16.3.2019
Por Silvio Schachter
“Buenos Aires, como todas las grandes ciudades del mundo, necesita un nuevo estadio, ya que el turismo de espectáculos es un producto que toda gran ciudad debe ofrecer a sus visitantes, para posicionarse competitivamente en el mundo.” Este mensaje, que resalta la necesidad de producir emprendimientos ligados al mundo del espectáculo, es reiterado por funcionarios de gobierno y empresarios, pasando así a formar parte de las narrativas legitimadoras, que justifican una operación económica, basada en la búsqueda de ganancias y la apropiación de las plusvalías urbanas, como una prioridad para el desarrollo de la Ciudad.
En una operación creada con la mecánica propia del marketing, el Entertainment es la cosmología que nos permitirá acceder a un lugar en el mundo en la disputa dentro de la red de ciudades subalternas a los centros urbanos hegemónicos, desde donde se genera el canon cultural que debemos consumir y digerir.
La promoción de la idea del megaestadio, caracterizado como imprescindible, es acompañada por la localización del supuesto vacío espacial que ofrece la oportunidad para materializar el proyecto. Se repite un rasgo que ha signado la política de este gobierno: considerar los espacios públicos y todo lo que no es económicamente rentable como un vacío, un espacio residual que se debe rellenar con negocios privados.
Después de varios intentos frustrados en distintas zonas de la ciudad, al nuevo megaestadio le encontraron un lugar en el barrio de Villa Crespo, donde los perjuicios y daños emergentes que generará su emplazamiento, tanto para el barrio como para el tejido de la urbe, son presentados maniqueamente como beneficiosos para sus vecinos, basándose en los parámetros de la excluyente lógica de la puesta en valor. Esta apropiación privada de los bienes comunes es parte de las actuales formas de capitalización del excedente financiero, para lo cual se necesita la política “emprendedora” del gobierno que facilita con normativas especiales la acción de las empresas y grandes operadores inmobiliarios, que son quienes realmente producen la ciudad. En el caso del estadio en Villa Crespo, a esta operatoria, que se ha transformado en sistémica, se le suma una historia repleta de irregularidades, vicios administrativos, complicidades y actos de corrupción que, tejidos por miembros del gobierno de la ciudad, empresarios y dirigentes deportivos, constituyen una trama digna de una novela de no ficción, cuyo final aún se está escribiendo.
De la quiebra del Club Atlanta al cadáver de hormigón
La historia sobre el nuevo destino de los terrenos que tienen 50.736 m2 sobre la calle Humboldt, a metros de la Avenida Corrientes y de la Avenida Juan B. Justo, en el barrio de Villa Crespo, se remonta a 1991, cuando el Club Atlanta quebró. El club, fundado en 1904, tuvo que vender su sede social a un Supermercado en 1994, que jamás construyó nada y dejó el predio abandonado. En ese momento Atlanta sólo pudo conservar su cancha de fútbol. La quiebra le hizo perder al club mucho más que sus activos materiales: mientras que en los '80 el club tenía 16.000 socios, desde ese momento, en pocos años descendió a sólo 3.000 socios.
El devenir de la institución bohemia no difiere de lo ocurrido a la mayoría de los clubes de fútbol llamados “chicos”, que incapacitados de competir con los grandes equipos que cotizan a valores euro, fueron descendiendo por un tobogán deportivo y económico, cuadro agudizado por la mala praxis de muchos de sus dirigentes, que endeudaron sin retorno al club y lo vaciaron del rol social que cumplían en la barriada.
Luego de diversos intentos por recuperar la sede, el 4 de diciembre de 2003 se aprobó la expropiación presentada en la Legislatura porteña. En 2006, luego del pago correspondiente a los dueños del predio, la Ciudad tomó posesión del bien y en 2008 se firmó un comodato a través del cual Atlanta podía hacer uso de ese espacio durante 10 años, renovables de forma indefinida.
En esa ley ya se estipulaba la construcción de una escuela pública en parte del predio, pero como dicha edificación no comenzaba, el auditor porteño Facundo Del Gaiso presentó un recurso de amparo reclamando al gobierno porteño por la escuela. El juez Pablo Mántaras intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a presentar planos y plazos de construcción, pero el tema se diluyó y no hubo respuesta alguna a la intimación.
En octubre de 2012 la Legislatura de la Ciudad aprueba una nueva ley, la Nº 4270, en cuyo anexo se señala: “el presente convenio tiene el objeto de instrumentar el comodato del inmueble que corresponde al dominio privado de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Humboldt 486/540 de esta ciudad, a favor del club Atlanta […] El bien que se entrega en comodato debe ser destinado a la ampliación de la sede social e instalaciones deportivas del Club Atlético Atlanta. El GCBA se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el presente contrato antes del vencimiento del mismo, si se le otorgara al predio, total o parcialmente, un uso o destino diferente al pactado, pudiendo exigir la restitución inmediata e iniciar las acciones judiciales correspondientes por los daños y perjuicios ocasionados”. En el mismo anexo se amplía el comodato a 20 años.
