Comunicadores del Sur

29.5.2018

Por Gabriela Massuh y Jonatan Baldiviezo

Nuestros bienes comunes —más de 70.000 inmuebles del Estado— están en manos de una sola voluntad

“El mundo, para el europeo, es un cosmos, en el que cada cual íntimamente corresponde a la función que ejerce; para el argentino, es un caos”, escribía Borges en 1937. Se refería a nuestra bizarra relación con la cosa pública. Dicho con otras palabras, para el argentino, y sobre todo el porteño, los bienes comunes no son de todos, son de nadie. Más allá de que esto hable de un país socialmente desintegrado (a menos que se trate de fútbol, donde la mayoría de las desintegradas son las mujeres), el tema tiene una acuciante realidad: el despojo de tierras públicas que están llevando adelante el dúo dinámico de Macri & Larreta.

Durante los ocho años de la Intendencia de Macri dieron debida cuenta de este desfalco de tierras y predios públicos impotentes y escasos movimientos sociales. Entre ellos, los defensores de del ambiente Basta de Demoler, Queremos Buenos Aires o el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Pero el tema brilló tristemente por su ausencia en todos los medios, ya fueran K o proclives al PRO. Esta nueva campaña al desierto —así la llamaban sus ejecutores, vendiendo civilización y progreso— privatizó en 8 años de intendencia macrista nada menos que 170 hectáreas públicas de la Capital, equivalentes a casi dos Puertos Madero.

Hoy, con Macri como presidente y el dueño del maxiquiosco porteño Larreta como intendente, el robo de Buenos Aires se convirtió en un verdadero viva la pepa. Tanto, que el proyecto UNICABA que lanzó Larreta, la pomposa Universidad docente anunciada como “la formación de profesores de excelencia”, es nada más que un brillante negocio inmobiliario: los 29 institutos que van a desaparecer están en apetitosos predios de la ciudad cuyos aspirantes, los constructores de siempre, cumplen con el sueño de la demolición para construir altas torres. Tanto, que el desprevenido habitante porteño amante de los edificios históricos debe enterarse en la ciudad de Cannes (Francia) de que el ancestral edificio La Prensa está puesto en venta… Los ejemplos cunden pero ciertamente rebasan los límites de este artículo.

 

 Desde el Olimpo de la presidencia

 

Inmediatamente después de asumir como Presidente, Macri dictó decretos nacionales para autorizar la venta de cientos de inmuebles del Estado Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En siete decretazos (de ninguna necesidad pero mucha urgencia), autorizó la venta de 107 inmuebles nacionales, 64 ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta política de descapitalización inmobiliaria y transferencia de tierras públicas a empresas inmobiliarias fue el eje de la glamorosa gestión de Macri en la Ciudad, claro está, además de las bicisendas y el Metrobús. Su heredero en la ciudad lo ha superado. Horacio Rodríguez Larreta en tan sólo dos años y medio ha privatizado otras 180 hectáreas de tierra pública.

La Agencia de Bienes del Estado parece funcionar al arbitrio privado del Presidente Maurizio. Si existe una ley en la que toda descapitalización de tierras públicas debe pasar por el Congreso de la Nación, ni al Congreso ni al Ejecutivo parece importarles demasiado. Se actúa con una ligereza insólita: todo Estado que se desprende de tierras abandona espacios para construir plazas, parques, cárceles, hospitales, escuelas, universidades y otros bienes que le pertenecen al conjunto de la ciudadanía.

Además de este desprecio por lo público y la destrucción de toda posibilidad del Estado como actor fuerte en el mercado inmobiliario, hay que preguntarse: ¿cuál es la autoridad que tiene el Presidente para decidir en soledad el destino de todos los inmuebles del Estado Nacional?

Para responder a esta pregunta hay que analizar el visto (marca de verificación) de cada decreto. Allí se aclara que la facultad del Presidente para vender inmuebles surge del decreto Ley N° 22.423 sancionado por la dictadura en el año 1981, con el Congreso disuelto y firmado por Jorge Rafael Videla, refrendado por los ministros José A. Martínez de Hoz y Alberto Rodríguez Varela.

