Comunicadores del Sur

29.11.2018

Por Gisela Marziotta

La Legislatura aprobó el presupuesto 2019, cuya esencia es el ajuste y el aumento de los intereses de la deuda pública. El gobierno porteño proyectó para el año próximo subas en todos los servicios, aunque no se iniciarán obras públicas nuevas ni habrá inversión para nuevas estaciones de subte.

Gran parte del ajuste caerá sobre los salarios públicos y las áreas de vivienda, trabajo, educación, salud y cultura. 

Mientras los porteños pagarán un 38 por ciento más de ABL el año próximo, según el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la Legislatura, a los trabajadores del Estado se les aumentará solamente un 26 por ciento. Además, el gobierno porteño proyectó para 2019 una mayor carga tributaria que golpea directo el bolsillo de los vecinos con aumentos que van desde el 90 por ciento en estacionamientos y acarreos; 58,4 por ciento en electricidad, y hasta el 54 por ciento en multas.

Según lo planificado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, además, en 2019 no se iniciarán obras públicas nuevas y solamente se limitará a terminar las comenzadas este año, para lo que se destinan más de 50 mil millones de pesos.

Tampoco habrá inversión en el subte para nuevas estaciones. El gobierno porteño renovó la eterna promesa incumplida de cada año de finalizar la construcción de 52 escuelas especialmente en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

En sintonía con el gobierno nacional, el ajuste y el aumento de los intereses de la deuda pública, que supera los 25 mil millones de pesos, son la esencia del presupuesto con el que gobernará Rodríguez Larreta en 2019.

Tras un debate que duró casi tres horas y que se adelantó debido al G20, el proyecto fue aprobado solamente por el bloque oficialista Vamos Juntos, mientras que tanto el kirchnerismo como el Bloque Peronista y los partidos de izquierda votaron en contra; y Evolución, el GEN y el Partido Socialista se abstuvieron. Fueron 34 votos positivos, 16 negativos y 9 abstenciones.

El pago por intereses de deuda alcanza los 25.815 millones de pesos, lo que representa un récord histórico de 8 puntos de participación en el gasto total. Los intereses de la deuda, que fueron el determinante para el presupuesto que elaboró el Ejecutivo porteño para el año que viene, aumentaron más del 77 por ciento producto del proceso devaluatorio de este año.

Según el análisis realizado por el Centro de Estudio Metropolitanos (CEM), en la última década el peso de la deuda en los gastos totales saltó de un promedio de 1-2 por ciento entre 2008 y 2016 a un 8,1 por ciento para el año próximo.

“En el presupuesto 2017 se destinaron 6584 millones al pago de deuda, el año que viene, en un salto de cerca del 300 por ciento nominal, se pasa a 25.815 millones de pesos”, precisa el informe.

Una de las carteras más beneficiadas es la de Seguridad, ahora a cargo de Diego Santilli, que cuenta con una partida de 4100 millones de pesos, que incluye la construcción de nuevas comisarías por 1463 millones.

El presupuesto cuenta con partidas para la policía “nueva” que solamente apunta a salarios; pago de una deuda “espiralizada”; burocracia de altos cargos, gasto real que crece “casi 70 por ciento”, aunque por otro lado quedan las escuelas rotas, niños y niñas sin vacantes, hospitales en tren de fusión, falta de inversión en subtes y nuevos espacios verdes.

El salario policial pasó de cero puntos en el 2008 a tener un 11 por ciento en el 2019, mientras que el salario docente perdió 9 puntos, ya qué pasó del 19 por ciento al 10 del gasto total. Mientras que los sueldos en el área de salud perdieron cinco puntos de participación.

Desde la oposición coinciden que es un presupuesto de “ajuste en recesión”, y en el que los números “sólo cierran para pagar los intereses de la deuda”. En ese sentido, precisaron que “gran parte del ajuste caerá sobre los salarios de los trabajadores públicos y sobre las partidas destinadas a vivienda, trabajo, educación, salud y cultura”.

