Comunicadores del Sur

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Parque Chacabuco: Escuelas públicas celebran el comienzo de un nuevo ciclo

23.6.2018

#intiraymi En el Pque. Chacabuco escuelas públicas de varios distritos escolares celebran el comienzo de un nuevo ciclo de la naturaleza. JUEVES 28/ 14 hs.

Allí compartiremos música, canto y las expresiones de deseos por un nuevo tiempo de cuidado por la vida y la Tierra con los chicos y chicas, docentes y familias. Participan escuelas del proyecto #Encuentroporlamemoriademitierra.

Entre el 21 y el 24 de junio la naturaleza comienza un nuevo ciclo, los días comienzan a alargarse y las noches a acortarse. Se produce el solsticio de invierno para nuestro hemisferio sur.
Cuando aparecen los primeros rayos del sol comienza el tiempo que trae las energías y el despertar de toda la naturaleza, la búsqueda del orden interior, y un momento para expresar los deseos por un buen vivir en armonía con la Tierra.
Así nos lo recuerdan los pueblos originarios andinos Inti Raymi, fiesta del sol, Wiñoy Tripantu del pueblo mapuche, augurando un nuevo año y una buena cosecha y la fiesta de la Pachamama de los pueblos del noroeste argentino que se realiza en agosto. Con este encuentro nos proponemos resignificar esta fiesta agrícola en el contexto urbano.

Detienen a un policía de la Ciudad por su participación en la dictadura

22.6.2018

Por Alejandrina Barry y Lilen Reyes

El jefe de Gabinete porteño mintió esta semana ante la Legislatura al afirmar que ningún efectivo de la Policía de la Ciudad tenia causas por participación en la última dictadura militar.

Esteban Sanguinetti era subinspector de la Policía Federal durante la dictadura cívico militar y fue detenido por el asesinato de tres militantes en 1977. Días antes, Felipe Miguel, el jefe de Gabinete porteño había afirmado que no había ningún efectivo de aquella fuerza con causa judicial abierta.

El de Sanguinetti no es un caso aislado. Las fuerzas de seguridad tienen en sus filas integrantes que cumplieron funciones durante la última dictadura militar, entre ellas la Policía de la Ciudad. Así lo demuestra el “Informe Final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana” de diciembre de 2010 y los informes posteriores del CELS de los años 2011 y 2013 denominados “Informe sobre la actuación de la Policía Metropolitana en situaciones de protesta y/o conflicto social”, en los que se estableció que, sobre un total de 52 altos mandos, 38 cumplieron funciones en las fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar.

El mismo jefe de la Policía de la Ciudad, Carlos Kevorkian cumplió funciones en la Policía Federal entre 1971 y 1983, o sea en los años que coinciden con la dictadura de Lanusse, pasando por el periodo en que existió la Triple A con conocida participación de la PFA como también en la dictadura.

Desde las bancas de Myriam Bregman y Patricio del Corro del PTS-FIT se han pedido informes respecto a ello sin obtener respuesta. Por lo que el pasado martes en la sesión en la que el Jefe de Gabinete Porteño realizó su informe, Patricio del Corro le consultó expresamente sobre la Policía de la Ciudad.

Las preguntas concretas fueron: ¿qué tareas desempeñó Kevorkian, dónde cumplió funciones y en qué fechas? Además se indagó sobre la cantidad de miembros de la Policía de la Ciudad que ingresaron antes de 1983 a otras fuerzas ya sea policiales o militares, puntualmente sobre los 38 que surgen del informe mencionado y cuántos miembros actuales provienen de otras fuerzas de seguridad y militares.

La respuesta de Felipe Miguel fue que no había ningún efectivo con causas judiciales abiertas, hoy se conoce la noticia de que el Juez Rafecas ordenó la detención de un ex Policía Federal que cumplía funciones en la Superintendencia de Seguridad Federal y estaba vinculado con la Coordinación Federal, uno de los centros clandestinos de detención porteños, continuó su carrera en las fuerzas hasta el día de hoy que es integrante de la Policía de la Ciudad. La detención se da en el marco de la causa que investiga un operativo de 1977 en el que resultaron asesinados tres militantes Montoneros.

