Comunicadores del Sur

1.11.2018

La flexibilización en la salud

Trabajadores del sector denunciaron que la modificación que impulsó el gobierno porteño deja afuera a gran cantidad de profesionales, que quedan desprotegidos, como los enfermeros, e implica una regresión en los derechos laborales. Se extiende la jornada laboral.

Los enfermeros quedan fuera de las protecciones del sector sanitario, según la nueva ley. 

El Gobierno de la Ciudad logró aprobar una reforma en la carrera profesional en Salud. Trabajadores del sector denunciaron que esta modificación deja afuera a gran cantidad de profesionales, como los enfermeros, e implica una regresión en los derechos laborales. “Esta reforma no es otra cosa que la reforma laboral que quería hacer el macrismo a nivel nacional”, aseguró Natalia Castrogiovanni, presidenta de la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS) del Gobierno de la Ciudad.

Ayer, asociaciones hospitalarias y profesionales, asambleas de residentes y concurrentes, agrupaciones sindicales y partidos políticos se movilizaron a la Legislatura porteña para intentar frenar la reforma que presentó el Poder Ejecutivo. El proyecto que, según Castrogiovanni, “es repudiado integralmente en los hospitales”, se aprobó con 36 votos positivos y 19 negativos.

Las agrupaciones denuncian que la reforma del oficialismo es regresiva con reivindicaciones históricas de los trabajadores de salud. “Están contemplados casi todos los trabajadores de la salud, pero no es el caso de Enfermería, que viene luchando por el ingreso a la carrera profesional”, explicó Castrogiovanni. Los trabajadores de salud que queden por fuera de la carrera tienen salarios inferiores y menos derechos. “Así el Gobierno profundiza debates históricos del sistema de salud que es que sólo gocen de estatus los médicos, mientras el resto de las profesiones tienen peores condiciones laborales. Esto es nefasto”, afirmó.

La ley tampoco tiene en cuenta a otros profesionales que trabajan de manera integral en el sistema de salud, como los licenciados en Bioimágenes e Instrumentación quirúrgica y los psicopedagogos. Estos últimos son egresados del IES N°1 Dra. Alicia Moreau de Justo, mientras que los licenciados en psicopedagogía, que sí están contemplados en la norma, se reciben en instituciones privadas.

Otro de los cambios que se implantarán con la nueva ley es el sistema de evaluaciones. “La ley es ambigua, no se sabe a cargo de quién estarían las evaluaciones”, denunció Castrogiovanni. Además, aseguró que cada dos evaluaciones negativas que reciba un profesional de la salud “se podría pasar a disponibilidad, que es una forma encubierta de despido”.

“Esta reforma no garantiza la estabilidad laboral para ninguno de los cargos de conducción, como lo son los jefes y jefas de servicios”, afirmó la presidenta de la APSS. Con la nueva ley, los jefes de servicio podrían perder su cargo. Esto depende de la evaluación que hagan las direcciones de hospitales. “Antiguamente, se debía concursar para acceder al cargo de director de un hospital. Ahora pasaron a ser cargos políticos que elige a dedo el Poder Ejecutivo de la Ciudad”, lamentó.

Asimismo, la nueva ley implica una extensión de la jornada laboral, ya que los profesionales, que antes cumplían un mínimo de 24 horas semanales, deberán cumplir 30.  La nueva norma establece que las capacitaciones deberán hacerse “fuera del ámbito hospitalario”. “Esto implica una extensión de la jornada laboral”, denunció Castrogiovanni.

Para la presidenta de APSS, la reforma debe interpretarse en el clima de recortes en salud que lleva adelante el Gobierno Nacional con la degradación del Ministerio o la Cobertura Universal de Salud (CUS). En la Ciudad, este achique se manifiesta en el proyecto del Complejo Hospitalario Sur. “Un artículo dice que, ante el cierre de servicios, se activan mecanismos el traslado de personal y la reubicación de esos mismos cargos en otro servicio”, advirtió Castrogiovanni.

La presidenta de APSS aseguró que las organizaciones que combaten esta reforma van a seguir “en la lucha”. “Ahora nos toca luchar por una reglamentación que no implique mayores regresiones y por una no aplicabilidad de la ley”, afirmó.