El artículo 67 de la Constitución de 1853, vigente en 1981, establecía entre las atribuciones del Congreso Nacional la de “disponer del uso y de la enajenación de las tierras propiedad del estado Nacional”. Por tal motivo, Videla, arrogándose la autoridad del Congreso, dictó el Decreto-Ley N° 22.423 a través del cual se delegaba en el Poder Ejecutivo en forma absoluta la facultad de disponer de las tierras públicas del país. Con la vuelta de la democracia este Decreto-Ley conservó su vigencia.

En la reforma constitucional de 1994 se le reatribuye al Congreso Nacional su competencia: es el único poder competente para proceder a la disposición de un bien de propiedad del Estado Nacional. En su artículo 76 la nueva Constitución estableció un nuevo marco normativo para la delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo.

¿Cómo se compatibilizó el Decreto-Ley 22.423 de la dictadura con el nuevo marco que establecía la Constitución Nacional en relación a la delegación de facultades del Congreso? En la Constitución se previó una Disposición Transitoria que decía: “la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.

El Decreto-Ley N° 22.423 no contenía un plazo de ejercicio, por lo tanto quedó prorrogada por cinco años su vigencia. Vencido este plazo diversas leyes nacionales fueron prorrogando el plazo de vigencia de la legislación delegada, preexistente a la reforma de la Constitución de 1994, entre ellas la del Decreto-Ley N° 22.423.

Luego de esta última ley el Congreso no prorrogó nuevamente la vigencia de la legislación delegada preexistente a la reforma de la Constitución de 1994. Por lo tanto caducaron todas estas leyes, entre ellas el Decreto-Ley N° 22.423.

 

Marcos Peña, el Maquiavelo

 

¿Cómo es posible que Macri base su autoridad en un Decreto-Ley que ya no tiene vigencia jurídica? Aquí puso el cuerpo el inefable Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros. En el año 2016, en su Informe N° 96 al Congreso Nacional, figura la pregunta N° 87 realizada por la Diputada María Graciela De La Rosa. La pregunta expresaba:

“Teniendo en cuenta que la reforma de la Constitución Nacional realizada en el año 1994 reguló la facultad de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo por parte del Congreso (artículo 76) disponiendo que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca; y que el Decreto N° 952/16 se sustenta en el Decreto-Ley N° 22423 dictado en 1981 por Videla, el cual no contempla un plazo ni base para el ejercicio de las competencias delegadas, y que por lo tanto ha sido derogado implícitamente por la reforma de la Constitución Nacional y su aplicación resulta inconstitucional, y que tampoco fue previsto solicitar su autorización en el Decreto N° 952/2016, avanzando por lo tanto sobre esta prerrogativa sin dar intervención al Congreso: ¿cuál es la fundamentación jurídica para que PEN avance sobre competencia privativa del Poder Legislativo, disponiendo la enajenación de tierras del Estado sin autorización del mismo?”

 

La respuesta de Peña fue:

 

“En tal sentido, debe destacarse que el decreto-Ley 22423 sobre el que refiere la pregunta en cuestión forma parte del Anexo II del Digesto Jurídico Argentino aprobado por la Ley 26939 promulgada el 29 de mayo de 2014, y cuyo artículo 2 dice: “Declárense vigentes las normas incorporadas al anexo II, “Leyes nacionales de carácter general vigentes”, que integra la presente ley.

 

Es por ello que, más allá de que el control de constitucionalidad de las leyes se encuentra reservado al Poder Judicial, la controversia respecto de la vigencia o no de las leyes sancionadas con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional, en los hechos, quedó saldada con la sanción por el propio Congreso de la Nación, de la Ley 26939 que crea el referido Digesto Jurídico Argentino”.

El argumento que toma Macri para considerar que el Decreto-Ley N° 22.423 está vigente y le otorga facultades para disponer de bienes inmuebles sin autorización del Congreso Nacional es que éste se encuentra en el listado de leyes vigentes del Digesto Jurídico Argentino (la colección de leyes nacionales vigentes, sistematizadas y ordenadas, analizado por la comisión bicameral del Digesto Jurídico y aprobado por el Congreso).