Poco después de sancionada la normativa aparece en escena el empresario y ex presidente del club Obras Sanitarias Miguel Mancini, que en tiempo record constituyó la sociedad Lugones Center y concretó un contrato con Atlanta para la construcción y explotación de un estadio cubierto por el término de 20 años a cambio de un canon mensual. La empresa Lugones Center tenía como director suplente a Osmar Rubén Alza, quien venía de desempeñarse como director en la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña y de Planeamiento y Relaciones Institucionales del Teatro Colón. El proyecto fue impulsado por la legisladora macrista Lidia Saya, actual subsecretaria de la Sedronar, esposa de Carlos Walter, dirigente de Atlanta, ex titular de la agencia de recaudación de la Ciudad y actual titular del Registro Automotor.
Las originales instalaciones deportivas y la ampliación de la sede social fijadas en la ley, se transformaron, sin objeciones por parte del GCBA, en el proyecto de un estadio cubierto de 23 metros de altura, 17.000 m2 cubiertos y con capacidad para 8.000 espectadores
Esto ocurrió sin ningún llamado a licitación para recibir otras propuestas, ni verificar antecedentes de la empresa Lugones Center. El 7 de noviembre de 2012, a través de la cuenta oficial de twitter del club, se anunció que dos días antes se había firmado una carta de intención con Lugones Center para la construcción de un moderno estadio cubierto en parte del predio de la sede social. Una semana después la asamblea de representantes de Atlanta aprobó el contrato de 20 años de duración: Atlanta cobraría US$ 1.375.000 en 4 pagos durante el período de obra, y luego de su finalización la suma sería de US$ 114.583 por mes, correspondientes a 100 eventos anuales.
Se encargó de garantizar la iniciativa el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, quien en 2103 le otorgó a Lugones Center un primer préstamo por la suma de $ 100.000.000, con destino a la financiación de un proyecto de inversión destinado a la construcción de un estadio para desarrollar actividades culturales, sociales y deportivas.
Luego, como parte de una maniobra financiera, en 2014 se constituyó un fideicomiso al que se le cedieron los derechos y obligaciones del contrato anterior. Este fideicomiso consiguió una ampliación del crédito del Banco Ciudad, que fue firmado por Alejandro Korz, presidente del club, y Guillermo Alé, un hombre del PRO, secretario general del club. Toda la operatoria fue avalada por el entonces presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, que luego pasó a la presidencia del Banco Central, dejando en su cargo en la Ciudad a Rogelio Frigerio, actual ministro del Interior y de Obras Públicas y Vivienda. El vice de Frigerio era Juan Curuchet, actual presidente del Banco Provincia, y en su directorio también se encontraba Andrea Pietrobuono, en ese momento militante de la agrupación la Cámpora que, en un traspaso laboral y político, ahora presta servicios al gobierno de Cambiemos como asesora de Curuchet en el Banco Provincia, con un sueldo en 2018 de $ 130.000 mensuales.
El proyecto original del estadio, realizado por el estudio de Enzo Capone y Asociados, contemplaba la construcción de 3 pisos de cocheras subterráneas, pero la mole de cemento fue levantada haciendo caso omiso de la imprescindible área para estacionamiento, porque según se argumentó: ”no se podían realizar por la presencia de napas de agua a poca profundidad” lo cual, de ser cierto, demuestra lo improvisado del emprendimiento, ya que ese dato debería haber surgido del estudio de suelos, necesariamente previo a la presentación de cualquier proyecto.
Enzo Capone era amigo de Federico Sturm, miembro de la Comisión Directiva de Atlanta y designado como encargado de supervisar las obras. Pero ocurrió un imprevisto previsible, el oxímoron se produjo en mayo de 2015, cuando se desplomó la estructura del techo de la obra en construcción que había sido colocada solo un mes antes. Por motivos nunca explicados Atlanta no realizó ningún peritaje ni demandó por daños y perjuicios a la empresa, ni al responsable de la instalación del techo. "Lo que se cayó es una estructura que iba a sostener el techo y el daño fue solo material sin heridos", dijo Alejandro Kornz, quien luego declaró que la obra continuaría su curso. No hubo continuación pues la obra fue clausurada el 15 de junio por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. La grave falla técnica puso al descubierto toda la mecánica que utilizó al club para una serie de actos de corrupción que lo dejó al borde de una nueva quiebra y al barrio con un presente indeseable, un abandonado cadáver de hormigón, sin escuela ni espacio verde.
