Comunicadores del Sur

17.12.2018

Por Tali Goldman

El domingo 9 de diciembre, cuando el país aguardaba el Boca-River, un incendio devoró un taller clandestino en Mataderos y una nena de 11 años murió. En la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta siguen funcionando impunemente los talleres clandestinos. Desde el año 2006 hubo 9 muertes en este tipo de talleres y 8 fueron chicos.

Mientras el país se despertaba con un ojo mirando a España, aguardando el partido más escandaloso de la historia del fútbol, en Mataderos, a las 9 de la mañana, se incendiaba una casa en la que funcionaba un taller textil clandestino. Mientras las llamas se hacían difíciles de apagar, moría una nena de 11 años. Ni los vecinos ni los bomberos pudieron rescatar a Mariana Ramos. Sobrevivieron sus padres y su hermanito.

Pocos medios de comunicaciónse hicieron eco impulsados por organizaciones sociales y sindicatos que visibilizaron el episodio. Se sabe: ya es obsceno el cerco mediático que existe sobre el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Pero también se vuelve a poner en evidencia que las muertes de pobres no importan. Así como no “interesaron” las muertes de los presos de la comisaría de Esteban Echeverría —la mayor tragedia en comisarías en la provincia de buenos Aires— tampoco “importó” la vida de una nena pobre y, además, de origen boliviano.

Pero si observamos las muertes por incendios en talleres clandestinos desde el año 2006 el dato es espeluznante: de las nueve víctimas fatales ocho fueron menores de edad. 

El hecho ocurrió el último domingo en la calle Cañada de Gómez al 1700, en el barrio porteño de Mataderos. En una casa en la que funcionaba un taller textil y además residía la familia compuesta por los dos padres, Mariana y su hermanito. No hace falta explicar en qué condiciones. O sí. Las condiciones precarias en la que la desregulación estatal, la crisis económica neoliberal y los negociados con las grandes marcas permiten que una nena de 11 años muera. Aún se desconoce si el incendio se produjo por la sobrecarga de un enchufe o un espiral encendido. Pero lo que se sabe es que esa muerte fue absolutamente evitable.

Así lo entiende Juan Vázquez, responsable del área textil de CTEP en la Ciudad, miembro de la cooperativa Juana Vilca -en homenaje a una de las nueve fallecidas-.

Vázquez explica: “Cuando se empieza a incendiar Mariana se esconde debajo de la cama entonces no pueden llegar a rescatarla. Estos lugares se incendian por las precarias condiciones de energía. Si bien fueron distintos los casos, pero todos los incendios se desatan por temas de luz”.

Vázquez, que creó el movimiento Simbiosis Cultural cuando fue el primer incendio en 2006, es contundente: “La denuncia que nosotros hacemos no es solamente para visibilizar estos modos de trabajo sino también las responsabilidades tiene que ver con el Estado. El Estado tiene todas las facultades y herramientas de controlar la trazabilidad de una prenda. En cada parte que se hizo una ropa. Eso se logra si por ejemplo, Cheeky vende 10 mil unidades de tal remera, el Estado puede ir a Cheeky y decir bueno ustedes que facturaron esas diez mil remeras necesito que me digan dónde las confeccionaron. Las que no arman la estructura productiva te pueden decir, yo compro el producto terminado. Entonces el Estado tiene que ir a corroborar. Pero como el Estado no hace eso, entonces habilita que en este caso, por ejemplo Cheeky haga las remeras en estos talleres. Por eso decimos que el Estado tiene esa responsabilidad”.

Pero además, la crisis económica agudiza toda esta situación. La familia de Mariana Ramos, que tenía un precario taller, estaba paralizado hacía dos meses. Y eso le está pasando a todo el sector. “Las cooperativas están quebrando, fábricas enormes están cerrando. Entonces para las organizaciones sociales como nosotros es más difícil ir a los talleres para empezar a formar cooperativas, para hacerles entender que no pueden trabajar en esas condiciones, porque la falta de trabajo hace que uno haga cualquier cosa para poder obtener algún mango”, grafica Vázquez.

Según explica el periodista Nicolás Romero de Página 12 “el Gobierno porteño salió a despegarse y prácticamente transfirió la responsabilidad a los vecinos. Ricardo Pedace director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), sostuvo que ´el domicilio no tenía ninguna denuncia registrada ante nuestro organismo´, ni tampoco había sido denunciado en la PROTEX ni en la ONG La Alameda”.

