Comunicadores del Sur

04.12.2023

El viernes pasado en la Legislatura porteña juraron los miembros de las nuevas Juntas Comunales. El Tribunal Electoral proclamó a los flamantes miembros electos en los comicios, con su juramento y entrega de diplomas.

Los nuevos miembros de las Juntas Comunales fueron presentados en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad. Luego de haber sido elegidos en la votación general de octubre, cumplieron con su juramento en Perú 160.

En representación del Tribunal Electoral para la jura de los flamantes miembros de las 15 comunas estuvieron su presidente, el juez Roberto Carlos Requejo, y el juez Rodolfo Ariza Clerici y la jueza Romina Lilian Tesone, como vocales. Además, participó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, jueza Inés Weinberg, y como vicepresidente primero de la Casa Parlamentaria, se hizo presente el diputado Emmanuel Ferrario.

Luego de recibir su diploma y cumplir con su fórmula de jura, quedaron establecidos los nuevos integrantes de las Juntas Comunales.

Comuna 1: Lucas Horacio Portela Lacanette, Vanina Squetino, Gonzalo Roberto, María Eugenia Pena Blanco, Bautista Prusso, Luciana Grossi y Pablo César Luciano Testori Schroeder.

Comuna 2: Agustín Federico Fox, Romina Adriana Quevedo, Bruno Ezequiel Pappacena, Griselda Zulma Mela, Juan Manuel Bensusan, Víctor Manuel Moreno y Eduardo Del Piano.

Comuna 3: Silvia Ruth Collin, Carlos Leonardo D´Angelo, Julieta Elizabeth Pérez, Carolina Finardi, Eduardo Carnevale, Inés Fornassero y Antonio Agustín Montenegro.

Comuna 4: Silvia Mónica Millara, Roberto Daniel Gorza, Alicia Isabel Reinoso Podesta, Ignacio Álvarez, Marta Isabel Yane, Cristian Vicente Corvalán y Matías Rubén Nieto.

Comuna 5: Sebastián Perdomo Carricart, María Pía Inchauspe, Camilo Santiago Vedia, Maru Acuña, Hernán Martín Gorretta, Yamila Iphais Fuxman y Eduardo Daniel Saganias.

Comuna 6: Federico Daniel Ballan, María Cristina Geninazzi, Ignacio Agustín Abarca, Samanta Anastasia Pepe, Mariano Cuyeu, Agustina Quinteros y Nicolás Cancellieri.

Comuna 7: Iara Nahir Surt, Federico Marcelo Bouzas, Lucía Di Laudo, Julián Cappa, Elisa Isolina Juárez, Leonardo Benedicto Militello y Cristian Fabio Flores.

Comuna 8: Josias Nahum Vázquez, Berta Santillán, Carlos Marcelo Martínez, Lautaro Miguel Eviner, Nayla Belén Loitegui, Juan Ignacio Mallo y Antonella Belén Santagada.

Comuna 9: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni, Gisela Soledad Aulita, Alexis Quimey Miranda, Juan José Chaves, Lorena Analía Crespo, Alberto Rodolfo Espiño y Luis Yari Meozzi Díaz.

Comuna 10: Juan Manuel Oro, Karina Elsa Ammannato, Gustavo Claudio Licastro, Sandra Martha Chaar, Daniela Romero, Ramiro Javier Triay y Miguel Ángel Arancio.

Comuna 11: Nicolás Ezequiel Mainieri, Fabiana Noemí Satriano, Daniel Oscar Saint Hilaire, Antonella Guzzini, Gastón Ezequiel Fernández, Malena Eva Rotondo y Carlos Alberto Buletti.

Comuna 12: Florencia Marcela Mattei, Leopoldo Lucas Gaitán, Mónica Liliana Machín, Germán Pablo Grosso, Pablo Gastón Ortíz Maldonado, Vanesa Paola Coria y María Guadalupe Baulos.

Comuna 13: Florencia Fabiana Scavino, Leonardo Matías Palmieri, Elizabeth Alicia Gazali, Yuan Chi Cheng, María Fernanda Ricci, Diego Achile y Enrique Alejandro Thwaites.

