretariado Ejecutivo de AGTSyP rechazaron un nuevo negociado que perjudica a trabajadores y usuarios e insistieron con la necesidad de la estatización bajo control obrero.

La legisladora electa por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, manifestó su rechazo a la aprobación del Despacho de mayoría N° 586/17. “El PRO, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el bloque de Confianza Pública de Graciela Ocaña le dieron el visto bueno a una nueva entrega. A partir de ahora el Poder Ejecutivo está autorizado -¡por un plazo de 15 años!- a otorgar en concesión a una empresa privada la operación y mantenimiento del Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. No hay que aceptarlo. A estos políticos solo les importa levantar la mano a favor de las ganancias de los empresarios”, declaró la legisladora.

Bregman se refería en sus declaraciones a la votación que autorizó al Poder Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), a prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2018 la concesión a Metrovías y llamar a una licitación pública nacional e internacional para otra concesión del servicio por un período de 12 años, con la opción de tres más.

La diputada denunció a su vez que “la votación se ha hecho en medio de una grave ilegalidad por parte de la Legislatura, ya que ni siquiera respetaron el procedimiento de discusión y las mayorías necesarias exigidas por la Constitución de la Ciudad” .

Por su parte, Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, manifestó: “Lo único que recibieron los usuarios y trabajadores con la privatización ha sido la baja calidad del servicio, falta de mantenimiento, obreros muertos por las pésimas condiciones de trabajo y tarifazos impagables. Es una estafa, la empresa se lleva 1500 millones al año y las inversiones nunca aparecieron. Nunca investigaron nada porque son cómplices. Ahora quieren seguir con este procedimiento con una nueva empresa".

Bregman concluyó: “El Subte es un servicio público, no tiene por qué dar ganancia, no tiene por qué ser fuente de negociados. Por eso desde el Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto que propone que sea reestatizado pero, a diferencia de otros proyectos presentados por la oposición, queremos que sea bajo control de los trabajadores y los usuarios, porque son ellos quienes vienen denunciando el deterioro y los negociados en el subte, los únicos verdaderamente interesados en un buen servicio eficiente y de calidad”.

2.11.2017

El oficialismo en la Legislatura porteña habilitó al Gobierno de la Ciudad a llamar a licitación nacional e internacional para concesionar por 12 años, con opción a tres más, la red de subterráneos. También se prorrogó por un año a la actual operadora, Metrovías. La oposición rechazó la iniciativa y propuso que el Estado brinde el servicio. Durante la sesión hubo un “sardinazo” de protesta por las pésimas condiciones en las que se viaja.

Con 32 votos del bloque del oficialista Vamos Juntos, la Legislatura aprobó habilitar al Gobierno porteño a que llame a una nueva licitación para mantener la concesión privada del subte durante al menos 12 años, con la posibilidad de extenderla por 3 años más. Mientras se hace el llamado, se prorrogó por un año la concesión a Metrovías.

En la sesión hubo 23 sufragios negativos y una abstención de fuerzas de la oposición que mantuvieron la postura de estatizar el servicio como la mejor opción. Eso que quedó plasmado en al menos seis proyectos con distintos matices presentados en los últimos meses.

Además, estuvieron presentes los integrantes del grupo “Sardinazo”, que denuncian las pésimas condiciones del servicio del subte que obliga a los pasajeros a viajar como “sardinas enlatadas”. Se trata estudiantes de la diplomatura en Producción Cultural de la Facultad de Filosofía de la UBA que disfrazados de sardinas protestaron en las gradas de la Legislatura contra la prórroga a la concesión otorgada a Metrovías.

La norma aprobada establece que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podrá llamar a licitación pública nacional e internacional para concesionar el servicio por 12 años, con opción a tres más, y estipula que los oferentes “deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros y haber transportado en los últimos tres años no menos de 150 millones de pasajeros”. También obliga al concesionario a constituir una sociedad anónima cuyo único y exclusivo objeto sea operar la red de subterráneos y fija que la retribución “por la operación y mantenimiento del servicio será establecida a través de un canon mensual” con criterio basado en la relación “pasajero-kilómetro”.

La prórroga hasta diciembre del 2018 para Metrovías responde a la suposición de que la empresa que resulte ganadora de la licitación no tendrá tiempo para “hacer efectiva posesión del servicio” antes de esa fecha.

“El llamado a una nueva licitación es una muestra de que el balance que hace el Gobierno porteño sobre la gestión privada es positivo, un balance que no coincide con el de los miles de usuarios que padecen un servicio lento, inseguro, incómodo y que incumple la Ley de expansión de la red desde hace casi una década”, afirmaron desde el bloque del FPV, que presentó un proyecto para que el Estado, a través de SBASE, sea el encargado de la administración.

El diputado Javier Andrade, miembro del FPV en la comisión de Obras y Servicios Públicos, señaló: “En la línea E viajamos como sardinas, hay que dejar pasar dos o tres formaciones para poder subirse y es peor aún para las mujeres. El ruido es tan invasivo que no se puede ni mantener una conversación”. Por su parte, la legisladora Paula Penacca, sostuvo que “el gobierno de Rodríguez Larreta  insiste con la reprivatización del subte a pesar de los pésimos resultados en términos de calidad del servicio que se obtuvieron hasta ahora bajo el manejo de Metrovías.”

Para la presidenta del bloque Suma+, Inés Gorbea, en el recinto hubo “hubo poca discusión” previa al tratamiento del futuro manejo del subte. Consideró que “un servicio de gestión estatal es la mejor opción para mejorar, sin embargo, lo que se hizo con la nueva concesión es mantener el status quo”. En tanto, el Legislador Marcelo Ramal, del Partido Obrero, destacó que la decisión tomada hoy “prolonga un modelo parasitario de manejo del subte” porque, según detalló, el Estado es quien aporta los subsidios al concesionario, tanto para las formaciones como la infraestructura, mientras que “el concesionario opera a beneficio puro”.