Los casos

El 30 de marzo de 2006, en un taller clandestino de la calle Luis Viale, una falla eléctrica recalentó un cable en la planta superior del taller, que funcionaba como vivienda de los casi 60 costureros que trabajaban allí y de sus familias. Ese incendio que terminó con las vidas de seis personas: Juana Vilca Quispe, de 25 años, embarazada; Elías Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de 4; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe, de 4.

En junio de 2016 el TOC 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a los encargados del taller, Luis Sillerico Condori y Juan Manuel Correa y los instaron a que cumplan 13 años de prisión por reducción a la servidumbre.

Sin embargo, los jueces dictaron al falta de mérito para Daniel Fischberg y Jaime Geiler, dueños del inmueble y de las marcas JD y Loderville.

Nueve años después, el 27 de abril de 2015 otra tragedia evitable se llevaba la vida de Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, hijos de trabajadores textiles que trabajaban en el taller ubicado en el barrio de Flores.

Por este caso, el empresario textil Lee Sung Yop fue procesado en primera instancia por el delito de Trata de Personas con fines de explotación laboral agravado.

El Juzgado Federal N°6 determinó en el procesamiento que “los damnificados trabajaban más de doce horas diarias sin gozar del apropiado descanso, en precarias condiciones de higiene, ventilación e iluminación, y en inapropiadas condiciones de seguridad”. También señaló que, debido al escaso salario que percibían los trabajadores, se veían prácticamente obligados a vivir en el mismo lugar en el que trabajaban. Actualmente la causa reside en el Tribunal Oral Federal N°2 a la espera de que tenga fecha de juicio.

El rol de los sindicatos docentes es fundamental en estos casos. No sólo fueron los que junto a las organizaciones sociales se acercaron a la casa y acompañaron a la familia, sino que son los encargados de contener a los pibes en las escuelas y de hablar de estas problemáticas.

Carolina Brandariz, secretaria de Géneros e igualdad de oportunidades de UTE/Ctera, y responsable del Distrito 13, escuela a donde acudía Mariana, explicó a este portal que fue a la escuela “para acercarles el material que habíamos producido con la muerte de Rodrigo y Rolando en 2015 un caso que nos conmovió muchísimo. Que se llama ´de eso sí se habla´ que habla sobre la ley de trata que es poco conocida, que es lo que pasa con los niños que son estudiantes y a su vez viven con familias que su vivienda es su taller textil que es una realidad muy presente en las escuelas de zona sur de la ciudad. Con toda la explotación que existe en ese rubro. La industria textil es ´la´ industria de la tercerización por excelencia”.

Otra vez, el Gobierno de la Ciudad que comanda el macrismo hace más de una década está ausente y por lo tanto es cómplice de la muerte de Mariana.

16.12.2018

Ante la resolución n° 4055-2018 del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se informa sobre el cierre de cursos en las escuelas nocturnas y el cierre de escuelas comerciales, se convoca a trabajadores de todas las escuelas nocturnas a una reunión abierta para este lunes 17 de diciembre, a las 19:00, en el Colegio 14 DE 2 J.J. Paso, ubicado en Valentín Gómez 3163. Allí se definirá un plan de lucha para resistir esta medida y se acordarán acciones de organización y visibilización que incluyen semaforazos, banderazos y volanteadas, entre otros.

La Unión de Trabajadores de la Educación se declaró el Estado de Alerta y Movilización ante la resolución n° 4055-2018 del Ministerio de Educación de la Ciudad, en la que se comunica el cierre de 14 escuelas comerciales y el cierre de cursos en los nueve liceos y bachilleratos nocturnos de la jurisdicción. A través de un comunicado desde UTE manifestaron: Este avance brutal contra la escuela pública se suma a las políticas de reducción sistemática del presupuesto educativo y desescolarización que recorre desde los jardines maternales hasta los profesorados e institutos de educación técnica y superior. Miles de estudiantes serían marginados del derecho a la educación y cientos de docentes perderían su trabajo de no darse marcha atrás con esta Resolución de ajuste educativo. En el año 2019 no abrirían los primeros años de todas las instituciones mencionadas. Es como cortar un árbol desde la raíz. Se trata del mismo procedimiento que aplicaron en el Jardín del Ramos Mejía al cerrar la inscripción a la sala de Lactario pero aplicado a todas las secundarias nocturnas de la Ciudad. Con igual desprecio por lo público y por la comunidad educativa llevan a cabo los traslados inconsultos del Romero Brest o la Escuela de Cerámica.

