15.3.2018

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó una declaración para que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudie la visita de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

El legislador Solano explicó durante la sesión, y ayudándose con diferentes recortes de periódicos como los planteos del FMI fueron la expresión de las medidas adoptadas por el actual gobierno.

“Se persigue un propósito colonial y ajustador, para avanzar, en acuerdo con el gobierno de Macri, contra las conquistas laborales, los salarios, las jubilaciones y el gasto social, en pos de asegurar los beneficios capitalistas y el pago de la deuda externa usuraria.”

 “La modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, la elevación de la edad de jubilación, el pacto fiscal con las provincias, el impulso a la reforma laboral, a finales del año pasado pidió una devaluación del 25% de peso: todas estas medidas fueron dictadas por el FMI y asumidas como propias por el gobierno macrista y los gobernadores que mayormente responden al Partido Justicialista.”

“La recomendación de la reducción de los sueldos provenientes del Estado quedan a las claras en los ajustes al sueldo docente -aplicado a nivel nacional y por supuesto, por el Jefe de Gobierno de Rodríguez Larreta- con los 258 despidos en el INTI, con los 500 FanAzul, y podríamos seguir todo el día”.

“Lamentamos que la visita de la presidenta del FMI no haya sido repudiada por esta Legislatura pero confiamos en que el pueblo argentino saldrá a la calle, como lo hizo en las jornadas de diciembre, para evitar la política colonial y de ajuste capitalista  que el FMI y el Gobierno quieren acordar contra nuestro pueblo.”

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de marzo de 2018

 

El GCBA reconoce que no respetó el procedimiento Constitucional

cuando aprobó la Ley N° 5.728

de Concesión del Sistema de Estacionamiento Regulado

 

El 1 de diciembre de 2016, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley N° 5.728^[1] que autorizó la concesión del Sistema de Estacionamiento Regulado por el plazo de 10 años.

 

Esta ley fue aprobada por 33 votos (PRO + Coalición Cívica). A raíz de esta votación se presentó una acción de amparo que tramita en el Juzgado N° 23 secretaría N° 45, y está caratulada como “DESPLATS, GUSTAVO MARIA CONTRA GCBA POR AMPARO – OTROS”, Expte. N° A2248-2017/0.

 

En la demanda se cuestionaba el procedimiento llevada adelante en la Legislatura para sancionar dicha ley y la mayoría alcanzada en la votación.

 

La ley N° 5.728 fue aprobada por mayoría absoluta y en simple lectura cuando debió ser aprobada por mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura (40 votos) y cumpliendo el procedimiento de doble lectura.

 

A través de la Ley N° 5.728, art. 5, se aprueban los anexos II, III, IV de la ley. En estos, especialmente en el Anexo B del Anexo IV, se autoriza que varios predios del dominio público de la Ciudad sean utilizados por los futuros concesionarios para ser utilizados como Playas de Acarreo. Es decir, se constituye un derecho en cabeza de los futuros concesionarios sobre inmuebles de dominio público de la Ciudad y, por lo tanto, resulta aplicable los art. 82 inciso 4 y 5 y art. 89, inciso 1, 4 y 5 de la Constitución de la Ciudad.

 

Así también lo determinó el Juez Francisco Ferrer cuando dispuso como medida cautelar suspender, por el plazo de tres (3) meses el proceso de licitación para la Concesión del Servicio Público "Sistema de Estacionamiento Regulado", en la sentencia de fecha 14 de Julio de 2017.

 

Vencido este plazo, el GCBA se comprometió judicialmente  a no avanzar en el dictado de una acto definitivo en el proceso licitatorio en curso, hasta que exista sentencia definitiva y firme.

 

Por otra parte, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura el Proyecto de Ley N° 3296-J-2017 antes del inicio del año parlamentario (1 de marzo).

