Comunicadores del Sur

2.2.2019

Gladys Ovando, jefa de enfermería del hospital, recurrió a las fuerzas represivas ante la negativa de las enfermeras del sector hemato-oncológico de trabajar sobrecargas, por la falta de personal.

Sucedió en la mañana de hoy, cuando las enfermeras contratadas del sector CAIPHO (Centro de Atención Integral del Paciente Hemato-oncológico) del gigante de pediatría, fueron obligadas por parte de la jefa de enfermería, Gladys Ovando, a tomar pacientes de otro sector.

Esto se debe, a la falta de personal en el nosocomio, lo que deriva en mayores tareas, responsabilidades y sobrecarga de pacientes. Las enfermeras del sector, muchas de las cuales tienen dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes, se negaron rotundamente por lo que la jefatura decidió amedrentarlas tanto a ellas como a la delegada de la Junta Interna de ATE de la lista roja del turno franquero, con el ingreso de la policía al hospital. Se convocó inmediatamente a una asamblea para decidir qué medidas tomar.

La asamblea se realizó a las 17:00. A ella concurrió Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, Directora de la Comisión contra la Violencia Institucional que preside la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT). Barry planteó que "Desde las bancas del PTS en el Frente de Izquierda damos toda nuestra solidaridad contra estos ataques, que creemos son parte de un plan de conjunto ya que hay persecuciones en distintos hospitales de la Ciudad. Estas trabajadoras son parte de las mujeres que vienen peleando enfrentando el ajuste". Alejandrina Barry puso a disposición las bancas del FIT y la Comisión para tener una reunión con los directivos del Hospital. Para finalizar Barry planteó "que nosotros vamos a acompañarlas para impedir estas persecuciones y amedrentamientos".

No es la primera vez que los directivos piden el ingreso de policía al Hospital Garrahan para resolver conflictos con los trabajadores. Este accionar no se da de forma aislada. En distintos hospitales se vuelve moneda corriente el uso de patotas de los sindicatos y aprietes por parte de supervisores y/o directivos, para imponer a las y los trabajadores peores condiciones de trabajo (muchos usuarios, pocos recursos) ante la desfinanciación del sistema de Salud Público.

Es lo que vienen denunciando las enfermeras de la #MareaBlanca que continúan su pelea, junto a instrumentadoras quirúrgicas y técnicas en bioimágenes, para que Larreta las incluya en el tramo profesional de la carrera hospitalaria garantizando de ese modo mejores ingresos y derechos elementales, como licencias por estrés en un trabajo altamente insalubre y mayormente feminizado.

No es casual que las direcciones de los hospitales apunten contra los sectores más organizados y de vanguardia, como lo es en esta oportunidad el turno franquero del hospital Garrahan que hace años vienen de protagonizar una lucha ante, nuevamente, los aprietes por parte de los supervisores por imponerles jornadas extenuantes de trabajo, sin respetar el tiempo de descanso reglamentado.

Quieren que agachen la cabeza mientras dejan pasar un recorte presupuestario de más del 60% en comparación al 2018, donde se destinará menos de 5 veces lo que irá al pago de la deuda externa contraída con el FMI. En el último tiempo, a nivel edilicio se ha derrumbado parte del hospital San Martín de La Plata, en Almirante Brown se incendió el hospital Oñativia y en el hospital Durand, un paciente cayó por el hueco de un ascensor. Además de los despidos que hubieron en el hospital Posadas y el vaciamiento en el Cruce de Florencia Varela.

En los Hospitales hay más de un 80% de mujeres, trabajadoras que ocupan un lugar clave por su ligazón a las familias trabajadoras y la comunidad. Hoy en día, se hace necesario seguir fortaleciendo la organización de mujeres desde abajo en cada lugar, con comisiones de mujeres que se planten contra la precarización laboral, contra la violencia machista en los lugares de trabajo para pelear por medidas urgentes como la licencia conquistada en el hospital, pero también presupuesto para Salud y Educación, para más refugios, para ayudar económicamente a las víctimas y que no queden supeditadas al agresor, por el derecho a decidir para evitar las muertas por aborto clandestino porque no queremos más “niñas madres” y por condiciones salubres de trabajo.

