Comunicadores del Sur

27.9.2018

El Gobierno quiere desalojar la asamblea de Villa Urquiza

Por Nicolás Romero

Por medio de una ley de la dictadura, el gobierno nacional habilitó la venta de un terreno donde se realizan tareas comunitarias. Sostienen que no lo aprobó el Congreso. En el lugar quieren levantar tres torres.

La asamblea de vecinos autoconvocados de Villa Urquiza, que nació tras la debacle del 2001 y que funciona desde entonces en terrenos del ferrocarril Urquiza, sobre la avenida Triunvirato, entre Roosevelt y la vía, está en estado de alerta ante el inminente desalojo que llevará adelante el gobierno nacional para continuar con la privatización de tierras públicas para desarrollos inmobiliarios privados. Liliana Rodríguez, tallerista del espacio comunitario, explicó que el juicio para desalojar el lugar avanzó sin que la Asamblea fuera notificada, por lo que no tuvieron derecho a la defensa, y señaló que “a través de una ley de la dictadura, la Agencia de Administración de Bienes (AABE) permite que esos terrenos se pongan a la venta”. “Nos reclaman que nos vayamos para entregar esos terrenos para hacer tres torres”, apuntó la asambleísta y señaló que “hay un pedido de nulidad presentado, pero el desalojo puede caer en cualquier momento”.

El juicio de desalojo fue iniciado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para desocupar los terrenos aledaños a la estación Urquiza, donde además de la asamblea, en Triunvirato 4778, hay unas canchas de futbol y algunas viviendas precarias, que también serían desalojadas.

Rodríguez, psicóloga del hospital psiquiátrico Alvear, donde da un taller para externar pacientes en el marco del programa de Promoción Cultural de la Salud, que replica en el espacio barrial, contó que “desde hace una semana estamos día y noche defendiendo el lugar, con el apoyo del barrio. Nos están tratando como si fuéramos ocupantes, cuando somos una asamblea horizontal que no lucra sino que trabaja para la comunidad”. En este sentido, años atrás, un fallo de la Cámara Federal consideró que no es delito tomar posesión de un inmueble abandonado del Estado, como lo era el local donde funcionaba la pizzería La Ideal que los vecinos recuperaron para armar la asamblea, si sólo se persigue un interés comunitario.

“En la asamblea funciona todos los días, de 18 a 21, el bachillerato popular Berta Cáceres, que da títulos oficiales. Mantenemos una consejería pre y post aborto, que es emblemática en la lucha por la ley del aborto. Hay talleres de electricidad, de tango, de cuentos, biblioteca al paso e infinidad de actividades de integración”. “Hay una gratiferia, se entrega ropa gratis y desde hace un mes se mantiene una olla popular. Las personas en situación de calle saben que acá tienen un lugar de contención: pueden tomar una sopa caliente, un té y estar el tiempo que necesiten”, explicó la tallerista.

Para preservar ese espacio, los asambleístas convocaron a la comunidad y organizaciones sociales a sumarse a la resistencia con las consignas: No a la venta de tierras públicas, Basta de negocios inmobiliarios, No al desalojo de viviendas y de la asamblea, y sí a las ollas populares. El abogado especializado en Derecho Ambiental y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, explicó a este diario que “al asumir (Mauricio) Macri como presidente, emitió decretos que autorizaron la venta de cientos de inmuebles del Estado a través de AABE. El año pasado, la Legislatura aprobó la venta de los terrenos de Villa Urquiza, que rezonificó para permitir proyectos inmobiliarios (el 65 % para espacio público y el 35 para desarrollo privado), en un convenio entre Ciudad y Nación. De la venta, que ya tiene fecha de subasta para noviembre, Nación se queda con el valor del suelo anterior al cambio de zonificación, y Ciudad, con la plusvalía”. Sin embargo, el letrado remarcó que “es ilegal autorizar la venta de tierras que son del Estado nacional sin pasar por el Congreso”, y remarcó que no se está garantizando “la protección de los derechos culturales de la ciudadanía. El Estado, que reconoció a la Asamblea, tiene que avanzar y no retroceder”.

