Comunicadores del Sur

13.10.2018

Por Rosa D’Alesio y Augusto Dorado

El deporte olímpico está siendo noticia en los medios argentinos: observamos una fiesta deportiva juvenil. Pero está casi ausente un lado turbio: desmenuzamos la olimpíada del derroche en la que los campeones son empresarios ligados al macrismo. Patricio del Corro, legislador porteño por el PTS-FIT, se refirió a los negociados inmobiliarios del larretismo.

 

Hace una semana arrancaron los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollarán hasta el 18 de octubre. Hasta ese día, la capital argentina será el escenario desde el que el mundo habrá visto desfilar a unos 4.000 atletas de 206 países que ya comenzaron a competir en 32 disciplinas.

La primera semana de competencia dejó marcas deportivas, medallas y pinceladas emotivas de los jóvenes talentos de hoy, probables estrellas del mañana. Desde las lágrimas de Delfina Pignatiello y la dedicatoria de su medalla en natación a su abuela recientemente fallecida (la foto que recorrió los diarios del país), pasando por ejemplares actitudes deportivas -como la del chino Chuquin Wang en Tenis de mesa que le regaló un punto a su oponente japonés Harimoto, para no humillarlo con una derrota aplastante- hasta llegar a los emotivos logros que llevaron al podio a jóvenes atletas de Argentina: Pignatiello también conquistó plata en nado 400 mts. libre, las preseas doradas de María Sol Ordas en remo, Iñaki Iriartes y Agustina Roth en BMX, Nazareno Sasia en lanzamiento de bala y rompiendo dos veces el record sudamericano, entre varios otros. Esto último habida cuenta de que en Buenos Aires 2018, no hay medallero oficial porque los organizadores consideran que “el énfasis está puesto en celebrar por igual el esfuerzo de todos los atletas”.

Hasta aquí, la verdadera fiesta. Pero el espíritu deportivo se desvanece pronto si escuchamos las palabras de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), al visitar México unos días antes de recalar en Buenos Aires: por el 50º aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68, describió a aquel evento como “los Juegos de la paz”, como relata en el diario La Nación el periodista Ezequiel Fernández Moores. "México 68 se desarrolló para dejar una imagen pulcra cuando la sangre de los estudiantes masacrados en Tlatelolco por el Estado todavía estaba fresca. Los Juegos Olímpicos también tienen la finalidad de barnizar de valores nobles a funcionaros ’flojos de papeles’": en Buenos Aires encontramos bastante de esto.

Los Juegos se desarrollan sobre una base de explotación laboral, negociados millonarios y estafa inmobiliaria. De aquí en adelante, el lado oscuro de Buenos Aires 2018.

 

Desfalco olímpico: salto con derroche y censura

 

“Este tipo de mega eventos deportivos, que suelen hacerse en países dependientes, son utilizados como forma de transferencia de recursos del Estado a los sponsors y a las constructoras”, señala Patricio del Corro, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del bloque del Frente de Izquierda (PTS). “Esto pasó en Río 2016, antes en los juegos de Grecia (con lo que se profundizó la crisis) o en Sudáfrica con el Mundial 2010. La inversión la hace el Estado y las ganancias se las llevan los auspiciantes y las constructoras”, sostiene.

¿Cuál es el panorama de este Buenos Aires 2018? Por empezar: según cifras oficiales, el costo de la Villa Olímpica asciende a U$S 250 millones, cifra a la cual se suman otros U$S 100 millones del Parque Olímpico, donde se montaron parte de las instalaciones para las competencias. Cuando en 2013 el Gobierno de la Ciudad presentó la candidatura de Buenos Aires para ser sede de estos Juegos Olímpicos 2018, exhibió un plan que implicaba un presupuesto de U$S 231 millones, estimando que la divisa cotizaría a $4,50 en 2018 (¡!). Según ese cálculo las obras tendrían un costo de 1.040 millones de pesos. Siempre según ese plan, U$S 126,4 millones serían destinados para la construcción de la Villa Olímpica y mejoras urbanas y otros U$S 104,69 millones para gastos deportivos.

No sólo el dólar ascendió hasta escalar los $ 40, por lo cual el monto inicial calculado en moneda local trepo a más de $8.000 millones, sino que además se “gastaron” 100 millones más de lo estimado en moneda estadounidense. Según una investigación del periodista especializado en olimpismo Ernesto Rodríguez, estos cálculos podrían duplicarse.

#YOG2018! Tras 7 días de pelear contra la burocracia, el apoyo de colegas y amigos (¡¡gracias totales!!) me ayudó a que finalmente me hicieran el upgrade de credencial que me permitirá trabajar sin más trabas en Juegos Olímpicos de la Juventud @BuenosAires2018#SinCensurapic.twitter.com/txvbODsne2

— Ernesto Rodríguez (@EPHECTO) 10 de octubre de 2018

Rodríguez, además de ser periodista de medios como el diario Olé, viene compilando en su sitio web Ephecto Sport un cuadro completísimo sobre los negociados y el derroche derivados de la organización de estos juegos por parte de los gobiernos Macri-Larreta. Otra de las notas de esta primera semana la dio la vergonzosa limitación de la acreditación que los organizadores le entregaron, a modo de castigo velado y con intenciones de cierto grado de censura. Importantes periodistas deportivos como Ángela Lerena (TNT Sports), Alejandro Wall (Tiempo Argentino) o Ezequiel Fernández Moores (La Nación), entre varios otros, lanzaron una campaña espontánea en las redes sociales que tuvo como resultado la acreditación plena de Ernesto Rodríguez, con acceso a todos los avatares del evento, como corresponde a cualquier periodista. Un primer triunfo que merece medalla simbólica.

 

Fiesta para empresarios amigos: lejos del espíritu olímpico, cerca de los negociados de la obra pública

 

A los “errores” de cálculo detallados debería sumarse que fueron adjudicados con la “llave” de la Ciudad los amigos de Macri y Larreta. Las más de veinte licitaciones impulsadas por el Gobierno de la Ciudad para la construcción de la Villa Olímpica y los distintos complejos deportivos fueron concedidas “casualmente” a empresarios amigos. Si hay un lugar en el que no hubo competencia, fue en el de la obra pública: hubo premio para todos, se repartieron el oro.

Al menos seis empresas aportantes de la campaña de Cambiemos “ganaron” licitaciones para las obras destinadas a los juegos olímpicos. Entre las más destacadas -que enumera al detalle el periodista Ernesto Rodríguez- pasaremos a resaltar las que marcaron “récord olímpico” de beneficios.