30.10.2018

Por Colectivo de Medios Populares*

Lo dijo Ivonne, la madre de Juan Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Oscar Chocobar. En el día de ayer, la Corte Suprema desestimó un recurso de parte del policía, que disparó por la espalda a Juan Pablo Kukoc en La Boca, en diciembre de 2017, y que fue reivindicado por su accionar por el Presidente Mauricio Macri y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Luego de conocerse que, a pesar de las maniobras de la defensa de Chocobar, la causa se encamina a un juicio oral, Ivonne Kukoc, la madre de Juan Pablo, expresó sus sensaciones ante la noticia: “Estoy de pie. Con mucha fuerza y ganas de seguir para llegar al juicio. El dolor lo convierto en lucha: esperamos una condena justa”.

La madre de Juan Pablo Kukoc también se manifestó sobre el decidido respaldo político que Chocobar recibió por parte del Ejecutivo Nacional: “Esto también es un mensaje para el Presidente. Aunque tenga el poder que tenga, esto es un mensaje de la justicia: Chocobar no tendría que estar trabajando”.

Ivonne anunció que para el 23 de noviembre, en el barrio de La Boca, a 4 días del cumpleaños de Juan Pablo -el 19 de noviembre-, se está organizando un festival para reivindicar su vida y repudiar las situaciones de violencia y gatillo fácil que sistemáticamente amenazan la vida de los pibes en los barrios populares: “el 23 lo vamos a festejar con todas las organizaciones del barrio, por la vida de Juan Pablo”.

*FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica(Desde el colectivo de medios populares producimos en unidad como urgencia y como apuesta. Coincidimos en que la comunicación que no es mercancía. Nos encontramos, ensamblamos, complementamos, potenciamos y existimos, intentando romper con una máxima natural: que entre iguales, solo queda competir).

30.10.2018

Por Guadalupe Bravo

En líneas con las cuentas nacionales acomodadas para cumplir con el FMI, el ajuste en CABA golpea a salud, educación, vivienda a contramano de los aumentos para seguridad y pago de intereses de deuda. A continuación, las principales claves del Presupuesto presentado por el oficialismo para 2019.

La semana pasada se consiguió en Diputados la media sanción al Presupuesto Nacional para 2019, gracias a los votos oficialistas y de un sector del peronismo. Así el Gobierno daba un paso importante para cumplir con los pedidos del FMI, organismo que luego confirmó la ampliación del Stand By.

Las partidas presupuestarias para la Ciudad en 2019 siguen el mismo norte, con la falacia del “déficit cero” pactado con el FMI pretenden avanzar en recortes en áreas claves. Un tema polémico y con impacto es la transferencia de nación a Ciudad del costo de la tarifa social de agua corriente y energética, que podría reflejarse en nuevos tarifazos. Por el lado de transportes, hace años la Ciudad tiene el traspaso del Subte que es ejemplo de la des-inversión empresarial, ganancias garantizadas para Metrovías a costa de avanzar en subas del boleto. Para 2018 planean consolidar un aumento de 120 % hasta llevarlo a $16,50 desde $ 7,50.

Los supuestos macroeconómicos son otro punto en coincidencia con el presupuesto de Nación, subestimando la inflación que debido a los tarifazos en curso y la inestabilidad cambiaria, seguramente supere al 34,8 % propuesto por Ciudad.

Hacia fines de 2019 proyectan una inflación de 23 %, y una contracción del 0,5 % del PBI, por detrás de las previsiones del FMI (-1,6 %), y de la carta de intención que el propio Gobierno envió al Fondo en la que reconocen que la actividad va a caer el año próximo entre 0,5 % y 2 %. Es decir, si la recesión se profundiza, quedan afectados los ingresos estimados en el presupuesto.

Deuda pública, la única partida que sube

La Ciudad de Buenos Aires es conocida por ser el distrito más próspero a nivel nacional, acumulando una gran concentración de servicios que representan el 84 % de su PBG (Producto Bruto Geográfico). De acuerdo con los datos del mensaje presupuestario “de 2007 a 2017 el producto de la ciudad creció un 23,5 % en términos reales.”