27.9.2018

Por Mariana DM

Hace más de dos días, el colegio secundario Normal N°4 del barrio del barrio de Caballito se encuentra tomado por lxs estudiantes que reclaman por mejoras edilicias, contra la creación de la UNICABA y a la vez rechazan la implementación de la “escuela del futuro”. Reunidos en asambleas lxs alumnxs decidieron esta medida de fuerza y esperan respuestas del Gobierno.

Hoy el Colegio Normal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra tomado para decir basta de recortes y de imponer proyectos que no hacen más que deteriorar la educación pública en nuestro país. “Lo decidimos tomar porque estamos en contra de las medidas que quiere tomar este gobierno, como la UNICABA y la escuela del futuro. Estamos tomando por reformas edilicias, porque últimamente las viandas están llegando horribles. Para acompañar la lucha de los terciarios. Para hacernos ver contra todas estas medidas que está tomando el gobierno”, explicaba Martín, referente del Centro de Estudiantes a Revista Resistencias.

La decisión de tomar el colegio se había consensuado en asambleas con lxs delegadxs de los cursos y el centro de estudiantes dos semanas atrás, pero debido a las presiones por parte de las autoridades tanto del colegio como del gobierno de la ciudad, la medida se retrasó hasta ahora. “Lo decidimos porque necesitábamos tomar rápidamente por todas las medidas que está tomando el gobierno contra nosotrxs y contra el pueblo argentino” nos comenta Martín. A la vez, hizo referencia a que tuvieron problemas con autoridades del colegio, supervisores y el gobierno de la ciudad que intentaron imponer el protocolo anti-toma. Lxs estudiantes trataron de llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles con lxs directivxs.

Una TOMA en medio de una situación de emergencia educativa

Durante los últimos meses se vivió en la Argentina un fuerte clima de lucha y resistencia a las medidas de corte neoliberal del gobierno que ponen en riesgo a la educación. Tomas, asambleas, movilizaciones fueron algunas de las medidas elegidas por docentes y  estudiantxs para dar batalla al feroz ajuste en educación y en ciencia y técnica que vienen llevando a cabo el gobierno de Macri.

En el mismo establecimiento donde funciona el Normal 4, dicta sus clases uno de los 29 terciarios de formación docente que el gobierno de Larreta pretende cerrar paulatinamente con la creación de la universidad de formación docente (UNICABA). Este proyecto se votará en octubre junto con el presupuesto que se destinará a educación. A la vez, el nuevo programa de estudio “la secundaria del futuro”, que pretende enviar a lxs estudiantes en su 5to año a trabajar sin remuneración a distintas empresas, funciona ya en 19 colegios y continúa extendiéndose para el año que viene a 25 escuelas más. Dicha reforma se conoce a nivel nacional como “Secundaria 2030” y ya se está avanzando en su aplicación.

Luego de la muerte evitable de Sandra y Rubén, tras la explosión de la Escuela Nº 49 de Moreno, cientos de escuelas permanecen cerradas, principalmente en ese distrito pero también en otros lugares de la Provincia de Buenos Aires. Dicha catástrofe puso en evidencia las condiciones peligrosas en las que se están dictando clases en muchas escuelas de la provincia. El incendio en la Escuela Primaria Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires trajo esta preocupación a lxs estudiantes y trabajadores de la educación porteñxs.

En este contexto, lejos de mantenerse pasivxs, lxs estudiantes salen a luchar y desde el Normal 4 proponen sumar más Centros de Estudiantes a la medida y continuar la lucha para hacerle frente al gobierno de Macri y defender la educación pública.

25.9.2018

La Asamblea de vecinxs autoconvocaxs de Villa Urquiza se encuentra bajo peligro inminente de que el desalojo se efectivice.