Empecemos por CRIBA, la empresa que más desarrollo de obras tiene en la ciudad de Buenos Aires. Se alzó con cuatro licitaciones por $750.706.226. Al frente de esta empresa están los hermanos Alberto y Eduardo Tarasido, quienes aportaron $830.000 a la campaña por la jefatura de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta del 2015. Entre los “deportes” que practica CRIBA está el trabajo precario: construyó el edificio más alto de Argentina, en la zona de Puerto Madero, con apenas registrados el 15 por ciento del personal, el 40 por ciento del cual percibía parte de sus salarios en negro. CRIBA construyó además el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Parque Patricios, remodeló la estación del ferrocarril Mitre en Retiro.

Sobre la construcción de la Villa Olímpica en Villa Soldati, se le adjudicó la construcción de los pabellones A3 y A4, dos estadios multideportes que el Gobierno presupuestó en $160.853.907. Sin embargo, los empresarios macristas se llevaron el pliego por $168.646.365 (un incremento de casi 5%) pese a ser una de las ofertas más caras.

La empresa Conorvial se quedó con una de las obras por $ 349 millones, un 19% más de lo presupuestado originalmente. El vicepresidente de la compañía, Ricardo López Casanegra, entregó $ 200 mil a la campaña de Cambiemos.

A la empresa Bricons no le fue nada mal. Le fue adjudicada la construcción de tres torres de la Villa Olímpica, con 129 departamentos cada una. Recibió para la obra $ 179 millones, 7% más de lo establecido en el plan inicial. La licitación la ganó en junio de 2015 y luego en la campaña presidencial, el titular de la firma, Miguel Ángel Raspagliesi, quien aportó un millón de pesos a Cambiemos. Un tipo agradecido.

Niro Construccionesse hizo cargo de levantar el Pabellón C del Parque Olímpico a cambio de$508 millones, cuatro millones más de lo pautado inicialmente. El titular de la firma, Lucio Niro, aportó medio millón en las elecciones de 2015 para Cambiemos. Plata no le faltaba.

Las viviendas de la Villa Olímpica se dividieron en diez licitaciones. Una denominada “Viviendas II” la obtuvo una Unidad Transitoria de Empresas (UTE) entre Emaco y Lanusse SA por $ 148,8 millones. La familia Lanusse donó 63 mil pesos para la campaña de 2015. Ningún gran aporte pero tal vez la amistad se haya erigido por ser un apellido caro a los sentimientos de sectores cambiemitas. Emaco tiene como directores a Federico León Bensadón y Alberto Luis Gutiérrez, que además son parte del grupo societario Telemetrix SA, que concesiona el complejo de Costa Salguero que el PRO utiliza como búnker electoral. Allí ocurrió la tragedia del boliche Time Warp. Los lazos amistosos no terminan acá: el directorio de Telemetrix lo integra Fernando Adolfo Polledo Olivera, esposo de la actual diputada del PRO, Carmen Polledo (ex vicepresidenta de la Legislatura porteña).

Dycasa, empresa que fue accionista junto con SIDECO Americana, firma del Grupo Macri, en Autopistas del Sol. Ganó dos contratos para construir seis torres de la Villa Olímpica, por un total de $ 329 millones, en 2015, cuando Macri era jefe de gobierno. Viejos conocidos.

Bonus track: Nicolás Caputo a cargo de la empresa SES SA, ganó un contrato de electrificación de la Villa Olímpica por $ 41 millones. Ser amigo del presidente tiene estos beneficios (y varios otros).

Como parte de la infraestructura, otro rubro importante es el de las telecomunicaciones. Para todo el evento se montó una red de fibra óptica de más de 70 kilómetros, se instalaron 120 pantallas grandes, puntos de acceso WiFi, más de 300 televisores. Una inversión de más de $ 500 millones. La licitación la obtuvo Telecom, empresa en la que participa la familia Werthein. Si hay alguien con suerte es Gerardo Werthein: es presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y justo su familia se adjudica semejante negocio. ¡Qué casualidad! Hoy Telecom está asociada a Cablevisión del Grupo Clarín.

 

Viviendas sociales: una mentira olímpica

 

En la Villa Olímpica se realizaron 1.050 viviendas que en estos días están ocupando los jóvenes atletas. Cuando concluya el evento serán entregadas como viviendas particulares, que el Gobierno de la Ciudad prometió asignar a partir de créditos blandos con “prioridad para vecinos de la zona, maestros y policías”. Pero los vecinos de la Comuna 8 difícilmente podrán acceder con la facilidad que prometió el gobierno de Larreta: cada departamento supera en más del 50% el valor de mercado por metro cuadrado. Según las normativas un 1/3 de las viviendas serían destinadas para habitantes de villas reubicados, 1/3 para inscriptos en la Ley 341 y 1/3 para los Créditos de Primera Casa, privilegiando a los habitantes de la Comuna 8.

Cuando finalmente se sancionó la normativa, en noviembre de 2016, estas promesas fueron solo eso. Había desaparecido el tercio reservado a los relocados; y si bien se reconocía una prioridad a los vecinos de la Comuna 8 (reservando un 50 % para estos), solo podrán acceder los sectores acomodados de la clase media.

Pero puestos estos datos en contexto el panorama se agrava: la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo), es la más relegada de la ciudad, con casi 200.000 habitantes con ingresos muy bajos. “El 45,3% de sus hogares asalariados no cuentan con un ingreso que les permita acceder a la Canasta Total de Consumo (casi la mitad de su población) y el ingreso medio comunal es un 34,5% inferior a la media de la ciudad. Para ponerlo en cifras: si el ingreso promedio en CABA es de $ 13.916, en la zona Sur se gana menos de la mitad ($ 6096)”, explica Ernesto Rodríguez.

De los requisitos para acceder a un crédito supuestamente “blando” para acceder a estas viviendas: hay que contar con ingresos por una suma equivalente a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM) al momento de la inscripción, o sea, unos $ 30.000.Además, estar bancarizado, algo que difícilmente pueda cumplirla mayoría de los habitantes de la zona. Blando como turrón de Alicante.