El próximo #8M, el día internacional de las mujeres, es una oportunidad para fortalecer la alianza entre trabajadoras, estudiantes y el movimiento de mujeres de conjunto para potenciar todas nuestras luchas, como se vio en el apoyo contra los despidos en Siam o ante la exigencia de vacantes para los hijos de las trabajadoras del Jardín de infantes “Quiero Mimos” que funciona en el Garrahan; y arrancarle así a las centrales sindicales un gran paro con movilización, junto a nuestros compañeros varones, que sea el puntapié de un plan de lucha serio contra el ajuste de Cambiemos y el Peronismo, y que no se mueva ni una aguja en un solo Hospital ni en ningún lugar de estudio o trabajo.

A continuación, adjuntamos el comunicado de prensa de la Junta Interna del hospital, quienes también acompañaron a las enfermeras frente a los aprietes:

CABA, 2/2/2019

COMUNICADO DE PRENSA

HOSPITAL GARRAHAN

LA DIRECTORA DE ENFERMERÍA LLAMÓ A LA POLICÍA PARA APLICAR EL AJUSTE APRETANDO ENFERMERAS

En el día de la fecha, la directora de enfermería, Lic. G. Ovando, nombrada a dedo recientemente, se presentó en la sala de oncología CAIPHO (Centro de atención integral al paciente hemato-oncológico) para abordar un conflicto del fin de semana pasado. Niegan la presencia de las delegadas de ATE y 3 supervisoras y la directora de enfermería comienzan “una reunión en la dirección” con una compañera contratada a puertas cerradas.

Frente a los reclamos de las delegadas de enfermería de ATE, la directora Ovando llamó a la vigilancia y a la policía con amenazas como “ni los fueros te van a salvar”, etc.

Repudiamos y denunciamos públicamente la conducta antisindical y represora de la directora de enfermería, G. Ovando, que desde que asumió su cargo está maltratando y apretando a las/os enfermeras/as, para aplicar el ajuste, haciendo la lista para los descuentos por reclamar por el carácter profesional de sus tareas, no cubriendo la falta de personal, reduciendo horas extras, etc.

Esta línea de ajuste, se aplica en todo el nosocomio, persiguiendo activistas que se oponen a la destrucción del Hospital Garrahan que se expresa en la rebaja de presupuesto ya que en el 2018 el mismo era de $5200 millones y ahora 2019 es de $6.450 que con una inflación de 47,6% y la devaluación da un 23,6% de reducción, lo cual significa rebaja de insumos, salarios y deterioro de la atención a los pacientes.

En lo que resta del fin de semana se realizarán asambleas y junto con las que haremos en la semana resolverán los pasos a seguir.

Llamamos a todos los trabajadores a apoyarnos en la lucha por la defensa del hospital público, contra el ajuste del gobierno, y el cese del maltrato y los aprietes.

JUNTA INTERNA DE ATE

1.2.2019

Una vez más, las organizaciones feministas se manifestaron en la ciudad ante la cantidad de femicidios registrados en lo que va del año y para exigir a las autoridades que implementes una serie de medidas para mitigar la violencia hacia ellas.

Organizaciones feministas, partidos políticos y sindicatos participaron este viernes de una nueva multitudinaria movilización a Plaza de Mayo para visibilizar y reclamar por los cruentos femicidios registrados desde que empezó el año.

Las manifestantes se concentraron cerca de las 18 en el ex Ministerio de Salud de la Nación, en Carlos Pellegrini al 300, donde realizaron un pañuelazo y de allí marcharon a Plaza de Mayo. Cerca de las 19, se realizó la habitual lectura del documento confeccionado en conjunto por los diferentes colectivos.

La consigna de la jornada fue “contra las violencias hacia las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries”. Además, los organizadores del encuentro plantearon: “El estado, Macri, les gobernadores y las iglesias son responsables. #AbortoLegalYa”

Entre otras agrupaciones, la movilización fue convocada por la Campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, la Campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, ATE Nacional, la CTA Autónoma, Ademys, el Partido Obrero, el PTS, el MST, Ni Una Menos y La Bancaria.