Los gobiernos neoliberales, como el de Macri y el de Larreta, no quieren escuelas abiertas porque no aceptan que la educación sea un derecho. Pretenden convertirla en una mercancía. Convocamos a la unidad de familias, estudiantes, docentes y toda la ciudadanía de Buenos Aires para enfrentar el ataque de estos verdaderos destructores de la escuela pública”.

15.12.2018

Por ACTA-CTA

Tras la noticia del fallecimiento de Maximiliano Tadeo Costa, trabajador del área de Forestales de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, ATE Senasa Capital convocó una asamblea para discutir las condiciones laborales y construir un paro en el sector, en memoria de todxs los compañeros que fallecieron producto de las políticas de ajuste y despidos

"El compañero Maximiliano aparentemente –porque exigimos las pericias e investigación correspondiente del caso– decidió quitarse la vida en el organismo que trabajaba, dejando un claro mensaje al ser hallado, por otro trabajador, colgado sin vida frente a las oficinas de los funcionarios que meses atrás desmantelaban su sector y producían despidos masivos en Agroindustria". Así comienza el informe de la asamblea convocada en el mediodía del miércoles.

Según sus compañeros y compañeras que participaron de la asamblea, Maximiliano, de 32 años de edad, estaba sobrepasado de deudas, su sueldo cada vez le alcanzaba menos para cubrir sus gastos cotidianos y expresaba el temor de perder su empleo a fin de año.
Además, denunciaron el caso de Roberto Billard, quien falleció hace 20 días por un infarto en la misma Secretaría, y apuntaron que el desmantelamiento del servicio médico y la falta de equipamiento mínimo, como un desfibrilador portátil, imposibilitaron que Roberto reciba atención rápida y efectiva.
"Ante esta conmoción entre las y los trabajadores, no solo de la Secretaría sino también del Senasa, nos reunimos urgentemente en Asamblea para tomar decisiones, y para decirnos y decir al resto de las y los Trabajadores Estatales en particular, y al Movimiento obrero en general, que de estas políticas asesinas de ajuste y represión no nos salvamos solos, no nos salvamos por separado, no nos va a salvar la espera del cierre de roscas hacia las elecciones del 2019", dice el comunicado de ATE Senasa.
Carina Maloberti, delegada de ATE SENASA, afirmó: “Nos podemos hacer los distraídos pero Maxi no eligió la plaza ni su casa para quitarse la vida, eligió el lugar de trabajo”. En ese sentido, remarcó cómo las condiciones de precarización laboral, los despidos y el ajuste que viene sufriendo el organismo y la violencia laboral que ello implica golpean en la vida de cada trabajador. “No está en riesgo solo el trabajo, aunque es muy importante, sino que están en riesgo nuestras vidas”, expresó.
A su vez, Natalia Castesana, quien estuvo presente en representación de la Conducción Nacional de ATE, manifestó: “Estamos acá para reafirmar la necesidad de encontrar entre trabajadores, cara a cara, para discutir y evaluar por qué pasa lo que pasa, porque nos están matando así, y contenernos. La asamblea es importante porque necesitamos estar juntos y juntas”.