“El presupuesto aprobado ayer prevé una inflación del 23 por ciento y estamos cerrando el año con una inflación que casi llega al 50 por ciento, por lo que, en términos reales, el presupuesto tendría una caída de más del 6 por ciento (-6 por ciento de crecimiento), es decir, la ciudad tendrá un menor poder adquisitivo para cumplir con sus funciones, brindar servicios e invertir. Habrá menos recursos para satisfacer las necesidades de educación, salud, promoción y acción social, cultura y trabajo”, detallaron desde el despacho del legislador Santiago Roberto.

Además, durante el año 2019, la Ciudad tendrá que hacerse cargo de más gastos de los que se ocupó hasta ahora, ya que el Gobierno Nacional va a dejar de financiar los subsidios al transporte de colectivos que suman unos 4100 millones de pesos; a la tarifa social de agua de Aysa por 380 millones de pesos; y de la electricidad por 700 millones de pesos; que fueron traspasados a la Ciudad.

Estos subsidios más la eliminación del “fondo sojero” representará para la ciudad un costo de 6050 millones de pesos, a lo que se le suma la caída de 7.000 millones de pesos que se dejan de percibir de Ingresos Brutos (IIBB) por la adhesión al pacto fiscal. “Todo junto es un agujero de 13.000 millones de pesos”, precisaron desde la Legislatura.

Según el análisis del CEM, “los gastos totales previstos para 2019 ascienden a 321.457 millones de pesos. Un 25,8 por ciento más que en 2018, cuando el presupuesto alcanzará los 255.456 millones de pesos”.

“En el comparativo se observa claramente que, en relación al año anterior, es un presupuesto de menos obras y más deuda. Los gastos de capital sufren una variación nominal de apenas un 8,7 por ciento mientras los intereses de la deuda aumenta nominalmente un 77,2 por ciento, se destinarán 25.815 millones de pesos al pago de la deuda”, señala el informe del CEM.

Según el análisis, “en términos nominales, pero mucho más en términos relativos cae la inversión pública, en obras. De 48.057 millones de gastos de capital en 2018 se pasa a 52.256 millones en 2019, un salto nominal de apenas un 8,7 por ciento que se convierte en negativo si se calcula la inflación proyectada”.

Además, señala que en el marco de dos años de recesión, y con el impacto que esto tiene en los recursos propios de la Ciudad, el presupuesto “se propone una mayor carga tributaria”.

“El GCBA proyecta aumentos del 90 por ciento en estacionamiento y acarreo, 58,4 por ciento a compañías de electricidad, 54 por ciento en multas y 38 por ciento en ABL”, subrayan desde el CEM.

Por último, para el 2019 hay áreas que sufren fuertes caídas nominales: industria y comercio (-58,7 por ciento), cultura (-22,9 por ciento), turismo (-18,9 por ciento) y agua potable y alcantarillado (-17,8 por ciento). Se observa una caída sostenida del peso de las funciones educación y salud. De representar casi el 50 por ciento del gasto en 2008 a apenas supera el 30 por ciento el año que viene.

29.11.2018

Los herederos de la histórica confitería porteña de la Av. Corrientes 1453, aducen que no les alcanza para pagar los sueldos y busca un comprador del fondo de comercio.

La confitería La Giralda cuenta con diez meseros que en su mayoría superan los veinte años de antigüedad en la empresa.

Ya el año pasado, los Nodrid, familia dueña de La Giralda y de muchas otras propiedades dejaron de pagar los sueldos, y ahí poco a poco por necesidad tuvieron que dejar de trabajar para conseguir changas y así llegar a fin de mes. La empresa se presentó al Seclo, pero nunca cumplía las promesas de pago.

Los mozos Antonio Jaimez tiene 16 años de antigüedad, mientras José Orellana 21, ambos reclaman el pago de los haberes adeudados junto a sus compañeros Guillermo Orellana y Antolín Vera de 30 y 19 años trabajando en la Giralda respectivamente.