Hacia 2019 el Gobierno de la Ciudad propone un presupuesto con bajas en términos reales de Cultura (43%), de los Servicios Económicos (13%), de Vivienda y Urbanismo (8 %) y de Educación (4 %) y Salud (3 %). Mientras se destaca que la única suba en términos reales es para deuda pública que aumenta un 29 %.

Es decir, los pagos de deuda representan más del doble de lo que se destina a Vivienda y Urbanismo, y representan el 8,1 % del presupuesto total cuando en 2018 explicaban el 5,9 %.

A tono con la suba del endeudamiento nacional -que hacia fin de año superará el 80 % del PB- en Ciudad, Rodríguez Larreta acelera el ritmo de endeudamiento siendo el stock de deuda a finales de septiembre de $ 106.113.5 millones, aumentando un 53 % respecto a diciembre de 2017. Producto de la megadevaluación del peso los intereses de la deuda aumentan más del 77% (nominal).

Los empleados públicos son otro punto de recorte, las remuneraciones de personal crecerán 26,2 % imponiendo una pérdida del poder de compra de 6,4 % en relación con lo que se proyecta que sea el cierre de 2018. De esta forma, buscan hacer recaer el peso del ajuste sobre los salarios de los empleados públicos y los docentes.

Si miramos el gasto primario de conjunto, que en su mayoría se destina a necesidades sociales, se asigna una suba de 22,7 % mientras la inflación prevista ronda el 35 %. Es decir, ajusta de conjunto las partidas destinadas al gasto social.

En cambio, el gasto en seguridad pasará de representar el 13,9% del presupuesto total en 2018 a 14,5 % en 2019. Más dinero destinado a reforzar las fuerzas de seguridad de la ciudad. Por el lado de la obra pública los fondos se contraen, al igual que a nivel nacional. No hay planes de ampliar la red de subterráneos, pero sí se confirmó que se seguirán construyendo comisarías.

Ingresos, gastos y ajuste fiscal

Las cuentas de la Ciudad están atadas a las cuentas nacionales y los compromisos con el FMI, bajo un escenario de crisis económica y devaluación. Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) de Claudio Lozano sostuvo que existe una disminución de los ingresos en un 32 % (por reformas tributarias que benefician a los empresarios), mientras suben los gastos un 68 % incluyendo el costo del traspaso de los subsidios económicos (transporte, agua y energía). Además, se genera una creciente presión para afrontar los pagos de intereses de deuda.

Por la adhesión al consenso fiscal de 2017, la ciudad ha iniciado una baja progresiva
de ingresos brutos: industria manufacturera baja alícuotas de 2% a 1,5%, transporte y comunicaciones de 5% a 4,5% y construcción de 3% a 2,5%. Esto significará una perdida en la recaudación de $ 7 mil millones.

La eliminación de las transferencias a las provincias por el Fondo sojero implicará una caída de ingresos por $870 millones.

Por el lado de los gastos, Ciudad debe absorber el costo del traspaso de los subsidios al transporte por $ 4.100 millones, la tarifa social de agua por $380 millones y tarifa social de energía eléctrica por $700 millones.

En un intento de balancear y aumentar la recaudación, planean aumentar la recaudación por multas un 54,3 % en parte "como consecuencia de la implantación del Sistema de Estacionamiento Regulado en barrios". También se anuncia una suba del 38 % en el ABL que afectará a las familias trabajadoras de la ciudad.

El ajuste fiscal recae con fuerza sobre el gasto primario totalizando la suma de $24.294 millones. Al igual que en el presupuesto nacional la cuentas se ordenan disminuyendo la inversión en salud, educación o vivienda para aumentar los fondos destinados aumentar las medidas represivas a través de los fondos para Seguridad. El “Plan de seguridad pública” alcanza los $ 40.244 millones pagar la deuda pública, los pagos de deuda suman $ 26.100 millones.

El contexto económico es de mayor recesión para los próximos trimestres, para que no pierdan los trabajadores estatales de la Ciudad, de la docencia y la salud el presupuesto debería aumentar la recaudación en base a impuestos progresivos a los grandes capitales, en particular el financiero que mayormente "reside" en la Ciudad.

