Comunicadores del Sur

22.2.2018

Reproducimos:

LA JUSTICIA DECIDIRÁ SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SUBTE

El 2 de noviembre de 2017, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley N° 5.885[1][2] por el cual se autorizó al Poder Ejecutivo a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), a otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público la operación y mantenimiento del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE) por un plazo de 15 años.

En su oportunidad, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad elaboramos un INFORME[3] evaluando la pésima gestión del actual concesionario del SUBTE (Metrovías) y las razones para no volver a privatizar la operación y mantenimiento del SUBTE.

A esta situación, se sumó la grave ilegalidad e inconstitucionalidad por parte de la Legislatura porteña de aprobar la concesión de la operación y mantenimiento del SUBTE sin respetar el procedimiento de discusión y las mayorías necesarias exigidas por la Constitución de la Ciudad (CCABA).

El proyecto de ley fue votado por 32 legisladores (Bloque del Pro, Confianza Pública, Coalición Cívica) no alcanzando los 40 votos necesarios (dos tercios de los miembros de la Legislatura) y sin las audiencias públicas obligatorias establecidas por la Constitución de la Ciudad.

Por este motivo, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentamos una acción de amparo colectivo para que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley N° 5.885 por no respetar los arts. 63, 82 inciso 5, 89 inciso 5, y 90 de la Constitución de la Ciudad.

La causa caratulada "Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad c/ GCBA s/ Amparo – Licitaciones" Expte. N° A906-2018/0, quedó radicada en el Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 3 a cargo del Juez Pablo Mántaras, quién tendrá la responsabilidad de proteger la institucionalidad democrática y la Constitución de la Ciudad.

El art. 82 de la CCABA establece que con la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros "aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años" (inciso 5).

Por su parte, el art. 89 de la CCABA dispone que tienen el procedimiento de doble lectura "(t)oda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad" (inciso 5).

Los cientos de inmuebles que conforman el SUBTE son del dominio público de la ciudad y, además la concesión del SUBTE implica también constituir derechos sobre éstos en cabeza del concesionario. Por lo tanto, resulta de aplicación absoluta los arts. 82 inciso 5, 89, inciso 5, y 90 de la Constitución de la Ciudad.

La Legislatura de la Ciudad actúa de forma incoherente

En fecha 7 de diciembre de 2017, la Legislatura de la Ciudad sancionó en primera lectura el Expediente N° 2.995-J-2017 con 41 votos afirmativos. Este proyecto tiene por objeto autorizar la concesión del servicio público "Sistema de Transporte Público en Bicicleta".

Para este proyecto de ley la Legislatura entendió que se requería más de los dos tercios de los miembros de la Legislatura en cumplimiento del art. 82 de la CCABA., por este motivo, se aprobó en primera lectura por 41 votos.

También la Legislatura consideró que debía aplicarse el procedimiento de doble lectura en cumplimiento de los arts. 89 y 90 de la CCABA. Por este motivo, aprobó el proyecto de ley en primera lectura y fijó la audiencia pública para el mes de marzo.

¿Cuál es la diferencia sustancial entre este proyecto de ley aprobado en primera lectura y la Ley N° 5.885 en relación a la aplicación de los arts. 82, 89 y 90 de la CCABA?

No existe ninguna diferencia. Ambas son concesiones de un servicio público de transporte que implica constituir además derechos sobre cientos de bienes inmuebles del dominio público de la ciudad.

En consecuencia, resulta arbitrario que la Legislatura decida cumplir con la Constitución de la Ciudad en unos casos y en otros no dependiendo los tiempos políticos y si se cuenta con los votos necesarios. Todo esto en detrimento de los derechos de la ciudadanía a ejercer su derecho a participar en estas discusiones en los tiempos, las oportunidades y los alcances que establece la Constitución de la Ciudad.

[1] El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, remitió a la Legislatura porteña el proyecto de ley N° 1309-J-2017 que dio origen al Despacho de mayoría N° 586/2017..

