Comunicadores del Sur

6.6.2018

Por La Retaguardia

Hoy se realizará la audiencia en la que el fiscal deberá explicar por qué apeló los sobreseimientos de 4 personas que registraban la represión en la marcha del primer mes sin Santiago Maldonado. También ellos se defenderán representados por María del Carmen Verdú, más una movilización frente a los tribunales para exigir el sobreseimiento definitivo.

La apelación de Moldes dice textual: “Les tocó asistir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro”. Se refiere a 4 de las 31 personas detenida en aquella jornada, que son trabajadores/as de prensa. 2 de ellos son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Ezequiel Medone y Juan Mourenza, y estaban registrando en vivo por el Facebook de la RNMA. Para Verdú, este tipo de expresiones son la demostración de que hay vigente un Estado de excepción, y define a los tribunales en este contexto como “Comodoro Pro”.

“Es trágico de lo que estamos hablando. De un fiscal federal que tiene su historia, invitamos a que buceen en los viejos posteos de CORREPI. Se trata de personajes vinculados con la dictadura cívico-militar-eclesiástica, históricos de Comodoro Py. Hoy están en su salsa, absolutamente fascinados de poder hacer presentaciones como estas. Moldes también dice: “No me conmueven los cánticos que suelo escuchar bajo la ventana de mi despacho de ‘libertad, libertad a los presos por luchar’. En todo caso, lo que debiéramos lamentar es que su prisión sea tan efímera y poco duradera”. A partir de allí, le pide al poder ejecutivo que mande proyectos de ley al Congreso para hacer no excarcelables las detenciones en movilizaciones”, contó.

“Hay que redoblar el grito, como dijimos en la conferencia de prensa en el SiPreBA convocando a esta movilización mientras estemos adentro en la audiencia argumentando por qué los compañeros y compañeras tienen que seguir sobreseídos como determinó la Cámara Federal, que admitió que los compañeros y la compañera estaban cumpliendo su tarea de comunicar”, destacó la abogada.

“Qué importante contar hoy en la Ciudad de Buenos Aires con un sindicato de prensa presente en este momento que les diga a los trabajadores de prensa de la comunicación popular que tienen que formar parte de esa organización. Circunstancias de la detención de Juan Pablo y Ezequiel: estaban transmitiendo en vivo por Facebook en ese momento y vieron a la Policía deteniendo a una piba que tenía en su mano un celular. Fueron detenidos porque, además de registrar la escena, se acercaron y en su rol de trabajadores de prensa preguntaron por qué la detenían si sólo estaba filmando. Ahí se escuchó la voz de uno de los policías que dijo ‘estos también están filmando, agárrenlos’. En ese momento, la imagen se movió porque la Policía se les tiró encima y saltó el equipo por los aires, que fue atajado por otra compañera”, recordó Verdú.

“Si cualquiera de nosotros hiciéramos una presentación judicial con la carga ideológica y política que tiene la presentación de Moldes, nos la hubiera rechazado y nos hubieran sancionado como tantas veces cuando nos tratan de indecorosos. A ningún juez, ni fiscal ni camarista, le tiembla el pulso a la hora de señalar que estamos opinando desde una posición política. Ahora, cuando el que lo dice representa la posición política de la clase dominante, está todo bien”, planteó.

Por último, la abogada se refirió a la coyuntura en términos generales: “A partir de la irrupción del gobierno de Cambiemos, CORREPI ha tenido un crecimiento exponencial ante la avanzada represiva. Hay un montón de compañeros y compañeras que sienten la necesidad de dejar de ser espectadores y ser protagonistas. Es impresionante la cantidad de mensajes que recibimos de personas que dicen ‘siempre los miré con simpatía, siempre me gustó el trabajo que hacían, pero ahora siento que en lo concreto tengo que hacer algo’. Entre los detenidos y detenidas del 14 de diciembre, donde fueron 44 los que terminaron en calabozos después de la reforma previsional, hay varios que ya están militando en distintos equipos de CORREPI”.

6.6.2018

En la mañana de ayer, FESPROSA abrazó al Hospital Udaondo en rechazo al proyecto del 5 por uno del Gobierno de la Ciudad de fusionar 5 hospitales en uno. ACTA dialogó con su presidente y secretario de Salud Laboral de la CTA-A, Jorge Yabkowski: “El Movimiento por el Derecho a la Salud está realizando una campaña de denuncia de la aplicación capilar de la CUS a través de estas políticas que son la destrucción del hospital público, su privatización, su encorsetamiento y en definitiva la restricción del derecho a la salud”.