Otro truco para aparentar “crédito blando”: si bien los departamentos tendrán un subsidio del 14% del valor de la propiedad, los departamentos cotizan inicialmente entre $ 1.400.000 (un ambiente), pasando por $ 1.900.000 (dos ambientes) y $ 2.700.000 (tres ambientes). Estos valores ponen el precio del metro cuadrado en un promedio de u$s 1.900 (u$s 1.634 si se tiene en cuenta el subsidio del Estado).Un precio 50 % más caro que el valor de mercado para esa zona.

Pese a este sobreprecio, los departamentos no cuentan con gas natural: por lo que cocinas, calefacción y termotanques son eléctricos, con lo que los nuevos propietarios o deberían encarar costos adicionales para instalar el gas o deberán conformarse con depender del suministro de electricidad en el marco de un crisis energética donde en la Ciudad de Buenos Aires dependerá de la gestión de Rodríguez Larreta según el aumento en cantidad y duración de los cortes de luz.

“Toda esta inversión en infraestructura y en pos del supuesto espíritu olímpico choca con la realidad con la situación de los clubes de barrio, que son los lugares más accesibles para la práctica del deporte.Muchos están cerrando, están ahogados económicamente por las tarifas, la gente no puede pagar las cuotas. Lo mismo pasa con los polideportivos o con profesorados de Educación Física como el Eclestone donde ni siquiera cuentan con una pileta propia. Para unos Juegos Olímpicos se gastan millones pero para el deporte amateur o al que tienen más acceso los pibes para desarrollarse cada vez hay menos plata”, concluye el legislador Patricio Del Corro.

Trabajo “olímpico”: ni por “el pancho y la Coca”.

Finalmente, otro aspecto oscuro de la fiesta olímpica es el de los trabajadores y trabajadoras que sostienen cada instancia del evento. La mayoría está encuadrada bajo la modalidad de voluntariado: directamente trabajo gratuito. Los pocos remunerados están sometidos a un derrotero de obstáculos.

A poco de la gran inauguración, un Colectivo de trabajadoras y trabajadores organizados en los gremios ATE, UTE y ADEF emitieron un comunicado para dar cuenta de la precarización que sufren desde hace años en la Subsecretaría de Deportes, a cargo del ex tenista Luis Lobo y bajo la órbita inmediata del Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli.

“(…) la política deportiva de la Ciudad se sostiene con trabajo precario. (…) conocemos la cosa desde adentro. Porque somxs trabajadorxs de esta dependencia gubernamental”, denuncian. Se trata de alrededor de 500 trabajadores. “Algunxs nos encontramos categorizadxs como administrativxs, otrxs tenemos un contrato precario que se renueva año a año con un salario que hoy día apenas roza los $100 por hora de trabajo (…). Esto nos obliga a sobrecargarnos de actividades o en muchos casos a tener que dejar el trabajo que tanto nos gusta porque la situación se nos hace insostenible”, explican.

Apuntando directamente a Lobo y Santilli, los sindicatos indagan: “¿Dicen que no hay plata para destinar al Deporte? El circo que rodeará los JJOO no dejará lugar a dudas de que esa falta de presupuesto es una decisión política”.

Pero la gran mayoría aporta gratuitamente su esfuerzo y conocimiento (por ejemplo para oficiar de traductores o intérpretes, incluyendo idiomas complejos como ruso o coreano). Ni por “el pancho y la Coca”, 8.000 voluntarios son la fuerza de trabajo sobre la que descansa esta “fiesta”.

El colmo estuvo en la convocatoria a voluntarios para la cobertura mediática, algo inédito en eventos olímpicos que siempre hacen uso de mano de obra gratuita para diversas tareas.La convocatoria motivó la reacción del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA), que repudiaron conjuntamente la “conformación de un cuerpo de “reporteros” voluntarios para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 que, según los términos de la comunicación, excede los alcances habituales del voluntariado olímpico. (…) La convocatoria, pretende reclutar a jóvenes con aptitudes para realizar contenidos una tarea que, necesariamente, debe ser remunerada”, denuncian en un comunicado de febrero de este año. “El espíritu olímpico no puede ser la excusa para promover el trabajo gratuito”, sentencian.

Queda casi una semana más de gloria deportiva, actitudes nobles entre atletas, récords y medallas. También quedará un tendal de consecuencias negativas: el lado oscuro de la fiesta, de alguna manera alguien tendrá que pagarlo y ya sabemos que los que bailan no suelen ser los que levantan la basura.

12.10.2018

Por Sofía González, Gustavo Sosa y Nicolás Marsico

La Legislatura porteña aprobó el proyecto de la urbanización del Barrio padre Carlos Mugica con 40 votos afirmativos y 12 negativos. El proyecto para el nuevo negocio inmobiliario del PRO, que envió Horacio Rodríguez Larreta, además de los votos del oficialismo, contó con el apoyo del bloque de Roy Cortina y de cuatro diputados porteños del PJ (Silvia Gottero, Claudio Heredia, María Rosa Muiños y Santiago Roberto).

 

Tras la sanción, los vecinos y vecinas de la villa 31 fueron contundentes: “Esto recién empieza. Falta la audiencia pública y después el proyecto tiene que volver al recinto. Aún no es ley este proyecto inmobiliario.”

A diferencia del 3 de diciembre del 2009, cuando por unanimidad se había logrado la aprobación de la Ley 3343 y que había desembocado en llantos de felicidad, hoy la foto es bien distinta. Los llantos son de bronca, y se dan fuerza entre todos para arrancar mañana mismo a sumar vecinos para la audiencia Pública.

Desde la oposición, el legislador Mariano Recalde sostuvo: “No podemos acompañar este proyecto, es una iniciativa que no garantiza la radicación definitiva y que aparte deja las puertas abiertas a la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios”.

Los bloques PTS y Frente de Izquierda, votaron en contra. Mientras que Evolución tampoco acompañó, absteniéndose.

Se vivió un picante cruce entre el legislador Roy Cortina, y la legisladora Paula Penacca. El socialista fundamentó su voto a favor del proyecto de Larreta, justificando que cambiar la composición poblacional de un barrio, no podía denominarse “gentrificación”, sino que se trataba de una simple “rotación” de vecinos.

Mientras tanto, la oposición fue tajante y sostuvo que se trata de una gentrificación lisa y llana, ya que cuando los actuales habitantes de la villa no puedan pagar la cuota de la hipoteca, que prevé el proyecto 2736, serán suplantados por los futuros compradores de viviendas en el marco de proyectos inmobiliarios millonarios.

