Comunicadores del Sur

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Grave: detuvieron durante horas al dirigente popular Juan Grabois

18.9.2018

Junto a él, fueron detenidos Jaquelina Flores y Rafael Kleijer, mientras reclamaban por la libertad de seis trabajadores senegaleses y de dos integrantes del MTE. Violenta represión policial. 

Los referentes sociales Juan Grabois, Jaquelina Flores y Rafael Kleijer fueron detenidos durante horas mientras reclamaban frente a la comisaría 18 (CABA) por la libertad de seis trabajadores senegaleses y de dos integrantes del MTE. Además, fueron reprimidos por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, Grabois fue detenido. 

"Fuimos detenidos junto a militantes sociales y trabajadores senegaleses. Sufrimos todo tipo de maltratos por nuestra procedencia política y organizativa. Estos hechos se dan en el marco del programa de entrega al FMI del Gobierno nacional", aseguró Grabois cuando lo llevaban detenido. 

El hecho generó el repudio de un amplio abanico de organizaciones y dirigentes sociales, sindicales y políticos. Entre ellos, el dirigente peronista Felipe Solá se acercó a la comisaría: "Nos acercamos para acompañar a los compañeros. Nos sorprende mucho que hayan detenido a Grabois. La policía no tiene conducción política", aseguró. 

También, estuvo Daniel Catalano, dirigente de ATE Capital: "La gente tiene paciencia, somos un pueblo paciente. Pero es hora de que Macri se haga cargo de la situación porque se le está yendo el país a la mierda", describió. 

Además, la CTA emitió un comunicado en el repudió las detenciones y la represión a trabajadores de la economía popular:

Mientras los compañeros mencionados, junto a integrantes de varios movimientos sociales se acercaban a la Comisaría 18, de San Juan 1750, para reclamar la libertad de seis trabajadores senegaleses y de dos integrantes del MTE, fueron brutalmente reprimidos con  gases y bales de goma por parte de la Guardia de Infantería.

Tras la represión injustificada, pues se trataba de una manifestación pacífica, los compañeros mencionados fueron violentamente introducidos a la sede policial y allí permanecen detenidos junto a los demás.

La CTA de los Trabajadores, al tiempo que expresa su más fraterna solidaridad para con los compañeros agredidos y presos, denuncia públicamente que la ferocidad de la represión, que sigue en aumento, pretende acallar las voces de quienes se oponen al  ajuste salvaje, a las políticas de hambre y miseria y a la entrega de la soberanía ancional por parte del gobierno nacional y sus socios porteños. Pero no podrán acobardarnos.

Por eso es que este hecho deleznable nos reafirma en la decisión de parar por  36 horas a partir del próximo 24 del corriente y marchar hacia la Plaza de Mayo a partir de las 14:30 del primer día del paro nacional.

Que sea ley el derecho a educación sexual, sin injerencia religiosa y con perspectiva de género

18.9.2018

Myriam Bregman

Con un proyecto de ley, presentado en la Legislatura porteña, proponemos, junto a mi compañero de banca Patricio del Corro, que se instaure la emergencia en educación sexual, estableciendo el fin de la injerencia de las iglesias sobre el tema.

El proyecto de ley que presentamos junto a Patricio del Corro en la Legislatura porteña y que se titula Plan de emergencia en educación sexual con perspectiva de géneros, sin injerencia religiosa fue elaborado en común con sectores de la comunidad educativa, junto a trabajadores de la Educación y estudiantes secundarios. El proyecto tiene el propósito de dar respuestas a los reclamos de estudiantes, docentes y familias que, junto al movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, exigen el acceso a una educación sexual sin injerencia religiosa en el ámbito educativo de la Ciudad.

El proyecto que presentamos es urgente y necesario. Nos preocupa la reacción del ‘partido celeste’ de las Iglesias contra la ley de Educación Sexual Integral que debiera dictarse en las escuelas. En Córdoba la campaña de los evangelistas exige a las escuelas que los alumnos no reciban educación sexual y en la provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal frenó el tratamiento del proyecto presentado por la izquierda y que tenía media sanción, en obediencia a las exigencias de la jerarquía eclesiástica.

La reacción que estamos viendo es una respuesta a la masiva ola verde, se trata de un sector minoritario pero que tiene muchos privilegios y subsidios estatales, que rechaza a las millones de mujeres que colmaron las calles por el elemental derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay revanchismo contra ese despertar de millones de jóvenes.

En este contexto, y a 12 años de aprobado el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ley N° 26.150) y la Ley de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley N° 2.110), un tercio de los estudiantes secundarios porteños dice no recibir formación en la temática, ya que sigue estando limitada por la intervención de la Iglesia Católica y de otras instituciones religiosas que, mientras se financian con cuantiosos fondos del Estado, violentan el derecho de la juventud a recibir educación sexual sin injerencia religiosa desde una perspectiva de género.