Hay que recordar que la Policía de la Ciudad, creada fruto de la fusión de la Policía Federal y la Policía Metropolitana, llevó a delante la mayoría de las represiones contra manifestaciones ocurridas en 2017 y en lo que va del 2018 como también en los barrios más humildes de la Ciudad, como quienes exigían justicia por Santiago Maldonado, la marcha del 8M de 2017 y contra quienes se manifestaban contra el brutal saqueo al bolsillo de los jubilados, entre otras. En un claro avance en la criminalización de la protesta de los sectores a los que afecta el ajuste que viene aplicando el Gobierno Nacional y de la Ciudad.

Así como el jefe de Gabinete se negó a responder en que fechas y lugares cumplió funciones el jefe de la Policía de la Ciudad, queda claro que el Gobierno se niega a dar los datos sobre los miembros de las fuerzas que provienen de la dictadura, aunque conoce su número desde el 2013. ¿Cuántos más como Esteban Sanguinetti hay?

Preocupación por la escalada de violencia hacia vendedores ambulantes senegaleses

20.6.2018

Difundimos comunicado:

En el Día Mundial de los Refugiados, preocupación ante la escalada de violencia ejercida por el Estado contra vendedores ambulantes senegaleses en la Ciudad de Buenos Aires

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por distintos hechos y acciones de violencia institucional y policial ejercidos contra la comunidad senegalesa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Mientras nos acercamos al Día Mundial de los Refugiados que se conmemora el 20 de junio, la mayor comunidad de solicitantes del estatuto de refugiado en Argentina vienen sufriendo una creciente envestida contra sus derechos humanos. Durante los últimos meses, los barrios de Flores y Balvanera fueron testigos de operativos policiales desproporcionados para perseguir a vendedores ambulantes, en su mayoría de nacionalidad senegalesa, allanamientos violentos e injustificados, intimidación constante, hostigamiento y reiterados episodios de violencia física y verbal contra trabajadores  senegaleses, ejercidos por la Policía de la Ciudad.

El 5 de junio Kane Serigne Dame fue abordado de manera violenta en plena vía pública por funcionarios policiales y terminó con una profunda herida en su brazo derecho e imputado en dos causas judiciales. Las causas, además de constituir una respuesta que criminaliza la venta ambulante, reducen las posibilidades de que se investigue a los funcionarios policiales que le provocaron lesiones. Si bien este hecho cobró especial notoriedad, no se trató de un episodio aislado: la comunidad senegalesa viene denunciando un gravísimo incremento -en cantidad e intensidad- de diferentes formas de persecución y violencia por parte de la policía desde 2016, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como la de La Plata, y en localidades del conurbano bonaerense sur.

Durante este año, la comisaría 50 del barrio de Flores protagonizó una serie de operativos violentos y sistemáticos, en los que los vendedores senegaleses resultaron imputados por supuesta “resistencia a la autoridad”. El inicio de estas causas penales, que encubren detenciones arbitrarias, asimismo les provoca complicaciones con las autoridades migratorias, que incluso pueden llegar a provocar su expulsión del país.

Los altos niveles de violencia institucional motivaron la reacción de toda la comunidad, así como de múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos y de los vecinos, quienes se manifestaron el jueves 7 de junio en el barrio de Flores. Sin embargo, apenas un día después de esta movilización, la policía de la Ciudad, bajo las órdenes de la fiscalía porteña, realizó un operativo que incluyó más de 20 allanamientos en distintos hoteles y viviendas de senegaleses y en locales comerciales donde trabajan, y detuvo durante más de 24 horas a 24 de ellos.

Estos episodios de violencia se enmarcan  en un contexto de hostigamiento institucional y discriminación racial contra la comunidad senegalesa en Buenos Aires, que viene denunciando un incremento de operativos en la vía pública con poca observancia de las garantías judiciales.Tanto la policía como la fiscalía utilizan un perfil racial para la criminalización de los trabajadores senegaleses. En junio de 2017, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Discriminación Racial ya había expresado su preocupación por la escalada de violencia contra los migrantes africanos en Argentina, expuestos al acoso y la extorsión por la policía, y la ausencia total de mecanismos de protección a los que puedan acceder.