Por otra parte y para sorpresa de propios y extraños, el Bloque Peronista también se sumó a la iniciativa de Larreta. “El legislador Santiago Roberto públicamente había dicho y a nosotros personalmente, que iba a votar en contra y hoy votó junto al macrismo. Dice que lo hizo porque se habían incorporado cambios. Bueno, ninguno de esos cambios nos garantiza quedarnos viviendo en nuestro barrio”, sostuvo Graciela, de la Mesa de Urbanización participativa y rotativa de la Villa 31.

“Llegamos al día de la votación sin respuesta de la Jueza Liberatori, estamos esperando que se expida sobre el amparo que presentamos. Desde la semana pasada que tendríamos que tener la respuesta, pero pidió una prórroga de cinco días hábiles para contestar el traslado”, recalcó el dirigente de la mesa de urbanización, Héctor Guanco.

En una legislatura vallada y repleta de fuerzas policiales, lejos de festejar, los vecinos siguen pidiendo participación y se preparan para la audiencia pública y la segunda lectura en el recinto de la Legislatura porteña.

11.10.2018

Se cerraron las listas para elecciones en el Instituto Alicia M. de Justo con un frente de unidad entre agrupaciones de izquierda y estudiantes independientes.

Del 23 al 26 de octubre serán las elecciones para centro de estudiantes y consejo directivo en el instituto de formación docente Alicia Moreau de Justo (AMJ). Estas elecciones se dan en un marco político atravesado por el ajuste del gobierno de Macri que intenta cerrar los 29 profesorados públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la creación de la UniCABA.

Desde noviembre del año pasado, este proyecto viene generando el rechazo del movimiento estudiantil que no quiere una educación a medida del gobierno neoliberal de Cambiemos.

Para enfrentar este ataque, a propuesta de la 9 de abril surge en el AMJ una lista del Frente de Izquierda junto a estudiantes independientes. Integrada por la corriente 9 de abril – PTS, Pan y Rosas, UJS – PO, más todes les estudiantes que vienen siendo protagonistas del movimiento estudiantil, que se plantaron contra quienes quieren decidir a nuestras espaldas qué educación vamos a tener; quienes rechazan el tarifazo, que le dicen fuera al FMI, y fueron parte de la marea verde que tomó las calles para luchar por el derecho el aborto.

Hoy en día las conducciones de los centros de estudiantes de muchos de los profesorados están en manos de agrupaciones peronistas y kirchneristas, que deciden en mesa chica y a espaldas de los estudiantes.

Las mismas que plantean medidas tibias contra los responsables directos de la crisis que atraviesa el país que son el gobierno de Cambiemos, con la complicidad de los gobernadores del PJ y el kirchnerismo, y las burocracias sindicales. Burocracias que traicionan la lucha de les docentes y estudiantes, como CONADU que entregó la paritaria docente de las universidades con toda la gente en la calle dispuesta a luchar; representado en los profesorados con agrupaciones como La Mella que boicotean medidas contundentes como fue la toma en el JVG; o las reiteradas agendas de la CET con pequeñas actividades que desgastan al movimiento, haciéndonos marchar por calles laberínticas donde no nos ve nadie.

La 9 de abril plantea un método y un programa que, al igual que en el Joaquín V. González, fue votado en plenarios abiertos por las agrupaciones y los estudiantes independientes.

Con este programa se propone refundar los centros de estudiantes, para que sean una herramienta democrática y combativa para les estudiantes, donde las asambleas sean el espacio de decisión máxima, y se maneje con delegados y mandatos por cursos, para darle una pelea real al gobierno que nos quiere imponer la UniCABA, pero además para pelear por mejoras de fondo para la educación pública en unidad con los trabajadores y demás sectores que hoy luchan en contra de la crisis económica en curso.

Lo novedoso de los métodos planteados es el funcionamiento por revocabilidad de los cargos, tanto de los compañeros independientes como de las organizaciones políticas. Los mismos serán revocables en asamblea en caso de traicionar o ir contra al programa votado que da unidad a la lista conformada.

Se necesita organizar un centro de estudiantes a la medida de la situación. Que luche por la educación pública en contra de un ajuste que se agudiza con cada medida del Macrismo, en el marco de un panorama político con una falsa oposición.

A continuación, los 7 puntos programáticos votados por los estudiantes como centrales para la identidad de la lista:

1. Para derrotar la UniCaba. Por un centro independiente de las autoridades, de los partidos patronales, de los gobiernos capitalistas, del Estado y la Iglesia. Unidad con les trabajadores.

2. No al ajuste del macrismo y los gobernadores del PJ/Kirchnerismo. No al pago de la deuda, Fuera el FMI! Plata para educación.

3. Por un centro democrático, abierto, independiente, horizontal y participativo desde las bases! Que las asambleas sean los espacios de decisión máximas. Cuerpo de delegados revocables y mandatos por cursos que se refrendan en asamblea para lograr la mayor participación y masividad entre el estudiantado. Por la refundación del CEA y de las secretarías, con instancias plenarias abiertas para darle continuidad a las discusiones entre las bases y el centro. Qué se creen espacios de pertenencia abiertos que sean un nexo entre lo artístico, social y político.

4. Derecho al aborto legal seguro y gratuito. Implementación ya de la ESI. Separación de la Iglesia y el Estado. Cupo educativo/laboral trans. Juegotecas para que todes les madres y padres puedan cursar. Protocolo de violencia de género discutido en todas las aulas y estatuido desde las bases en sus órganos democráticos de decisión. Generar un espacio/comisión de mujeres.

5. No a la intervención del gobierno! En defensa de la autonomía del Alicia M. De Justo. Para conquistar una verdadera democracia en el co-gobierno de la institución: para elegir nuestras autoridades 1 estudiante 1 voto, mayoría estudiantil en la representación del consejo directivo.

6. Basta de miseria para educación. El Estado debe hacerse cargo de una educación verdaderamente gratuita, pública y estatal: becas integrales igual a la canasta familiar para todes les estudiantes.

7. Basta de persecución a la juventud y les que luchan. Por un centro que se organice contra la represión estatal, por el desmantelamiento de las redes de trata, y legalización de la marihuana.

11.10.2018

Por Daniel Brailovsky – Doctor en Educación

Tras el unánime rechazo al proyecto Unicaba, que pretendía cerrar en forma inmediata todos los institutos de formación docente de gestión estatal de la ciudad de Buenos Aires, se presentó un nuevo proyecto que propone su desintegración gradual, disfrazada de “evaluación”. Un análisis desde la pedagogía.