Con nuestro proyecto queremos establecer que nadie se puede interponer en el derecho a recibir educación sexual para decidir. Los niños, niñas, infancias trans y adolescentes son sujetos de derecho, deben ser escuchados y recibir respuesta a sus reclamos. Aún cuando la Argentina formalmente es un Estado laico, en los hechos financia a la Iglesia Católica con leyes de la dictadura. También desde el Estado se avala la injerencia religiosa en la educación.

No podemos dejar de señalar que el Gobierno nacional, preocupado por contener y desviar al movimiento que exigía en las calles “educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal para no morir”, habilitó este año el debate sobre la legalización del aborto. Legisladores de los bloques partidarios coincidieron en señalar la importancia de garantizar educación sexual. Los que hicieron campaña contra la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), justificaron su rechazo a la ley aduciendo que faltaba más educación sexual. Esta mentira se evidencia ahora con el debate sobre la modificación de la normativa sobre educación sexual en el Congreso Nacional, donde estos mismos sectores, luego de haber impuesto el rechazo a la IVE, ahora se niegan a garantizar por ley que sea obligatoria en todas las provincias y no tenga injerencia religiosa.

A la hora de analizar responsabilidades sobre la vulneración del derecho a la educación sexual no alcanza con reducirlas a un problema de desidia en la implementación, cuando en realidad se trata de las consecuencias del pacto del actual y del anterior Gobierno con el poder clerical, reflejado, por ejemplo, en la formulación del Artículo 5º del Programa de Educación Sexual Integral que estipula que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros” y del Artículo 8 de la Ley de Educación Sexual Integral de la Ciudad que estipula que “Los establecimientos educativos desarrollan los contenidos mínimos obligatorios en el marco de los valores de su ideario y/o de su Proyecto Educativo Institucional con la participación de las familias y la comunidad educativa”.

De este modo, el parlamento otorgó a la Iglesia Católica el derecho a transmitir en las escuelas confesionales, y en las públicas en las que logra influencia, una visión oscurantista y opresora de las sexualidades. Hoy nos encontramos con que la Iglesia en sus escuelas, a la que asiste un tercio del estudiantado porteño, sigue educando bajo la falsa idea de que los preservativos no son eficaces para evitar el contagio de HIV-SIDA, que la interrupción voluntaria del embarazo es un asesinato o que las sexualidades disidentes constituyen una enfermedad pecaminosa que atenta contra ’la familia’. Incluso, por medio de ONGs, llevan estas ideas retrógradas a los establecimientos educativos públicos como ocurrió con los talleres dictados por ’Protege tu corazón’ autorizados por el Gobierno porteño.

Para millones de seres humanos, la sexualidad, en el marco de la explotación y la alienación capitalista, se ve reducida exclusivamente a un ejercicio (casi rutinario y desprovisto de placer), de las funciones reproductivas entre personas de distinto sexo. Es la injerencia de la Iglesia la que trasmite la idea de que “la única sexualidad normal” es la heterosexual con el fin único de la procreación. Es por esta razón que, aunque la sexualidad humana en general se encuentra encorsetada bajo el patriarcado y la explotación capitalista, son las mujeres y las personas que no se sujetan a esta heteronorma, las que están sometidas a mayor represión, discriminación y opresión.

Para posibilitar el cumplimiento del derecho a la educación sexual desde una perspectiva de género es fundamental que participen docentes, estudiantes y familias en la elaboración de los contenidos pedagógicos sin injerencia religiosa, junto a las organizaciones de mujeres y de las diversas identidades de géneros, los centros de estudiantes y los sindicatos docentes.

Nuestro proyecto dispone una serie de medidas de emergencia para dar respuesta inmediata a la situación actual que condena a la discriminación y al oscurantismo a parte de nuestra juventud. Es una propuesta complementaria de otras que también presentamos en la Legislatura y en el Congreso, para terminar con todas las leyes de la dictadura que siguen garantizando el poder de las iglesias sobre nuestros derechos.

Legislatura porteña: la izquierda pide repudiar la detención de Grabois y otros militantes

18.9.2018

 

El proyecto de declaración fue presentado por el bloque de Myriam Bregman y Patricio del Corro. Ayer, varios referentes de la CTEP habían sido reprimidos y detenidos por la Policía de Rodríguez Larreta.

Este miércoles el PTS-Frente de Izquierda presentó un pedido de declaración para que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudie la represión y detención que sufrieron varios dirigentes sociales y trabajadores inmigrantes. Entre quienes fueron detenidos estaban Juan Grabois, Jaquelina Flores y Rafael Klejzer, integrantes de la CTEP.

Los hechos, que ya fueron informados por este medio, ocurrieron en la tarde/noche del martes, en la zona de Constitución. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires se llevó detenidos a tres dirigentes sociales que reclamaban la liberación de trabajadores senegaleses.

En el proyecto presentado por el bloque de Myriam Bregman y Patricio del Corro se pide que la legislatura de CABA repudie “la represión y detención de trabajadores inmigrantes de venta ambulante y dirigentes de la CTEP y MTE, ocurridas el martes 18 en el barrio de Constitución, mediante un operativo de la Policía de la Ciudad”.