El pasado lunes 17 de septiembre recibimos la noticia de que el Estado nos inició un juicio sin notificarnos, negándonos la posibilidad de defendernos. Lo que continúa, es que un oficial de justicia, acompañado de las fuerzas públicas, se acerquen al espacio para pedirnos que nosretiremos del mismo y negarnos la entrada para siempre. 

Esto es una avanzada violenta, neoliberal y fascista que significa la pérdida de un espacio invaluable de construcción horizontal y autogestiva que hace 16 años existe y resiste. En su lugar se quieren construir tres (3) mega torres que beneficiarán a unxs pocxs, arrasando con toda la manzana, la cual contiene viviendas, comercios, canchas de fútbol y el paso publico a la estación del tren.

Nos encontramos en asamblea permanente la cual sostenemos todos los días a las 21hs. Convocamos de forma urgente a todxs lxs compañexs, espacios y organizaciones afines a sumarse a la resistencia para impedir el arrebato de este espacio que es nuestrx y de todas las personas que se autoconvoquen al mismo.

NO A LA VENTA DE TIERRAS PUBLICAS

BASTA DE NEGOCIADOS INMOBILIARIOS

NO AL DESALOJO DE VIVIENDAS

NO AL DESALOJO DE LA ASAMBLEA DE VILLA URQUIZA

SI A LAS OLLAS POPULARES

SI A LAS ASAMBLEAS

MACRI, LARRETA, ADIF-SE, AABE ¡NO PASARAN!

24.9.2018

La Garganta Poderosa

En un fallo histórico, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 dictó esta tarde las condenas de entre 8 y 10 años y seis meses para los seis prefectos torturadores de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva, a tres días de cumplirse dos años de las torturas sufridas por los vecinos de la Villa 21-24 que entonces tenían 18 y 15 años respectivamente.

Luego de cuatro meses, el juicio que había iniciado el 11 de mayo tuvo su final con un fallo ejemplificador en el que los prefectos recibieron penas por torturas: Leandro Antúnez, Osvaldo Ertel y Orlando Benítez recibieron 10 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; Ramón Falcón, Eduardo Sandoval y Yamil Marsilli, 8 años y 11 meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

La abogada de la querella por La Poderosa, Gabriela Carpineti, habló en la puerta de Tribunales tras la sentencia: “Ratificamos que la única lucha que se pierde es que la que se abandona y que el único hecho que queda impune es el que no se denuncia. Siempre confiamos en la Poderosa, en Iván, en Ezequiel y en la verdad de sus dichos y de los hechos, que los prefectos hoy ratificaron con sus últimas palabras. También ratificamos la responsabilidad penal de Patricia Bullrich y del Ministerio de Seguridad. A partir de este fallo, desde que Iván y Ezequiel lograron ponerles nombre a las cosas, los abusos no se van a llamar más correctivos o apremios ilegales: ¡Se van a llamar tortura! Hoy nos permitimos festejar entre tanta injusticia, cuando tenemos tantas en contra y tan pocas a favor, festejamos esta victoria contra la impunidad. Este también es el fallo por Kevin Benega, por Kiki Lezcano, por Luciano Arruga, por Lucas Cabello, por Nehuén Rodríguez y tantos más”.

Iván Navarro, víctima de las torturas, se mostró satisfecho por las condenas: “Con la condena a los seis prefectos me siento mucho más tranquilo, porque hoy empieza a borrarse un nudo en la panza que llevo desde hace dos años. Ojalá que este fallo influya en el barrio para que las Fuerzas de Seguridad se den cuenta de que a los pibes de las villas sí nos reclaman. Y que no tienen que pisotearnos, Nunca Más".

La Madre de Plaza de Mayo Norita Cortiñas también expresó su felicidad por el dictamen: “¡Se hizo justicia! Ahora hay que seguir luchando y denunciando lo que hace la Policía, pero este fallo debe ser un punto de inflexión para el pueblo. La sentencia debe marcar un precedente para que no siga este sistema de tortura y persecución a los jóvenes y a los movimientos populares de las villas. Dimos un paso adelante”.