 

Posiciones ideológicas y cambios culturales

 

Una y otra vez hemos escuchado decir a los funcionarios del gobierno de la Ciudad, que se proponen “jerarquizar” la docencia. Fue esa la consigna que enarbolaron el año pasado cuando propusieron cerrar todos los institutos de formación docente y reemplazarlos por una nueva institución, la Unicaba, que “cortara por lo sano” y encarnara desde el comienzo todos los valores y mecanismos que, en su perspectiva, jerarquizarían la docencia: el enfoque empresarial, la promoción del emprendedurismo, la virtualidad, la erradicación o disminución drástica de líneas de trabajo como la educación sexual integral, la educación artística o los Derechos Humanos, entre otros, que en esa iniciativa aparecieron omitidos o relegados. Lo que se intenta en esta reforma es, finalmente, que el espíritu democrático, crítico y humanístico de los Institutos de Formación Docente (IFD) pierda espacio hasta desaparecer, y que el espíritu mercantilista, empresarial y eficientista de Unicaba vaya ganando espacio en un territorio en el que, afortunadamente, viene encontrando pocos adeptos.

Los impulsores de este proyecto son conscientes del fuerte rechazo que existe en la comunidad de la formación a todas estas cuestiones, que ellos vislumbran como un “cambio cultural” necesario. La ministra de educación, Soledad Acuña, en las entrevistas que concede regularmente a programas frívolos de televisión, emplea recurrentemente esta expresión para hacer referencia al contraste entre el sentir de la comunidad educativa, y sus iniciativas. Probablemente razonaron –con mucha sensatez- que la única manera de instalar semejante “cambio cultural” era cerrando los institutos existentes y abriendo una nueva institución, en la que otras personas, arraigadas a otras tradiciones e ideologías, pudieran transitar el cambio sin conflicto. En la primera versión de Unicaba esta estrategia no funcionó. El rechazo y el repudio de todos los actores educativos fueron tan grandes que debieron dar marcha atrás y retirar ese proyecto.

Como efecto secundario, sin embargo, se generó efectivamente un cambio cultural: florecieron centenares de colectivos autoconvocados de docentes, movimientos artísticos y académicos, escrituras colectivas, una nueva conciencia política y un impresionante aluvión de participación y compromiso por parte de los estudiantes de la formación. La fuerza de la comunidad se desplegó en todo su esplendor, como nunca antes. Un ejemplo puede servir para ilustrarlo. En los institutos donde se dicta la carrera Profesorado de Educación Inicial (donde se forman “maestras jardineras”) ha existido desde hace décadas la amarga crítica a cierta visión infantilizada, despolitizada, algo banalizada de la profesión en este nivel de enseñanza. El gran desafío era desarmar los estereotipos de la profesión docente expresados en la frase típica que escuchábamos decir a nuestras ingresantes: “quiero ser maestra jardinera porque me gustan los chicos”. Nos empeñábamos entonces en subrayar la necesidad de ver en los niños no sólo un objeto actual de ternura, sino también un sujeto en formación que debe enfrentar los desafíos del mundo social. Problematizar esas concepciones espurias era el mayor objetivo al comienzo de la carrera. Ahora bien, en estos últimos años, y muy especialmente a partir del movimiento en defensa de los institutos que el gobierno de la ciudad se propuso cerrar, hemos visto a los estudiantes conformarse en asambleas, discutir fundamentos y acciones, debatir con seriedad y compromiso sobre los sentidos trascendentes de su formación… La frase citada antes es cada vez menos habitual, y en la charla del primer día de la carrera aparecen otras, como: “quiero ser educadora, porque es un lugar potente para mejorar el mundo”.

 

“Mejorar” la clase social de los docentes

 

Por estos días, están volviendo a la carga con una nueva versión de Unicaba. En este caso, ya no se pretende imponer el cierre instantáneo de todos las profesorados, sino que se plantea un programa de evaluación y acreditación vertical, con estándares, completamente a cargo del Ministerio de Educación, en base a reglamentos que se definirían (por el propio ministerio) después de aprobada la ley, como se puede verificar en el articulado del proyecto, del que realizaremos un repaso enseguida. De los resultados de esta acreditación dependería la continuidad de materias, cohortes, carreras, docentes e instituciones. La intención de sustituir una formación de perfil humanista por otra de perfil corporativo y empresarial, que había sido explícita y frontal en el primer proyecto, aparece en esta nueva versión disfrazada de “evaluación para la mejora”. Pero lo que se presenta como una evaluación para la mejora, o para una necesaria ampliación de la oferta de formación en un contexto preocupante de falta de docentes en la CABA, sin embargo, puede fácilmente leerse en realidad como una evaluación para la producción capciosa de evidencias negativas sobre los IFD, para impulsar su cierre y reemplazo por la Unicaba, tal como se propuso en el proyecto anterior.

Hay que reconocer, sin embargo, que existe de hecho una intención de “mejora” en el proyecto que se ha presentado a la legislatura. Lo que se pretende “mejorar”, claramente, es la clase social de la cual provienen los docentes, y su capacidad de adaptación a ese ideario pedagógico corporativo que los docentes actuales nos negamos a aceptar. Es sabido que, para lograr “excelencia”, se puede desarrollar una propuesta formativa sólida y transformadora, o se puede en cambio elegir a los mejores estudiantes, a los que por su capital cultural previo es más fácil convertir en “excelentes”. Ese es, por supuesto, el truco de las escuelas y universidades de elite, cuyos buenos resultados se deben principalmente a la selectividad en el ingreso: es más fácil obtener buenos resultados con estudiantes de las clases altas, dispuestos a pagar altas cuotas, y en cuyas experiencias vitales no esté presente la cuestión social. Los buenos resultados, luego, serán atribuidos a la excelencia del trabajo institucional.