 

Este proyecto contiene varias modificaciones a la Ley N° 5.728. Las modificaciones propuestas tienen por objeto eliminar de la Ley toda referencia a la constitución de derechos en cabeza del futuro concesionario sobre las playas de acarreo. Asimismo, autoriza el uso de playa de acarreo en el predio zonificado como Urbanización Parque (UP) ubicado sobre la Av. Guzmán entre la Av. Corrientes y la Av. Jorge Newbery.

 

El Poder Ejecutivo al remitir este nuevo proyecto de ley pretende subsanar la inconstitucionalidad de la Ley N° 5.728 eliminando y modificando los artículos que hacían aplicable el procedimiento de doble lectura y la mayoría agravada de dos tercios.

Pero a la vez implica un reconocimiento de su parte de la violación de la Constitución durante el procedimiento de sanción de dicha Ley.

 

La aprobación del Proyecto de Ley N° 3296-J-2017 no subsanaría la inconstitucionalidad de la Ley N° 5.728. La modificación de una ley nula por inconstitucional no la hace constitucional. Debe debatirse nuevamente su contenido y aprobación de acuerdo al procedimiento regulado en la Constitución de la Ciudad.

 

Lo que el gobierno del PRO no desea es abrir al debate público, a través de Audiencia Pública, el Servicio Público del Sistema de Estacionamiento Regulado.

           

 

ANTECEDENTES y DATOS:

 

– El contrato de concesión del acarreo de autos y el estacionamiento medido está vencido desde 2001. Las empresas que operan las grúas son STO (Dakota S.A) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I). Ambas empresas se dividen la Ciudad: STO desde Viamonte hacia el Norte y SEC de Viamonte al Sur.

 

– Dakota y BRD pagan un canon irrisorio: alrededor de 100 mil pesos por mes entre ambas acarrean 14.000 autos por mes.

 

– El costo del acarreo incrementó un 500% en 8 años. de 150 a 750 pesos.

 

– De esta forma, durante la gestión Pro, el acarreo acumula una suba de 500 por ciento: en 2008 aumentó de 150 a 190 pesos (40%); en 2012 a 350 (84%); en 2014 a 450 pesos (29% más) y otro 29% a 580$ (2015) y en 2016 a 750 pesos. 

 

– Hay entre 10.000 y 14.000 acarreos mensuales por empresa. Las grúas levantan hasta 550 autos en días laborables^[2]. Es decir, ganan entre 7,5 millones y 10,5 millones de pesos mientras sólo pagan 55 mil pesos de canon cada una. En menos de 9 horas las dos empresas recuperan el irrisorio canon de 100 mil pesos que le pagan a la Ciudad"^[3].

 

– A partir de fines del año 2014 el servicio tendría que haber sido prestado por el Gobierno de la Ciudad directamente en virtud de la ley N° 4.888. No se cumplió y ahora se otorgó otra prórroga por la ley N° 5.728 hasta mediados de 2018^[4].

 

– La causa judicial caratulada “DESPLATS, GUSTAVO MARIA CONTRA GCBA POR AMPARO – OTROS”, Expte. N° A2248-2017/0, fue impulsada por el entonces legislador Gustavo Vera.

 

– La nueva ley N° 5.728 establece un incremente de casi 3 mil % de los espacios alcanzados actualmente por el estacionamiento medido.

 

– La Ley N° 5.728 amplia de 4.000 a 85.000 los espacios tarifados en un territorio de 203,3 km², esto representa el 23% del total de lugares posibles del que se dispone en Buenos Aires^[5]. El resto de los espacios para estacionar (284.000 lugares) continuará siendo gratuito.

 

– El sistema se ampliará a unas 10.000 de las 24.400 cuadras con las que cuenta la Ciudad^[6].

 

– Las grúas van a llegar a 14 de las 15 comunas.

