Comunicadores del Sur

8.9.2018

Por familias del desalojo de viviendas en Gallo y Corrientes

"Convocamos a todas las organizaciones sociales, vecinas y vecinos a acercar su solidaridad, difundir y sumar fuerzas para que el Gobierno no siga sin más con su plan de expulsión", aseguraron. 

El pasado jueves 6 de septiembre fuimos desalojadas las más de 20 familias que continuábamos viviendo en las viviendas de Gallo y Corrientes. Otras tantas ya habíamos sido expulsadas de hecho por un incendio el 28 de Julio, cuyo origen no ha sido investigado por la Justicia.

La Jueza María Victoria Pereira definió dar lugar al desalojo de nuestras más de 20 familias el 6 de septiembre, a pesar de nuestro pedido de extender el plazo hasta diciembre, a fin que nuestras hijas e hijos pudiesen terminar su ciclo escolar. Pero no fue la única que desoyó nuestra situación y nuestros derechos.

El día del desalojo, y el posterior, las familias expulsadas nos dirigimos a Desarrollo Social a fin de cobrar el subsidio habitacional de emergencia. No contentándose sólo con dar un subsidio de miseria, que va de los $ 1000 a $ 2500 (mientras el cuarto de un hotel se cobra promedio $ 6000), nos han mentido y maltratado. El acuerdo era que cobrásemos en estas fechas, pero lo unico que encontramos fueron excusas, rechazo y hasta maltrato, en especial por parte de Carlos Dellamónica, cabeza del BAP (Buenos Aires Presente).

A su vez, las familias que fuimos afectadas por el incendio, nos encontramos con que no quieren otorgarnos el subsidio habitacional, con todo tipo de excusas de por medio. Responsabilizamos a Carlos Dellamónica y a la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, Guadalupe Tagliaferri, por dejar en situación de calle sin respuesta alguna a familias enteras, incluyendo niñas/os, ancianos/as y gente con capacidades diferentes. Les exigimos el cumplimiento de nuestros derechos y que cesen con el maltrato propinado hacia nosotras y nosotros, careciendo de toda sensibilidad frente a la dura situación por la que estamos pasando, sin contar con un techo y debiendo interrumpir la educación de nuestras/os hijas/os y la atención médica de nuestras/os mayores.

Alertamos que seguiremos unidas, unidos y en la lucha por nuestros derechos. Convocamos a todas las organizaciones sociales, culturales, barriales, vecinas y vecinos a acercar su solidaridad, difundir y sumar fuerzas para que el Gobierno no siga sin más con su plan de expulsión, que sólo favorece a sus amigos millonarios como las empresas de construcción, la cámara inmobiliaria y la liga de rematadores.

6.9.2018

por CORREPI

Hugo Arce y Carlos Vázquez eran dos amigos que vivían en la Isla Maciel. Hugo, de 17 años, jugaba al fútbol en las inferiores de San Telmo, trabajaba con su papá, y se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para ir a la escuela. Su mamá, Alejandra, lo recuerda como un pibe de una solidaridad enorme, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos. Como tantas otras noches, junto con su amigo Carlos (de 16 años), habían salido a pasear en auto, cuando se cruzaron con el Cabo 1º Sergio Bobadilla de la comisaría 12ª de la PFA. Bovadilla estaba en ese momento de civil, volvía de una fiesta familiar, y decidió terminar con la vida de los jóvenes cuando los fusiló a quemarropa.

Como es usual, la policía intentó instalar la versión de que Bovadilla había actuado de esa manera para “defenderse” ante un intento de robo por parte de los pibes, que supuestamente estaban armados y habían amenazado a su hija de 10 años. Al enterarse de esta noticia, tanto los familiares y amigos de Hugo y Carlos, como los compañeros de Hugo del club y el padre Paco Olivera, referente de la Isla, no creyeron esa versión. Ellxs conocían a los pibes y sabían que no eran capaces de hacer algo así. También conocían a la policía, y sabían muy bien de lo que son capaces. Por eso inmediatamente se organizaron para esclarecer el hecho, y se contactaron con CORREPI.