Resoluciones de la Asamblea
 

"Maximiliano nos ha dejado un mensaje que cachetea en la propia cara las Burocracias sociales, sindicales y políticas que piensan en sus propios beneficios y privilegios, personales y corporativos. Esta Asamblea toma el mensaje de Maximiliano, lo pone en su contexto laboral y colectivo, más allá de las individualidades, y resuelve:
"1- Construir un Paro de los sectores del Ministerio de Trabajo y Producción, pidiendo a todos los cuerpos de delegadxs las asambleas para encontrarnos y hacer escuchar el mensaje de Maximiliano, y de todas las y los compañeros que en estos últimos años han dejado la vida en sus sectores de trabajo por no soportar las perversas condiciones de trabajo que impone la patronal y la codicia del Capital (entre ellos y ellas recordamos a nuestro compañero Juan Carlos Cabrera, cuando su fallecimiento a principio de este año multiplico la bronca y luego pudimos tomar nuestro organismo para detener los despidos masivos que avanzaban sobre nuestras familias; también a Melisa del Inta en el año 2016, la compañera delegada de la SAF, Natalia, en el 2017, y así podríamos seguir relevando en todo el país las y los compañeros caídos en servicio). Necesitamos que las asambleas de nuestros sectores se pronuncien ante la indignación, para romper con la impotencia y desolación que esta gestión pretende hacer sentir entre las y los estatales para que nos volvamos sumisos ante sus negocios con la política pública que van privatizando y precarizando.
"2- Dar el mandato a nuestrxs paritarios de Senasa, de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, para que presenten en carácter de URGENTE la denuncia en la Comisión paritaria central sobre las pésimas condiciones de trabajo en la Secretaria de Agroindustria y los organismos que de ella dependemos; y exigir la inmediata decisión, como lo venían pidiendo las y los trabajadores juntando firmas para restituir el Servicio de Salud Laboral, con su correspondiente presupuesto, en dicha Secretaria.
"3- Presentarnos, no solo como delegados y delegadas de Ate, sino como trabajadores del Pueblo, para denunciar el incumplimiento de deberes de Funcionario Público y abandono de persona por parte del Estado, frente a una patronal que no termina de entender, o se desentiende por desidia de la responsabilidad que tiene al ejercer deberes de un Estado por velar por la integridad física y la salud de su Pueblo; por tal motivo dirigir la denuncia penal al Poder Judicial, y presentarnos bajo la exigencia de investigación y procesamiento correspondiente a los responsables de las condiciones de trabajo que pudieran haber provocado las muertes de Maximiliano Tadeo y Roberto Billard en la Secretaría de Agroindustria.
"4- Exigir a las conducciones de nuestro sindicato, a nivel Nacional y local en CABA, proceda en forma respaldatoria institucional, acompañando las presentaciones y la voluntad asamblearia de las y los trabajadores estatales en esta Asamblea. Interpelar a las y los dirigentes de los distintos gremios, y o colores agrupacionales, para que sumen la fuerza necesaria que permita frenar estas embestidas. No hay más margen para relatos y discursos estériles de campañas fotográficas desde la tribuna sin poner el cuerpo junto al padecer cotidiano de nuestro Pueblo Trabajador. Debemos ser protagonistas en la lucha y las decisiones, y organizarnos para disputar los lugares de poder para ponerlos al servicio de los intereses populares. Con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes".

15.12.2018

Eric Soñis

El proyecto de reforma del Código Contravencional votado este jueves en la Legislatura de la Ciudad fue presentado por el oficialismo con la excusa de combatir a las “mafias” y, especialmente, de prevenir la violencia de género.

Con la reforma se crean nuevas contravenciones cometidas a través de medios electrónicos que contemplan especialmente a las víctimas mujeres (hostigamiento y ciber-acoso) y en contravenciones ya existentes, incluyen agravantes en razón del género de la víctima.

Además, crean la posibilidad de realizar denuncias anónimas, bajo el argumento de preservar a las mujeres y evitar que sufran represalias si denuncian situaciones de violencia.

La lógica detrás de esta reforma es clara. El gobierno utiliza cínicamente una problemática grave y real como es la violencia de género para justificar un aumento del punitivismo en relación al espacio público y para otorgarle mayor discrecionalidad y facultades de control y represión a la Policía de la Ciudad.

El oficialismo ha optado por esta vía para cerrar un año marcado por enormes movilizaciones en reclamo de mayores derechos para las mujeres. A la par, el gobierno se ha negado a discutir en la Legislatura medidas elementales – prácticamente de emergencia – para las miles de mujeres que sufren la violencia de género, tales como la construcción de refugios transitorios y planes de viviendas, regímenes de asignaciones económicas y cobertura social, planes de inserción laboral para mujeres desocupadas, licencias laborales en el ámbito público y privado, licencias y pases educativos para las víctimas y sus hijos, o la creación de equipos interdisciplinarios que acompañen integralmente a las víctimas de violencia.

En definitiva, el velo que Larreta y el oficialismo intentan darle a la reforma con esta "perspectiva de género" tiene un evidente corte de clase. Porque con este nuevo Código se alienta y endurece la persecución policial contra miles de mujeres y madres de bajos recursos que acuden a trabajos informales en la vía pública para garantizar el alimento de su familia. Por ejemplo, con este nuevo Código, quienes cuiden coches o limpien vidrios serán sancionadas con una multa máxima de $5.335 o con hasta 15 días de cárcel.