El gobierno de la Ciudad Autónoma ha dispuesto la venta de cuatro predios de altísimo valor a una cifra de 140 millones de dólares cerrando los hospitales que están allí: el Ferrer, líder de la rehabilitación en la Argentina; el Udaondo, líder en gastroenterología; el de Oncología "Marie Curie" y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) con la idea de trasladarlos al predio del Hospital Muñiz, para crear el Complejo Hospitalario Sur.
Durante el abrazo al Hospital Udaondo, Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina explicó: “Este abrazo se hizo en el marco de una oferta salarial ínfima para los trabajadores y trabajadoras del Estado que está siendo rechazada con movilizaciones a pesar de la aceptación de la burocracia de UPCN y de la aplicación ya más acelerada de la Cobertura Universal de Salud (CUS) a través de, por ejemplo, la toma del crédito del Banco Mundial de más de 300 millones de dólares que junto con el fideicomiso van a aportar a hacer crecer a este engendro llamado CUS que no es otra cosa que abrir el paso al seguro de pobres con canastas mínimas”.
En relación a la CUS, el dirigente señaló que hoy se expresa en los despidos en el Garrahan donde entró una banda de modernización igual que en el Posadas y empezó a mirar los legajos para encontrar “las mil y una faltas para dejar cesante a los trabajadores”.
Además, subrayó que “en el Hospital Posadas hubo nuevas cesantías contra delegados y contra activistas opositores con la complicidad de ATE Morón y su burocracia patotera que encabeza Darío Silva”.
“La CUS es también el plan del Corredor Sanitario AMBA, el cierre de hospitales para convertirlos en hospitales sólo para derivación como es el plan del Santojanni y la historia clínica electrónica para encorsetar las prestaciones en los centros públicos dentro de la llamada canasta básica. En ese sentido, el movimiento contra la CUS está realizando una campaña de denuncia de la aplicación capilar de la CUS a través de estas políticas que son la destrucción del hospital público, su privatización, su encorsetamiento y en definitiva la restricción del derecho a la salud”, concluyó Yabkowbski.

6.6.2018

Por Mariano Pedrosa

El juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad además dictaminó que no se podrán realizar medidas de fuerza y que la empresa debe suspender las sanciones.

La Justicia falló en favor de los Metrodelegados y le ordenó al gobierno porteño que los incluya en la discusión por las paritarias de las que los había excluido. A primera hora de la mañana del miércoles, el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad, a cargo del juez Andrés Gallardo, hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) contra el Gobierno de la Ciudad le y ordenó incluir a los Metrodelegados en las negociaciones paritarias.

 De esta manera, el gobierno –que había cerrado en abril la paritaria en un 15% en cuotas solo con la presencia de UTA por el lado sindical– debe reabrir esa instancia de negociación a través de la Subsecretaría de Trabajo. Es decir que la mesa negociadora debe incluir por un lado a SBASE y Metrovías y por el lado gremial a la UTA y a la AGTSyP, cuyos delegados más reconocidos son Roberto Pianelli y Néstor Segovia, quien fue detenido el 22 de mayo en uno de los puntos más altos del conflicto.

Esta instancia se debería desarrollar durante 60 días para acordar una nueva pauta salarial para el año 2018. Esta decisión judicial, obliga a los Metrodelegados a suspender cualquier medida de fuerza durante ese lapso. El gobierno porteño aún puede apelar la cautelar, pero dicha acción no suspendería la cautelar, que es de cumplimiento obligatorio. Consultado Enrique Rosito, a cargo del área de la prensa, expresó: “Nosotros esperamos que acaten el fallo de la Justicia, se han llenado la boca diciendo que el que no cumple con la ley es un delincuente y debe ir preso, así que suponemos que van a acatarlo. Ahora esperamos que la Subsecretaría se notifique y reabra el expediente”.

Rosito cuenta que al reincorporarse a la mesa, retomarán el pedido original que plantearon en la única reunión en la que participaron, es decir, una recomposición salarial del 9% por la inflación de 2017 más un 25% como estimado de la inflación de 2018.

Por otra parte, el fallo insta a la empresa a “abstenerse de incorporar a personal externo o interno no calificado, para tareas de guarda y conductor”. Rosito cuenta que “si bien la empresa no puso en práctica este tipo de accionar, sí había personal administrativo que estaba practicando estas funciones, sin tener las habilitaciones correspondientes, con el objetivo de utilizarlos de rompehuelgas”.

Dos puntos más del fallo destaca Rosito, por un lado, que el juez ordena dejar sin efecto las sanciones que Metrovías había tomado contra los trabajadores por levantar molinetes, esto es, suspensiones, desafueros, descuentos, entre otras medidas disciplinarias. Y, por otro lado, subraya que el fallo dispone que los funcionarios porteños se abstengan de efectuar declaraciones de “tipo injurioso” que tergiversen los contenidos de normas o fallos en relación al conflicto con AGTSyP. Acá explica se hace referencia a manifestaciones como “son un gremio ilegal”, “perdieron la personería”, etc.

De acuerdo al fallo recientemente emitido, queda por ver qué acción tomará el gobierno de Rodríguez Larreta, ya que más allá del tema salarial, se trata de un tema de alto impacto político.