^[1] Esta fue promulgada por el Decreto Nº 015/017 del 09/01/2017. Y se publicó en el Boletín Oficial N° 5.048 del 16/01/2017

^[2] https://www.clarin.com/ciudades/estacionamiento-medido-sistema-obsoleto-funciona-pleno-comienza-lenta-modernizacion_0_BJPKZaTzW.html

^[3]http://www.diarioregistrado.com/sociedad/110024-ciudad–fuertes-criticas-al-aumento-del-acarreo-y-parquimetros.html

^[4] Cláusula Transitoria II:

En un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo adjudicará la Licitación Pública para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado.

Vencido el plazo indicado para la adjudicación de la Licitación Pública para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado, sin que se hubiese dado satisfacción a lo establecido, el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral y su encuadre en el CCT 40/89.

LEY N° 5.728

Sanción: 01/12/2016

Promulgación: Decreto Nº 015/017 del 09/01/2017

^[5] https://www.clarin.com/ciudades/estacionamiento-medido-sistema-obsoleto-funciona-pleno-comienza-lenta-modernizacion_0_BJPKZaTzW.html

^[6] http://www.iprofesional.com/notas/261304-combustibles-precios-gasto-autos-comercio-Adios-a-los-parquimetros-en-la-Ciudad-el-estacionamiento-medido-se-gestionara-por-celular?page_y=0

13.3.2018

Por Colectivo de Medios de Comunicación Populares*

En una nueva jornada del juicio por el asesinato de Nehuen Rodríguez, se escucharon los alegatos de la querella (pidió 4 años y 6 meses) y la fiscalía (pidió 3 años). El 27 de marzo será la nueva audiencia, donde expondrá la defensa de Daniel Castagnasso y se espera el veredicto.

Con una sala colmada y el aguante popular en las calles de Tribunales, se llevó adelante una nueva jornada del juicio por el asesinato de Nehuen Rodríguez. Gracias a la presión de los medios populares que cubrimos el caso, se logró que esta vez pudiera ingresar la prensa a fotografiar, filmar y transmitir el juicio. Fue así que quienes se acercaron a las puertas del TOC4 a expresar su apoyo a Roxana Cainzos, mamá de Nehuen, y a toda la familia pudieron escuchar en vivo y directo todo lo que pasaba en la sala.

Pasadas las 10:30 comenzó la jornada, con el alegato del abogado de la querella, Pablo Rovatti. En poco más de una hora expuso las conclusiones que lo llevaron a pedir 4 años y 6 meses para el oficial Daniel Germán Castagnasso por homicidio imprudente (Artículo 84 del Código Penal). Allí detalló que podría hablarse de “temeridad”, es decir, de una “imprudencia gravísima”. Para el letrado quedó demostrado que, con la camioneta de la entonces Policía Metropolitana, cruzó en rojo, con exceso de velocidad, y con luces y sirenas apagadas.

“Tenemos una expectativa grande de que se va a tratar de una sentencia condenatoria, algo muy importante más allá de la pena en concreto”, indicó Rovatti a la salida de la audiencia. “Esto tiene un valor simbólico muy importante: es decirle a la familia que estuvo luchando todo este tiempo que tenían razón”, agregó.

Por su parte el fiscal Marcelo Saint Jean, que coincidió en términos generales con los planteos de la querella, señaló que a partir del atenuante de que el móvil policial se dirigía a atender una llamada al 911, solicitó una pena de 3 años en suspenso, por considerarlo un homicidio culposo; es decir, sin intencionalidad. Al terminar la audiencia, Roxy manifestó su desacuerdo con este punto “no estamos de acuerdo para nada, porque eso habilitaría a que  la policía si es llamada por teléfono  nos pueda ir matando por el camino, no nos parece justo que esto sea así, sobre todo si no utiliza los medios de alarma que corresponden para que nosotros, al  menos, nos corramos de su camino, como la sirena, mínimamente”.

Tanto la querella como la fiscalía indicaron que José Daniel Soria Barba, que acompañaba a Castagnasso en el móvil policial y declaró como testigo, realizó afirmaciones falsas durante el juicio, por lo que podría caberle el delito de falso testimonio.
Tras los alegatos, el juez Julio César Báez, presidente del TOC 4, determinó programar para el 27 de marzo una nueva audiencia, donde será el turno de la defensa, las últimas palabras del acusado y se espera para ese mismo día el veredicto en la causa.