Una vez más, como en gran parte de los fusilamientos por gatillo fácil, en la causa penal figuraban como imputados Hugo y Carlos por el intento de robo, y Bovadilla solamente había declarado en calidad de testigo, como damnificado. A fuerza de organización y lucha, radios abiertas, escraches y otras acciones llevadas adelante, se logró que se investiguen los hechos, y que se lo impute al policía asesino. Las pericias demostraron claramente que la única arma presente en el lugar de los hechos era la reglamentaria que utilizó Bovadilla, y que los únicos disparos que hubo en el momento se produjeron desde adentro del auto en el que iba el policía, descartando claramente la versión esgrimida por la policía de un supuesto enfrentamiento.

Gracias a estas evidencias, cinco años después de producido el hecho, se logró que el juez a cargo de la causa cite a Bovadilla a indagatoria. El cabo de la PFA nunca se presentó a prestar declaración. Tiempo después supimos que había sido trasladado a Formosa, donde continúa aún prestando servicio como agente de las fuerzas represivas del estado.

Lamentablemente, el caso de Hugo y Carlos es uno más entre tantos otros en los que vemos reflejado el porqué de la afirmación que venimos sosteniendo como organización en nuestros 30 años de recorrido dentro del campo antirrepresivo, que “no es un policía, es toda la institución”. Al trasladar a este asesino, el estado buscó brindar protección a uno de sus perros guardianes. También el aparato judicial buscó garantizar la impunidad para los asesinos de lxs hijxs del pueblo, como intenta hacer siempre en estos casos. Pero quienes vemos esta realidad no nos vamos a dejar avasallar ni amedrentar por estas acciones, y vamos a seguir firmes, tanto en los tribunales como en las calles, denunciando a estos asesinos. Por Hugo, por Carlos y por los más de 5500 pibes que el brazo armado del estado nos ha arrebatado, desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad.

HUGO Y CARLOS, ¡PRESENTES!

AHORA Y SIEMPRE

CONTRA LA REPRESIÓN,

ORGANIZACIÓN, UNIDAD Y LUCHA

6.9.2018

La semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta presentó un segundo proyecto para la creación de una única universidad donde confluyan los 29 profesorados de la Ciudad. Ahora plantea un traspaso gradual, pero que tendrá la misma finalidad. La comunidad estudiantil lo rechaza con movilizaciones.

En una movilización que comenzó ayer y se extenderá hasta el viernes, los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires se manifiestan en rechazo al proyecto de creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA).

El pasado viernes 31 de agosto el oficialismo en la Ciudad dio a conocer el borrador de un segundo proyecto de ley. Maximiliano Ferraro, legislador del PRO y presidente de la Comisión de Educación, afirmó que “es superador del proyecto original y ha sido enriquecido”.

Sin embargo, “el nuevo proyecto es un cheque en blanco y oscurece más de lo que aclara. No garantiza la continuidad de los 29 profesorados, sino que propone una coexistencia entre aquellos que no vayan a cerrarse y la UniCABA”, denunció Juan Deltín, consejero directivo del ENS Normal 1, e integrante de la Junta Representativa de la CET.

La defensa de los institutos comenzó con una marcha desde el Palacio Pizzurno ayer a las 17, y culminó en Perú 160. Durante una vigilia se montó una Carpa Educativa en las inmediaciones de la Legislatura Porteña.

Hasta el viernes se desarrollarán paneles con especialistas, talleres, intervenciones artísticas, proyecciones audiovisuales y clases públicas, además de charlas con legisladores de los diversos espacios que integran el Parlamento, asambleas estudiantiles, y clases sobre Educación Sexual Integral (ESI).

Por otra parte, Deltín también advirtió que este proyecto “implica una muerte lenta de los profesorados, puesto que el Gobierno pretende ahogar presupuestariamente los institutos de formación docente para que la matrícula migre rápidamente a la UniCABA. En el presupuesto de ajuste que pretende votar el gobierno no hay lugar para las dos cosas.”

4.9.2018

por Colectivo Contra el Gatillo Fácil

Al cumplirse 1 año y medio año del asesinato de Damián Ezequiel Corvalán por el Policía de la Ciudad Marco Antonio Gaitán, seguimos acompañando a su familia en el reclamo de justicia.

