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Impugnan a los nuevos Jefes de la Policía de la Ciudad

18.1.2018

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentó, este miércoles 17 de enero, un escrito en el que impugna a los nuevos Jefes de Policía de la Ciudad, Carlos Kevorkian y Gabriel Bernard, propuestos por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta. La presentación formal denuncia que para su nombramiento se han contrariado las normas sobre publicación de los antecedentes y las conductas de los efectivos. Entre estas últimas mencionan que dirigieron la brutal represión de diciembre durante las manifestaciones contra la sanción de la Reforma Previsional. Compartimos comunicado de la LADH

Impugnamos a los nuevos jefes de la Policía de la Ciudad

 

En la fecha de hoy, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ha impugnado formalmente a los nuevos Jefes de la Policía de la Ciudad, Carlos Kevorkian y Gabriel Bernard,  propuestos por Larreta contrariando la normativa vigente en cuanto a la debida publicación de los antecedentes y a la conducta de los policías propuestos, quienes entre tantas otras cosas, dirigieron la brutal represión de los días de diciembre contra las y los ciudadanos que intentaban manifestarse en contra de la sanción de una ley de despojo de las jubilaciones de millones.

En el escrito se explicita: “El Jefe de Gobierno, al publicar desde el 29 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018 el Comunicado – E.E N.° 30016627/MGEYA/DGALS/17 proponiendo “a Carlos Arturo Kevorkian, DNI N° 10.431.296, como Jefe de Policía de la Policía de la Ciudad en los términos del Artículo N° 76 de la Ley N° 5.688”, ha presentado sus antecedentes de una manera intencionalmente incompleta, que impide a la mayor parte de las personas controlar debidamente dichos antecedentes.  El historial policial de Kevorkian se presenta como una sucesión de grados y destinos en las sucesivas fuerzas a las que perteneció (Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana y Policía de la Ciudad de Buenos Aires), pero sin indicar en ningún caso los años en los que efectivamente sirvió en cada destino (tampoco aclara cuál es su actual función dentro de la Policía de la Ciudad).  La omisión de las fechas de servicio en cada una de las reparticiones obliga a realizar una reconstrucción de sus antecedentes en base a otras fuentes externas (por ejemplo, investigando cuándo existió en la Policía Federal Argentina el grado de Sub ayudante), a fin de tratar de desentrañar si en alguno de esos destinos tuvo participación en acciones que puedan fundar una oposición a su postulación.  Esta publicación de antecedentes con omisión absoluta de los años de prestación de servicios en cada repartición (e incluso en cada una de las fuerzas) sería inaceptable en cualquier currículum vitae.”

Y más adelante se afirma: En primer lugar, no parece haber duda acerca de que su servicio en la Policía Federal Argentina se extendió por unos 47 años, entre 1971 (aunque una fuente afirma que egresó de la Escuela de Cadetes en 1970) y 2008 (una única fuente sitúa su retiro en 2007).   Eso significa que Kevorkian ingresó a la PFA durante la dictadura de la llamada “Revolución Argentina” y prestó servicios bajo el dictador Lanusse (no es posible conocer si también sirvió a Levingston, dado que se desconoce la fecha de ingreso a la fuerza). Luego, Kevorkian prestó servicios durante el gobierno constitucional de 1973 a 1976, período en el cual personal de la PFA participó en la creación y accionar de la organización parapolicial “AAA” (o “Triple A”). Tampoco resulta posible afirmar qué tareas cumplió realmente el candidato durante ese negrísimo período de la PFA, ante la orfandad de la información publicada. Por supuesto, Kevorkian prestó servicios durante toda la dictadura cívico-militar de 1976-1983, durante la cual es público y notorio que la PFA fue parte ejecutora del plan criminal de genocidio, tanto a través de sus propios centros clandestinos de detención permanentes (como el Atlético, el Banco y Olimpo, es decir, el llamado Circuito ABO) como mediante las comisarías y delegaciones que fueron empleadas como centros de detención transitorios (hasta la derivación de los detenidos desaparecidos a otros lugares) y, asimismo, a través de la colaboración (activa o liberando la zona) en los secuestros de las víctimas ¿Qué hizo Kervorkian durante esta última dictadura? Tampoco es posible decirlo, ya que los magros “antecedentes” publicados ni siquiera permiten asegurar en qué reparticiones y con qué grados prestó servicio durante ese período. Pero, aunque no se informe sobre sus actividades en esos años, es indudable que la formación profesional de Kervorkian (y sus primeros doce años de servicio) coinciden con uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, caracterizado por agresiones masivas y sistemáticas hacia los derechos humanos, hasta la eliminación física de los opositores políticos a través de su desaparición forzada o asesinato.