Sin embargo, este argumento es invalidado por la propia Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino del Congreso. En fecha 26 de abril de 2018, el Doctor Daniel Gustavo Ayoroa, Subdirector del Digesto Jurídico Argentino, y el doctor Mario Luna, Secretario Administrativo y Técnico de la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino, informaron al Observatorio del Derecho a la Ciudad y a la Asamblea Parque Cultural Estación Colegiales que el Digesto Jurídico Argentino no se encuentra vigente. Es decir, el DJA no pudo nuevamente dar vigencia al Decreto-Ley N° 22.423 porque no tiene existencia jurídica.

Sin defensas jurídicas, resulta incompresible republicana y democráticamente que el destino de todos los inmuebles del país estén sólo sujetos a la voluntad de una sola persona, el ingeniero Mauricio Macri. La Constitución de la Nación establece un alto valor e importancia al suelo. De allí que sea el Congreso el único facultado para deliberar y decidir su destino. Quiere decir que nuestros bienes comunes, más de 70.000 inmuebles del Estado, están en manos de una sola voluntad. En esta dimensión, nuestro país se ha transformado en una monarquía inmobiliaria. Una monarquía que, para colmo, está poniendo los bienes públicos del Estado como garantía de los negocios de gerenciamiento público privado y también como garantía del pago de la deuda externa.

 

 Epílogo: la prueba de la ilegalidad

 

Compilamos aquí, a modo de prueba de la ilegalidad que se arroga el Presidente de la Nación, la respuesta textual de la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino del Congreso al Observatorio del Derecho a la Ciudad y a la Asamblea de vecinos de Colegiales en el mes de abril de 2018:

“La Comisión Bicameral nos ha remitido oportunamente las observaciones recibidas, en el marco de los artículos 21, 22 y 23 de la ley N° 26.939, y la Dirección de Información Parlamentaria se abocó al estudio de las mismas realizándose las recomendaciones correspondientes en tiempo y forma. En total, se recibieron 70 presentaciones externas con cerca de 5.116 observaciones a las cuales deben sumarse 2.449 observaciones internas, realizadas por la Dirección de Información Parlamentaria, en un universo cercado a las 2.400 normas involucradas”.

“Finalmente, el 3 de noviembre de 2014 se remitió a la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino el informe de las Recomendaciones de la Dirección de Información Parlamentaria respecto del conjunto de las Observaciones al Digesto Jurídico Argentino presentadas hasta el 31 de octubre de 2014”.

“De acuerdo a lo notificado oportunamente el día 23 de junio de 2015, la Comisión Bicameral emitió un dictamen resolutivo, mediante el cual tomó en consideración las recomendaciones elevadas por la Dirección de Información Parlamentaria, en relación a las observaciones presentadas”.

“Cabe destacar que posteriormente, la Comisión Bicameral emitió la Orden del Día 2765/2015, el 25 de noviembre de 2015, que contenía la modificación de los anexos en base a las observaciones resueltas y su actualización al 31 de agosto de 2015”.

“La versión definitiva del Digesto Jurídico Argentino no ha sido publicada en el Boletín Oficial, toda vez que el proyecto de ley que aprobaba esa versión no fue sancionado por el Congreso”.

“Al respecto, cabe aclarar lo siguiente: según lo dispuesto por la ley 26939, los textos incorporados como Anexos fueron sometidos a observaciones y resueltas las mismas debían publicarse la versión definitiva, circunstancia que no se cumplió ya que el Proyecto de Ley modificatorio de la Ley 26939 (Expediente 5782-D-2015) que fue sometido a aprobación de ambas Cámaras, sólo contó con la sanción de la Honorable Cámara de Diputados”.

“Por esto es que entendemos que no se encuentra vigente el Digesto Jurídico Argentino (DJA) hasta tanto sea sancionada la ley y se disponga la “publicación definitiva”. Cabe aclarar que sí se encuentra vigente la ley 26939″.