30.10.2018

Por Myriam Bregman

Este martes presentamos en la legislatura porteña un proyecto de ley para la interrupción legal del embarazo (aborto no punible), sabiendo que la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sigue en las calles.

Somos parte de la marea verde que nos movilizamos para arrancar en las calles el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las iglesias, Católicas y Evangélicas, usaron toda su influencia y recursos para impedir que el Senado aprobara la ley. Los senadores apoyaron la exigencia de la jerarquía de las iglesias y de los grupos fundamentalistas y le dieron la espalda al reclamo de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país. A miles de jóvenes que son las protagonistas de esta inmensa marea verde.

A pocos meses de esta votación, en la Ciudad de Buenos Aires un fallo judicial pone en vigencia el protocolo para los abortos no punibles que elaboró Jorge Lemus, cuando ocupó el cargo de Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2012).

El Tribunal Superior de Justicia impugnó un fallo que frenó durante años la aplicación de la resolución 1252/2012 que incluía el citado protocolo. Con este fallo los artículos más reaccionarios de ese texto elaborado cuando el actual Presidente Mauricio Macri era jefe de Gobierno, volverán a estar vigentes.

La resolución del Tribunal puede leerse como un guiño hacia el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien suele enviar fuertes señales a favor de la cúpula de la Iglesia como sucedió en medio del debate por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, en el pasado Tedeum del 9 de Julio de este año. Allí planteó: “En este 9 de julio, al celebrarse un nuevo aniversario de la Independencia Nacional, quiero presentarme ante Dios como Jefe de Gobierno, consagrando mi vida, mi gestión y la Ciudad de Buenos Aires al cuidado del Sagrado Corazón de Jesús, lo hago bajo la protección del Inmaculado Corazón de la Virgen, su Madre, cuyo nombre lleva esta Ciudad”. Los acuerdos del mandatario porteño con la Iglesia terminan restringiendo los derechos de las mujeres y personas gestantes.

Asimismo, que el Tribunal pueda emitir este fallo se debe a que en 2012 Mauricio Macri vetó la ley sancionada por la Legislatura de la Ciudad, que recibió el apoyo del movimiento de mujeres, para regular estos procedimientos para la interrupción legal del embarazo. Según Macri "excedía" lo establecido por la Corte Suprema en 2012, dejando vigente la resolución del ex ministro de Salud.

Sin embargo el protocolo elaborado por Lemus retrotrae derechos establecidos en el Código Penal y el fallo FAL, que no establece plazos para la realización de un aborto no punible, sostiene que la práctica es una decisión de la embarazada y el médico y comprensiblemente indica que no es necesario autorización de la Justicia. Estos elementales derechos quedan sepultados en el protocolo de Jorge Lemus.

Nuestro proyecto

El movimiento de mujeres viene denunciando que la resolución firmada por Lemus constituye un agravio a los derechos de las mujeres por la cantidad de requisitos arbitrarios que se exigen para poder tener acceso a una interrupción legal del embarazo. Máxime si se da en un contexto nacional donde 300 mujeres mueren por año a raíz de las consecuencias de abortos clandestinos, y es sabido que quienes mueren son aquellas mujeres de bajos recursos que apelan a precarias e insalubres clínicas o a improvisados métodos caseros. Sólo las mujeres de altos ingresos acceden a abortos seguros que se hacen en más de una clínica privada, a altos precios.

Nuestro proyecto de ley busca garantizar la atención integral de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes con derecho a la interrupción legal del embarazo que será de cumplimiento obligatorio por parte de todos los establecimientos sanitarios pertenecientes a los sistemas de salud pública y privada de la Ciudad de Buenos Aires. Y no se requerirá de autorización judicial ni de ningún otro requisito.

Nos alarma el informe reciente que elaboró UNICEF. Allí señala que el 15 % de los partos en Argentina son de adolescentes y alrededor de 3.000 son de niñas. En la mayoría de estos casos han sido víctimas de abuso, porque a esa edad hay abuso de poder. Estas cifras son pavorosas, máxime cuando aún hoy la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), en los establecimientos educativos, se da de forma deficitaria.