Entre los fundamentos se señala que “durante el mismo martes ya se había conocido la noticia de la presentación por parte de Juan Grabois, de un recurso de habeas data, tras los dichos de la Ministra de Seguridad y máxima autoridad de las fuerzas represivas, Patricia Bullrich, quien lo había señalado como posible instigador de conflictos sociales, argumentando que ’se lo ve siempre en la calle’”.

En el texto de la declaración se indica además que “esta política es un intento de disciplinamiento a los sectores sociales más afectados por la crisis económica y los planes del FMI, que el gobierno Nacional y de la Ciudad quieren utilizar como un mensaje a los trabajadores y quienes enfrentan el saqueo en curso”.

Sociales UBA: decana acepta renuncia de funcionario tras denuncias por violencia machista y maltrato

18.9.2018

Por Sofía Achigar

Cristian Bay era el Secretario de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar y es dirigente de la agrupación UES/PJ. Contra él pesa una denuncia penal por violencia machista contra docentes de la facultad, y denuncias en la institución de maltrato laboral hacia las trabajadoras y trabajadores no docentes. La comunidad educativa venía exigiendo la destitución

En una sesión bochornosa del pleno del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, las autoridades aceptaron la renuncia que presentó Cristian Bay, ahora ex secretario de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar.

En el documento, de manera provocadora plantea que está a disposición para trabajar en otra área de la UBA. La decana Carolina Mera y las autoridades de la Facultad no han dado respuesta a ninguna exigencia expresada en asambleas y comisiones de base estudiantiles, asambleas no docentes y de docentes de AGD-UBA, donde se exigía la destitución del cargo del funcionario y la aplicación del protocolo contra la violencia de género en la UBA, sancionado en 2015 y reglamentado en 2016, al cual nunca se le ha asignado una partida presupuestaria para su ejecución.

Las trabajadoras y trabajadores no docentes exigen hace meses lo mismo ya que denunciaron maltratos contra los no docentes, así como asignaciones "a dedo" de cargos en la facultad. El último episodio fue la semana pasada cuando, para evitar la sesión del Consejo donde se iba a abordar el caso, una patota de la UES/PJ se atrincheró en la sala del Consejo para evitar que se discuta sobre el tema, lastimando a una trabajadora no docente de la facultad.

Frente a esto, la decana Carolina Mera solo ha evadido el reclamo, con maniobras para evitar que sesione el pleno del Consejo Directivo, llamando a cuartos intermedios para estirar la resolución. Ayer, el haber aceptado la renuncia de Bay dejó al descubierto el encubrimiento que venían realizando las autoridades a un miembro de la gestión actual. Asimismo se presentó y aceptó la renuncia del Subsecretario de Desarrollo Universitario, Inclusión y Desarrollo, Pedro Hip, militante de la UES, acusado por las y los trabajadores no docentes por violencia ejercida en su contra.

Desconocen al sindicato del Subte y lo acusan de “asociación ilícita”

17.9.2018

La fiscal Celsa Ramírez calificó de “asociación ilícita” a la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), desconociendo al sindicato e imputando a sus miembros. Ramírez fue la encargada de pedir la detención de Néstor Segovia y de otros quince Metrodelegados en el paro realizado a mediados de mayo. Desde AGTSyP expresaron su repudio y convocaron a una reunión. 

La fiscal Celsa Ramírez solicitó el cambio de carátula de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) al de una “asociación ilícita”. En su escrito, Ramírez sostiene que los Metrodelegados “pertenecen a una agrupación que tiene el propósito de llevar a cabo actividades como las que motivan está pesquisa, es decir, las conductas ilícitas previstas y reprimidas por el art. 194 del Código Penal”.

Con este tipo de acciones, la fiscal pretende desconocer al sindicato del subte e imputarlo como una asociación ilícita, criminalizando la protesta y negando el legítimo derecho a huelga de los afiliados. A través de su cuenta de Twitter, el Secretario adjunto de AGTSyP, Néstor Segovia, ha manifestado: “No nos sorprenden estás maniobras del Gobierno mandando a sus fiscales amigos”.

Voces cercanas al sindicato sostienen que Ramírez fue puesta a dedo por el Gobierno para realizar este tipo de acciones, a fines de perseguir al sindicalismo no alineado a Cambiemos. Y tiene lógica: la fiscal fue la responsable de la detención de 16 trabajadores por “atentado y resistencia a la autoridad”, en la huelga de mayo pasado. Además, Ramírez fue indagada por abuso de autoridad en el marco de una investigación en el ex PADELAI.

No es la primera vez que la justicia ataca a los Metrodelegados. En marzo, la Corte Suprema dictaminó que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) es el único sindicato que cuenta con la personería gremial de los trabajadores del subte. El artículo 210 por el que Celsa Ramírez Imputa a los Metrodelegados prevé penas de prisión de entre 3 a 10 años. Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Subte y Premetro rechazaron tales acusaciones y convocaron a una reunión para el próximo jueves por la mañana en Tacuarí y Bernardo de Irigoyen.

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