“La confusión sobre la vigencia del Digesto y la Versión Definitiva es que el artículo 23 de la ley 26939 determina: ‘Transcurrido el período de ciento ochenta días corridos y resueltas las observaciones, se dispondrá la publicación en el Boletín Oficial de la versión definitiva del Digesto Jurídico Argentino’. Pero lo que ocurrió es que la Comisión aprobó un Proyecto de modificación de la Ley N° 26.939 y el texto con observaciones y corregido del DJA, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su consideración. En resumen, la Comisión resolvió no dictar una Resolución como determina el artículo 22 de la ley 26939 sino que estimó conveniente proponer la modificación de la ley y por ello el texto del DJA no entró en vigencia”.

29.5.2018

Lo hicieron ante el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, distintos organismos de derechos humanos, ante la colocación por parte del Ejecutivo porteño de rejas en la emblemática plaza.

Según explicaron desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, HIJOS, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Familiares y compañeros de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Hijas e hijos del exilio, Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros, el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad sostiene: “esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios”.

En este sentido los organismos manifestaron: “quienes realizamos esta petición somos parte viva de esa memoria y de la historia de la Plaza de Mayo, de la historia de la ciudad. Las rejas puestas en la Plaza de Mayo violan nuestros derechos de múltiples maneras, como actores de la memoria y la historia que somos. Cabe destacar que los derechos aquí invocados se encuentran protegidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a ella incorporados, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Código de Planeamiento Urbano”.

Especificaron que el artículo 4.1.2.2.1. establece que en el espacio propio de la Plaza de Mayo sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes y que todo proyecto modificatorio deberá ser aprobado por Ley.

“La intervención en un espacio histórico requiere criterios de conservación y protección especiales que están especificados en el Código de Planeamiento Urbano. Cualquier modificación que se pretenda realizar debe ser aprobada mediante una ley específica.

Por todos estos motivos, solicitamos que se retiren las rejas de la Plaza de Mayo de forma inmediata”, finalizaron.

28.5.2018

“Desde la Red Nacional de Medios Alternativos nos solidarizamos con el compañero fotógrafo de La Poderosa, Roque Azcurraire, quien fue salvajemente golpeado y privado de su libertad de manera ilegal por intentar registrar con su cámara el violento accionar represivo de efectivos de la Prefectura Naval en la Villa 21-24, en la Ciudad de Buenos Aires. Una vez más las fuerzas represivas intentan impedir la labor de los comunicadores y comunicadoras populares, con el claro objetivo de que no se puedan visibilizar y denunciar las prácticas sistemáticas de torturas y de violación de los derechos humanos ejercidas por las fuerzas represivas del Estado en los barrios”.

 

COMUNICADO RNMA: Solidaridad con la Garganta

 

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos nos solidarizamos con el compañero fotógrafo de La Poderosa, Roque Azcurraire, quien fue salvajemente golpeado y privado de su libertad de manera ilegal por intentar registrar con su cámara el violento accionar represivo de efectivos de la Prefectura Naval en la Villa 21-24, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la madrugada del sábado 26 de mayo la Prefectura desató una brutal razzia y represión en la Villa 21-24, en el marco de un operativo ilegal. Producto de ello, tres personas fueron detenidxs, entre los cuales se encontraba Roque, vecino del barrio y comunicador popular de la Garganta Poderosa.

La Garganta denunció además que, en el marco del operativo represivo, los prefectos dispararon sobre el frente de la casa de Iván Navarro, quien hace dos años fue detenido y torturado por esa misma fuerza, hecho por el que esta semana prestará testimonial en el primer juicio por torturas contra 6 prefectos sentados en el banquillo de los acusados por esa causa.

Una vez más las fuerzas represivas intentan impedir la labor de lxs comunicadorxs populares, con el claro objetivo de que no se puedan visibilizar y denunciar las prácticas sistemáticas de torturas y de violación de los derechos humanos ejercidas por las fuerzas represivas del Estado en los barrios.

Consideramos que esta práctica no sería posible sin la complicidad de los distintos poderes que habilitan que Roque siga privado de la libertad y Jésica su hermana, haya tenido que soportar manoseos y hostigamientos de las fuerzas de seguridad en su propia casa, mientras todo esto sucedía.

No es ingenua la política de criminalización y judicialización que vienen llevando adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, como así también los demás gobiernos provinciales y nacional, hacia lxs comunicadorxs populares, quienes realizan un trabajo junto a las organizaciones y movimientos sociales del campo popular, construyendo miradas críticas, visibilizando las problemáticas que atraviesan los barrios a partir de las políticas de militarización, empobrecimiento y la terrible persecución hacia lxs jóvenes pobres.

