Comunicadores del Sur

1.2.2018

Por Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina

Ambientalistas denuncian que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere quemar basura para tapar su mala gestión de residuos.

Ante la crisis de los residuos que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las organizaciones Salud sin Daño, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Coalición Ciudadana Anti-Incineración, la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) y Greenpeace Argentina denunciaron que la mala administración en la política de residuos de los últimos años no puede ser presentada como una excusa para avalar una tecnología ilegal y contaminante como la incineración.

Esta tecnología, también conocida como Waste to Energy, no sólo viola la Ley de Basura Cero (N° 1.854) que prohíbe esta práctica, sino que es una fuente de energía sucia y no renovable que pone en riesgo la salud de los vecinos con compuestos tóxicos y cancerígenos, y sólo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires podría impactar directamente en más de cinco mil empleos vinculados a la cadena del reciclaje.

“Las noticias difundidas este fin de semana por la CEAMSE y el Gobierno de la Ciudad en relación a este tema buscan allanar el terreno para proponer el regreso a la incineración de residuos, una práctica antigua y que genera contaminación del aire y puede afectar la salud y la calidad de vida de la población" explicó Andrés Nápoli de FARN. "Casi nada se ha avanzado, por ejemplo, en el aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables. Hay una industria de la recuperación que sostener, fortalecer y desarrollar".

En noviembre de 2017 las organizaciones enviaron una carta a las autoridades del gobierno nacional, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, expresando su preocupación ante el avance de los planes del gobierno para construir al menos siete plantas de incineración de residuos en el AMBA, y promoviendo el fortalecimiento del reciclaje y el compostaje como solución. (1)

Con la quema de residuos, indican, se buscaría tapar la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires en dar cumplimiento a la Ley de Basura Cero, aprobada en 2005. Esta normativa instaba a la Ciudad a un descenso progresivo en la cantidad de basura enviada a los rellenos sanitarios de la Provincia. Doce años después de la sanción de la ley, la Ciudad no debía superar las 357.000 toneladas de residuos enterrados; sin embargo, según datos oficiales, en 2017 se dispusieron 1.101.202 toneladas, tres veces más que lo exigido por la ley.

(1) Carta enviada a las autoridades del gobierno de la Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires: www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2018/01/Carta_Marcos_Pena_v2.pdf

31.1.2018

Valeria Pesce

En Argentina, la brecha entre los ricos y los pobres, es del 2500% *; en la Ciudad de Buenos Aires se nota más. En el barrio de Retiro, esta asimetría se vive diariamente. Un barrio forjado de asentamiento, en asentamiento, nutrido por los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular con menos derechos, con cloacas y servicios deficientes.  Allí en se encontraban las escuelas de nivel inicial, nivel primario y secundario, a la que asisten los hijos y las hijas de estxs trabajadorxs.

Se encontraba, porque las escuelas de nivel inicial y primaria, ubicadas en Letonia y Av. Antártida Argentina, fueron demolidas a principio de este año. Como dijo una mamá de alumnos de esas escuelas: “Luchamos y no alcanzó. Nos dijeron lo que iban a hacer cuando tenían todo cocinado”. La comunidad educativa de esas escuelas, denunciaron la necesidad de un Polo Educativo y propusieron un proyecto: la construcción por etapas del Polo, en tres años, con la instalación de escuelas modulares durante la construcción para que todos los niveles continuaran estudiando en el mismo predio. Sin embargo, fueron desoídos.

No sólo arrancó el año con la demolición sino también con el traslado de los alumnos a un galpón sobre la Avenida Ramón Castillo al 1700. Los padres y maestras denuncian además, que este galpón pertenece a la familia del Ministro Nacional de Transporte, Guillermo Dietrich, y hablan de sumas cuantiosas para el pago del alquiler, medio millón de pesos para el primer año y 200 mil adicionales para el año que viene.