Para cerrar, quien tomó la palabra en las calles de Tribunales fue el referente de La Poderosa, Nacho Levy: “Creo que hoy, más allá de las diferencias y los matices que tengamos en el campo popular, dentro de la política partidaria, entre nosotros no existe ninguna diferencia más grande que la que todos juntos tenemos con este gobierno fascista, racista, mata pibes, torturador y entreguista. Y concluyó: “La villa no necesita balas, no necesita Policía, la villa necesita maestras, le faltan maestros, y le falta Télam, pero hoy, Iván y Ezequiel, demostraron una vez más, que aunque corten todas las flores, no podrán evitar la llegada de la primavera”.

22.9.2018

Lxs trabajadorxs sociales agremiadxs en la APSS (Asociación de Profesionales de Servicio Social del GCBA) venimos denunciando desde diciembre pasado las intenciones de Cambiemos en la CABA de avanzar con una reforma regresiva de nuestra carrera profesional. Finalmente esto sucedió el 7 de septiembre cuando ingresó vía Ejecutivo el anteproyecto de Reforma de la Carrera Profesional de Salud de CABA para ser tratado en la Legislatura porteña.

Coherentemente con la coyuntura de ajuste y reformas regresivas que se vienen dando en otros sectores del trabajo, el ante-proyecto de reforma ataca puntos nodales de nuestras condiciones de trabajo. Entre los principales cambios, se incluyen modificaciones regresivas para el ingreso a la carrera, la exclusión de profesiones que son parte de los equipos de salud, la inclusión de evaluaciones periódicas excluyentes, el aumento de la duración de la jornada laboral y modificaciones en las licencias.

A la vez, en una nueva embestida a los gremios –y en especial a los más pequeños-, el anteproyecto de reforma de carrera legaliza el ataque a la vida gremial, otorgando compulsivamente licencias sin goce de sueldo a lxs dirigentes de asociaciones gremiales.

Como es de público conocimiento, cuando la actual conducción de nuestro gremio asumió en agosto del año pasado, el gobierno de Rodríguez Larreta intentó licenciar sin goce de haberes a más de la mitad de nuestra nueva Comisión Directiva; hecho que logramos revertir luego de desplegar un proceso de lucha que duró hasta octubre. En este sentido, hemos iniciado reuniones con diversos representantes del arco opositor, a fin de redoblar esfuerzos para frenar el avance del proyecto en las Comisiones de Salud y Trabajo de la Legislatura porteña.

A la par, y profundizando el camino de seguir achicando la salud pública, en el día de la fecha se publicó en el boletín oficial el decreto 297/18 a través del cual el GCBA confirma nuevos avances al respecto del “Polo Hospitalario Sur”, el proyecto para desmantelar la salud pública en CABA y reducir cinco hospitales (Udaondo, M. Ferrer, Marie Curie, IREP y Muñiz) a uno en el predio donde actualmente se encuentra el Hospital Muñiz.

Al respecto lxs trabajadorxs de los 5 hospitales implicados vienen realizando diferentes acciones rechazando dicho proyecto por la implicancia de dicho desguace.

De la misma manera que desde hace meses nuestra Asociación viene denunciado tanto la reforma a la carrera como el “proyecto hospitalario sur” en todas las instancias de la vida del sindicato, nuestro gremio se encuentra en estado de alerta y realizará todas las acciones que democráticamente discuta y considere pertinentes para frenar este nuevo ataque a los trabajadorxs profesionales de los hospitales y centros de salud porteños.

Acerca de la APSS

La APSS es el sindicato que nuclea a las trabajadoras sociales que se desempeñan en los efectores públicos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayoritariamente en los servicios sociales hospitalarios, los equipos de salud mental de las guardias de urgencias y los centros de salud y acción comunitaria (CESAC).