Damián tenía 25 años y vivía con su esposa en el barrio cercano al Palacio Piria de Punta Lara. Damián había tenido un accidente donde se había lastimado la escápula izquierda, por lo que andaba con una férula que le inmovilizaba el brazo izquierdo. El 4 de marzo de 2017 el Policía de la Ciudad Marco Antonio Gaitán lo asesinó de un disparo en el pecho con su pistola Beretta Storm 9 mm. Gaitán estaba dentro de un auto con una mujer frente a la costa del río, sentado en al asiento de acompañante, cuando Damián se acercó le disparó a través del vidrio del vehículo y sobre la cara de la conductora.

El policía Gaitán, de 38 años y domiciliado en el barrio San Carlos de La Plata, fue integrante de la ya extinta Policía Metropolitana (actual Policía de la Ciudad) y fue infante de Marina. En declaración ante la fiscal Betina Lacki, justificó su accionar argumentando que Damián lo apuntó con un arma para robarlo. Por ahora Lacki le creyó y lo dejó en libertad.

Hay dos testigos en la causa que se acercaron al cuerpo sin vida de Damián y fueron increpados por el policía Gaitán que les dijo textualmente: “váyanse de acá, que ustedes no tienen nada que ver, ya lo hice boleta”. Resulta difícil creer en todo la versión de Gaitán, porque implica que Damián haya podido manejar la moto y empuñar un arma con una sola mano. Además sabemos que la legítima defensa o los robos inventados son los principales argumentos de las fuerzas represivas del Estado para justificar los fusilamientos públicos de los pibes de los barrios.

– JUSTICIA POR DAMIÁN CORVALÁN.

– JUICIO Y CASTIGO AL POLICÍA MARCO ANTONIO GAITÁN.

– BASTA DE GATILLO FÁCIL.

– SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA… ES REPRESIÓN DE ESTADO

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL

4.9.2018

Ocurrió en la Escuela 4 del Distrito 7. Los alumnos salieron semi ahogados y muchos de ellos llorando. Dos trabajadores fueron trasladados por tragar el tóxico humo. No hubo plan de evacuación.

La evacuación fue caótica. Los alumnos salieron como pudieron, sin ningún plan a seguir. Dos trabajadores auxiliares fueron hospitalizados por tragar el tóxico humo que se generó. El director del establecimiento se encargó de avisar, aula por aula, que quienes estaban en el establecimiento, debían evacuarlo de inmediato. Al grito de “¡salgan, salgan!”, el titular consiguió vaciar la escuela.

Ocurrió en horas de la mañana, con muchos padres en torno al establecimiento, que pugnaban por entrar para rescatar a sus hijos.

“Fue bastante caótico. Muchos padres trataban de entrar y nosotros, de salir. Había mucho humo y los chicos estaban muy asustados, llorando”, contó Dana Magnoni, bibliotecaria de la escuela, a Nueva Ciudad. Y agregó: “Tuvimos dos amenazas de bomba en la semana, por eso había mucho susto, pensamos que tenía que ver con eso”.

Los bomberos aún intentan determinar qué acontecimiento inició el fuego. El diputado Gabriel Solano del Partido Obrero-FIT manifestó: “El deterioro edilicio de las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un problema central del sistema educativo porteño en su conjunto”.

“Lo ocurrido hace pocas semanas en la Escuela Nº 49 de la localidad de Moreno, evidenció la crisis de infraestructura escolar que recorre todo el  país. En la CABA las denuncias fundamentalmente de escuelas con fuga de gas ascienden a más de 30 escuelas”.

El diputado agregó: “Presentamos en la Legislatura, desde el Bloque PO – FIT, un proyecto para que se declare la emergencia de infraestructura escolar y un plan de obras integral con participación de comisiones de las comunidades, docentes y sindicatos. De este modo los recursos de la Ciudad se utilizarían prioritariamente para resolver las crisis de las escuelas a diferencia de lo ocurrido en la última aplicación presupuestaria donde se priorizaron los intereses crecientes de la deuda externa”.

“La emergencia declaración de la emergencia edilicia no puede esperar”, finalizó Solano.