En la movilización circuló la invitación a firmar la “Declaración de Emergencia en Violencia contra las Mujeres” a través de la cual se le exige “al gobierno nacional la aplicación de políticas efectivas en prevención de violencia, con el presupuesto necesario para su correcta implementación y control por parte de las organizaciones de mujeres. Por promotoras en prevención de violencia en todo el país”.

De esta manera, se pretende que se asignen “partidas presupuestarias extraordinarias para desplegar las medidas necesarias de asistencia y prevención”; la creación en todo el territorio nacional de centros de día y refugios “como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad”.

Además, la declaración de emergencia contempla la reglamentación del patrocinio jurídico para las víctimas de violencia de género. La medida ya está creada por ley pero nunca se concretó. Se solicita también disponer de una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil para las mujeres en situación de violencia.

Por último, se propone que “se incorpore un plan nacional de promotoras comunitarias en prevención y acompañamiento de mujeres en situación de violencia, siendo esta una tarea remunerada”.

1.2.2019

Por Nicolás Romero

El gobierno nacional autorizó a la ABBE a realizar la transferencia de los terrenos de la Villa 31 a la ciudad, que serán usados para financiar las obras del Paseo del Bajo. Entre los 10 predios también está el Mercado de Hacienda.

En la Villa 31 viven 40 mil personas que están en alerta, preocupados por el futuro del barrio. 

Los habitantes de la Villa 31, donde viven unas 40.000 personas, volvieron a encender el alerta en el barrio preocupados por el destino que el oficialismo porteño pretenderá darles a las tierras. La alarma se encendió luego de que se conociera el decreto 87/2019 por el cual el gobierno nacional autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) a transferir a la Ciudad 10 inmuebles del Estado nacional, entre los que se encuentran las tierras del asentamiento y el terreno donde funciona el Mercado de Hacienda de Liniers, que serán vendidos para financiar las obras del Paseo del Bajo. El abogado especialista en temas urbanos y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que uno “si bien por ahora es un traspaso, que no tiene la autorización de venta, ya que la tiene que aprobar la Legislatura, está la voluntad previa del gobierno, que en el proyecto original tratado a fines del año pasado, que no salió porque le faltaban votos, habilitaba la venta de la Villa 31”.

El decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, junto con la decisión administrativa 45/2019, vino a concretar lo que aprobó la Legislatura porteña en diciembre pasado, cuando le dio el visto bueno a un convenio entre Nación y Ciudad, en el que la ciudad se hizo cargo de una deuda de 175 millones de dólares –parte de la deuda de 400 millones de dólares que tomó el Estado nacional con la Corporación Andina de Fomento (CAF)– para costear el Paseo del Bajo, el corredor vial de 7,1 kilómetros que conectará las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. A cambio de endeudarse, Nación se comprometía a transferir el dominio de varios “inmuebles por un monto equivalente”.

En ese convenio marco, en el que la ciudad toma deuda pública y la Nación le transfiere entre otras tierras las del Barrio Carlos Mugica y el predio del Mercado de Hacienda, por mencionar sólo los terrenos más grandes, se inscribe la autorización del Poder Ejecutivo para que la ABBE escriture diez inmuebles a nombre de la ciudad.

Baldiviezo explicó que por ahora el traspaso lo que hace es hacer operativo el convenio, “autoriza la transferencia de las propiedades pero no la venta, que tiene que pasar por la Legislatura”, y remarcó que “de fomra directa sólo podrían darle la escritura a los habitantes de la villa 31, ya que por una ley de la ciudad, cuando se trata de un programa de vivienda social, el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) puede dar directamente la escritura, como pasó en los Piletones”. Y remarcó que “para la reurbanización de la 31 hace falta más tierra de la que hay disponible, por eso, el riesgo más grande es que busquen vender tierras útiles para la urbanización”. “Hay que ver qué autoriza la Legislatura y en qué términos”, advirtió, y recordó que el año pasado, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó el proyecto N° 3504, que en su redacción originaria planteaba la subasta de todas las tierras en las que se asienta la Villa 31. “Después lo morigeraron, y lo circunscribieron a los terrenos que no se vayan a utilizar para el proceso de urbanización.”