[2] Esta fue promulgada por el Decreto Nº 409/2017 dictado el 09/11/2017. Y se publicó en el Boletín Oficial N° 5.252 del 10/11/2017.

[3] VER INFORME COMPLETO AQUÍ

21.2.2018

Por el blanqueo salarial, $ 18.000 de salario inicial y 30% de aumento para toda la escala en una cuota. Contra el techo del 15%.

Los y las docentes volvemos a las escuelas y se presenta una situación repetida para cada febrero: la discusión sobre el salario y las condiciones laborales atraviesa las salas de maestros y profesores. Los y las docentes vemos devaluado nuestro salario año a año, hoy el gobierno intenta nuevamente imponer un techo salarial del 15%, aun cuando todos los análisis coinciden que la inflación superará con creces esa cifra.

No es una novedad que el gobierno pretende que seamos los trabajadores y el pueblo quienes paguemos la crisis económica. Los despidos en el Estado y el sector privado, los tarifazos, la inflación, la reforma previsional son claros ejemplos de esta política que las y los trabajadores venimos enfrentando en las calles.

En este marco, los docentes afrontaremos una gran pelea. Nuevamente el gobierno desconoce la paritaria nacional como ámbito de discusión salarial, esta vez mediante un decreto. Además, pretende avanzar sobre nuestras condiciones laborales atacando el estatuto, el régimen de licencias, el ingreso a la docencia. Frente a esto sabemos que se avecina un escenario de conflicto a nivel nacional.

Desde Ademys impulsamos la realización de Asambleas unificadas de toda la docencia de la Ciudad para desarrollar un plan de lucha que nos permita lograr un salario digno y el blanqueo de todas las cifras en negro de nuestro salario que en la actualidad achatan la escala salarial, imponen tope de horas y cargos, afectan nuestro aguinaldo y jubilación. Necesitamos un plan de lucha que derrote la reforma educativa que impulsa el gobierno y afecta a todos los niveles y modalidades con un fuerte perfil privatista buscando destruir la escuela pública. Tenemos que frenar el proyecto del cierre de institutos de formación docente y la creación de la UniCaba; la “Secundaria 2030 ‘Del Futuro´” que atenta contra las condiciones de trabajo de los docentes y condena a los estudiantes a una educación al servicio de las empresas como mano de obra gratuita; seguir contra el traspaso de los docentes de idiomas a la GOLE. Necesitamos un plan de lucha para que el gobierno resuelva la falta de vacantes para miles de niños y niñas en la escuela pública. Para lograr nuestras reivindicaciones apostamos a la más amplia unidad para la lucha: llamamos a los sindicatos, a los docentes afiliados a cualquier sindicato, a los docentes no afiliados a decidir el plan de lucha en asambleas masivas. Creemos que las y los docentes podemos ganar y que eso se logra peleando en las calles, con paros, movilizaciones, hablando con las familias de nuestros estudiantes e invitándolas a acompañarnos.

En diciembre las y los trabajadores protagonizamos jornadas históricas con masivas movilizaciones contra la reforma jubilatoria que culminaron con cacerolazos la noche del 18 de diciembre repudiando la reforma previsional y la represión. El gobierno logró aprobar la reforma con la complicidad de la burocracia sindical y el acuerdo de los gobernadores pero pese a ello salió debilitado frente a sus propios votantes, que dejaron en claro que el voto de octubre no representa un cheque en blanco. Finalmente el gobierno no pudo aprobar el paquete de reformas tal como tenía previsto y tuvo que posponer sin fecha el tratamiento de la reforma laboral.

Durante todo enero y en este febrero se están desarrollando diferentes luchas contra los despidos con ejemplos como el Inti, el Hospital Posadas o los obreros de Fanazul con huelgas, ocupación de los lugares de trabajo e incluso puebladas. Es en este camino y junto a otros trabajadores y trabajadoras que podemos derrotar la política del gobierno y conseguir nuestras reivindicaciones. Debemos tomar estas experiencias y el aprendizaje del conflicto que desarrollamos el año pasado para organizarnos y dar una pelea que nos lleve al triunfo.