Ya en la radio abierta, Roxy, no vaciló en afirmar que “vamos a ir por más, no vamos a bajar los brazos. Lo que más queremos pelear es para que no maten más a nuestros pibes y que aunque sea tengamos una condena  para avanzar sobre el poder judicial”.  También  habló de la diferencia que se siente entre estar dentro del Tribunal y  en la radio abierta en la puerta de Tribunales: “ustedes el caso lo toman como una persona, como un caso de derechos humanos. Esa es la diferencia que se vive acá fuera con allá arriba, allá es tan triste escuchar todo, se refieren a los hechos como si hubieran chocado una camioneta y una moto sin que nadie conociera a quien manejaba. Es una situación horrible lo que se siente allá arriba”.

En medio de cantos que gritaban Justicia por Nehuen y rodeada del amor y el aguante de quienes allí estábamos, una vez más, Roxy agradeció el apoyo y acompañamiento. “Lo más importante para mí es el apoyo incondicional de todos ustedes, y la unidad que han tenido más allá de sus banderas".

El 27 de Marzo esperamos los alegatos de la defensa y el veredicto. En el país de Chocobar y de Facundo, asesinado con 12 años por las fuerzas de seguridad, es fundamental lograr una condena para Germán Daniel Castagnasso, por eso convocamos una vez más a todas las organizaciones sociales y políticas a acompañar a la familia  de Nehuen, porque sabemos que sólo en las calles podremos encontrar justicia.

 

*Cobertura, radio abierta y nota realizada en conjunto por FM La Caterva, FM Riachuelo, Radio Gráfica, La Retaguardia, Agencia Paco Urondo, Sur Capitalino, La Obrera Colectivo Fotográfico

13.3.2018

Metrodelegados anunciaron en conferencia de prensa un paro en todas las líneas de subte debido a la denuncia por presencia de material cancerígeno en los vagones que el Gobierno de la Ciudad compró a España para la línea B.

La medida de fuerza fue confirmada por Roberto Pianelli, representante de la línea E. El paro se realizará desde las 20 hasta el cierre del servicio.