En el mismo sentido, el legislador Javier Andrade (Unidad Ciudadana) dijo en diálogo con este diario que “es contradictorio que se vote una ley de urbanización y al mismo tiempo se habilite la enajenación de los terrenos que se ponen como garantía de la deuda”. “La situación es preocupante”, remarcó, y señaló que algo similar ocurre con el Mercado de Hacienda.

“El 20 de febrero hay una nueva audiencia pública para analizar la integración urbana del predio, porque está en trámite la segunda lectura, y en el medio largan este decreto cediendo el terreno con la posibilidad de enajenarlo”. Además el legislador advirtió que la mayor preocupación es porque “hay 23 familias que viven en la Recova de Mataderos, que son tercera generación de trabajadores del Mercado y que no tienen garantizada su vivienda en el proyecto” que presentó el macrismo para hacer un parque temático, un polo gastronómico y edificios en el terreno de 34 hectáreas.

Para Andrade, vender tierras estatales “es el sello distintivo del gobierno de Macri y Larreta. Aunque lo de Larreta es peor porque hizo en un mandato lo que a Macri le llevó dos. En los 90 se vendían las empresas del estado, ahora están liquidando las tierras públicas, algo inadmisible en cualquier parte del mundo”.

1.2.2019

A un mes y unos días de comenzar el nuevo ciclo lectivo 2019, los docentes bonaerenses insisten al Gobierno local en abrir negociaciones por un aumento salarial y mejor infraestructura escolar.

Los cinco sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires reclamaron la víspera al Ministerio de Trabajo convocar a las llamadas reuniones paritarias (convenios) de manera urgente, en busca de una mejor compensación monetaria.

En un comunicado esa agrupación sindical resaltó que el Ejecutivo conducido por la Gobernadora María Eugenia Vidal recibió el pasado 23 de enero la solicitud formal de los dirigentes gremiales para dichas reuniones.

La respuesta del Subsecretario de Trabajo, Horacio Barreiro, fue tajante: ‘la decisión que tomó la Gobernadora y este Gobierno es convocar a los docentes en febrero’, señaló el Frente que desde el pasado año vienen reclamando mejores condiciones salariales y laborales.

La discusión por el sueldo es ardua y compleja. No podemos seguir perdiendo tiempo a un mes y cinco días del inicio de clases. Todavía tenemos la negociación de 2018 sin cerrar y es necesaria una urgente recomposición salarial, agregó ese grupo sindical en un comunicado difundo en internet, en el que también llama a la necesidad de una inversión en infraestructura escolar.

‘Más allá de las estrategias electorales, la docencia bonaerense no puede seguir perdiendo de manera constante ante la inflación y los tarifazos’, concluye el texto.

En un mensaje reciente en su cuenta en la red social twitter, el Secretario General del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación en esa provincia, Roberto Baradel, recordó que desde el inicio de este año reclaman al Gobierno bonaerenese una convocatoria a discutir salarios dignos, escuelas seguras y educación de calidad.

Fuimos al Ministerio de Trabajo con el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Seguimos sin respuesta, subrayó.

31.1.2019

En la tarde de ayer, familiares, amigos y sobrevivientes de la masacre de Cromañón se movilizaron desde la Jefatura de Gobierno hasta el santuario ubicado en el barrio de Once. El reclamo se centró contra la decisión del Poder Judicial de entregar el predio a una empresa privada, propiedad de Rafael Levy, uno de los principales responsables de la masacre.