Roque Azcurraire y Juan Pablo Mónaco continúan detenidos en la Unidad 28, por eso desde la Red Nacional de Medios Alternativos:

Exigimos la LIBERTAD INMEDIATA de Roque y Juan Pablo.

No nos callamos, porque COMUNICAR NO ES DELITO

28.5.2018

Alrededor de las 15 horas del lunes 28 de mayo fueron liberado a Pablo y Roque los dos militantes de La Garganta Poderosa, que habían sido detenidos y torturados junto a vecinos y vecinas de la Villa 21 por Prefectura, por el hecho de haber denunciado  previamente a esta fuerza por disparar y torturar a vecinos y vecinas, juicio que se llevará a cabo este viernes 1 de junio.

Debido a que la Prefectura no tuvo forma de explicar este nuevo acto totalmente ilegal que cometió, tuvieron que inventar una caratula para imputar de manera totalmente insólita a estos dos militantes, que fue la de robo en banda y en poblado, “caracterizando a toda la villa 21 como una gran banda delictiva” según explicaron desde La Garganta Poderosa.

 

 “NOS TORTURARON, OTRA VEZ”

 Por **Roque Azcurraire

 

Hace dos noches que vengo atrapado en la misma pesadilla: una secuencia espeluznante que decidieron grabar en mi propia casa, volviéndome protagonista del miedo que comenzó cuando uno de mis sobrinos apareció corriendo desesperado, porque la Prefectura había golpeado a su hermano arriba del colectivo. Alertados por su agitación, varios vecinos salieron hasta la avenida Iriarte para exigir explicaciones ante un ejército de fantasmas armados, sin identificación. Nada nuevo. Nada raro. Nada casual.

Mi casa está ubicada en un pasillo de la Villa 21. Y ese pasillo nace justo en la casa de Iván Navarro, nuestro compañero torturado hace dos años por esta misma Fuerza, que hace una semana tiene a 6 prefectos en el banquillo de los acusados por esa causa. O sea, lo torturó la Prefectura y hoy lo cuida la Prefectura, ¿entienden? Pues justo ahí, se les dio por empezar a reprimir el tumulto de personas que habían agitado ellos mismos, con sus maltratos a los chicos. Al principio, traté de apaciguar los ánimos mediante el diálogo, pero poco a poco iban cayendo más y más uniformados, con escudos antidisturbios. No había delito, ni conflicto, ni nadie para perseguir: había un plan premeditado, para venir a reprimir. Así, de una, comenzaron a repartir palazos a mansalva y balazos de goma contra la casa de Iván, donde además vive su papá, que debe declarar el próximo viernes.

Lejos de cualquier heroísmo, decidí resguardarme junto a los míos en mi domicilio porque lógicamente me asusté, pero nunca imaginé que también ellos irrumpirían en el pasillo, apaleando mujeres y niños, hasta llegar a mi puerta. Sin orden judicial, ¡la rompieron a patadas! Y trataron de señalar que utilizábamos un palo para defendernos, cuando el único palo que había era la “llave” que cierra desde adentro nuestra casa, donde vivimos tres familias juntas, sin cerradura.

Ante los ojos brillosos de mi sobrinito, embistieron contra todos nosotros, pegándole a mi cuñado, manoseando a mi hermana, arrastrándome por el piso, lastimándonos a todos. Invadidos, literalmente, por quienes vienen a “cuidarnos”, terminamos nadie sabe cómo detenidos por vaya a saber uno qué delito y fuimos trasladados hasta la garita en Luna y Luján, padeciendo la misma práctica que aplicaron en los 6 casos de tortura que La Garganta denunció en mi barrio, sólo entre abril y mayo: el “levantamuertos”. Gas pimienta en los ojos y esposas en las manos, para vernos retorcidos en el piso. Yo les rogaba que me quitaran las esposas para poder respirar, porque necesitaba frotarme la cara, que se me quemaba en un ardor insoportable. Pero se mataban de risa: “Callate, negro de mierda, que no pasa nada, es todo psicológico”, me decían, entre patadas y trompadas.