Los trabajadores del subte nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) reclaman medidas de seguridad ante la presencia de asbesto en tres formaciones compradas a España.
Argentina y España quedaron las puertas de un conflicto diplomático tras el escándalo por la venta de vagones con amianto del Metro de Madrid al subte de Buenos Aires. Días atrás, la Cadena Ser difundió declaraciones del consejero delegado de la red de subterráneos de la capital española, Borja Carabante, donde admite que los trenes del modelo CAF 5000 que se vendieron en 2011 al Gobierno porteño de Mauricio Macri por u$s 550.000 cada uno contienen amianto "encapsulado". Hoy, esas mismas unidades se rematan en Europa por u$s 5.000 para realizar pruebas con explosivos.
La Fiscalía Provincial de Madrid inició una investigación penal por las insuficientes medidas de seguridad que adoptó la firma Metro de Madrid S.A. para evitar la exposición de sus trabajadores al amianto. En la Argentina, Sbase analiza presentar una demanda judicial contra los ibéricos por presunta estafa o engaño en la venta de los vagones, con material prohibido en ambos países.
Teniendo en cuenta que esa sustancia contiene agentes cancerígenos, los investigadores españoles ordenaron "diligencias" en el expediente luego que Metro de Madrid reconoció el único caso de enfermedad laboral de su historia: un trabajador con Asbestosis, un tipo de cáncer que se manifiesta 20 o 30 años después del contacto. El sindicato del subte madrileño denunció que hay otro caso detectado similar y se espera una confirmación oficial. En España informaron que 65 unidades de trenes de la serie 1, con 130 coches en total, estarían "afectados" por amianto. Al menos 36 fueron adquiridos aquí.
Según las empresas, los usuarios no corren riesgo porque el amianto estaría presente solo en un componente eléctrico, que no está en contacto con los pasajeros. De manera preventiva, en Buenos Aires ya salieron de circulación al menos tres vagones CAF 5.000 de la Línea B, que ya tienen entre 35 y 40 años de rodaje.
En España deslizan que los argentinos fueron engañados. "La transacción se produjo después de que el Ministerio de Presidencia español hubiera emitido una orden a finales de 2001 en la que prohibió 'la utilización, producción y comercialización de las fibras' que contiene dicho material", recordaron. Además de los informes técnicos luego de las inspecciones, la clave son los pliegos de licitación que elaboró Sbase. En Madrid aseguraron que la empresa estatal está "revisando la documentación de aquellas operaciones para ver si se incurrió en algún fallo".
La prohibición del amianto en la Argentina se estableció 10 años antes de la venta de los coches, a través de las resoluciones 845/2000 y la 823/2001, del Ministerio de Salud de la Nación.
"Es evidente que esa venta de trenes con amianto a Buenos Aíres fue ilegal de pleno derecho, incumplieron claramente la ley. Es algo gravísimo porque vender a otro país productos con amianto, a sabiendas, es un delito contra la salud pública de otros países", aseguró a Cadena Ser Francisco Puche, ingeniero y economista experto en amianto.
En Buenos Aires ya se tramita una causa penal por la polémica compra de los CAF 5.000. Durante el segundo mandato capitalino de Macri, los ex legisladores Facundo Di Filippo y Gustavo Vera denunciaron al ex presidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo, por defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El objeto de esta pesquisa fue la compra de 24 coches CAF Serie 5000, en 2011, 12 coches CAF Serie 5000 adicionales, en 2012, y 86 coches Serie 6000, en 2013. Para Filippo y Vera reprocharon falta de justificación técnica para hacer la operación, material rodante que no se ajusta a la infraestructura local, una dependencia técnica del Metro de Madrid innecesaria, pagos antes de tiempo y la obligación de incurrir en nuevos gastos para adaptar su viabilidad. Menos de siete meses después de la denuncia, Piccardo renunció y Eduardo De Montmollin tomó su lugar.

13.3.2018

Por Oscar Castelnovo (Agencia para la Libertad)

El traslado de la cárcel de Villa Devoto (sita en el barrio porteño homónimo) a Marcos Paz (ciudad del conurbano bonaerense), anunciado este lunes por el ministro de Justicia Germán Garabano y el jefe del Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pulverizará los vínculos afectivos de 1800 presos. Mientras, las inmobiliarias se regocijan con el negocio que significa la liberación de ese predio.

 

El traslado de la cárcel de Villa Devoto a Marcos Paz, anunciado este lunes por el ministro de Justicia Germán Garabano y el jefe del Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, exhibe – sin esfuerzos- una creciente elevación del nivel de hijaputez en los funcionarios de Cambiemos, siempre dispuestos a realizar promisorios negocios con sangre de pobres.

El traslado pulverizará los vínculos afectivos de 1800 presos y extenderá aún más a sus familiares una condena que no merecen. Triturará la continuidad de sus estudios. Destrozará la permanencia de sus ingresos laborales. Afectará su derecho a la defensa. Sin embargo, evitará que los vecinos escuchen los alaridos de las torturas o las batucadas que generan los reclamos. Y, sobre, todo elevará el valor de las propiedades hacia un próspero negocio inmobiliario.