Sobre la actuación de Kevorkian en la PFA a partir del 10 de diciembre de 1983 existen muchas dudas y sólo una certeza: la existencia (según información periodística no desmentida) de un sumario administrativo donde se encontraría imputado por la muerte de un joven hincha de fútbol, Fernando Blanco. Como es público y notorio, en el año 2000 la Procuración General de la Nación se vio obligada a crear una comisión para investigar la existencia de decenas de causas fraguadas por personal de distintas reparticiones de la PFA. Varias de las reparticiones involucradas se encuentran entre las que integró o comandó Kevorkian como Principal, Subcomisario o Comisario, pero la falta de información acerca de las fechas de su servicio impide asegurar o descartar la presencia del candidato en esas dependencias durante los hechos investigados. Por lo tanto, no es posible saber si conoció dichas prácticas y, en caso afirmativo, qué actitud tomó ante los subordinados o compañeros que incriminaban a personas inocentes.

En cambio, no parece haber duda acerca de la actuación de Kevorkian como jefe de la Circunscripción IV el 25 de junio de 2005, cuando Fernando Blanco, de 17 años, hincha de Defensores de Belgrano, que había concurrido a presenciar un partido contra Chacarita, fue golpeado por personal policial (uniformados y de civil –entre los cuales se habría encontrado Alejandro Rivaud, personal de inteligencia de la PFA, luego subordinado de Kevorkian en la Metropolitana-) y luego detenido, tras lo cual fue internado y finalmente, falleció a los pocos días. En la nota citada más adelante, hecha por Urgente 24, el padre de Fernando, Ángel, señaló que “todo fue un desastre y se trató de una emboscada. El público de Defensores era visitante, su equipo había perdido el partido por el descenso y en lugar de salir primero del estadio permaneció cuarenta minutos retenido. Pienso que quienes designaron al responsable de un operativo semejante para coordinar a la Policía porteña tendrían que haber evaluado estos antecedentes y que hay una causa por homicidio. Tal vez lo nombraron porque es un buen represor. Pero parece que nadie se da por enterado”. Las fuentes consultadas indican que “Blanco fue introducido en uno de los 2 celulares (interno 9186, marca Iveco, patente AII 954) que llevaba apresado a un número indeterminado de detenidos que nunca llegaron a la comisaría 28ª.” Según la versión policial, el joven murió tratando de escapar y la golpiza precedente nada habría tenido que ver con su deceso. Esta versión es tan poco creíble como la de quienes pretenden sostener que Santiago Maldonado simplemente se ahogó en un río, omitiendo el accionar represivo anterior y posterior a su muerte: la muerte de una persona como consecuencia de los hechos sucedidos durante su detención o persecución siempre es responsabilidad de los aprensores, ya que están obligados a garantizar la seguridad de las personas bajo su poder.   La grabación que exhibiera el programa de televisión “Cámara testigo”, de América TV, que correspondería a ese partido de fútbol, muestra a un hincha gritando “Yo vengo a ver un partido nada más. ¿Me entendés? Yo vengo y vos me golpeas la c… de tu madre”. Inmediatamente después se ve a una persona con los mismos rasgos de Kevorkian, vestida con el típico sobretodo de los oficiales superiores, respondiendo con sorna “Por supuesto, señor”. Ironías de represor provocador.

Y luego de analizar la actuación de ambos policías al frente de la Policía en el año 2017, con sus flagrantes violaciones de los derechos humanos de las y los habitantes de esta Ciudad termina: “Por los motivos expuestos, se formula esta oposición de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre a las candidaturas de Carlos Arturo Kevorkian como Jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y Gabriel Oscar Berard como Subjefe de la misma fuerza y, en consecuencia, se reclama que ninguno de ellos sea designado en los respectivos cargos para los que han sido propuestos.