Es por eso que el edificio de la Unicaba se emplazaría en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, lindando con los distritos de mayor nivel socioeconómico del país, en los que la proporción de matrícula pública y privada es inversa a la tendencia nacional, y donde predomina muy ampliamente la tradición del sector privado. De este modo, el reclutamiento selectivo buscaría captar aspirantes que históricamente asisten a los profesorados ubicados en los barrios más cercanos (Normal 10, Normal 6, ISPEI Eccleston) y que se espera se vuelquen a la Unicaba dadas las enormes ventajas comparativas que allí se ofrecerían. Otra parte de la matrícula de Unicaba provendría del sector que usualmente se inscribiría en universidades privadas. Estos aspirantes, deberán elegir entre opciones que, por su diseño de competencia desleal, prácticamente garantizan la migración hacia la nueva universidad shopping: autonomía presupuestaria y financiera de Unicaba, opuesta a un vaciamiento y desfinanciamiento de los IFD; un título universitario respaldado con promesas de mayor salario de Unicaba, opuesto a un título terciario, destinatario de una voraz campaña de desprestigio en los IFD; una universidad de gobierno autónomo opuesta a unos terciarios hiper intervenidos, evaluados y controlados. Aun así, resulta incierta y difícil de respaldar la idea de que este racionamiento y re-direccionamiento de la oferta pueda redundar en más docentes egresados. ¿Elegirían las clases altas estudiar el magisterio (aún en una universidad pública elitista) si no mejoran las condiciones laborales de la docencia? Las condiciones de trabajo de la profesión docente constituyen un aspecto central del problema: son, de hecho, la parte del problema que el proyecto Unicaba se propone eclipsar y encapsular en la lógica gremial. Por esta razón, además de mirar las lógicas discursivas e ideológicas que se dirimen en este escenario, es preciso atender a estos otros problemas de política educativa que Unicaba, probablemente, tampoco resolvería.

La idea de mejorar a los docentes “reclutando mejores perfiles” (antes que mejorando las condiciones de trabajo o invirtiendo en una formación de calidad) es una propuesta insistente del Banco Mundial. La mimetización del nuevo proyecto Unicaba con las recomendaciones del Banco Mundial es sólo comparable, a esta altura, con el paralelo entre las políticas económicas y las recomendaciones del FMI. Leyendo uno de los informes más populares de ese organismo sobre el tema, vemos que, tras reconocer que “(…) para atraer a los individuos de gran talento hacia la enseñanza, es necesario alinear un conjunto complejo e interrelacionado de factores cuya modificación puede resultar una tarea difícil y lenta, entre los que figuran los salarios y la estructura salarial, el prestigio de la profesión, la selectividad del ingreso en los programas de formación docente y la calidad de dicha formación”, se desarrolla en detalle uno de esos factores, menos “difícil y lento” que los demás: la selectividad en el ingreso. El informe recupera y subraya entonces estrategias de los ministerios de educación de la región:

a) cerrar las instituciones de baja calidad que están bajo el control directo del ministerio (por lo general, institutos de formación docente no universitarios);
b) establecer una universidad nacional de educación controlada directamente por el ministerio, como el Instituto Nacional para la Educación de Singapur;
c) crear becas especiales para los mejores estudiantes, y
d) elevar los requerimientos de acreditación de las instituciones de educación superior autónomas, de modo de forzar su cierre o su adaptación.

Por si acaso no quedara claro que la intención es “evaluar para cerrar”, en el informe se ejemplifica con el caso chileno:

Cuando en 2006 se instauró [en Chile] la revisión obligatoria de las acreditaciones de los programas de educación docente, el 80 % de los 940 programas pedagógicos del país no logró la acreditación o alcanzó la categoría más baja. Aun sin aplicar ninguna medida directa para cerrar las instituciones de baja calidad, en el lapso de unos pocos años, el mercado de la formación docente cambió significativamente, del 77 % de las matriculaciones en programas no acreditados al 70 % de las matriculaciones en programas acreditados. La legislación propuesta va aún más allá, pues establece que las escuelas públicas (o las que reciben subsidios públicos) solo podrán contratar profesores graduados en instituciones con programas acreditados [1].

La nueva versión del proyecto Unicaba busca generar este “cambio significativo en el mercado”, ya que sus principios rectores se basan, literalmente, en los mandatos de ese organismo. Ante la pregunta de por qué tanta obediencia ciega de las políticas de formación docente a los lineamientos del Banco Mundial, la respuesta es bastante evidente: la hipótesis que allí se propone es funcional a las políticas de ajuste que se desarrollan actualmente. Al final, le explicación es sencilla. Llama la atención, además, la transparencia con que desde estos informes se desnuda la estrategia de desprestigiar públicamente a la formación de gestión estatal ofrecida desde los institutos terciarios. Se sugiere incluso emplear la evaluación para generar indicadores noticiables, útiles para humillar a la educación pública ante las audiencias televisivas. Como rescata Hernán Cortiñas en un detallado análisis de la relación Unicaba-Banco Mundial, el mismo informe recomienda:

Los líderes políticos pueden establecer alianzas eficaces a favor de la reforma entre directivos de empresas y la sociedad civil mediante campañas de comunicación que muestren de manera convincente las falencias actuales del sistema educativo y la importancia de contar con una mejor educación para acceder a la competitividad económica.

En suma, el contraataque de Unicaba ya no se trata de una ley de creación de una universidad, como la primera versión, sino que formula un programa amplio de políticas dirigidas a la formación docente, entre cuyas acciones se incluye la creación de una universidad que no reemplaza a los institutos sino que se suma a la oferta existente, compitiendo (con enormes ventajas) con los IFD. En este proyecto, mientras que la Unicaba es presentada en términos pedagógicos, el eje central (y casi excluyente) del texto respecto de los IFD es la evaluación, control, fiscalización, medición de procesos y resultados y acreditación de los profesorados. La evidente presencia de las líneas que promueven los organismos internacionales, además, inscribe con toda nitidez a la propuesta en el contexto de un ajuste al sector educativo y desnuda su intención privatizante. Hasta aquí se hay mostrado una lectura interpretativa del proyecto. En el siguiente apartado se mostrarán algunos pasajes del articulado del proyecto, como evidencias de lo hasta aquí expuesto.

 

El articulado del proyecto

 

Múltiples indicios en el texto del proyecto sugieren que se trata de la formalización de un plan de control tendiente a racionalizar la oferta (siempre en nombre de la calidad y la eficiencia) y a orientar a los aspirantes hacia una Unicaba empoderada y desregulada, cuyo espíritu “emprendedorista” se mantiene intacto respecto del proyecto anterior.