El Estado debe buscar de manera urgente soluciones integrales y participativas para la protección de los derechos de la comunidad senegalesa en Argentina, incluyendo la regularización documentaria y la generación de alternativas laborales sustentables.

Las organizaciones de migrantes y otras organizaciones sociales comprometidas con los derechos humanos denunciamos el trato discriminatorio, racista y violento contra la comunidad senegalesa y manifestamos nuestra profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía de la Ciudad; y exigimos a las autoridades que pongan fin a las prácticas extorsivas, discriminatorias y persecutorias contra los migrantes africanos, y una investigación imparcial e independiente de los hechos que determine la responsabilidad de los autores de los excesos.

Para Adherir: comunicaciones@caref.org.ar

100% Diversidad y Derechos Agrupación Afro XANGO Amnistía Internacional AMUMRA – Asociación Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina ANDHES – Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales Área de Migraciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani – FSOC – UBA Asociación Civil Yanapacuna Bloque de Trabajadorxs Migrantes Campaña Migrar No es Delito CAREF – Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales Colectivo Passarinho Comisión Organizadora 8 de Noviembre Congreso de los Pueblos – Capítulo Argentina Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES)- Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) Instituto de Justicia y Derechos Humanos – Universidad Nacional de Lanús MECOPA – Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz MIRARES – Migrantes Refugiados y Argentinos Emprendedores Sociales Núcleo de Estudios Migratorios (NEMI) Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina Red IAMIC – Red de Investigadorxs Argentinxs sobre migraciones contemporáneas

Hospital Garrahan: paro y olla popular por la reincorporación de los despedidos y aumento salarial

20.6.2018

La Junta Interna de ATE junto a la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, realizaron un paro de dos horas con olla popular como parte del plan de lucha votado en asamblea conjunta el miércoles pasado, por la reincorporación de los despedidos y aumento salarial del 30%.

Durante el mediodía del martes, en el gigante de pediatría se realizó un paro de dos horas con olla popular, como fue votado el miércoles pasado en Asamblea de trabajadores del hospital, por la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital, como continuidad al plan de lucha iniciado por la reincorporación de los compañeros despedidos y aumento salarial del 30%.

Como venimos denunciando, la avanzada del Gobierno Macrista sobre la Salud Pública, comenzó en el Hospital Garrahan con el cambio ilegal y arbitrario del Consejo de Administración sobre la jornada laboral del turno franquero, al igual que en el Posadas con el aumento de jornada laboral de los trabajadores del turno noche.

Sumado a esto, la recarga de pacientes, los planteles deficitarios en los turnos más precarizados como el turno noche y el turno franquero, el hacinamiento de pacientes en los pasillos de la guardia como ya viene sucediendo hace años en el hospital junto al recorte presupuestario que votaban juntos kirchneristas y macristas en la Legislatura porteña. El punto más álgido llegó con los despidos de 5 compañeros entre los cuales se cuenta Sergio Herrera, enfermero con 28 años de antigüedad, Fanny Coronel una técnica en esterilización embarazada y Hernán Monges, de transporte horizontal, sostén de familia que también tiene a su compañera embarazada.

Como se expresó en un comunicado de prensa de la Junta Interna de ATE, el lunes 12 de Junio en una reunión con el Consejo de Administración, encabezado por el Dr. Kambourian, no sólo se negaron a tomar en cuenta todos nuestros planteos, sino que además como máxima expresión de los que les importan los trabajadores y sus familias, se menospreció el embarazo de la compañera Fany, diciendo “que de ser así todas las despedidas se embarazarían” repitiendo expresiones retrógradas, machistas y discriminadoras que suelen utilizar representantes de este gobierno y contra las que miles de mujeres nos organizamos, como se expresó en la Marea Verde del 8M, 4J y 13J.