Comuna 14: Martín Oscar Cantera, Silvia Alicia Marchesi, Ramiro Alejandro Ricci, María Soledad Rodríguez Iglesias, Jonathan Fabián Rosas, María Paz Carreira Griot y Santiago Bermúdez.

Comuna 15: Agustín Rodríguez Ponti, Cynthia Evelyn Martello, Martín Gonzalo Garcilazo, Soledad Jazmín Luján Tello, Leonardo Gastón Lucchese Di Leva, Nancy Verónica Bolaño y Amiel Mariano Leckie.

01.12.2023

A partir de ayer entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario que registra un aumento que va del 50% al 66% en los corredores viales nacionales. El mismo fue aprobado tras una evaluación técnica y la última actualización se había registrado en mayo de este año.

Las nuevas tarifas se redondean a múltiplo de $ 50 para facilitar la gestión de cambio en vías de cobro, informó la Dirección Nacional de Vialidad. Este ordenamiento de precios incluye el Acceso Riccheri, los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires y el Corredor Vial N° 18.

En consecuencia, las motocicletas (categoría 1) pasaron de pagar $ 100 a $ 150 mientras que los autos (categoría 2) de $ 150 a $ 250 (en horas no pico), y de $ 200 a $ 300 (en horas pico). En el caso de los camiones de hasta dos ejes (categoría 3), la tarifa pasó de $ 300 a $ 400 (hora no pico) y de $ 400 a $ 600 (hora pico).

Los camiones de hasta cuatro ejes (categoría 5), que abonaban $ 450 (hora no pico) pasaron a pagar $ 750, y los que pagaban $ 600 (hora pico) abonan $ 900; en tanto los camiones de hasta seis ejes (categoría 6) de $ 600 y $ 800 pasaron a pagar a $ 1.000 y $ 1.200 respectivamente; y camiones de más de seis ejes (categoría 7) de $ 750 y $ 1.000 a $ 1.250 y $ 1.500.

El horario pico en estos accesos rige de lunes a viernes de 7 a 11 y de 16 a 20 (en ambos sentidos); y los sábados, domingos y feriados de 11 a 15 (en sentido hacia la provincia de Buenos Aires) y de 17 a 21 (en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires).

Estos aumentos también se aplicarán en todos los tramos de los corredores viales bajo jurisdicción nacional que poseen peajes con tarifas similares a los de los accesos metropolitanos: I (rutas 34 y 9), II (188), III (12 y 16), IV (8, 36 y A-005), V (19 y 34), VI (9, 193, 34, A-012 y A-008), VII (3, 205 y 226), VIII (7), IX (autopista Ezeiza Cañuelas, además de Riccheri), X (5) y el 18 (R12, 14, 135, A-015, 117 y 174).

30.11.2023

Las cuotas de los colegios privados en la Ciudad de Buenos Aires subirán durante diciembre el doble que en la Provincia. Los aranceles tendrán un incremento del 11% en el territorio bonaerense, mientras que en CABA se encarecerán un 22%.

Las nuevas tarifas incluirán al nivel inicial, primario, secundario, técnico y agrario y superior. Además, estas subas fueron autorizadas por las autoridades educativas de ambas jurisdicciones.

Cabe recordar que, hasta noviembre, las cuotas de las escuelas de CABA se encarecieron 157% mientras que las de provincia de Buenos Aires fue del 115%. Se trata del último incremento en el 2023, no obstante, aún se desconoce cuánto serán los valores en el inicio del ciclo lectivo en marzo del año próximo.

El aumento se da luego de un reclamo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), que agrupa 2300 establecimientos educativos, tras la negociación de la paritaria docente y la escalada inflacionaria.

Advirtieron que el incremento en las cuotas debía realizarse “cuanto antes”, ya que de esa manera se podría equiparar los costos de los aumentos de sueldos. Por su parte, en la Ciudad, el sector contó con el aval de las autoridades de incrementar los aranceles de forma mensual.