Si bien en el 2017 las irregularidades pasaron a ser moneda corriente la situación de los trabajadores de La Giralda nunca fue buena como relata la abogada que representa a los mozos "La situación siempre fue irregular, a trabajadores de más de 30 años de antigüedad siempre los mantuvieron con parte del sueldo en negro. En 2017 estuvieron casi dos meses sin pagar los salarios, no les hacían los aportes patronales, dejaron caer todo el fondo de comercio. Siete trabajadores les iniciaron juicios para poder cobrar lo adeudado. Nodrid es una familia muy pudiente y con varias propiedades. Les iniciamos una causa penal para frenar la venta de los bienes" contó Verónica Sánchez

27.11.2018

Por Gustavo Sarmiento

Sin consenso y con la Legislatura militarizada, se votó la polémica Universidad docente. Para la comunidad de los profesorados, el larretismo va por los edificios. Lo que sigue: la vía judicial.

¿Por qué el gobierno porteño se empecinó en votar la ley de la Universidad Docente de la Ciudad (UniCABA), a pesar de tener a toda la comunidad educativa y a los nueve bloques de la oposición en la Legislatura en contra? ¿Por qué el apuro de aprobarla sin consenso ni debate, y sin siquiera establecerle un presupuesto y una sede para funcionar? Estas preguntas se formulan todavía docentes y alumnos de los 29 profesorados que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta quiere sentenciar a una muerte lenta e ineludible. Coinciden en una hipótesis: por un lado, se busca desfinanciar al sistema educativo público, a favor del privado, y al mismo tiempo generar un negocio inmobiliario con la venta de los terrenos donde hoy funcionan los institutos.

El jueves, con la Legislatura vallada y la Policía de la Ciudad reprimiendo, los 34 legisladores de Vamos Juntos aprobaron la ley. Ni siquiera contó con los votos de sus aliados de Evolución. El proyecto habla de que “coexistan” (y compitan) la UniCABA y los profesorados, aunque no por mucho tiempo. Una Agencia Evaluadora se encargará de vigilar cada profesorado para analizar cuál merece continuar y bajo qué parámetros.

La ley no estipula un presupuesto para la UniCABA. Apenas deja entrever que saldrá del presupuesto 2019 para Educación, que ya tiene los fondos asignados para el resto de las áreas de la cartera. En ese caso, deberán quitarle montos a otros programas. Y sólo los profesorados públicos serán examinados por la Agencia Evaluadora. Los privados (sobre todo los 20 eclesiásticos) estarán exentos, tanto de ese control como de la necesidad de actualizar el sistema informático de administración que deberá llevar a cabo cada instituto público, según dictamina la flamante ley. Según el Ejecutivo, es para conocer la cantidad de alumnos y docentes que tienen los profesorados. Pero como la matrícula está ligada a los subsidios, el recorte a los profesorados puede ser otro puñal para su lenta disgregación.

Maximiliano Ferraro, el legislador de Vamos Juntos que llevó el tratamiento de la ley durante todo el año en la comisión de Educación, aseguró que “están garantizados los principios de autonomía y autarquía y todo se organizará a través de un rector organizador”. Lo que no mencionó es que la nueva universidad docente tendrá un primer rector y comité directivo elegidos por el Ejecutivo, por lo que la autonomía no se estaría cumpliendo. Las primeras inscripciones arrancarían en el segundo semestre de 2019, para que empiece a funcionar en 2020.

Patricia Simeone, rectora del Instituto Superior Joaquín V. González, remarcó el problema de la validez de los títulos: “El título de cualquier universidad tiene validez jurisdiccional hasta que lo apruebe la CONEAU. Los profesorados ya la tenemos. En cambio el promedio para darte una nueva validez como universidad es de cinco a seis años”.

La rectora de la Escuela Normal Superior 1 y vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE), Débora Kozak, advirtió que “hace ya un buen tiempo se vienen sufriendo ajustes: el gobierno nos sacó horas destinadas a investigación, quitó becas, y también en la infraestructura. Tenemos las instituciones en estado deplorable. En medio de todo esta situación, con miles de vacantes, cierre de jardines y recortes educativos, sancionan esta ley que habilita a afectar el presupuesto de cualquiera de los niveles educativos para financiar esa universidad”.