Asimismo, la semana pasada nos enteramos que el Consejo de Administración que despide trabajadores de la salud, acaba de firmar un convenio para realizar una auditoría de la gerencia de recursos humanos y un proyecto de asistencia técnica con la Facultad de Ciencias Económicas que entendemos que está dirigida a más despidos por $15 millones. Una vez más, la plata que debe ser destinada a la Salud Pública la dilapidan para seguir ajustando a los trabajadores que sostienen el Hospital Público. Desde su llegada al hospital, Kambourian ha nombrado decenas de funcionarios puestos a dedo sin concurso y de dudosa calificación, con abultados sueldos, ocupando direcciones, gerencias, jefaturas de departamentos y también secretarias, como su sobrina Gabriela Cabrera y su amigo Claudio Lanfredi que en pocos meses con una carrera meteórica pasó de cobrar $41.000 a $65.000 y ahora $95.000 mensuales.

La asamblea general conjunta entre la Asociación de profesionales y la Junta Interna de ATE que resolvió profundizar el plan de lucha, también repudió el acuerdo de la burocracia de UPCN con el gobierno nacional en línea con el plan de Macri, los gobernadores peronistas y el FMI de seguir hambreando al pueblo trabajador y ante rumores de la llegada del Dr. P. Bertoldi Hepburn, que en el hospital Posadas ha sido corresponsable del despido de cientos de enfermeras y otros trabajadores, del que se sospecha su pertenencia a la AFI (ex SIDE) y que realiza espionaje contra los trabajadores. Se votó declararlo persona no grata a este personaje y en caso de ser nombrado, luchar por impedir su ingreso al hospital.

El paro con olla popular se desarrolló en la entrada de Combate de los Pozos con amplia participación de trabajadores, vecinos, familiares de pacientes, organizaciones sociales, sindicatos, comisiones internas de trabajadores, del subte, la 60, docentes, organismos estatales, de PAMI, de CICOP y en particular con delegaciones de los hospitales especializados que pretende cerrar el proyecto de Larreta “Complejo Hospitalario Sur” conocidos como 5×1, Hospitales Ferrer, Udaondo, Curié, IREP y Muñiz, con quienes nos venimos solidarizando y avanzando en una coordinadora interhospitalaria. Se votó participar del aro que anuncia la CGT para el próximo lunes 25 de Junio, como así también la realización de una coordinación interhospitalaria. Además, se votaron los delegados paritarios, de cara a la lucha por romper el techo del 15% que pretende negociar UPCN en el Hospital.

Una vez más, los trabajadores organizados demuestran sus fuerzas y se pronuncian contra el ajuste y vaciamiento en la salud pública, además de pelear por la reincorporación de los compañeros despedidos y doblegar la desidia de las autoridades del Hospital.

El gobierno de Larreta sigue sin cumplir con el código ambiental para la Ciudad Autónoma de Bs. As.

20.6.2018

Por Jonatan Emanuel Baldiviezo*

La Constitución de la Ciudad en el año 1996 ordenó la aprobación de un Código Ambiental para la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2009, el Plan Urbano Ambiental (PUA) dispuso que debía aprobarse, entre otros, el Código Ambiental, uno de los instrumentos normativos esenciales para operativizar el PUA.

Desde el año 1996 hasta la fecha, tanto el Poder Ejecutivo como la Legislatura omitieron cumplir con la OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL de aprobar el CÓDIGO AMBIENTAL para la ciudad.

Esto se agrava con la discusión actual en la Legislatura porteña del nuevo Código Urbanístico sin tratar el Código Ambiental. Los constituyentes imaginaron la discusión conjunta de ambos códigos.

La falta de un Código Ambiental también permite a la Legislatura aprobar leyes ambientales como cualquier otra norma defraudando la Constitución al violar el procedimiento de doble lectura y las audiencias públicas obligatorias que ésta establece para cualquier modificación del Código Ambiental.