Lugones Center SA dejó de pagarle el canon acordado al club y tampoco pagó la devolución del préstamo fiduciario. El acto puso en evidencia que el Banco Ciudad le prestó $ 180 millones de pesos, más de 20 millones de dólares de ese momento, sin ninguna garantía, a una empresa fantasma, sin antecedentes ni capacidad económica para semejante emprendimiento, en un predio cedido en comodato, que es de propiedad pública.
Sospechosamente Atlanta no inició acciones legales contra Lugones Center y el Banco Ciudad, tampoco lo hizo, ni contra la empresa, ni contra Atlanta garante del crédito. Cuán diferente es la respuesta jurídica cuando el tomador es una persona física, que pide un crédito para comprarse una vivienda familiar hipotecada por el Banco.
Una combinación ilícita, plena de complicidades, que se supuso blindada e infalible, entre el poder ejecutivo y legislativo, el Banco oficial, la Comisión Directiva del club ligada a estos poderes y una empresa con vínculos en todas estas instancias, fue puesta al desnudo por un hecho fortuito, que generó como efecto imperioso la necesidad de encontrar una tapadera a tanto desmadre.
La Nación- AEG, la beneficiaria de una privatización encubierta
La cobertura del ilícito apareció un año y medio después. A mediados de 2017 irrumpió en escena una sociedad formada por la multimedia La Nación SA y Arena AEG Woldwide, quienes armaron un nueva propuesta para un megaestadio que amplía el proyecto anterior.
AEG es una multinacional que gerencia más de 120 estadios similares en todo el mundo. El Arena Buenos Aires, que se presenta como ya realizado en su web[1], le permitiría a todos los involucrados cubrir la trama de irregularidades de una operatoria fraudulenta. Entre esas irregularidades está nuevamente la de no haber dado paso alguno para la construcción de la escuela para el barrio, que estaba prevista en la ley pero que nadie piensa materializar.
El 28 de septiembre de 2017 la Legislatura porteña aprobó la ley N° 5.874, 46 legisladores, de un total de 57 -incluyendo a representantes del PRO, Frente para la Victoria (FPV), Bloque Peronista, Confianza Pública, Bien Común, Corriente Nacional de la Militancia, Frente Renovador, Sindical Peronista y Frente Socialista Auténtico- aprobaron que el predio de la Ciudad sea nuevamente entregada en comodato a Atlanta, a pesar que no cumplió con lo pactado en la ley anterior, para que a su vez se lo ceda, en una privatización encubierta, al grupo inversor La Nación + AEG Woldwide. Los inversores impusieron sus condiciones para hacerse cargo y exigieron que les prorrogaran el comodato por el plazo de 40 años, el doble del plazo otorgado en la ley anterior.
En un acto que ilustra cabalmente el modo de concebir el patrimonio colectivo de la ciudad, el GCBA, con el aval de la Legislatura y utilizando como mediador al club, transfiere un bien público a una empresa que tiene como único objetivo lucrar con espectáculos durante 40 años. El acto es aún más grave que otras de las muchas privatizaciones efectuadas en su gestión, ya que por esta cesión la ciudad no recibe ninguna remuneración, ni otra contraprestación que beneficie a los habitantes del barrio y la ciudad. Cumpliendo además con una nueva exigencia de la empresa aprobaron, en un acto carente de toda equidad e igualdad ante la ley, que el emprendimiento esté exento del pago del impuesto inmobiliario y de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza por 40 años, todo el periodo que abarca el comodato. Insólita dispensa que se le otorga a una empresa que facturará millones de dólares, un beneficio del que carece cualquier pequeño comerciante o morador de la ciudad.
¿Por qué habiendo una norma anterior que permitía la realización de un microestadio deportivo cultural, aprobaron una nueva?, ¿por qué si el club no cumplió los compromisos de la ley anterior, el GCBA y la legislatura le duplican el plazo del comodato, amplían las características del emprendimiento y lo eximen de pagar impuestos? Solo se explica por la sumisión a las condiciones de la empresa que consigue una ley a su medida, ejerciendo la más descarada metodología del lobbismo corporativo.
Algunos legisladores no oficialistas adujeron, para justificar su voto positivo, que desconocían la envergadura del proyecto. En el mejor de los casos podemos atribuirles una alta dosis de ingenuidad o de absoluta desidia frente un tema que involucra un bien público y los derechos de los ciudadanos. En cualquier caso el resultado nos habla de cómo actúan quienes supuestamente deberían protegerlos.
Aprovechando un marco de indefinición, rápidamente el “Miniestadio” que figura en la cláusula primera del anexo de la ley se transformó en un “Megaestadio” de 28.715 m2, 11.357,50 m2 adicionales a los del primer proyecto, significando nada más y nada menos que una ampliación del 60 %, ahora con un capacidad para 16.000 personas, cerca del doble que lo previsto en el anterior. En realidad se trata de una ampliación de la ampliación, ya que el proyecto aprobado para Lugones Center también fue presentado como una modificación de un proyecto anterior menor, una metodología que permite un atajo para eludir requisitos normativos y disminuye los tiempos de resolución.