En la sesión legislativa donde se votó el proyecto, la diputada del FIT, Myriam Bregman, fue contundente y planteó que “Nos usan a las mujeres. Nosotras decimos: no en nuestro nombre. Ninguna mujer que luche por sus derechos puede luchar por delitos con perspectiva de género. Esa no es nuestra lucha. Nosotras no luchamos por delitos con perspectiva de género. Luchamos por nuestros derechos. Y algunas de nosotras luchamos por terminar con este sistema capitalista que amplifica y reproduce el patriarcado. Porque el patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar. Y para eso nos organizamos cada día, para tirar abajo el patriarcado. Y cuando nos organizamos y salimos a la calle, nos persiguen. El Código apunta a aumentar esa persecución. Cuando salimos a las calles nos persiguen y no queremos que en nuestro nombre voten este Código”.

En las reuniones de comisión donde se discutió el proyecto muchas mujeres que trabajan de manera informal en la vía pública plantearon cómo la Policía, en general sin identificación, les secuestra la mercadería que ellas compran o directamente les roba el poco dinero que se ganan.

La reforma actúa en los hechos como un regreso a los edictos policiales. Por un lado, aumenta considerablemente la cantidad de conductas que son consideradas contravención y, por ende, aumenta las posibilidades de la Policía de intervenir de oficio. Por otro lado, con las nuevas denuncias anónimas la Policía de la Ciudad podrá justificar su intervención ante cualquier situación: al no ser necesario acreditar la existencia real de una denuncia, les alcanzará con labrar un acta donde solo conste el incomprobable anonimato de la denuncia.

El oficialismo argumenta que las denuncias anónimas buscan "proteger" a las mujeres víctimas de violencia, pero el planteo es insostenible porque el proceso contravencional seguirá en manos de una justicia patriarcal que constantemente demuestra un total desprecio por las víctimas de violencia de género, mientras encuentra atenuantes constantes para los victimarios. Además, la Policía de la Ciudad seguirá jugando un rol central no solo en la investigación del proceso, sino también en la "protección" de las mujeres. En definitiva, el gobierno quiere que la protección de las mujeres quede en manos de los principales responsables de la violencia como es la Policía de la Ciudad.

En momentos donde aumenta la crisis social y económica, donde aumenta la desocupación y la desigualdad social, la respuesta del gobierno es otorgarle mayor poder de fuego a la Policía para perseguir a todos aquellos que buscan sobrevivir trabajando de manera informal en la vía pública. Tal como afirmó Bregman, "con este Código pretenden blindar la pobreza. Pretenden que no se note. Pero eso no se puede hacer, no se puede tapar el sol con la mano. Creo que nuestra tarea es organizar y seguir peleando con todos esos que enfrentan este Código Contravencional".

Criminalización de artistas callejeros y actividades culturales

El Código Contravencional establecía una multa máxima de $1.000 a quien generara ruidos que “excedan la normal tolerancia”. Hasta ahora, esta contravención dependía exclusivamente de la denuncia de particulares.

Con la reforma se establece una nueva sanción de multa máxima de 200 Unidades Fiscales ($3.750) y 1 a 5 días de arresto en caso de ruidos que provengan de la vía pública. Ahora, además, la Policía podrá intervenir de oficio, aunque no exista ninguna denuncia de algún particular. Para que la Contravención no se aplique contra artistas callejeros o cualquier otra actividad cultural, se necesitará ahora un permiso especial del Gobierno de la Ciudad.

Al respecto, Bregman planteo también que esta contravención “no solo persigue a artistas callejeros que salen a ganarse un mango, sino que también lo pueden aplicar a quienes hacemos actividades políticas en la vía pública”

Las “mafias” que enfrenta el gobierno: los trabajadores informales

El Código Contravencional establecía una multa de $200 a $400 a “quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos”. No había hasta ahora contravención por la limpieza de vidrios.

Con la reforma se crea una nueva contravención que incluye a todo aquél que presta o tan solo ofrezca el servicio de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios. Es decir que para que se configure esta contravención no será necesaria la exigencia de una retribución.

La multa en estos casos podrá ser de un máximo de 300 Unidades Fijas, al dìa de hoy un total de $5.335. Las Unidas Fijas (y por ende las multas) se encuentran dolarizadas ya que se actualizan cada 6 meses y se calculan según el valor equivalente a medio litro de nafta premium.