Al llegar a la garita, nos tiraron en el piso y hacían fila para golpearnos. Nos obligaban a repetir nuestros nombres, entre rodillazos a las costillas. Y después otra vez, entre pisotones en los pies. Y después otra vez, entre patadas a los tobillos. Y después otra vez, entre piñas a la cabeza. Gritando, como pude, intenté decirles que tengo una hendidura en el cráneo y podían matarme si seguían haciendo eso. Pero la respuesta fue más clara todavía: “Por eso lo hacemos, porque a ustedes hay que matarlos”.

Después de tres horas, mientras un patrullero paseaba a mi hermana por toda la villa, sin avisarle a mis compañeros, ni a mi familia, que la seguían buscando, me trasladaron hasta la Comisaría 30 junto a mi cuñado Pablo. Y sinceramente, otra vez lejos de todo heroísmo, mi desesperación era tan grande que sólo les repetía en el patrullero: “Ya está, basta, si me van a matar, mátenme, pero mátenme ahora”. Yo no hice nada. O sí: luché, luché y voy a seguir luchando, para que nunca más ningún villero deba sufrir esta mierda. No tengo dudas que me pasa por pobre y me pasa por negro, pero también me pasa por no callarme la boca y por seguir abriendo La Garganta, para que nuestro grito retumbe por todos lados.

Porque sí, nos pueden encontrar muertos,
¡pero nunca nos van a encontrar callados!

28.5.2018

A la denuncia realizada en febrero de este año por los metrolegados, este lunes se sumó otra. Se confirmó la presencia de asbesto, un material cancerígeno, en trenes y lugares de las líneas B, C y E.

La noticia se conoció este lunes por la tarde. Periodistas, trabajadores y referentes sindicales de distintos gremios escuchaban con atención a Roberto Pianelli, secretario general del sindicato del Subte (AGTSyP), en la sede de gremial sita en Carlos Calvo 2365. Minutos después de las 18 h comenzaba la conferencia de prensa en la que anunciarían la continuidad del plan de lucha, en el marco del conflicto que hace mas de 30 días llevan adelante los trabajadores del subte. Conflicto que el pasado martes tuvo un nuevo salto con la represión y detención de trabajadores y delegados durante una medida de fuerza que se desarrollaba en la línea H.

Fue allí donde dieron a conocer los resultados de diversos estudios que a pedido de la AGTSyP realizó la Universidad del Sur – Bahía Blanca, que confirman la presencia de un material cancerígeno conocido como asbesto o amianto en diversos lugares de formaciones que circulan hace años en las líneas B, C y E del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. También se encontró este material en lugares como el techo del vestuario que utilizan los trabajadores del Premetro y en un elemento (ferodo) de la escalera mecánica de la línea E. Situación que pone en riesgo la vida de los cientos de trabajadores como también la de los cientos de miles de usuarios que día a día utilizan el subte.

Esta denuncia se suma a la que ya habían realizado los metrodelegados en febrero pasado cuando se enteraron que los trenes CAF 5000 estaban contaminados con este material cancerígeno. Esos coches habían sido adquiridos en 2011 por la administración del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri y comprados de “segunda mano” por la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) al Metro de Madrid. Esos trenes comenzaron a circular en la línea B a mediados de 2013, y en febrero de este año luego de conocida esta noticia y gracias a la pelea de los trabajadores fueron sacados de circulación.

Mientras el Gobierno, Sbase y Metrovías demonizan a los trabajadores, a los metrodelegados y a la organización gremial mayoritaria en el subte (AGTSyP) con mentiras, represión y criminalización, esta denuncia (basada en estudios realizados por iniciativa del sindicato ante la negativa de la empresa a investigar) pone de manifiesto dos cosas. Por un lado, que a los empresarios y al Gobierno les importa prácticamente nada la vida de quienes día a día trabajan y viajan en el subte. Por otro, que los verdaderos interesados en un servicio de calidad, con condiciones de salubridad y seguridad son los propios trabajadores. Por eso a ellos es a quien hay que apoyar y rodear de solidaridad. Si ellos ganan, gana toda la población trabajadora.