Asimismo, se solicita que las futuras publicaciones de antecedentes se hagan de manera adecuada, brindando toda la información relevante, con adecuada indicación de las fechas de prestación de servicio en las sucesivas reparticiones.”

Boca Juniors avanza con la apropiación de tierras públicas

18.1.2018

Por Vivian Palmbaum

El lunes por la mañana el barrio de La Boca amaneció con la novedad: Desde el Club Boca Juniors se ordenó el enrejado de “El Campito” en Casa Amarilla.

Estas son las únicas tierras públicas y espacio verde para el barrio. Un espacio codiciado por la dirigencia del Club xeneise y que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le cedió en una maniobra sospechada de ilegal por ofrecerlo a un precio muy por debajo de su valor de mercado.

Una disputa que casi cuesta dos vidas, que favorece el mega emprendimiento del Club, en línea con la corporación inmobiliaria sobre la zona, auspiciado por el gobierno de la Ciudad que la declaró Distrito de las Artes. Boca Juniors salió a responder a las protestas con una puesta en escena marquetinera: un volante explicativo de un “proyecto social” para esas tierras abandonadas, tal como ellos las presentan, en una acción benefactora que los beneficia claramente. Alambrar una práctica de la clase social terrateniente que llega hasta nuestros días.

 

Haciendo un poco de historia

 

El pasado lunes, en medio de la feria judicial y con apuro, el Club Atlético Boca Juniors comenzó a enrejar “El Campito”, un espacio público que está en disputa judicial, por la acción de los y las vecinas y organizaciones que se oponen a la transferencia del único espacio verde del barrio.

En junio de 2017 el juez de primera instancia, Guillermo Scheibler, hizo lugar a una medida cautelar, interpuesta por vecinos y vecinas del barrio y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y suspendió la licitación privada, mediante la cual Boca Juniors se había quedado con tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como se conoció, el predio había sido vendido por el Gobierno porteño al club mediante el pago del 5 por ciento del valor total (180 millones de pesos) y un financiamiento a 14 años. Este modus operandi violaba las disposiciones que obligan a que este tipo de transferencias de tierras públicas contara con la aprobación de la Legislatura. Las tierras, además, estaban destinadas a la construcción de viviendas sociales, en un barrio con uno de los mayores déficits habitacionales de la ciudad. En su lugar la dirigencia de Boca Juniors sueña con un estadio-shopping contrario a la zonificación del predio, otra de las tantas causales que tomó en cuenta el magistrado para dictar la medida.

La comunidad popular de La Boca, cuyos habitantes sufren cotidianamente el hacinamiento, los reiterados incendios y desalojos de los conventillos -que están en vías de extinción-, encuentra un respiro en el último espacio verde.

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, conocido como el operador judicial del gobierno de Mauricio Macri, entre otras cosas, encontró el mejor momento para interrumpir la cautelar. La medida fue apelada, pocos días antes de finalizar el año y que se abriera el período de feria judicial, convenientemente para los intereses de la dirigencia de Boca Juniors, y la Cámara anuló lo actuado por el juez Scheibler. Mientras las tierras continúan en disputa, Boca ordenó alambrar “El Campito” de Casa Amarilla.

 

Tierras valiosas

 

En mayo de 2016, en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, donde los vecinos se habían autoconvocado por la necesidad de tratar la sesión de tierras comunales de Casa Amarilla al Club Boca Juniors, se produjo una situación de violencia, amparada por las autoridades públicas, que llegó hasta el intento de asesinato de dos participantes del debate plenario. Los culpables, que pudieron ser identificados por las imágenes, tenían nexos conocidos con funcionarios del gobierno del PRO, pero que casualmente tardaron en ser detenidas. El intento de asesinato dejó claro la magnitud de la disputa. Expandirse, mientras se favorece un endeudamiento descomunal para el club, que abre las puertas a las sociedades anónimas de los clubes de fútbol: una iniciativa que este año tomará nuevo impulso. El sueño de Mauricio Macri, desde que fuera presidente del club que lo llevó a ocupar el sillón de la Casa Rosada.