Por el blanqueo de todas las cifras en negro de nuestro salario y que pasen al básico.

Por 18.000 de salario inicial y un aumento no menor al 30% para toda la escala sin cuotas.

Contra la reforma educativa que deteriora y privatiza aún más la educación.

Por el retiro del proyecto de creación de UniCaba. Contra la reforma en media “Secundaria 2030” y el traspaso de idiomas a la GOLE.

Por vacantes para tod@s los chicos y chicas en la escuela pública.

21.2.2018

La Ciudad de Buenos Aires sigue siendo una de las más caras del mundo. Datos oficiales confirmaron que en enero una familia tipo necesito percibir ingresos por $ 17.097 para no caer en la pobreza.

Este martes un informe publicado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña sostuvo que, para no estar por debajo de la línea de pobreza, una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires necesitó en enero de este año $17.097,91; y $8.326,66 para no caer en la indigencia.

El informe que mide líneas de pobreza y la actualización de canastas de consumo, tomo como muestra cinco tipos de hogares.

Para el caso de la familia tipo constituida por dos padres y/o madres, y dos hijos/as menores; se necesitan alcanzar ingresos por la suma de $ 17.096,91 para superar la línea de pobreza medida por la Canasta Básica Total (CBT), que incluye la cobertura de gastos alimentarios y no alimentarios básicos de sus integrantes.

Mientras que los consumos medidos por la Canasta Básica Alimentaria (CBA) sólo garantizan una cesta de consumo alimentario “básico” para la supervivencia estimado en $ 8.326,66, quienes estén por debajo de este monto son considerados indigentes.

En Argentina una gran parte de la población trabajadora cobra menos de $ 17.000, si a esto le sumamos la pérdida de poder de compra causada por la creciente inflación. Por tal motivo es importante que mientras se sostenga un alza en los niveles de precios, que afectan en gran parte los bienes básicos, los acuerdos paritarios deben estar en sintonía con las perspectivas de inflación reales, para evitar que los trabajadores sigan perdiendo poder de compra y acercándose a los bordes de la línea de pobreza.

21.2.2018

Teniendo en cuenta el contexto general persecución hacia quienes luchamos, los pibes y las pibas de los colegios secundarios entendemos el protocolo ANTI-TOMAS, anunciado esta semana por la Ministra de Educación Soledad Acuña, como parte de la política represiva llevada a cabo por Macri y Bullrich hacia todos los sectores combativos del campo popular, y como parte de un modelo económico dirigido a incrementar las ganancias de los poderosos que no cierra sin medidas represivas hacia los y las que resistimos.

No son, sin embargo, ninguna novedad las medidas destinadas a quebrar la fuerza y voluntad del movimiento estudiantil secundario. Venimos sufriendo desde sanciones a los activistas estudiantiles, hasta escarmientos de parte de efectivos de la Policía que ingresan a los colegios durante nuestras asambleas para amedrentarnos.
Y esto tampoco es una casualidad: se da como una como una respuesta por parte del gobierno al nivel de masividad, organización y conciencia que hemos alcanzado durante el conflicto que llevamos durante el año pasado en rechazo a la Reforma Educativa, con un proceso de tomas que se extendió a mas de 30 colegios en la capital federal y con multitudinarias movilizaciones de miles de pibes y pibas, que a su vez han contado con el apoyo de los sindicatos docentes y de organizaciones de padres y madres en solidaridad al conflicto.

Es cada vez más evidente el temor que tienen los funcionarios de gobierno a la organización estudiantil y a la posibilidad de un nuevo proceso de tomas que ponga en jaque los planes que tiene el Macrismo de poner la Escuela Pública al servicio de los monopolios y de las multinacionales.
Al margen de esto, la fuerza de los pibes y las pibas viene creciendo cada vez más, tanto en los colegios como en los barrios; lo que nos abre también la posibilidad de empezar a coordinar con otros sectores del campo popular en el proceso de resistencia que se está llevando a cabo en todo el plano nacional –pero que dicho sea de paso, ocurre en toda Latinoamérica.