Uno de los primeros artículos define a la oferta de la formación como la que es ofrecida por los Institutos “que cuenten con la debida acreditación y registro pertinente” (art. 3) y enseguida agrega que el Ministerio “(…) adecuará su sistema de Formación Docente a los criterios de regulación acordados en el Consejo Federal de Educación, que regirán los procesos de acreditación y registro de los Institutos de Formación Docente y los establecidos en la presente Ley”. Y que “será requisito indispensable para el funcionamiento de todos los Institutos de Formación Docente la acreditación y registro de sus instituciones de educación superior que dicten carreras de formación docente inicial y continua” (art. 5). Más adelante en los art. 7 y 8 responsabiliza al Ministerio de Educación del proceso de acreditación de los institutos, “a los fines de asegurar los niveles necesarios de calidad educativa para la formación docente”. Puede verse en estas citas (puestas en contexto político) evidencias claras del programa antes comentado: el sometimiento de los IFD a un proceso de evaluación / acreditación orientado a su reducción o cierre.

Se anticipa la creación de un “sistema centralizado de control de la gestión administrativa” (¿temas como la matrícula, inscripciones, pases, trámites estudiantiles y docentes, etc.?) “y académica” (¿concursos, proyectos, temas de plan de estudios…?) para “modernizar y hacer más eficiente la gestión de los Institutos de Formación Docente” (art. 6). Este “sistema digital centralizado de información y gestión administrativa y académica”, dicen, “registrará todas las actividades académicas de la misma como apoyo de las acciones operativas y de toma de decisiones para producir datos académicos con diversos destinos y llevar la administración de alumnos de forma eficiente, ordenada y segura.” (art. 6). A diferencia de otros sistemas centralizados de gestión (como el SIU, que emplean varias universidades) en este caso la digitalización no estaría orientada a informar las decisiones de la gestión institucional, sino que estaría centralizada en el ministerio, para ejercer con mayor eficacia un control de la racionalización y reducción a la que se orienta toda la reforma.

El Ministerio aparece con una serie de funciones y atribuciones que el art. 9 describe minuciosamente, y que si se los compara con los que están publicados actualmente en el sitio web del ministerio, sugieren un énfasis en el control, una tendencia a la centralización y una reducción de la autonomía. Según este artículo, las funciones del Ministerio de Educación son, entre otras:

• “El diseño de planes de estudio y el desarrollo de planes de investigación y de extensión de los Institutos de Formación Docente, y en el seguimiento y evaluación de todas estas acciones de los Institutos de Formación Docente;
• Administrar los recursos y supervisar la gestión educativa de los Institutos de Formación Docente;
• Realizar la evaluación institucional,
• Revisar y en su caso adecuar la apertura de las nuevas carreras, cohortes y/o comisiones a las con­diciones y necesidades que surjan del planeamiento que se trace para atender la demanda educativa, asegurando siempre la continuidad de los estudiantes en curso.” (art. 9).

Como algunos colegas vienen observando, muchas de estas atribuciones ya existen en la legislación vigente que aunque en forma dispersa, las prevén. En una de las sesiones del debate en la comisión de educación un legislador señaló que esto podía leerse como un “complejo de inferioridad” de un Ministerio que, empeñado en llevar adelante una reforma arbitraria y nociva, grita sus poderes reiterándolos en forma redundante en este proyecto.

Se dedica todo un capítulo a la creación de un sistema de evaluación externa con eje en la obtención de estadísticas. Habla de “una evaluación externa que ayude a completar el conocimiento sobre la misma institución y posibles mejoras a realizar”. La evaluación externa se centraría en varias dimensiones: “contexto, procesos académicos, gestión institucional y recursos, vínculo con la comunidad, gobierno, resultados académicos e impacto” (art. 10). Luego, en al art. 13 (inc. C) especificará que esta evaluación externa estará a cargo del Ministerio de Educación “conforme los criterios y modalidad que se defina en la reglamentación respectiva”. Esta fórmula deja abiertos (y a criterio de la autoridad ministerial) los parámetros de la evaluación.

Se atribuye al Ministerio de Educación la responsabilidad de implementar
políticas sobre diversos ejes, incluyendo explícitamente “la distribución de la oferta educativa y de la matrícula” (léase: cambiar a docentes o a alumnos de un instituto a otro) y “el funcionamiento institucional de los Institutos de Formación Docente” (léase: intervenir en el funcionamiento democrático de las instituciones, actualmente organizadas en cogobierno, por claustros y con representaciones democráticas).

Además se refiere a otras dimensiones sobre las que deberá actuar, que acentúan esta cuestión: la práctica docente; los aprendizajes de los alumnos; el análisis sobre la oferta educativa contrarrestada con la demanda del sistema educativo; el análisis sobre la distribución de la matrícula y la disponibilidad edilicia; el análisis sobre mejora y/u ordenamiento y/o reconversión de la actual oferta académica y su distribución” (art. 11). Se anticipan también “estudios sobre cantidades mínimas y máximas de alumnos (…) para el mejor aprovechamiento de los entornos formativos” (art. 13) y la realización de un censo educativo. Los Institutos, por su parte, “deberán suministrar todos los datos y la información” solicitada, agregándose que “el incumplimiento en el suministro de la información requerida será responsabilidad de las autoridades de los IFD (…) y serán de aplicación las sanciones previstas en la normativa vigente” (art. 12).

Incluso sin conocer las evidentes intenciones del gobierno, los eufemismos del ajuste y la orientación punitiva presentes en este articulado, saltan a la vista.
En cuanto a la creación de la Unicaba, a la misma se la orienta a “cursos y acciones de formación docente inicial y continua” (art. 16). Es decir que dictaría carreras de formación docente, sumándose a la oferta existente en los IFDs. Esto se reafirma en el texto de fundamentos, posterior al articulado, que habla de “formar profesionales para todos los niveles de enseñanza (inicial, primario, secundario y superior)” (p. 15), dejando de este modo claro que la Unicaba competiría con los IFD.

Los cargos en la Unicaba se cubrirían por concurso público, aunque “hasta tanto se substancien dichos concursos se realizarán designaciones con carácter interino, conforme las pautas que se establezcan oportunamente” (art. 22). Así, con esta recurrente fórmula abstracta, queda clara la intención antes señalada de conformar desde el comienzo en este ámbito un cuerpo docente afín a la ideología que lo impulsa.

La articulación entre los IFD y la Unicaba prevé ciclos de complementación curricular (esto es, egresar del IFD y obtener un grado de licenciatura en la Unicaba), movilidad de estudiantes y docentes entre ambas instituciones, convenios de colaboración mutua para que los estudiantes de la Unicaba puedan realizar sus prácticas pedagógicas, todo ello refiriendo los art. 15, 21 y 25 de la Ley de educación Superior ( [2]).