Familiares, amigos y sobrevivientes de la masacre en la República de Cromañón se movilizaron en la tarde de ayer hacia la Jefatura de Gobierno, con intenciones de entregarle un petitorio a Rodríguez Larreta. Sin embargo, no fueron atendidos por el Jefe de Gobierno. Eso sí: quedaron en volver, dentro de cinco días, para entregarle el petitorio que rechaza la orden del Tribunal de devolverle el predio de Once a la empresa Nueva Zarelux SA., propiedad de uno de los responsables de la masacre: Rafael Levy.

En el petitorio, familiares, amigos y sobrevivientes expresan: “Hemos tomado conocimiento de que se están produciendo gestiones a fin de disponer del inmueble y por tanto hacerlo objeto de operaciones comerciales.Si ello ocurre, estaríamos ante una situación donde no solamente no dispondremos de un lugar adonde concurrir a venerar a nuestros familiares y amigos, sino peor aún, se perdería la memoria, y esto agravia no solamente a nosotros como víctimas directas, sino al pueblo de la ciudad en su totalidad, toda vez que Cromañón marcó un antes y un después en la historia de corrupción política y administrativa, y de desprecio por la vida humana durante el período democrático en esta Capital”.

Rafael Levy era el dueño del predio donde funcionaba el boliche República de Cromañón, solo que no estaba a su nombre, sino que figuraba como una empresa offshore radicada en el exterior. Levy, además, es un inversor inmobiliario y empresario textil, a quien se le descubrió que mantuvo abierto un prostíbulo en la misma manzana de la masacre. Juzgado y en libertad condicional, se conoció a través de una investigación del periodista Lucas Schaerer que en un sótano al que se accedía desde el boliche funcionaba un taller textil clandestino.

Consultada al respecto por Marcha, Silvia Bignami, madre de Julián Rozengardt, víctima de Cromañón, manifestó:“Si le permitimos volver, entonces la gente de Once, en particular sus jóvenes, corren riesgo porque si le dan sin ninguna restricción el boliche puede poner otro boliche y como le da todo lo mismo a lo mejor pueda volver a ocurrir” (otra masacre).

Por la tarde, en el santuario ubicado frente al boliche y a metros de la plaza Miserere, familiares, amigos y sobrevivientes realizaron un acto. Del mismo participaron: Vanesa, en nombre de familiares y amigos de Luciano Nahuel Arruga; Nancy, mamá de Ismael Sosa; la madre de Mariano Vázquez; Alberto y Leo Santillán; Emilia Vassallo, mamá de Pablo Alcorta; Lourdes, sobreviviente del taller textil de Luis Viale, incendiado en 2006; Alfredo Cuéllar, papá de la China; Norita Cortiñas y Lucas, de La Alameda, entre otros.

En las intervenciones, el hermano de Darío Santillán declaró: “Sabemos que hay lugares, donde puede llegar a darse una luz o incentivar otras luchas, estos tipos, más allá de quien esté, sea el kirchnerismo, el macrismo el menemismo o lo que fuere estos tipos han tratado de apagar estas cosas. No pudieron callarnos. Hay que salir a bancar esto con el cuerpo y alma, que no nos confundan estos asesinos, que por pelear por memoria nos vamos a olvidar de pelear por justicia. Hay muchos hijos de yuta que se han acobijado en el gobierno, cómo Aníbal Ibarra, que lo ha mantenido el kirchnerismo. Hay muchos que nos ofrecen hacer sociedad con Ibarra con Solá, nosotros no vamos a tranzar con nadie”.

Lucas, de La Alameda, por su parte, manifestó que: “Levy es un empresario nacido primero como proxeneta, y después, cómo le pasa a todos los mafiosos, tienen que poner ese dinero en el lavado y lo que hizo, justamente, fue comprar este predio…”, “Producto de la movilización de los familiares, de la Alameda y de varios vecinos, descubrimos que Levy era dueño de un prostíbulo en esta cuadra”.

Las intervenciones, aplaudidas por los presentes, fueron cesando a medida que el sol se ponía sobre las zapatillas colgadas en el santuario. A 14 años de una de las peores masacres sociales, la impunidad de los responsables convive con la lucha de familiares y sobrevivientes, que no se detiene y continúa exigiendo justicia.