En la Argentina hay unas 17.000 instituciones educativas privadas, de las cuales casi un 60% cuenta con algún tipo de subvención estatal, que va desde el 20% hasta el 100%. Con las cámaras que las representan es con quienes el Gobierno pauta los aumentos de las cuotas, pero que varían según la proporción de la ayuda pública.

29.11.2023

La posibilidad de que el presidente electo Javier Milei derogue la actual Ley de Alquileres desató un contrapunto entre las asociaciones que nuclean a los inquilinos y las cámaras inmobiliarias. La semana pasada, en declaraciones radiales, el líder de La Libertad Avanza, que asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre, dijo que a la actual Ley de Alquileres “hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes”. “Lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño y terminó perjudicando a aquellos que quería proteger”, completó Milei.

La posibilidad de que el presidente electo lleve adelante esta medida desató un fuerte contrapunto entre inmobiliarias e inquilinos, los primeros en apoyo de la idea impulsada por Milei, mientras que los segundos salieron a criticar esa posibilidad.

Este domingo, el presidente de la asociación Inquilinos de Córdoba, Maximiliano Vittar, planteó que instalar nuevamente la discusión sobre la vigencia de la actual ley de alquileres genera “como primer efecto” que “volvemos a caer en una situación de inestabilidad, incertidumbre y paralización del mercado inmobiliario”. En ese sentido, recordó que “desde marzo venimos con el rumor de la derogación de la Ley de Alquileres y esa paralización perjudica a ambas partes”.

Vittar dijo que durante la discusión de la reforma que se sancionó en octubre pasado, hubo “un gran consenso en que el problema no era la Ley sino la situación macroeconómica”. Así, “desregular el precio sin un órgano de control y en un contexto macro que todo el mundo coincide en que va a ser peor no va a ser una solución”, agregó el dirigente.

“Con una inflación mucho más alta y una recesión que impacte en el mercado laboral, por más que se lograra que haya más viviendas en oferta, si van a estar con un plazo mínimo de tres meses o un año y ajustes trimestrales del 45% o 60% o hasta mensuales, o en su defecto, con el alquiler en dólares, va a empujar a muchas familias a la calle”, sostuvo Vittar.

También expresó que “necesitamos una situación de estabilidad macroeconómica y a partir de ahí ir avanzando en otras herramientas”. Vittar dijo que “el presidente electo desconoce cómo funciona la ley de Alquileres hoy, porque no es una ley en paralelo al Código Civil, sino que la ley actual lo modifica”.

Por último, planteó que de primar la idea de la “libertad de mercado y que el Estado no se tenga que meter en contratos entre particulares, con ese criterio deberíamos derogar gran parte del Código Civil, el que regula los contratos de mutuo, de leasing, de compra venta, en los que también el Estado regula la relación entre particulares”.

Por el lado de las inmobiliarias, el vicepresidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, dijo que “es imprescindible darle un marco regulatorio al mercado de alquileres” y que “es necesaria una Ley que beneficie y equilibre la oferta”.

En esa línea, el representante del Colegio de Martilleros bonaerense que nuclea a los más de 9.000 matriculados agregó que “las dos últimas modificaciones de la Ley introdujeron cambios en el código Civil y Comercial, por lo tanto dado que no es una Ley autónoma entonces, habría que volver a modificar el Código”.

Sacco subrayó que “es importante que se tenga en cuenta al momento del tratado de la ley a los colegios profesionales como protagonistas, para acompañar estos cambios porque somos los que día a día estamos en el mercado y conocemos la realidad de lo que está pasando”.

“Si la Ley es clara y le da seguridad jurídica al propietario, van a surgir propiedades en alquiler y eso va a hacer que los precios se acomoden un poquito y no tiendan, ante una oferta reducida, a una suba permanente de precios, independientemente de la inflación”, completó.

Sacco dijo que la normativa debe buscar “beneficiar a las dos partes: propietarios e inquilinos”. Por último, el directivo martillero señaló que “Argentina tiene un déficit habitacional cercano a los cuatro millones; hoy la oferta de alquileres es muy baja respecto de la demanda y colabora para que los valores están desorbitados; la multiplicidad de ofertas va a hacer que baje el costo de los alquileres y se reactive la oferta”.