 

La Boca

 

La Boca no solamente sufre uno de los mayores déficits habitacionales de la CABA, sino que sus habitantes se organizan para manifestarse frente a las cotidianas amenazas que sufren, como parte de un entramado que busca desalojar una zona que es parte de la corporación de negocios de la zona sur. A ello se suman reiterados casos de gatillo fácil y violencia institucional.

El lunes, frente a la avanzada del club, los vecinos se autoconvocaron en asamblea para organizarse y enfrentar la situación de apropiación de las tierras públicas. El martes al medio día, nuevamente vecinxs y organizaciones se movilizaron frente a las puertas del club para exigir una respuesta de sus autoridades, que no respondieron por lo que vecinas, vecinos y distintas organizaciones se organizan para continuar los reclamos.

Una movilización vecinal de la que las autoridades del club parecen haber tomado nota, ya que salieron a responder con un volante en donde se anuncia el Proyecto Social de Boca Juniors, destinado a esos terrenos “descuidados durante los últimos 30 años”, tal como ellos lo anuncian. Un club que se proclama para salvar al barrio pero no le da lugar los sectores populares, que sin embargo se convirtió en una boutique, de acceso restringido a quienes puedan pagar y al que además, entre los requisitos para asociarse es necesario tener tarjeta de crédito, algo bastante inaccesible para los sectores que habitan el barrio.

Noel Sbarra, en su texto Historia del Alambrado en la Argentina consigna que en 1874 la invención del alambre de púa, en los Estados Unidos, constituye uno de los hitos en la práctica de cercar campos. En la Argentina esa práctica se consolida alrededor de 1880 y fue necesario que el gobierno de Bartolomé Mitre introduzca una legislación que ponga límite al abuso de los propietarios. Nuestra historia está llena de ejemplos de apropiación de tierras por parte de las clases dominantes, desde la conquista y colonización en adelante, a la que los pueblos se resisten cada vez que es necesario.

Un nuevo capítulo se dirime en el territorio urbano del barrio de La Boca, en donde vecinas, vecinos, organizaciones políticas, sociales y culturales se oponen a los poderosos intereses económicos, que cuentan con auspicio de las políticas públicas de los gobiernos nacionales y de la ciudad.

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En un artículo reciente de Mario Hernández, publicado en Marcha el 12 de enero, ya se señalaba que en el Canal de la Ciudad, “el 90% de los trabajadores está bajo fraude laboral y desde hace más de una década reclaman que se los reconozca como trabajadores de televisión en relación de dependencia”.

El ajuste en los medios de comunicación llegó con la intención de quedarse.

Malas noticias para los medios: llegaron los despidos al Canal de la Ciudad

17.1.2018

Por Mauricio Polchi

Después de los despidos en Radio Nacional y el desguace de la TDA, Paka Paka, DeporTV y Encuentro, el gobierno porteño se sumó al plan de ajuste en los medios y dejó en la calle a 24 familias. Los y las despedidas ocuparon el Canal de la Ciudad y levantaron la protesta cuando se instaló una mesa de negociación.

 

El martes

 

Las mujeres lloran y se abrazan en la puerta del trabajo. Algunas tienen los ojos hinchados, enrojecidos, por tanto llanto. Los muchachos, como desorientados, se mantienen en silencio. Están en la vereda del Canal de la Ciudad. El personal de seguridad no los dejó entrar. Son productoras y productores periodísticas, editoras, asistentes, cámaras. Los echaron hace un rato. Por eso la angustia, por eso las lágrimas.

“Yo trabajo de editora desde hace 10 años. Ayer empecé mis vacaciones y hoy a las 7.37 hs. me llegó un mail de Recursos Humanos que decía que me desvinculaban. Y nos largan a la calle sin nada. Sin indemnización, y de un día para otro”, dijo Fernanda Heredia, que es madre de dos hijos.

En el arranque del martes 16 de enero, las autoridades del Canal de la Ciudad, que depende de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, enviaron un correo electrónico para notificar las cesantías. Esa mañana algunas personas ingresaron al edificio ubicado en Guardia Vieja 3334, a unos pocos metros del gigantesco shopping del Abasto, pero luego fueron expulsadas del lugar. Hasta hace unos días, se habían concretado 5 despidos. Ahora se suman otros 19. En total, 24 familias en la calle. Todo indica que la lista final llegará a 35.

