2.5.2018
Por Mariano Pedrosa
Se trata de archivos en los que se sugiere el uso de pauta publicitaria y viajes para influir en los medios de comunicación y ONG para aprobar la quema de basura. Legisladores de la oposición, referentes cartoneros y ambientalistas reclaman que no se trate la ley cuestionada.
Legisladores y referentes de organizaciones sociales y ambientalistas presentaron este miércoles en la sala de prensa de la Legislatura porteña documentación interna que se filtró del propio gobierno sobre el manejo público de la modificación de la ley de Basura Cero y la incineración de residuos. La intención de quienes realizaron la presentación es “mostrar los informes sobre lo que el gobierno realmente piensa y planea sobre este tema”.
El informe es atribuido a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) que plantea una estrategia para “influenciar” a “actores críticos”, como periodistas y ONG´s, en pos de la aprobación de la ley que permitiría al distrito volver a incinerar residuos. Según la agencia oficial Télam, APRA se comprometió a “dar una respuesta durante el día de mañana”, por el jueves.
En estos documentos, afirmaron los legisladores, “reconocen de manera explícita que no cumplen con la ley vigente y muestran cómo operan para desinformar a la población, cómo manipulan a los medios de comunicación a través de direccionar la pauta publicitaria o financiando viajes al exterior”. Se trata de archivos que plantean toda la estrategia desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018, y que durante la conferencia de prensa afirmaron que “se ha venido cumpliendo sin retrasos hasta el momento”.
El abogado ambientalista Enrique Viale fue uno de los encargados de detallar el contenido de los documentos filtrados, de los que se difundieron nueve, y afirmó que es “sólo la punta del ovillo que una investigación judicial debe seguir”. Los legisladores y abogados presentes concordaron en que “se muestra por ejemplo la estrategia oficial de comunicación para cambiar el paradigma de trabajo de muchos años a través de una ley exprés, que deja afuera a los cartoneros, que son el actor social más importante en el reciclado de residuos”.
En los documentos que se hicieron públicos se reconoce que en la incineración se contemplan “ciertas sustancias –como el PCDD y PCDF– que son catalogadas como residuos peligrosos”. Entre las medidas que se explicitan en los documentos, se encuentra por ejemplo abrir el tratamiento de la ley durante el campeonato mundial de fútbol para evitar el debate profundo: “Posicionar tema donde la audiencia está con la cabeza en otra cosa, pero el tema es la ley va a salir cuando esa gente ya esté de vuelta”, dice textualmente uno de los apartados.
En los documentos se realiza una lista negra y otra blanca de “personajes escaneables”, en relación a periodistas y dirigentes de varias ONG, cuya identidad figura en los documentos pero que no se dieron a conocer, ya que, según los legisladores se trata de la estrategia del gobierno, no de la aceptación de las personas, medios y organizaciones. En todos los casos, se indica la inclinación positiva o negativa relativa al proyecto y las posibilidades para influir en sus opiniones. En algunos casos, se sugiere el uso de pauta de publicidad oficial para que cambien de posición.
El uso arbitrario de la pauta publicitaria es clave en la estrategia para influir en los medios, en un caso se explicita este tipo de maniobra: “Tiene una posición crítica con el tema de la incineración hace tiempo. Es posible que se oponga. Habrá que ver si acepta cambiar o morigerar su posición a cambio de algún acuerdo de pauta para sus medios”.
Si bien no se difundieron los nombres de organizaciones, periodistas y medios de comunicación que los documentos del gobierno mencionan que se deberían abordar, se observa que se los caracteriza como de “difícil/inamovible”, es el caso de Greenpeace, hasta otros en los que dicho abordaje es “posible” o “viable” de acuerdo a sus relaciones personales, cercanía con el gobierno o si reciben dinero público. También se distingue a quiénes hay que encarar “a solas” o “en grupo”.
En el cronograma filtrado, se trata de una planilla Excel dividida en columnas por meses, se plantea “hablar con editores de medios para viaje”, la publicación de columnas de opinión en algunos medios, se menciona a La Nación, Clarín y generar notas para esos medios. Además de la creación de informes para TV para influenciar a la opinión pública. En el mismo archivo, se sugiere “relacionamiento y pedagogía con cinco referentes mediáticos (LN/Clarín/Infobae)”.
Los archivos poseen información sobre que la intención es plantear “un paquete de leyes para minimizar el foco de la discusión (…) para que el volumen de la discusión tape la temática de fondo”. En el mismo archivo se explicita que “solo los viajes para convencer periodistas no es suficiente”.
Dada la importancia de la información que sale a la luz, los legisladores informaron que presentarán una denuncia penal, aunque dado lo reciente de la filtración aún están estudiando cómo encararán la presentación judicial. En principio, estarían evaluando la violación del la Ley de Acceso a la información, Abuso de autoridad e Incumplimiento a los deberes de los funcionarios públicos.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, expresó que “cuando los legisladores voten a favor de la incineración, deberán saber que están incinerando su propia reputación al apoyar este proyecto viciado de secretismo y manipulación mediática”. Mientras que Facundo Di Filippo, del Colectivo por la Igualdad, señaló que “todo estaba fríamente calculado. Entre otras cosas, estos documentos revelan la idea vergonzosa de que los periodistas pueden ser comprados o apretados con pauta publicitaria. Estas prácticas de interferencia a través de los medios es inaceptable”.
La legisladora Myriam Bregman afirmó que “en este plan queda clarito como nos quieren hacer creer que la incineración es algo bueno para la ciudad, y la forma en que quieren neutralizar a las voces críticas”. Desde otra punta de la oposición, Mariano Recalde afirmó que “todos sabíamos del modus operandi del gobierno, la novedad son las pruebas”.
Además de los mencionados, de la conferencia de prensa participaron Victoria Montenegro, Patricio del Corro, Carlos Tomada, Andrea Conde, Juan Nosiglia, Ines Gorbea, Lorena Pokoik, entre otros. Hubo, además, un amplio respaldo de las diversas cooperativas de cartoneros, como Alicia Montoya (El Álamo), Jacquelin Flores (Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la República Argentina), Cristina Lescano (El Ceibo) que el jueves se reunirán en Avenida de Mayo y Diagonal Norte para marchar a la Legislatura en protesta por la modificación de la Ley.
También acompañaron la presentación la organización Greenpeace a través de Mauro Fernández; por parte de la Coalición anti-incineración se presentaron Cecilia Alem y Gonzalo Roque, por la Red de Defensoras del Ambiente estuvo María José Lubertino; y Facundo Di Filippo del Colectivo por la Igualdad, entre otros.