En declaraciones radiales, el diputado electo por LLA, Alberto “Bertie” Benegas Lynch calificó a la Ley de Alquileres de “disparate”, al tiempo que señaló que la modificación o derogación de la misma no es una prioridad. “Es una catástrofe (la ley de alquileres), pero esto no quiere decir que vaya a ser una prioridad porque no se pueden dar todas las batallas, y hoy las prioridades son la reforma del Estado y la reforma fiscal”, subrayó el dirigente libertario.

28.11.2023

La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió ayer lunes la “inmediata disolución y liquidación” de la empresa “Locura Deportiva”, perteneciente al ex futbolista Sebastián Battaglia y a la cual el Gobierno porteño le entregó la concesión de dos hectáreas del Parque Sarmiento, por tratarse de una “sociedad ficticia e ilícita” al no presentar domicilio ni estados contables, entre otros incumplimientos.

La orden fue firmada por el inspector general de Justicia Ricardo Nissen y promueve una “acción judicial de nulidad en los términos del artículo de la Ley 19.550, la cual, por propia definición legal deberá incluir la inmediata disolución y liquidación contra la sociedad Locura Deportiva S.A.”.

Además, declaró “la irregularidad e ineficacia, a los efectos administrativos de los estados contables, actas de asambleas y asistencia a asambleas” de la empresa en cuestión, así como estableció que sean notificados de la medida tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La actuación de la IJG comenzó “en atención a la repercusión pública de los hechos de público conocimiento” respecto a la participación de la sociedad que preside Battaglia, en la licitación que fue adjudicada por el Gobierno porteño para la concesión de uso y explotación de “determinados y extensos espacios ubicados dentro del Parque Sarmiento”.

“En virtud de ello, considerando que este organismo debe velar por el interés público y que se encuentra expresamente autorizado a intervenir de oficio” fue que se dispuso el “análisis” de la empresa desde su inscripción en el registro en enero de 2018.

A lo largo del escrito de 22 hojas, la IGJ brindó detalles de la investigación, tras lo cual consignó “la existencia de reiterada y nutrida gama de actividades y actuaciones de la sociedad contrarias a expresas normas legales, muchas de ellas, de evidente orden público”.

Entre las conductas reportadas, por ejemplo, citó que la empresa “carece de domicilio y sede social efectiva”, lo que “fue constatado por una diligencia el 9 de noviembre de 2023”; al tiempo que “en el lugar de la sede social inscripta residía un tercero, en carácter de locatario”. “Tampoco exhibió sus libros de comercio y sus libros sociales, y que su presidente, accionista mayoritario y beneficiario final, Sebastián Alejandro Battaglia, solo cumplió la intimación efectuada por la IGJ el 9 de noviembre de 2023”, agregó.

Posteriormente, la IGJ aseguró que es “un panorama que exhibe un total y permanente incumplimiento de las normas legales de funcionamiento de las sociedades comerciales”, ante el cual, indicó, no puede asistir “impávida ya que se encuentra comprometido el interés público”.

La empresa “Locura Deportiva” fue beneficiada por el Gobierno porteño con la concesión por cinco años, adjudicada a fines de octubre, de más de dos hectáreas del Parque Sarmiento que incluye 13 canchas de fútbol, cinco canchas de paddle, bares, un restaurante y un sector semicubierto con parrilla.

“El canon mensual que le cobrará el Gobierno porteño es de 11 millones de pesos, lo que se recupera con menos de una semana de recaudación”, señalaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Indicaron, también, que “el Parque Sarmiento es un bien de dominio público. Está zonificado como Urbanización Parque y tiene dos sectores que son Áreas de Reserva Ecológica. Por ley, debe garantizarse su uso público. Sin embargo, actualmente, 12 hectáreas están privatizadas”.

Al respecto, la resolución de la IGJ reiteró que la concesión del Gobierno porteño fue otorgada a “una entidad ficticia, absolutamente infracapitalizada, sin sede social efectiva y con solo un año de actividad concreta, a pesar de haber sido constituida en el año 2018”.