“Vine igual aunque ya estaba de receso. Quise averiguar qué ocurría pero no me dejaron pasar. Les pedí agarrar mis cosas y se negaron. Empezar el año así es muy triste. Yo tengo dos hijos chiquitos, y si bien estoy casada, este ingreso era la principal fuente de sostén de la familia”, detalló Fernanda.

Al caer la tarde, los trabajadores y las trabajadoras tomaron las instalaciones. La permanencia se extendió durante varias horas, hasta que se planteó una reunión con funcionarios de la Subsecretaria del Trabajo. Y si bien se desactivó la protesta, siguen en alerta.

 

El Lunes

 

Según había adelantado el diario La Nación en la portada del día anterior, correspondiente al lunes 15 de enero de 2018, “el gobierno estudia financiar la baja del empleo público en las provincias”. Así, desde el titulo principal, el presidente Macri informaba que la Casa Rosada pretende premiar a los gobernadores o jefes comunales que aplican la obediencia debida y ejecuten el ajuste en el estado.

“Vamos a acompañar a las provincias que cumplan con las metas fiscales”, dijo el presidente, por esos días, mientras vacacionaba en el sur del país. En territorio porteño, Macri tiene a Larreta, un alumno ejemplar que se sabe de memoria el manual de estilo de Cambiemos. Al igual que en la Televisión Pública, el macrismo local avanza con el achique del canal de la Ciudad de Buenos Aires. El encargado de cometer ese plan económico es el director del canal, Eduardo Cura, ex marido de la vicepresidenta Gabriela Michetti (tuvieron a su hijo Lautaro en 1993). A Cura lo escolta su actual pareja, Patricia Rey, nombrada por él como directora de Recursos Humanos del Canal de la Ciudad.

“Es una clara persecución contra la Asamblea. Despidieron a todos los que tuvieron alguna participación activa, incluso en algunos casos hicieron saber que no tenía que ver con el desempeño”, se quejó Mariana Giordano, delegada por ATE.

En un artículo reciente de Mario Hernández, publicado en Marcha el 12 de enero, ya se señalaba que en el Canal de la Ciudad, “el 90% de los trabajadores está bajo fraude laboral y desde hace más de una década reclaman que se los reconozca como trabajadores de televisión en relación de dependencia”.

El ajuste en los medios de comunicación llegó con la intención de quedarse.

Sigue la ola de despidos en el Canal de la Ciudad, ya son 24 trabajadores

17.1.2018

 

Diecinueve trabajadores fueron despedidos hoy. Se suman a los 5 de la semana anterior. Entre ellos, un candidato a delegado de Satsaid y una delegada de ATE.

 

Los trabajadores del Canal de la Ciudad se encuentran movilizados y en lucha contra los despidos de 24 trabajadores y denuncian que el plan del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es producir 30 despidos en total.

Ezequiel Díaz, uno de los delegados, informó que “los despidos son arbitrarios porque son todos integrantes de la asamblea del Canal de la Ciudad, lo cual nos preocupa porque hay un plan de 30 despidos en total”.

Díaz, también comentó que “no hay ninguna negociación iniciada”, ya que las autoridades del canal no han dado ninguna respuesta, razón por la cual se encuentran en “estado de alerta y movilización” y permanecen en las instalaciones del lugar en espera de una respuesta estatal.

Denuncian atentado contra el abogado de ATE Capital

15.1.2018

El sindicato comunicó que intentaron incendiar el vehículo de Martín Alderete, quien también es abogado defensor de los detenidos durante la marcha contra la reforma previsional.

En medio de una campaña antisindical promovida por el gobierno de Cambiemos, ATE Capital denunció en las redes sociales que el abogado penalista del Consejo Directivo de la organización, Martín Alderete, sufrió un atentado en su vehículo.

Desde el sindicato, afirmaron que "le rompieron los vidrios de su vehículo para introducirle una bomba de estruendo que lo incendió parcialmente", tal como puede observarse en las imágenes que difundió ATE.

La organización exigió que se investigue y esclarezca al hecho y responsabilizó al gobierno nacional "por la integridad física del abogado y su familia". También mencionó que Alderete "es el abogado defensor de los acusados por el Gobierno Nacional durante la marcha contra la reforma previsional" y "miembro de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)".

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