30.5.2018
Con la participación de la Red Nacional de Medios Alternativos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y del Secretario de DDHH del SiPreBA, Tomás Eliaschev, se desarrolló la conferencia de Prensa donde se amplió la información sobre la causa iniciada a cuatro comunicadorxs por cubrir la represión ocurrida en la movilización del 1° de Septiembre, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.
Anunciaron que el próximo miércoles 6 de junio a partir de las 9 de la mañana estarán en los tribunales de Comodoro Py de un carnaval con radio abierta, intervenciones artísticas y toda la comedia del arte para recibir la audiencia donde el Fiscal debe sostener su postura y Correpi realizará la defensa de los imputados.
Cronología de los hechos:
El 1 de septiembre se realizó una multitudinaria marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Al momento de la desconcentración, la Policía de la Ciudad realizó una razzia como ya se había vivido el 8 de marzo con la detención de 17 lesbianas tras el paro internacional de mujeres. El operativo policial se extendió a lo largo de avenida de Avenida de Mayo llegando hasta casi el Congreso, se detuvo a 31 personas bajo el cargo de “intimidación pública y resistencia a la autoridad”, entre ellas cuatro comunicadorxs que estuvieron encerrados e incomunicados hasta el 4 de septiembre a la madrugada.
El juez que intervino en la causa es Martínez Di Giorgi, quien tomó la decisión de procesar a 22 de lxs 31 detenidos. Entre éstos últimos, lxs compañerxs trabajadorxs de prensa. Todos estos procesamientos se fundaron en testimonios y actas policiales contradictorias.
Por este motivo, decidimos apelar ante la Cámara Federal de Apelaciones, logrando el sobreseimiento de los 4 comunicadorxs y decretar la falta de mérito a otrxs 16.
Tras las jornadas del 14 y 18 de diciembre, semana en la cual se detuvieron 254 personas en el país, el fiscal Germán Moldes decidió apelar la decisión de la Cámara que sobreseía a los cuatro comunicadores, en un claro mensaje para la prensa.
En ese sentido, la abogada de algunxs de lxs detenidxs María del Carmen Verdú indicó: “Además de pedir la revocación desconociendo su carácter de trabajadores de prensa, a pesar que les secuestraron hasta el chaleco, Moldes avanza pidiendo que se haga una reforma también de las leyes para impedir la excarcelación de detenidos/as en el marco de movilizaciones”.
El próximo 6 de junio el fiscal Moldes y lxs comunicadores se encontrarán en Comodoro Py para argumentar cada postura. La decisión final está en manos de la Cámara de Casación que tiene que decidir si efectivamente somete a juicio a lxs comunicadores por ejercer el derecho a comunicar.
Criminalizar la protesta, la excusa del fallo de Moldes
Los hechos previamente relatados son la punta de un iceberg que tiene al poder político y judicial jugando al ajedrez con los movimientos sociales. La apelación del fiscal Moldes va en contra de lxs trabajadores de prensa pero también intenta criminalizar la protesta.
El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) denuncia que este fallo se da en el marco del Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal de la Nación que suma una gran cantidad de instrumentos legales dirigidos a la represión de la protesta.
Compartimos un primer análisis sobre las reformas propuestas al Código Procesal Penal de la Nación por parte del EMVyJ:
El 25 de abril, la Cámara de Senadores, con un total de 49 votos a favor, 10 en contra y 2 ausentes, aprobó parte del Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal de la Nación.
El proyecto, presentado por los senadores Rodolfo Julio Urtubey y Pedro Guillermo Ángel Guastavino, ex integrantes del bloque del FPV, actualmente del Bloque Justicialista, actualiza y amplía las reformas impulsadas por el kirchnerismo en el año 2014, que en su momento fue aprobado pero dejado en suspenso por un decreto de necesidad y urgencia dictado por Mauricio Macri el 29 de diciembre de 2015.
Este proyecto, que se presenta con el objetivo de “transformar a la justicia como actor principal en la vida de los ciudadanos”, y como medio para “reforzar las herramientas para combatir la delincuencia organizada, compleja y transnacional”, no es otra cosa que un arsenal de instrumentos legales dirigidos a la represión de la pobreza y la protesta.
Dentro de las principales medidas en perjuicio de la clase trabajadora y el pueblo, se encuentran la “ley de flagrancia” y la “ley del arrepentido”. La primera, con una modificación no menor, que es su uso respecto de detenidos y detenidas en situaciones vinculadas a la protesta social. Aunque se aclara que sólo se aplicará a “delitos comunes” (como daño, lesiones o atentado y resistencia a la autoridad,
típicamente usados contra manifestantes), el objetivo es claro: lograr condenas inmediatas para quienes se movilizan contra el ajuste y la represión, tal como lo venimos denunciando desde la movilización por Santiago Maldonado el 1º de septiembre, y las del 12, 14 y 18 de diciembre del año pasado.
Aunque no fue aprobado, y se reenvió a comisión con la posibilidad de ser tratado más adelante, el proyecto incluye la regulación de “Técnicas Especiales de Investigación”. En las causas derivadas de esas movilizaciones ya se viene implementando el “ciberpatrullaje”, antesala de este complejo sistema que daría un marco “legal” para vigilar, perseguir y espiar personas y organizaciones, violentando los derechos a la intimidad y privacidad de las comunicaciones.
