Comunicadores del Sur

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Arrancan los Profesorados en CABA

27.2.2019

Pese al sostenido intento del gobierno por cerrar los 29 profesorados y la contrapartida lucha popular por sostenerlos, comienza la inscripción para carreras y postítulos.

Será el próximo 6 de marzo y la convocatoria a inscripción arranca en el prestigioso Joaquín V. González, donde se espera una gran demanda de vacantes y una respuesta contundente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, con la creación de la UniCABA (Universidad de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), tiende a la disolución de 29 Instituciones que tienen una trayectoria altamente reconocida en la formación docente.

Bajo los falsos argumentos de “falta de educadores”, necesidad de “jerarquizar la tarea” o, “dispersión de la oferta educativa”, la UniCaba, que comenzaría su real funcionamiento en el 2020, no solo constituye una embestida contra el trabajo docente, sino que a la vez contará con toda la fuerza y recurso del estado en desmedro de los profesorados, con el objetivo que estos se desgasten y vayan desapareciendo.
Por eso es tan importante una abrumadora inscripción para este ciclo y se prevé que la “Especialización en Educación Sexual Integral” (ESI) será una de las más requeridas.
El Postítulo “Especialización Docente en Educación Sexual Integral”, está abierto a docentes y profesionales de todas las disciplinas y tiene como objetivo la formación en educación sexual integral con perspectiva de género, que trasciende el plano de lo puramente biológico y excede ampliamente la mirada preventiva sobre embarazos no planificados o infecciones de transmisión sexual. Se trata de promover salud, de propiciar una lectura crítica de la realidad y de garantizar derechos, entre los que se encuentra el de vivir una sexualidad plena, liberadora, placentera y feliz.
La inscripción se realiza entre el 6 y el 29 de marzo en Ayacucho 632, CABA.

 

Claudio Caputo: despidos, persecución y amenazas en el Colegio de Escribanos

25.2.2019

La entidad que representa a los profesionales en la Ciudad de Buenos Aires y preside otro miembro del clan Caputo viene siendo escenario de despidos y persecuciones. Los trabajadores resisten.

“¡Ustedes están cambiando las reglas del juego, y por lo tanto van a tener que bancársela!”. Esta fue una de las amenazas propinadas por el presidente del Colegio de Escribanos Claudio Caputo ante las medidas gremiales realizadas por los trabajadores en defensa de los puestos, debido al despido sin causa de diez trabajadores a comienzo de año.

El Colegio de Escribanos contaba con el récord histórico de más de 152 años sin ningún tipo de medidas sindicales por parte de los trabajadores. Se trata de una institución retrógrada y elitista si las hay, ya que históricamente el cargo de escribano solo es accesible para ciertas familias, es vitalicio y la licencia que habilita a ejercer se hereda a los descendientes que hayan estudiado la carrera. Pero se produjo un cimbronazo luego de que la nueva presidencia -alineada a Cambiemos y su política de achicamiento del Estado, de habilitación de despidos en las empresas y de aumento de la precarización laboral- iniciara una serie de medidas contra los convenios colectivos, recortando las obras sociales y amenazando con reducir la plantilla de trabajadores al 50%.

Los trabajadores organizados en asambleas comenzaron con una serie de medidas de fuerza que fueron desde quites de colaboración hasta movilizaciones y ruidazos. Una de las cosas que más llamaron la atención fue encontrar al mismísimo Claudio Caputo -de ligazón muy cercana con la familia Macri y vinculado a las cuentas offshore de las que participó su primo Luis- carnerear las medidas de fuerza, atendiendo él mismo las ventanillas de cobro, como si fuera su propio negocio, metiéndose el dinero de las abultadas facturaciones literalmente en su bolsillo.

Esta práctica no es muy diferente de la de su primo Luis Caputo, el otrora presidente del BCRA, que en medio de la corrida cambiaria del pasado año obtuvo ganancias millonarias comprando y vendiendo dólares, y con las tan promocionadas Lebacs; acrecentó enormemente sus ganancias y patrimonio personal a costa de la inflación galopante que nos erosiona cada vez más el poder adquisitivo a los trabajadores. Todo esto sin hablar de las mencionadas empresas offshore con las cuales estuvo vinculado.

En el día de hoy los trabajadores agremiados en la Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) siguen realizando medidas por la reincorporación de los trabajadores y para frenar los despidos. Son jefas y jefes de hogar, y en algunos casos están a cargo de familiares con discapacidades.

Polémica por la construcción del futuro Buenos Aires Arena

23.2.2019

por Claudio Corsalini

Según ONGs, el estadio cerrado que funcionará en un predio de Atlanta traerá caos a la zona. Piden informe del estudio de impacto ambiental.

