22.6.2019
Por Daniel Satur
Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, la APDH y el MTE-CTEP le reclaman al Tribunal Superior de Justicia que atienda la demanda presentada por Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y Carla Lacorte.
La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (integrante de la CTEP), presentaron un amicus curiae (recurso para ser tenidos en cuenta como parte opinante) ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la discusión sobre la legitimidad del Protocolo de Uso de Armas de Fuego impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Actualmente el TSJ debe fallar respecto a un “recurso de queja” presentado por las referentes de derechos humanos Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y Carla Lacorte, quienes demandaron ante el Estado de la Ciudad la prohibición de la aplicación de ese protocolo represivo en la Ciudad de Buenos Aires.
El objeto del amicus curiae es dejar de manifiesta la “gravedad institucional” que implica para los derechos elementales de las personas la Resolución 956/18, que afecta “de modo directo y palmario al interés de toda la comunidad local”.
El planteo de Cortiñas, Pérez Esquivel, Caropresi, la APDH y otros organismos y personalidades que posiblemente sumen su firma en los próximos días se fundamenta en la sucesión de casos de gatillo fácil y represión estatal como los de Rafael Nahuel en Bariloche, de Diego Cagliero en Tres de Febrero, de Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez en San Miguel del Monte, Silvia Maldonado en Santiago del Estero y otros producidos en el último tiempo.
Según el texto presentado al TSJ, todos esos hechos “reflejan de manera categórica los resultados de las políticas de ‘mano dura’, y del mensaje político que otorga libre accionar de las fuerzas de seguridad, ya expuestos con amplitud en las presentes actuaciones. Las víctimas preferenciales, como es harto comprobado, son los jóvenes, mayormente de los sectores sociales más humildes”.
A su vez, afirman que de convalidarse la aplicación del protocolo de Bullrich, se vulneraría “un conjunto de garantías supraconstitucionales que protegen la integridad física y la vida de las personas ante el brazo armado del Estado, contra las cuales el Protocolo instaurado, colisiona categóricamente”.
Las y los firmantes solicitan así que se les tenga “por presentadas/os en calidad de Amigos del tribunal, se tengan en cuenta los fundamentos vertidos, y se conceda el recurso de queja impetrado en autos por la parte actora (Bregman, Verdú y Lacorte), de manera de garantizar un exhaustivo tratamiento de la cuestión discutida en autos, la cual resulta de ineludible actualidad y urgencia”.
Luego de la presentación inicial nuevos hechos en los que estuvieron implicadas las fuerzas represivas ratificaron la necesidad de terminar con ese protocolo. La detención del asesino de Rafael Nahuel por la espalda, la masacre de San Miguel del Monte, el asesinato de una joven en Santiago del Estero, son solo algunos ejemplos de la impunidad con la que actúan las fuerzas policiales.
La palabra la tiene ahora el Tribunal Superior de Justicia, quien deberá resolver si acepta el amicus y luego si da lugar al recurso de queja de las demandantes y, en consecuencia, si el protocolo de Bullrich finalmente es prohibido en la Ciudad de Buenos Aires.