Como se sabe, en esta cárcel funciona el Centro Universitario Devoto donde cientos de detenidos cursaron sus carreras y obtuvieron su título universitario. A su vez, entre los presos que asisten al CUD solo se da un siete por ciento de reincidencia, mientras que los otros espacios del encierro superan el 50 %.
Forma parte del A, B, C que un preso o una cautiva, necesitan fortalecer sus vínculos afectivos lo cual se realiza, esencialmente, a través de las visitas. Si a duras penas, un familiar puede viajar desde, supongamos, Lugano, Soldati o La Matanza a Villa Devoto, lo que le lleva gran parte del día y de su ingresos, ¿cómo hará ahora para recorrer los 50 kilómetros hasta Marcos Paz con mayores gastos e insumo de tiempo? De hecho, muchos no podrán hacerlo y recibirán así esta extensión de la condena, prohibida en los pactos internacionales, sin haber cometido delito alguno.
Por otra parte, si los abogados de oficio concurren mal, tarde y nunca a Devoto, adonde se llega en 15/20 minutos desde el punto más lejano de la Caba en automóvil, ¿cuántas veces verán a sus defendidos en Marcos Paz?
A la vez, todos los detenidos que trabajan para distintas empresas perderán su empleo y no tendrán la posibilidad de adquirir alimentos, medicación ni elementos de higiene, toda vez que los agentes del Servicio Penitenciario Federal se apropian de los mismos, sin vergüenzas.

Por su parte, las inmobiliarias ya se restregan las manos con regocijo porque el valor de las propiedades acrecentará las cuentas bancarias en viles lucas gringas, con el favor de la plutocracia.

Asimismo, los palazos, el uso de las picanas, los empalamientos, el plaf-plaf, el pata-pata, los fraguados “suicidios” o las masacres por incendio y monóxido, que provocan alaridos desafinados en los pobres sin educación melódica y al mismo tiempo agreden los oídos del vecindario, ahora solo los escuchará el viento que surca los descampados de Marcos Paz.
¿Cuánto tiempo falta para gran parte de esta sociedad disvaliosa se convierta en pueblo rebelde que enfrente cada injusticia como si atravesara su propio cuerpo y su misma alma?

12.3.2018

El ajuste en la Ciudad contempla la poda de 13 sedes del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines) para adolescentes, jóvenes y adultos que trabajan y están en situación de vulnerabilidad social.

Alumnos, padres y docentes del Plan Fines reclamaron que no cierren las sedes en la Ciudad de Buenos Aires y terminar los estudios secundarios. La medida de ajuste dispuesta por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta afecta a 500 estudiantes de la Villa 20 de Lugano, La Carbonilla de La Paternal y del Bajo Flores.

El cierre de las sedes de Fines se suma a la falta de construcción de escuelas, la falta de vacantes para más de 12.000 niños y niñas en la Ciudad, y una desinversión educativa en alza.

Pedro Zeballos, de 24 años, alumno de la sede de la Villa 20, consideró “una injusticia total” el cierre del programa y sostuvo que una medida en ese sentido los afectaría porque se trata de una instancia que “da una salida para poder estudiar y tener el título de la secundaria terminada”.

“Soy un estudiante que trata de salir adelante, trabajo en la mañana, y para tener un futuro mejor, estoy estudiando en este plan que están queriendo sacar”, añadió, a la vez que expresó su consternación al señalar que “esto me parte el alma a mí y mis compañeros, algunos de ellos hoy no están aquí por motivo de trabajo”.

 

PROTESTA FRENTE A EDUCACIÓN

 

Docentes, padres y estudiantes se movilizaron hasta el Ministerio de Educación porteño para repudiar el cierre de trece sedes del programa. Sostienen que la medida perjudica a 500 alumnos y 80 docentes.

Amalia Casas, profesora de Lengua y Literatura de la Villa 20, dijo que “estos cierres son una situación sumamente dolorosa que genera una gran impotencia porque es una encrucijada en la que están poniendo a los alumnos”.

“Cerrar el Plan Fines es un despropósito”, afirmó y manifestó que cerrarlo además en los barrios más vulnerables “es un atentado contra los alumnos”.

Según explicó, “la mayoría de mis alumnos cobra planes sociales y ahora el Gobierno puso una normativa nueva en la que pide un certificado de alumno regular, pero le cierran las sedes donde iban a estudiar”.

El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines) fue implementado en el 2008, tiene alcance nacional.