Un nuevo capítulo se sumó en los últimos días a la polémica que gira en torno a la construcción del estadio cerrado en la zona de Villa Crespo. Esta semana la Justicia porteña determinó que la Agencia de Protección Ambiental porteña (APRA) tiene que presentar un nuevo documento en el que explique por qué categorizó el emprendimiento Buenos Aires Arena como “sin relevante efecto ambiental” al momento de entregar el certificado que permitió que la obra avanzara. El estudio se basa en una serie de indicadores que miden el impacto de las vibraciones y sonidos, por ejemplo, que generaría en una zona un proyecto de esas características. Se trata del emprendimiento desarrollado por el grupo La Nación junto a AEG Worldwide en un predio lindero a la cancha de Atlanta.    La decisión la tomó el juez Aurelio Ammirato, que subroga el juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3, quien avanzó con el amparo presentado por la Fundación Ciudad el 21 septiembre del año pasado, y que cuenta con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. En el mismo dictamen judicial, además, se abrió una convocatoria para que otras entidades o vecinos afectados por la megaobra participen en la causa. El estadio se está construyendo en un terreno que fue cedido por la Ciudad al club  bohemio por cuarenta años. Se encuentra ubicado en la calle Humboldt, entre Padilla y Camargo, en el que se realizarán diferentes eventos musicales y deportivos. El primero de ellos se llevará a cabo en diciembre de este año con la presentación del cantante Shawn Mendes. Por ceder el lugar, el club estaría cobrando un canon de US$ 30 mil mensuales durante el tiempo que dure la obra. Mientras que cuando esté en funcionamiento, la suma se elevaría a US$ 50 mil. Según los vecinos, el estadio traerá aparejada una serie de inconvenientes que van desde el caos de circulación y estacionamiento, desvalorización de las propiedades y hasta el cambio de la fisonomía barrial. Otra de las quejas se basa en que el nuevo proyecto es diferente al original. No solo por la superficie que ocupa ahora, pasó de 11 mil m2 a 28 mil m2, sino también por su capacidad. El aforo del estadio pasó de 8  a 12 mil espectadores, con la posibilidad de llevarlo a 16 mil. “Cada evento musical o deportivo que se realice en ese mega estadio la población de Villa Crespo se va a incrementar casi en un tercio, siendo un barrio residencial de media o baja densidad poblacional. Para el gobierno porteño esta afluencia de personas generará el mismo impacto social y ambiental que un kiosco o un comercio pequeño. Otorgaron al estadio Arena los permisos ambientales casi a simple declaración jurada, sin ningún tipo de estudio ambiental ni dictamen técnico. Sorprende la flexibilidad con la que se trató la instalación de este mega estadio”, afirmó Jonatan Baldiviezo, de la ONG vecinalista. “Entendemos que estamos frente a uno de los mayores negocios con la tierra pública. La Ciudad cedió esas tierras por cuarenta años y ni siquiera le cobrará los impuestos inmobiliarios a la explotación”, agregó. Desde la APRA, en tanto, aseguraron a PERFIL que entre el lunes y martes próximo se presentará toda la documentación requerida. “El juez pidió información sobre qué documentos administrativos se emitieron en su momento, la disposición original que estableció la categorización del proyecto, que es de 2015; la disposición modificatoria del emprendimiento, que es 2018; cómo se desarrolló el procedimiento; cómo funcionaba la normativa y cómo se cumplió el proceso”, señalaron desde esa dependencia estatal. La idea de construir un estadio cubierto en ese predio se originó en 2012, cuando la institución de Villa Crespo firmó un contrato con Lugones Center para erigir un Arena en terrenos que la Ciudad le había cedido a Atlanta. Por ese acuerdo, el club de Villa Crespo cobraría un canon mensual. Sin embargo, todo quedó a mitad de camino desde 2015, tras el derrumbe del techo de la construcción, y la obra quedó inconclusa y parada por casi dos años. Mientras que en 2016, la empresa desarrolladora quebró. En su momento y para desarrollar su obra, Lugones Center había pedido un préstamo de 100 millones de pesos al Banco Ciudad. 

Vaciamiento de un restaurant: está implicado funcionario de Rodríguez Larreta

23.2.2019

Publicado en Ansol

Se trata de Pikkei, de comida japonesa-peruana. Hay 25 puestos de trabajo en juego. Los empleados decidieron conformar una cooperativa. Denuncian por vaciamiento al secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Fernández.

 

Los trabajadores del restaurante de comida fusión japonesa-peruana Pikkei (Montevideo 1061, CABA) resolvieron constituirse en cooperativa para recuperar 25 puestos de trabajo ante el vaciamiento de la empresa. Luis Machado, trabajador de Pikkei, contó a ANSOL: “Llevamos siete años trabajando acá. Desde 2016 se hizo un cambio de razón social. Raúl Fernández, Diego Fernando y Jorge Marengo. Ellos hicieron un acta para desvincularse de la empresa, lo que nos hizo sospechar. Nos empezaron a pagar el 25 de cada mes, en vez del 5, y los montos eran mucho menores de lo que correspondían”.

Como recibieron la visita del dueño del inmueble para mostrar el local a posibles compradores, y como los dueños anunciaron que el 18 todos los trabajadores tendrían vacaciones, los trabajadores se pusieron en alerta y llamaron al sindicato. Al día de hoy les deben el aguinaldo, el salario de enero y lo que va de febrero, por lo que los empleados mantienen el local abierto y activo, mientras realizan los trámites para constituirse como cooperativa.

Los trabajadores denuncian que Diego Fernández sigue siendo uno de los dueños. Es secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra trabajando para el gobierno porteño en la urbanización de la villa 31.

Ordenan la detención del militante social Luis D’Elía

22.2.2019

 

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso presentado por la defensa de Luis D’Elía en el marco de la causa por la toma de la Comisaría de La Boca ocurrida en 2004, por lo cual el dirigente volverá a quedar privado de su libertad por supuesta “instigación al delito”.

D’Elía había sido condenado a tres años y nueve meses de prisión por los hechos ocurridos en la comisaría 24º durante una protesta por el militante social Martín “Oso” Cisneros, ocurrida en ese barrio porteño. La condena fue apelada y esta mañana, la Sala III integrada por Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahíques declararon “improcedente” esa presentación.

De esta manera, la Cámara de Casación dispuso que “se cumpla de inmediato la pena impuesta” por el Tribunal Oral Federal  6, que había condenado a D’Elía por las consecuencias de esa manifestación.

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