La omisión inconstitucional de no haber aprobado el Código Ambiental no debe premiar a la Legislatura con la facultad de determinar en forma discrecional si respeta el procedimiento de doble lectura o no para las leyes ambientales que constituirían una modificación del Código Ambiental de haberse aprobado este. 

Un claro ejemplo de leyes ambientales cuya aprobación parlamentaria burlaron la Constitución de la ciudad y eliminaron toda forma obligatoria de participación ciudadana son la Ley N° 5.786 que creó el Área Ambiental Buenos Aires Centro y la Ley N° 5.966 que autorizó la incineración de residuos con recuperación de energía en la ciudad.

Por esta razón, presentamos una ACCIÓN DE AMPARO COLECTIVO AMBIENTAL con el OBJETO de que se ordene al GCBA (Poder Ejecutivo) y a la Legislatura de la Ciudad a que inmediatamente inicien el procedimiento de diagnóstico, elaboración y sanción del Código Ambientade la Ciudad de Buenos Aires (autos caratulados “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad c/ GCBA s/ Amparo  – Ambiental? Expte. N° A12718-2018/0).

Por otra parte, la falta de participación ciudadana genera leyes que no atienden a los impactos negativos de su implementación. Un caso paradigmático es la Ley N° 5.786 que creó el Área Ambiental Buenos Aires Centro (aprobada por 29 votos afirmativos y en simple lectura) sin respetar el procedimiento de doble lectura con audiencia pública obligatoria y la mayoría absoluta (31 votos afirmativos) que exige la Constitución.

Esta Ley establece una prohibición de la circulación general de vehículos motorizados todos los días hábiles de acuerdo a un cronograma de implementación progresiva. Con el inicio de la implementación de esta ley, el 3 de abril de 2018 en el área comprendida entre las avenidas Santa Fe, Belgrano, 9 de Julio y Alem, están surgiendo los siguientes problemas que podría haberse evitado si se otorgaba la debida participación ciudadana:

 

  • Cualquiera que desee ingresar al área afectada por la ley debe sacar un permiso o de lo contrario será multado por las fotos de las cámaras.
  • Según los dueños de las playas de estacionamiento, su recaudación, en el mejor de los casos, llega al 40 % de la recaudación anterior a la Ley. Esto está generando muchísimos despidos. Muchos dueños tienen aún a su personal haciendo solamente tareas de mantenimiento, con la esperanza de que la situación mejore, pero no parece ser el caso.
  • La mayor parte de la gente no está pudiendo solicitar el permiso para ingresar.
  • Según los garajes los clientes mensuales que cuentan con el permiso actualmente son aproximadamente el 10 %.
  • El trámite administrativo para solicitar el permiso a través de la página (único medio posible) es complejo por la cantidad de información solicitada y el poco espacio que da el GCBA para poder subirla.
  • Los kioscos y los restaurantes tienen inconvenientes para abastecerse porque no les entregan mercadería en la puerta como solían hacerlo.
  • Otros rubros que están teniendo inconvenientes son los que brindan servicios de reparación, fotocopiadoras, computadoras y otros servicios como los de plomería. Todo esto hizo que aumente la cantidad de locales cerrados ya que muchas oficinas optan por mudarse debido al difícil acceso.
  • Se congestionan mucho más las avenidas y hay mucho espacio vacante en los estacionamientos a los que no se puede acceder.
  • Todo esto genera mayor contaminación en lugar de reducirla, que es el objetivo manifiesto de la ley.
  • No solo no se puede ingresar, sino que, si se ingresa en el horario permitido, no se puede salir hasta que no termine el horario de veda. Así, todo el mundo sale a la misma hora de la zona y genera un congestionamiento que podría evitarse fácilmente. Próximamente, cuando se incorpore el área de tribunales a la zona de veda, todos los que actualmente se retiraban al mediodía deberán esperar a las 16:00 (y en el futuro hasta las 18:00) para poder retornar de sus trabajos.
  • Si a esto le sumamos que van a restringir el tránsito en avenida Corrientes desde las 19:00, irse del centro va a transformase en une pesadilla.

 

*Jonatan Emanuel Baldiviezo es abogado presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)

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