También los contenidos están en jaque. Temen que se generalicen los temas, se borren contenidos que tienden a la formación de sujetos críticos, y se pierdan especificidades y planes actuales de investigación. “En las Normales hay una unidad académica con Jardín y Primaria, donde aplicamos lo aprendido en la carrera, con prácticas innovadoras, como la inclusión de tecnología en el nivel inicial. Eso jamás se podría hacer con la universidad”, remarca Kozak.

Mientras tanto, la pelea de la comunidad educativa comienza a transitar el sendero judicial. Ya se anunció la posibilidad de presentar una demanda colectiva que declare la inconstitucionalidad de la norma. Ya había un amparo a favor que le ordenó al gobierno porteño informar, en un plazo de diez días, detalles sobre la creación de la UniCABA. En el medio, se aprobó la ley. “Iremos por todos los canales legales, queda mucho por hacer y demostrar, seguimos diciendo No a la UniCABA”, enfatiza Simeone.

Las miradas también apuntan al negocio inmobiliario. El primero que disparó la alerta fue el anuncio del traslado y venta del terreno del Romero Brest, referente en la enseñanza de educación física, en Núñez. Otros profesorados, como el Alicia Moreau de Justo y el Normal 1, son Monumentos Históricos. “Es clarísimo para nosotros que hay una intención de negocio inmobiliario. Puede correr riesgo cualquier institución, es completamente factible y está acreditado con el traslado del Romero Brest, que está en buenas condiciones –resalta Kozak–. Lo que les interesan son los edificios. El nuestro es de 1874. Junto con el Mariano Acosta, son las instituciones creadas por Sarmiento adonde vinieron las primeras maestras llegadas de Boston. Tiene una tradición centenaria en la formación docente. Hasta tenemos un archivo histórico con cartas de Sarmiento y Rosario Vera Peñaloza. Es patrimonio pedagógico y también cultural, que con esta ley está en riesgo”. «

26.11.2018

Por Colectivo de Medios Populares*

La madre de Juan Pablo Kukoc habló en el marco del festival realizado en el barrio de La Boca, junto a organizaciones y vecinos.  “Hay que seguir con la vida –apuesta Ivonne- porque fue a ellos a quienes les arrancaron esa vida alegre y de fiesta que tenían. A ellos no les alcanzaba el día, como dice Roxi. Iban al colegio, jugaban al fútbol, estaban con amigos”, afirmó. 

El 19 de noviembre Juan Pablo Kukoc hubiera cumplido 19 años. Pero las balas del policía Luis Chocobar terminaron con su vida apenas un mes después de llegar a los 18. Sin embargo, y como parte de esa lucha por justicia parida de tanto dolor, su mamá Ivonne, sus hermanes y sus amigos, junto con vecinos y organizaciones de La Boca, decidieron armar un festival para festejarlo. “Hay que brindar por su vida”, dice Ivonne a casi un año de que le arrancaron a su hijo. Es viernes y atardece en el barrio de los desalojos y superclásicos. El pedido por justicia grita desde la remera negra de Ivonne, en las banderas que atraviesan la calle Suárez y en los esténciles que multiplican la sonrisa de Pablo en decenas de pañuelos. Y ese pedido no está solo, se hace fuerte en el abrazo incondicional de otras madres que perdieron a sus hijos e hijas en manos de la represión estatal. 

 “Hay que seguir con la vida –apuesta Ivonne- porque fue a ellos a quienes les arrancaron esa vida alegre y de fiesta que tenían. A ellos no les alcanzaba el día, como dice Roxi. Iban al colegio, jugaban al fútbol, estaban con amigos. Si el día podía tener 26 horas, para ellos era mejor. Hay que brindar por su vida”. Y qué mejor que brindar en la calle, con música, globos, pelotero, un mural y la palabra de esas mamás que, casi al mismo tiempo, lloran, mascan bronca, bailan cuarteto y plantan cara ante tanta injusticia.