El proyecto incrementa también las facultades de los fiscales federales y de la Ciudad en detrimento de sus pares provinciales, y limita el derecho de las personas a permanecer en libertad durante el proceso, al dejar en manos judiciales la evaluación del posible “peligro de fuga” sin exigir que sea “real”.
Por su parte, la Comisión redactora del Anteproyecto de Reforma del Código Penal viene filtrando por goteo iniciativas de fondo no menos peligrosas para el pueblo trabajador, como la no punibilidad de policías u otros miembros de las fuerzas de seguridad que cometan homicidios o lesiones con sus armas reglamentarias “en cumplimiento del deber” (como según el gobierno hizo Chocobar) o el anuncio del
incremento de penas para quienes protagonicen cortes de calles con interrupción del transporte o “tiren piedras a efectivos policiales”.
Denunciamos que este paquete de reformas procesales y penales busca avanzar en el objetivo del gobierno de Cambiemos de avasallar los derechos del pueblo trabajador, lo que requiere redoblar los esfuerzos de unidad, organización y lucha para enfrentarlo.
¿Quién es Moldes?
El fiscal federal Germán Moldes pidió expresamente al Gobierno de Mauricio Macri que dicte nuevas leyes para que quienes sean detenidos en manifestaciones no puedan ser excarcelados. El escrito llega después de apelar el sobresimiento de cuatro personas que fueron detenidas en la cacería que desataron las fuerzas en la marcha del 1 de septiembre en reclamo por la desaparición de Santiago Maldonado.
Germán Mario Moldes nació el 30 de diciembre de 1946 en Capital Federal y se crió en el barrio de Boedo. En los 90, Moldes estaba vinculado directamente con el ex presidente Carlos Menem al ocupar el puesto de secretario parlamentario en la Cámara de Diputados, apadrinado por José Luis Manzano, que luego ocuparía el cargo de ministro del Interior.
En esa época, Moldes fue denunciado por Jorge Rachid, secretario de Prensa y Difusión del gobierno de Menem, quien aseguró que Moldes, como parte del gabinete de Manzano “ofreció una comisión para Menem y para mí para que le den Canal 11 a Berlusconi, a través de Franco Macri”.
Cabe recordar que la primera privatización encarada por el menemismo fue la de los canales de TV 11 y 13, ganadas por editorial Atlántida y Clarín, respectivamente.
Según declaró Rachid: “A los tres días se me acerca el doctor Moldes y me ofrece dinero con una valija”. “Moldes decía: `Yo te traigo esto para que hagas la rectificación, al poco tiempo, Manzano asume como ministro del Interior y comienza una persecución contra mi familia”.
En la misma década, en 1991 más precisamente Gustavo Druetta se hizo cargo de la Dirección de Migraciones y denunció presuntas maniobras cometidas por Moldes para ayudar al traficante Monzer al-Kassar, quien entró a la Argentina en 1990.
A principios de 1992, Al Kassar obtuvo en un tiempo récord la nacionalidad Argentina y Druetta descubrió que al expediente administrativo que habilitaba la residencia de Al-Kassar faltaba el informe de Interpol.
Otro escándalo por el que se conoció a Moldes fueron las fuertes críticas por parte de los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA en su participación en la causa. Al ser sobreseídos los acusados, Memoria Activa apeló la decisión pero fue nuevamente abandonada por los fiscales, entre ellos Moldes quien debía impulsar la acción.
El propio Alberto Nisman aseguró que “el fiscal de Cámara Germán Moldes dio la orden de no apelar”. Finalmente fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa por no apelar, ni dejar apelar al fiscal Nisman los sobreseimientos dictados en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA en la que están implicados funcionarios menemistas, policías y funcionarios judiciales del exjuez Galeano.
En 1996 el diario Clarín denunció que el fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes decidió no aceptar la investigación por irregularidades en el PAMI, “ya que el fiscal habría llegado a su cargo por tener excelentes relaciones con el menemismo”, relataba Clarín. El matutino señalo que Moldes provenía del círculo del exministro del Interior José Luis Manzano, debía investigar, entre otros titulares del PAMI, la gestión de Matilde Menéndez, con quien tiempo atrás compartió la función pública en el primer gobierno de Carlos Menem.
Diez años después, en 2016 abrió una causa contra Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, funcionarios y legisladores.
El último escándalo del juez que encabezó las marchas por Nisman fue este año cuando desistió de proseguir con la acusación al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por el cobro de pagos ilegales vinculados con el escándalo de corrupción en Brasil denominado “Lava Jato”. Germán Moldes, no mantuvo el recurso de apelación que había impulsado el fiscal federal Federico Delgado con lo cual la causa quedó archivada. De ese modo Moldes dejó caer la investigación.
Arribas estaba acusado de recibir sobornos por 600 mil dólares, que partieron desde una cuenta bancaria en Hong Kong que, según la Justicia de Brasil, se usaba para canalizar sobornos”, por lo que a raíz de la intervención de la empresa brasileña Odebrecht.