Para finalizar el repaso, un detalle muy pintoresco: en el artículo que prevé la posibilidad de intervención de la universidad (tomado de la Ley de Educación Superior), se agrega el corolario que se había omitido en el proyecto original de Unicaba, y que dice que “Queda prohibido el ingreso de la fuerza pública si no media orden escrita de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Menos mal.

 

Por qué no queremos cambiar “pensamiento crítico” por “pensamiento empresarial”

 

Las críticas que amerita esta iniciativa gubernamental apuntan, entre muchas otras cuestiones, a su inspiración en el lenguaje, la lógica y el espíritu empresarial. Desde el sentido común, cualquiera podría preguntarse ¿qué tiene de malo emplear algunos recursos o racionalidades provenientes de ese campo, para mejorar la docencia o la formación? A modo de reflexión final, entonces, dejemos algunas pistas para pensar esta cuestión desde la pedagogía.

Vivimos tiempos en los que ya no nos inquieta la voz hipócrita y calculada de los locutores en las publicidades. Nos parece aceptable que nos mientan para hacernos comprar, porque ese engaño forma parte de un ethos al que ya hemos dejado de cuestionar, o ante el que ya no nos sorprendemos. Las fotos de consumidores felices con sus gaseosas y sus sándwiches con seis hamburguesitas apiladas, ya no nos produce el rechazo que mereciera darnos. Los mensajes que recibimos y que nos felicitan (¡te ganaste un 0km!) o nos seducen (¡aprovechá, te conviene!) apenas si nos fastidian: se han legitimado al punto de no presentársenos como las estafas arteras, invasivas y ofensivas que son.

Los formadores de docentes nos preguntamos entonces: ¿Son nuestros estudiantes sujetos críticos ante estas cuestiones? ¿Podrían acaso formar sujetos críticos, si ellos mismos sostuvieran y profesaran el credo del marketing? ¿Estamos brindando suficientes oportunidades para que la indagación del mundo que propondrán a sus alumnos se nutra de prácticas emancipadoras? ¿Les estamos ofreciendo mecanismos de defensa ante este mundo marketinizado, de tiempos acelerados y que rinde tributo a la utilidad por sobre el sentido, el compromiso y la comunidad?

Todas estas preguntas ocupan un lugar importante en la tarea formativa, porque la educación es un acto de sentido, de liberación y de apertura del mundo. Y formar docentes en estos tiempos nos pone en una posición muy potente para traer a primer plano esto que las pedagogías críticas supieron plantear con tanta lucidez: que educar es brindar herramientas para leer el mundo, y para leerse en el mundo. Y la lectura del mundo precede, como decía Freire, a cualquier otra lectura específica. Y este es el mundo que hoy debemos enseñar a leer. Un mundo adormecido por el consumismo, que se presenta como regla de vida no sólo para comprar mercaderías, sino también para tomar decisiones en el amor, en el trabajo, en la ciudadanía y en la vida en general.

Así, la posibilidad de que la propia formación docente se plantee en esos términos marketinizados, y que de ella se pretendan desterrar los principios emancipadores que en forma mayoritaria la impulsan, nos preocupa muchísimo. No por negar que los cambios a veces son necesarios, sino porque son dos cosas completamente distintas: la sana y muchas veces necesaria actitud de sospecha respecto de las verdades que gobiernan una época, y la actitud de elogio bobo respecto de todo lo nuevo, inspirada en el espíritu comercial, que busca permanentemente disfrazar lo viejo de nuevo, lo malo de bueno, para poder venderlo otra vez. Así se propone Unicaba, y por eso lo rechazamos: porque además de representar una amenaza en muchos otros niveles (laboral, social, económico, de la demanda local de profesionales) abre la puerta para que la educación pública institucionalice y financie la destrucción de lo público.

(El autor es investigador, docente formador y profesor universitario. Mail: dbrailovsky@flacso.org.ar)

 

[1] Banco Mundial (Bárbara Bruns y Javier Luque, coords.) (2014), Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe, disponible aquí

[2] Con respecto a estos artículos, del art. 15 de aquella ley pueden subrayarse dos incisos que posiblemente se conectan con el espíritu de la referencia: el inciso b) “Articular las carreras afines estableciendo en lo posible núcleos básicos comunes y regímenes flexibles de equivalencia y reconversión” y el inciso c) “Prever como parte de la formación la realización de residencias programadas, sistemas de alternancia u otras formas de prácticas supervisadas, que podrán desarrollarse en las mismas instituciones o en entidades o empresas públicas o privadas”. El art. 21 de la LES, por su parte, habla del perfeccionamiento y la actualización, y el art. 25, también citado, vuelve sobre la evaluación de las instituciones (“El Consejo Federal de Cultura y Educación acordará la adopción de criterios y bases comunes para la evaluación de los institutos de educación superior…”)

11.10.2018

Compartimos el informe elaborado por Mariana Rivolta, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) que analiza el proyecto de Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires 2019. Al igual que en el  proyecto de ley del Presupuesto Nacional, los servicios de la deuda pública se han transformado en el quinto ministerio de la Ciudad y los pagos por intereses equivalen a la suma de 9 ministerios.

 

Para el economista Claudio Lozano, también integrante del IPPyP, “en línea con el ajuste nacional, la Ciudad paraliza sus obras (caída real del 19% del gasto de capital), y reduce transferencias sociales y salarios (-6% caía real). Los pagos por intereses de la deuda crecen nominalmente un 77% por causa de un endeudamiento que en solo 9 meses aumentó un 53%, como resultado de la refinanciación de vencimientos y el salto del tipo de cambio. Así los servicios de la deuda pública se han transformado en el quinto ministerio de la Ciudad y los pagos por intereses equivalen a la suma de 9 ministerios.

La Ciudad está atrapada entre la firma del pacto fiscal que le quita recaudación por $7.000 millones, la pérdida de recursos por la eliminación del Fondo Sojero ($870 millones), la transferencia hecha por Nación de los subsidios al agua, energía y transporte (mayores gastos por $ 5.180 millones) y el aumento de los intereses de la deuda pública (más gastos por $11.200 millones).

En el marco del ajuste nacional y la expansión y espiralización de su propio endeudamiento, la Ciudad tiene que reducir drásticamente su gasto primario para realizar un esfuerzo fiscal equivalente a $24.300 millones, el 8% del gasto primario.

VER INFORME