“Somos todas mamás que nos miramos y tenemos el pin, la remera, que cada cumpleaños de nuestros pibes hacemos esto. Y quizás para el vecino o la vecina somos los locos pero nos dejaron en esta condición, recordando y diciendo Kiki tenías 17, hoy tendrías 27, y te recuerdo y te voy a recordar hasta el resto de mi vida, sólo el día que me muera no te voy a recordar, no voy a pedir justicia, ahí no voy a caminar más”, dice entre lágrimas Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lezcano, asesinado el 8 de julio de 2009 por un policía de la Federal. 

Roxana Cainzos es la mamá de Nehuén, otro adolescente de La Boca que perdió su vida a los 18, atropellado por un patrullero de la Policía Metropolitana que cruzó en rojo, sin sirenas y en contramano. Junto con Ivonne y con Carolina -mamá de Lucas Cabello, también del barrio, víctima y sobreviviente del gatillo fácil- abrieron el merendero “Madres en lucha”.  “La verdad que somos una familia que nos alentamos unas a otras y nos acompañamos en cada momento. Nos encantaría que puedan copiar eso de las madres que somos de distintos pensamientos, quizás, pero en distintas formas siempre estamos unidas y vamos para adelante a pelear contra el mismo monstruo que es el neoliberalismo que nos está matando a nuestros pibes. Lo importante es que dejen de reprimirlos y matarlos, que le den trabajo y educación”, dice Roxi, incansable. 

Entre todas las mamás hay un hombre. Un papá. Es Alfredo, padre de Florencia “La China” Cuellar, asesinada en diciembre de 2012, junto a otras 9 chicas, en la cárcel de mujeres de Ezeiza, por defender los derechos de sus compañeras. Alfredo también toma la palabra: “El Estado tiene que ser responsable, el chico tiene derecho al estudio, a la salud, a una vivienda digna, porque para eso está el Estado, y no empujarlos al abismo para que en algún momento cometan un error y mandarlos a la cárcel para que ahí se pudran. Nos tienen que escuchar a nosotros los familiares porque somos pobres y estamos condenados a vivir ahí. Los familiares unidos sí somos hoy una amenaza para el Estado y sabemos que sigue sosteniendo e implementando la violencia, que la Justicia tiene la balanza inclinada a favor de los poderosos, de la corrupción y de la impunidad.  Por eso es muy importante acompañar porque no es fácil perder un hijo, sobrellevar esta mochila cargada de dolor, impotencia y discriminación”. 

Las mamás se miran y una a una pasan al micrófono. Cada una relata su historia, la de su hijo; todas hablan de injusticia, de un sistema estatal que reprime a los pibes, a los pobres. Pero todas y cada una también destaca esa unión que las sostiene y que buscan, se replique. También señalan que encuentran justicia social en cada movida, cada marcha, cada festival que, como este primer cumpleaños sin Pablo, reúne a familias, amigos, militantes. “Ese cariño, ese beso y ese abrazo que nos damos, nos fortalece. Nosotras, más allá de nuestra cara muy triste y el corazón partido, juntamos fuerza para seguir luchando. Pedir justicia nos fortalece y nos hace ponernos de pie. No queremos que le pase esto a otro de los pibes”, asegura Ivonne.
La luna sale en La Boca y bajo su luz, los amigos y los hermanos y hermanas de Pablo también buscan su manera de recordarlo. De decir cuánto lo extrañan. Con su imagen en alto y en cada pecho, una letra; forman, unidos, su nombre. El baile continúa en Suárez e Irala. Es una noche más sin Pablo y un día más de lucha para que se haga justicia.    

Pablo por Ivonne

“Nació en la provincia de Salta y vinimos a sus 12 años. Él amaba al fútbol y a los animales. En casa tenía una suerte de granja, yo lo cargaba. Tenía su gallina, pollito, su perro, y hasta un día vino con un caballo que se encontró. Y a los dos días apareció el dueño, era chiquito el caballo. Y el dueño se reía cuando lo encontró. Muy simpático lo invitó a que venga de vez en cuando a darle de comer a los animales. Hasta le pidió que le regalara una vaca. Me acuerdo que yo le decía que me parecía mucho, y se le ocurrió que un chancho era mejor. Siempre se encontraba un animalito y lo traía. Él siempre estaba con su perro porque siempre decía que era su amigo fiel”.

*FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica/Radio Presente
(Desde el Colectivo de Medios Populares producimos en unidad como urgencia y como apuesta. Coincidimos en que la comunicación no es mercancía. Nos encontramos, ensamblamos, complementamos, potenciamos y existimos, intentando romper con una máxima que buscan imponer como natural: que entre iguales, solo queda competir)

26.11.2018

Por Emilia Leone

Luego de su retiro vacacional, el presidente Mauricio Macri habló de la escandalosa suspensión de la superfinal entre River y Boca

Aunque no estaba previsto, el presidente habló en la Casa Rosada acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Germán Garavano. En su intervención, apuntó contra la Justicia por la suspensión de la Superfinal entre River y Boca y adelantó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar, entre otras cosas, un proyecto que "endurece las penas" contra los barrabravas.

Por extensión, como parte de su discurso criminalizador, el presidente llamó a "rechazar a los violentos" y a "las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias". Además, calificó de "bochorno" a la agresión que sufrió el micro de Boca, en las cercanías del estadio de River.

"Tenemos fallas en el sistema" de organización de los partidos de fútbol, dijo Macri, y acusó a "parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, que apaña como una conducta razonable tiras piedras, agredir, violentar, y claramente esto no es aceptable".

“¿Cómo puede ser que esas personas estén libres a las horas? No lo entiendo", sostuvo en lo que fue interpretado como un cuestionamiento al Poder Judicial. Además, Macri apuntó que "el jefe de Gobierno, como responsable, está estudiando y viendo cómo perfeccionar" el operativo para cuando se realice el partido, y destacó que “mas allá de los operativos policiales, no puedo resignarme a que haya que militarizar toda la zona, toda la ciudad”, ante un evento como este.

Sin embargo, lejos de una simple "falla", de una “falta de control” o de un “Estado ausente” para garantizar un espectáculo como el Superclásico, lo cierto es que la estrecha relación entre la dirigencia de los clubes, los funcionarios de gobierno, las fuerzas de seguridad y los llamados "barrabravas", no puede ocultarse.

Así lo demostró una vez más, con sus declaraciones, la ministra Patricia Bullrich, quien no se había pronunciado hasta ahora por los escandalosos hechos. Tras explicar que el proyecto "tipifica como delitos penales y no como contravenciones todas las conductas violentas que se realizan durante un evento deportivo”, Bullrich agregó que van a obligar a los barras que tienen prohibición de entrar a la cancha a que se presenten “en predios especiales tres horas antes de los partidos". Igual que Mauricio Macri, negó que hubiera existido una interna policial y una zona liberada para permitir el accionar de los violentos.

Como señaló en este diario el periodista deportivo Augusto Dorado, "que las barras de fútbol ’trabajan’ para intendencias, burocracia de los sindicatos o dirigentes de distinto pelaje en constante ’equipo’ con las fuerzas de seguridad no es ningún secreto". Basta con recordar el rol que tuvieron como parte de la patota de la cúpula de la Unión Ferroviaria que asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra durante una medida de los trabajadores tercerizados del ferrocarril.

En una ciudad que en pocos días estará sitiada de cara a la realización del G20, para proteger a los responsables de las guerras y el hambre en el mundo, no faltan, por supuesto, las hipótesis de que estos hechos estuvieron ligados a una interna entre los ministerios de seguridad (Ciudad-Nación) y a acuerdos de sectores de la Policía con la barra brava de River para que ocurriera la agresión, con la la zona liberada.

En vísperas de ese operativo que coordina la cuestionada ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el hecho despierta por ello una alarma mayor. Como se sabe, para el evento que recibirá a los presidentes de los países que lo integran, la ministra desplegará 22 mil efectivos de fuerzas federales. Además, habrá Policía de la Ciudad, Bonaerense y efectivos de los mandatarios extranjeros, como Donald Trump que será acompañado por mil de ellos.