5.6.2018

Por Santiago Asorey

El martes 22 de mayo pasado, efectivos policiales atropellaron a una niña de seis años. Esto motivó la protesta de los vecinos que luego fueron atacados por la policía. Se generó un encadenamiento de hechos de violencia policial en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires. Primero, efectivos de la Policía de la Ciudad atropellaron a una niña de seis años. Lo que motivó que más de 200 vecinos y vecinas se movilizaron hacia el destacamento policial para expresar su repudio al accionar de los uniformados. En este marco, los efectivos dispararon contra el joven Ramiro Sebastián Ruiz (22) y detuvieron en una razzia a tres jóvenes vecinos.

Entrevista a Lorenzo Martelli, militante del Frente de Organizaciones en Lucha, espacio que denunció la detención de un compañero en la represión. 

Hace dos semanas en la Villa 31 ocurrieron una serie de hechos de violencia policial. ¿Cómo sucedieron?

Lorenzo Martelli: Al principio un patrullero de la Policía de la Ciudad atropelló a una nena. A partir de ahí surge la manifestación de los vecinos, que ya están acostumbrados a que los efectivos anden con las motos y los cuatriciclos a altas velocidades. Cuando los vecinos salen a protestar la respuesta por parte de la policía fue directamente salir a cazar personas. Se cruzaron con un par de vecinos y los llevaron detenidos en función de que supuestamente habían causado la protesta. En ese marco, la policía disparó contra Ramiro Ruiz, un pibe de 22 años que actualmente se encuentra internado y estable. 

La policía intentó argumentar que hubo un pseudo enfrentamiento entre vecinos y policías. De ahí surgen los tres pibes detenidos, a los cuales se les imputa no solo resistencia a la autoridad y lesiones sino también disparos de arma de fuego. El problema que tiene la causa para la policía, que no lo van poder solucionar nunca, es que las únicas armas incautadas y peritadas son de los efectivos policiales. 

Intentaron justificar su accionar como una supuesta defensa ante la manifestación "violenta" de los vecinos…

LM. Lo que intentó armar la policía en la causa es la idea de la “pueblada” , en el cual dicen que “oyen disparos”. Pero eso no tiene que ver con las detenciones porque ninguno de los que fueron detenidos tenía un arma, no hay registro de que hayan disparado.

Kevin Herera, hijo de una compañera de ustedes, fue detenido en estas circunstancias…

LM:Kevin también forma parte de nuestra organización. A él lo detienen horas después de que hayan pasado todos estos hechos en frente del edificio de oficinas que construyó Larreta (Horacio Rodríguez). Lo detienen y lo acusan de haber participado de estas manifestaciones. Lo cual es imposible porque él estaba saliendo de la escuela. Hecho que fue certificado por la escuela. Pero a cualquier pibe que veían se lo llevaban. 

¿Cómo ocurrió el momento de la represión?

LM: Durante la represión, la policía realizó una razzia y cacería sobre vecinos y amenazó a las personas que grababan desde los primeros pisos lo que estaba sucediendo. Eso se puede ver en los videos. Ese material es muy importante y ya está en la causa. Esos son los mismos policías que efectúan el disparo contra Ramiro Ruiz. En ese marco ocurren las detenciones de los tres pibes al grito de ´agarren a uno´. Luego en el destacamento policial los uniformados apagaron la luz y los golpearon a bastonazos y patadas. 

¿Qué lectura realizan del accionar de las fuerzas de seguridad en estos días? 

LM:Esto no es un hecho aislado. Esto hay que entenderlo en un marco. Esto sucedió un martes y unos días después nos enteramos lo que sucedió en la Villa 21-24 (detenciones, allanamientos ilegales y torturas). Esto sucede en todos los barrios a manos de las fuerzas de seguridad, avaladas por la doctrina Chocobar.

4.6.2018

La Unión de Trabajadores de la Educación se movilizará, junto a otros sindicatos porteños, a la sede del Gobierno de la Ciudad para exigir el aumento de los sueldos. 

La Unión de Trabajadores de la Educación concurrirá mañana junto a otros sindicatos docentes a la sede del Gobierno de la Ciudad, para que Horacio Rodríguez Larreta se siente a discutir la impostergable recomposición del salario de lxs docente de la Ciudad. La cita es este martes 5 de junio a las 13:00 en Uspallata al 3100.

No hay razón alguna para que el Jefe de Gobierno se niegue a convocar a la Mesa de Condiciones Laborales y Salariales salvo que admita que su objetivo es bajar el salario de lxs trabajadorxs. El ejecutivo porteño sigue insistiendo con que la revisión salarial sea recién en el mes de septiembre cuando todos los precios han crecido por encima del aumento otorgado. 

Mientras nuestro salario permanece atado al cepo de 15 puntos porcentuales que se percibirían en noviembre, los precios y las tarifas crecen a pasos agigantados. De hecho la cuota del 8 por ciento recibida en abril ya fue ampliamente superada por la inflación que reconoce el mismo gobierno que la otorgó unilateralmente. Nuestro salario no puede esperar, la inflación pinchó el  globo del 15 por ciento en cuotas. Por eso, exigimos Mesa Salarial Ya.