Será necesario que desde la juventud nos entendamos como un actor clave en las distintas luchas que se avecinan. Y al mismo tiempo es importante nos sentemos a pensar y a discutir cómo torcerle el brazo a la política represiva del gobierno, pero también la manera de cuidar la seguridad de todos los compañeros y las compañeras.

Por todo esto, desde las y los Secundarios de La Simón Bolívar rechazamos cualquier intento de escarmiento al movimiento estudiantil, e invitamos a todos los pibes y a las pibas a sumarse a luchar con nosotros y nosotras.

¡A no bajar los brazos porque con organización y con lucha, las y los secundarios venceremos!

21.2.2018

“Los rectores que no cumplan con las obligaciones procedimentales establecidas en el nuevo protocolo serán pasibles de distintas sanciones sobre su carrera docente, según el caso: apercibimientos, sumarios administrativos o pérdida de consideración en los concursos”, explicó Acuña a LA NACION.

Luego, cuando los padres retiren a sus hijos, deberán firmar un acta en la cual se consignará que “mientras dure la situación, y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad sobre el mismo recaerá sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental”.

Los padres que en estas circunstancias no retiren a sus hijos podrían ser considerados responsables de los eventuales daños registrados en los edificios públicos y ser sometidos a una acción judicial.

Acuña citó el antecedente de un caso de amenaza de bomba en una escuela que fue denunciado en la Justicia y cuyos responsables fueron multados.

“Confiamos en que el Poder Judicial se pondrá los pantalones largos y no se dedicará a hacer oposición política”, consideró.

“Hasta ahora se privilegió el derecho de protesta por sobre los de educación y trabajo, y se perdió el sentido de la responsabilidad inherente a las acciones coercitivas”, dijo Acuña. Y agregó que esta medida busca volver a instalar entre los alumnos que “las acciones tienen consecuencias”.

El protocolo fue diseñado por el Ministerio de Educación porteño en colaboración con la Procuración General de la Ciudad, el órgano jurídico de la ciudad de Buenos Aires.

“Este protocolo es una respuesta jurídica vaciada de contenido pedagógico”, consideró Claudia Romero, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Agregó que la normativa se limita a establecer pautas administrativas de acción para preservar la integridad física de las personas y del patrimonio escolar, pero nada dice de la función pedagógica del director. “Es imprescindible poner en juego criterios educativos que trabajen en la prevención de estos hechos”, concluyó.

Aunque La Nación consultó a la Unión de Trabajadores Estatales (UTE), desde allí respondieron que desconocían la noticia del protocolo y se disponían a evaluar su contenido.

También cuestionó la efectividad del protocolo el rector de un importante colegio porteño que pidió preservar su identidad. “Esta gente [por el gobierno porteño] no sabe lo que es una toma”, dijo.

Agregó que en las grandes escuelas, de unos 900 alumnos, es muy difícil conocer el nombre de todos los estudiantes. “Muy pocos preceptores y profesores van a querer colaborar con esa tarea de delación, porque terminada la toma hay que reconstruir la convivencia cotidiana”, añadió. Y expresó que si un directivo no quiere colaborar dirá que no puede reconocer a los estudiantes.

En tanto, los centros de estudiantes de escuelas porteñas también cuestionaron la iniciativa. “Se ofende a los alumnos cuestionando su falta de responsabilidad: en las tomas del año pasado, en muchos colegios, como el Fader y el Raggio, las instalaciones quedaron impolutas”, dijo Mateo Grassi, alumno de las Escuelas Técnicas Raggio, en Núñez. Agregó que las tomas no impiden el dictado de clases y que el nuevo protocolo “criminaliza la protesta, un instrumento legal de la democracia”.

Sin embargo, hay padres que celebraron la nueva medida. “Estoy de acuerdo en que se accione judicialmente contra los padres que alientan las tomas, porque muchos de ellos se aprovechan de que los hijos no son pasibles de acciones judiciales para hacer su propio juego político”, dijo Franco, cuya hija estudia en el Lenguas Vivas.