Los padres presentaron amparos en la justicia y hoy el Juez Pablo Mántaras, a cargo de la causa, realizó una visita ocultar con aquellos y el abogado defensor Hernán Mirasole de la organización “Nace un derecho”. Luego del recorrido denunciaron la falta de ventilación, el calor sofocante en el lugar, la falta de iluminación. Lxs alumxs tampoco contarán con espacios abierto para la recreación, incluso lxs niñxs de primaria harán los recreos en pasillos. Los espacios diseñados para las aulas son “ratoneras” dijo una madre que realizó la visita y separadas por “Durlock”, un material que no aísla los sonidos. “¿Cómo darán clases al lado del aula de Música?”, se preguntaba Erika maestra de la escuela primaria demolida Nº 25″La Bandera”. Tampoco contará con un comedor instalado, y si bien les dicen que habrá cocina, no hay instalación de gas en el lugar, y sospechan del suministro de viandas, de dudosa calidad nutritiva. “Los derechos de los niños, están en nuestra Constitución y en tratados internacionales, y tenemos que hacer que se cumplan” expresó luego de la visita el abogado defensor Hernán Mirasole.

A las deficiencias edilicias, se suma la disminución de vacantes para ambos niveles, cuando ya en la escuela inicial Nº 5 del Distrito Escolar 1 “La Banderita”, por ejemplo, había una lista de espera de 500 niñxs.

“Una conquista histórica de la comunidad educativa del barrio 31, el Polo Educativo, luego de años de lucha de esta comunidad, se va a construir, el problema es la transición a este galpón patético, además, separan a los niños de los niveles de inicial y primaria, de los del secundario, cuando los hermanos del secundario llevaban a los más pequeños antes de ingresar ellos, esto ahora será muy difícil. Les pedimos al gobierno de la Ciudad que no trate a los vecinos del Barrio 31 como vecinos de segunda”, manifestó el Secretario Gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Las maestras también desconfían del inicio de la construcción del Polo Educativo, porque todavía no hay habilitación para la obra. No es para menos, las políticas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en materia de educación pública lejos están de buscar su fortalecimiento. Las tierras sobre las que se encuentra la Villa 31 son además codiciadas por los commodities inmobiliarios.

Las promesas son varias: terminar la obra para el inicio de las clases, micros para el traslado de las maestras y lxs alumnxs desde el predio original de las escuelas al nuevo, pero “hay que seguir la lucha para que este galpón sea un lugar digno para enseñar y aprender”, concluyó una madre.

*(según datos del 05-01-2017 del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, del tercer trimestre 2016)

30.1.2017

A más de dos semanas de iniciado del conflicto por el intento y confirmación de despidos a diez trabajadoras sociales de la Secretaría de Integración Social y Urbana, organismo encargado de urbanizar la Villa 31 y 31 Bis, el colectivo de trabajadorxs, muchxs de ellxs organizadxs en la Junta Interna La Mugica ATE Capital, volvieron a marchar en barrio donde trabajan, para pedir por la reincorporación de sus compañeras y contra la persecución política y gremial que vienen sufriendo de conjunto. En esta jornada además de marchar realizaron una toma pacífica en una de las oficinas donde el Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta suele utilizar.

Esto se debió a que tras la última movilización que las y los mismos hicieron a las oficinas ubicadas en Parque Lezama, en las cuales tras la misma consiguieron que el viernes 26 de enero por primera vez las autoridades de la Secretaría los atienda, en este caso donde el propio Secretario de la Secretaría de Integración Social y Urbana se reunió con el Consejo Directivo de ATE Capital y Ezequiel Jarvis Subsecretario de Trabajo. Como en esa reunión donde Diego Fernández, se comprometió llevarle una propuesta a Jarvis para el día de ayer que finalmente no entrego ninguna, tras su negativa de incorporar a las trabajadoras a sus puestos de trabajo, el colectivo de trabajadorxs decidió continuar con las medidas de lucha y volver a movilizar al barrio haciendo esa toma pacífica en las oficinas del Centro de Desarrollo y Emprendedor Laboral, para intentar que después de varios canales seguir intentando apelar al dialogo con las autoridades que además se siguen negando a dar explicaciones concretas de los despidos, y continúan buscando el desgaste, sumado al amedrentamiento a las y los trabajadores que se solidarizan.

27.1.2018

Por CORREPI

El 15 de julio de 2017 nos llegó la noticia del fusilamiento de Cristian “Paragüita” Toledo. Vivía en el barrio 21-24 y tenía 25 años. Esa madrugada, cuando volvía a su casa en auto junto con dos amigos, se cruzaron con Adrián Gustavo Otero, bombero de la Policía de la Ciudad. Tras una discusión de tránsito, persiguió a los pibes disparando con su arma reglamentaria. Uno de esos tiros mató a Paragüita. Sus dos amigos lograron sobrevivir, a pesar de que el policía les disparó apuntando a ambos a la cabeza.