Además, si existe organización previa, o si la contravención se realiza en grandes parqués durante los fines de semana o en un radio de 30 cuadras de un espectáculo masivo, se incorpora la posibilidad de arresto de 5 a 15 días.

Si la contravención se hace en un estadio y se prueba la participación de personas vinculadas al club, se sanciona a la entidad con una multa máximo de 10.000 Unidades Fijas ($178.500 al día de hoy).

“Lo que se persigue con el Código Contravencional es lo que cada día crece más: la venta ambulante de aquellos que intentan ganarse la vida como pueden. Porque en realidad lo que están tratando de hacer es ocultar que en la Ciudad de Buenos Aires cada día crece más la pobreza y la precariedad laboral” planteó Myriam Bregman en la sesión legislativa de este jueves. Y apunto contra quienes serán los encargados de aplicar este nuevo Código: “La fiscal Celsa Ramírez procesó a los trabajadores del Subte por asociación ilícita. Este Código va a ir a parar a las manos de esas fiscales, que lo van a aplicar con este criterio con el cual persiguen a los trabajadores del Subte.”

14.12.2018

Por Jonathan Raed

La convocatoria es para este lunes a las 9, en el Juzgado 16, ubicado en Callao 635. “Queremos recuperar la empresa”, expresaron.

Los trabajadores del laboratorio Roux Ocefa piden la quiebra de la empresa desde hace dos años, cuando dejaron de cobrar el salario. Las trabas legales llevaron la situación al límite, con dos ventas infructuosas en el medio, por lo cual “si no saliera la quiebra en esta semana, estaremos convocando una movilización a las puertas del Juzgado 16, Callao 635, el lunes 17 a las 9”, informaron los trabajadores, hoy constituidos como cooperativa.

El laboratorio Roux-Ocefa, fundado en 1935, entró en convocatoria en 2016, con un pasivo que rondaba los 50 millones de pesos. En abril de 2017, ya concursado, fue vendido por la familia Roux a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, que en febrero de 2018 se la vendió al grupo del polémico empresario Ariel García.

La cooperativa Farmacoop –conformada por trabajadores de Roux Ocefa- tiene tomada la planta de Villa Luro. La empresa tiene otra planta productiva en Lugano, una casa central en Congreso y un campo en Mercedes.

“El último grupo económico, que tiene a Ariel García como cara visible, pertenece al mundo de las mafias de los medicamentos, que a pesar de tener las plantas inhabilitadas y de estar inhibidos por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – Ministerio de Salud), siguieron elaborando medicamentos en otro laboratorio y con otro nombre. Lo que quieren es quedarse con las patentes de nuestros medicamentos”, contó a Tiempo Bruno di Mauro, uno de los trabajadores.

“Compraron las acciones de una empresa concursada, con un activo menor que el pasivo, y acrecentaron la deuda”, detalló y agregó: “Comenzaron a manejar la empresa en marzo, no nos dejaban entrar al laboratorio y nunca pusieron un peso. Además, se empezaron a llevar la maquinaria”.

Di Mauro expresó: “Nuestra intención es recuperar la empresa. Ya armamos la cooperativa, presentamos el plan productivo. Tenemos acuerdos con proveedores, con otros laboratorios, el apoyo de todos los bloques de la Legislatura porteña. Es un proyecto muy sólido, pero no lo podemos llevar a cabo hasta que se determine la quiebra”. Así las cosas, los trabajadores exigen al juez Sánchez Cannavó que determine la quiebra, para recuperar sus puestos de trabajo.

La empresa tenía 400 trabajadores cuando entró en concurso. En la última nómina presentada por la Sociedad Anónima, había 70. “Como no hay recibo de sueldo hace dos años, también está en discusión ese número. En este momento, en la empresa no hay trabajadores activos. A ninguno se le pagó indemnización. En la cooperativa, somos alrededor de 60”, resumió Di Mauro. En un comunicado, los trabajadores aseguraron estar “dispuestos a que se liquide gran parte del activo, que no vamos a utilizar, para cubrir las indemnizaciones de quienes no quieran continuar como cooperativa”.

“Se acabó, estamos cansado de tanto circo y tanta farsa, donde los más perjudicados somos notros. Solo quedamos los trabajadores, somos los únicos garantes de lo que queda de la empresa y de la posibilidad de su continuidad”, sentenció el comunicado firmado por Farmacoop, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La pelota, ahora, está en manos del juez Sanchez Cannavó.