Por este motivo, a mediados de septiembre, presentamos junto a Patricio del Corro un proyecto de ley que se titula Plan de emergencia en educación sexual con perspectiva de géneros, sin injerencia religiosa, que fue elaborado en común con sectores de la comunidad educativa, junto a trabajadores de la Educación y estudiantes secundarios. El proyecto tiene el propósito de dar respuestas a los reclamos de estudiantes, docentes y familias que, junto al movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, exigen el acceso a una educación sexual sin injerencia religiosa en el ámbito educativo de la Ciudad.

Seguiremos impulsando la movilización en las calles porque sabemos que allí se arrancan nuestros derechos. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el pleno derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo, como parte de un conjunto de medidas que garanticen el acceso a educación sexual y anticonceptivos, resulta un derecho impostergable.

29.10.2018

Por CORREPI

Primera condena a prisión perpetua para la Policía de la Ciudad.

Después de un año de transición, anunciada conjuntamente por el presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el 1º de enero de 2017 comenzó a operar la Policía de la Ciudad, fusión de la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana. La “nueva” fuerza de seguridad, presentada como la que iba a ser transparente, eficiente, profesional y respetuosa de los derechos de las personas, acumula, en 22 meses, más de 30 casos de gatillo fácil, y el martes 23 recibió su primera condena a prisión perpetua.

En las audiencias del juicio, que duró casi un mes y medio, se demostró que la mañana del 15 de julio de 2017 el policía de la Ciudad Gustavo Adrián Otero emprendió una persecución a tiros contra el auto en el que volvían de bailar tres amigos -Cristian, Dani y Carlitos-, porque en una bocacalle habían tenido un cruce de palabras. Se probó que el policía disparó al menos ocho veces a corta distancia contra el auto, desde atrás, desde los costados y desde adelante, y que uno de esos tiros mató a Cristian “Paraguita” Toledo, a pocas cuadra de su barrio, de su casa, de su familia. Por casualidad, o mala puntería, no fusiló también a Dani y Carlitos.

A partir de allí, comenzó una lucha en el barrio, en las calles y en los tribunales, protagonizada por familia, amigxs, vecinxs y organizaciones del barrio, junto a CORREPI, que a los pocos meses debió enfrentar la “doctrina Chocobar”, impuesta como regla por el gobierno de Cambiemos para asegurar la impunidad de quienes son el brazo armado de un gobierno que promueve el ajuste y la militarización en las calles. También hizo su entrada en escena el defensor del policía, Marcelo Pecorelli -expulsado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad por “tráfico de influencia”- que así como manifestó, en la primera audiencia, que iba a interrogar a las víctimas como imputados y no como testigos, se esforzó en empiojar el trámite con inexistentes nulidades, a la vez que intentó, sin éxito, traer como “testigos” favorables al asesino al ministro y el secretario de Seguridad de la Ciudad.

El 11 de septiembre de 2018, Adrián Gustavo Otero se convirtió en el primer policía de la Ciudad que se tuvo que sentar -esposado- en el banquillo de los acusados, y desde el 23 de octubre es su primer condenado por gatillo fácil, y a prisión perpetua.

Dijimos en el alegato que éste era un juicio al que llegamos en circunstancias excepcionales, con el policía preso y acusado no sólo por las querellas, sino por la fiscalía, por la figura correcta: el homicidio agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad estatal. Encontrar jueces y fiscales que se atrevan a usar esa calificación es tan difícil como lograr que le digan tortura (y no apremios, vejaciones o severidades) a la aplicación de tormento.

Dijimos, también, que era la oportunidad para una sentencia histórica, que en pleno avance del estado de excepción impuesto por Macri y sus aliados, llamara las cosas por su nombre, le dijera asesino al asesino y señalara claramente la responsabilidad estatal frente al gatillo fácil.

Rodeados de apoyo popular, de solidaridades inmensas, de unidad y lucha organizada, lo conseguimos.

Condenamos a Otero, pero también desenmascaramos a Horacio Rodríguez Larreta, que, como Patricia Bullrich, no se cansa de decir que CORREPI miente.

Los mentirosos, los jefes de las bandas represoras, son ellos.