Otero fue procesado, a los pocos meses, por homicidio calificado por su condición de policía por el fusilamiento de Cristhian. Y también por la tentativa de homicidio de los otros dos pibes.
Esta semana, en plena feria judicial, nos llegó la notificación de la elevación a juicio de la causa. Esto significa que en febrero se sorteará el Tribunal Oral que intervendrá por el cual se llevará al primer Policía de la Ciudad juzgado por gatillo fácil, Adrián Gustavo Otero, al banquillo. Entre tantas malas, el juez denegó la excarcelación y el fiscal acompañó nuestra acusación por homicidio calificado.
Para su madre, para sus amigxs y para nosotrxs, Paragüita no era un pibe más, al igual que los 5.462 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde la vuelta de la democracia. Si pensamos específicamente en el accionar de la Policía de la Ciudad, podemos decir que en apenas once meses, desde su creación el 1° de enero de 2017, esta mega fuerza tiene en su haber 24 fusilamientos por gatillo fácil.
Desde el primer momento acompañamos en el proceso judicial a su madre, a su hermano y a sus amigxs. En medio del dolor y la rabia de haberlo perdido, pero con la fortaleza de sabernos juntxs en la lucha para que el responsable de apretar el gatillo esa madrugada no quede impune y para que el caso de Cristhian no quede en el olvido sino que se convierta en grito de todxs lxs pibxs que las fuerzas matan en nuestros barrios.
Un paso enorme en la lucha por justicia por Cristhian, es muy representativo que en forma relativamente rápida, conociendo los tiempos judiciales, hayamos logrado esta elevación a juicio oral. Y esto se debe a la lucha incansable que estamos llevando adelante junto a sus familiares y amigxs.
Paragüita vive en la memoria de su familia, de sus amigxs, de su barrio y en el grito de todxs lxs que decimos ¡Basta de gatillo fácil!
Seguimos en la lucha, con unidad y organización para conseguir la perpetua.

25.1.2018

La comisión interna de TELAM, a través del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, emitió un comunicado en el que advirtió sobre una profundización de la represión contra la prensa y la protesta social. Denuncian espionaje e intimidación contra trabajadorxs de la agencia oficial.

"Un equipo periodístico de la agencia Télam fue objeto de un operativo de inteligencia por parte de la policía de la Ciudad que ´confundió´ a nuestras compañeras y compañeros con los militantes de una organización social cuya manifestación estaban cubriendo", denunció la comisión interna de la agencia oficial a través del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que repudió "de forma enérgica ese acto, igualmente reprochable haya tenido como finalidad el amedrentamiento a la prensa o el seguimiento y registro de activistas sociales".

De esta manera y en un fuerte comunicado, el espacio que agrupa a los periodistas que luchan continuó el relato de lo sucedido. "Al terminar la cobertura de la marcha de Barrios de Pie hacia el Congreso, el equipo de Télam encabezado por los compañeros Carlos Brigo (reportero gráfico), Romina Aztorquizaga Blanco (cronista de audiovisual) y Santiago Ventura (camarógrafo) volvía a la sede de Belgrano cuando notó que lo seguía un automóvil. Dos frenadas del móvil de la agencia fueron imitadas por el auto –un Volkswagen azul con patente iniciada AB-, lo que confirmó la sospecha de que nuestros compañeros estaban siendo perseguidos", precisó el relato.

Asimismo, el Sipreba destacó que "tras algunas cuadras, el automóvil se puso a la par del de nuestros compañeros y su conductor se identificó como policía. Explicó, además, que tenía orden de las autoridades de la Comuna número 4 (Policía de la Ciudad) de seguirlos y preguntó si los integrantes del móvil de Télam eran miembros de Barrios de Pie. Ante la respuesta de que se trataba de un equipo de prensa de la agencia Télam, el auto se retiró".

En ese sentido, los periodistas señalaron que "hechos como estos solo merecen el más absoluto repudio de todos los sectores, no solo por constituir una verdadera intimidación al trabajo de periodistas sino, más todavía, porque ejemplifica de modo burdo la escalada de ataques sobre las organizaciones sociales, sindicales y de defensa de los derechos humanos".