A nadie se le puede ocurrir llamar al Luna Park un miniestadio, entonces como se puede considerar como tal al Nación Arena, que duplica la capacidad del icónico estadio de Corrientes y Bouchard.
Otra de las novedades de la nueva ley es que la actividad cultural y deportiva fue ampliada con usos para shows y espectáculos. La definición de actividad cultural es asimilada al mainstream del espectáculo, a la industria del entretenimiento, que replica en escenarios clonados los show internacionales para una élite dispuesta a pagar cientos de dólares para tomarse una selfie durante la performance del artista de moda.
A pesar de que hubo otra oferta, la misma sospechosamente nunca fue puesta a consideración de los socios del club. Alejandro Korz, sin pudor alguno, al presentar el proyecto a los socios, justificó los cambios sustanciales del contrato de concesión en razón de que la reducción significativa del canon era una imposición del GCBA para que pudiera hacerse la obra y para que el Banco Ciudad recuperase el dinero prestado a Lugones Center y agregó que el contrato es una “gracia” o “subsidio” para que el club pueda ser financieramente viable, por lo que consideró innecesario hacer una evaluación económica financiera.
La ecuación que no quiso hacer dice que en el Arena se proponen hacer 100 eventos al año y ya vendieron entradas para el primero, que se hará el 7 de diciembre de 2019. Las localidades para este show van desde $ 5.800 hasta $ 60.000 las más caras. Los números suponen una recaudación anual superior a los 200 millones de dólares, sin contar con derechos de televisación y publicidad, mientras que el club percibirá US$ 50.000 mensuales, un canon de 600 mil dólares anuales, es decir solo el 0,3 % de la facturación de la empresa.
El aval dado por ley a un proyecto sin regulación alguna, lo que en la práctica permitió aumentar sin límites su dimensión en metros cuadrados y ocupar el suelo sin parámetro alguno, es claramente una injustificada excepción con respecto a la mayoría de las obras que se realizan en la ciudad, que no cuentan con ese beneficio.
A la ya mencionada diferencia de escala se suma, como el aspecto más polémico, la no aplicación estricta de la ley 123/98 sobre Impacto Ambiental. Es notorio el incumplimiento de la norma que, conforme a la clasificación de la actividad, exige evaluar la localización del emprendimiento y la dimensión del establecimiento, para determinar el riesgo y daño potencial que genera en el entorno. Debe tenerse en cuenta la calidad y cantidad de los efluentes y residuos que serán producidos, evaluando la capacidad de la red desagües cloacales y pluviales disponible, así como la infraestructura de servicios públicos de la ciudad que serán utilizados, como la energía eléctrica, el gas y la provisión de agua. La ley establece también que debe evaluarse la polución del aire, la contaminación sonora, el flujo vehicular y peatonal y las potenciales alteraciones urbanas y ambientales que el emprendimiento generará. Entre otras variables que deben incorporarse están las factibilidades aprobadas por las empresas de servicios EDENOR, METROGAS y AYSA.
El espacio de estacionamiento es un aspecto esencial para poder habilitar un estadio deportivo con la realización de shows, así lo determina el Código de Planeamiento Urbano vigente en esa fecha, en su capítulo 5.2.1
En el plan original de 2012, el proyecto del estadio para 8.000 espectadores tenía, para cumplir con esa norma, tres subsuelos de cocheras. Durante la obra las mismas desaparecieron y se siguió construyendo sin modificar los planos. En los planos del Arena La Nación no figura espacio de estacionamiento. Hay una mención en el informe presentado por la empresa según el cual se destinará un terreno aledaño para 300 cocheras, es decir para menos del 10% de los asistentes. Según la estimación técnica haría falta como mínimo un espacio para 900 cocheras que es la cantidad proporcional que fija el CPU para este tipo de emprendimientos. Su ausencia supone agregar al shock que generaría el tránsito vehicular intenso y concentrado en una zona de baja densidad, el caos producido por la ocupación de las calles de la zona tres veces por semana, sumado a la irrupción del movimiento de miles de personas en las tranquilas calles del barrio.
La Agencia de Protección Ambiental (APA) del GCBA debe analizar la categoría del proyecto y decidir si se aprueba, sobre la base de dar cumpliendo a determinadas exigencias o si se rechaza. Existen tres categorías definidas para clasificar el Impacto Ambiental: No Relevante, Medianamente Relevante o Muy Relevante. No existe ningún parámetro que permita considerar un emprendimiento de esta magnitud, teniendo en cuenta toda la sinergia de variables que involucra su realización y funcionamiento, para que la APA lo haya definido como de Impacto Ambiental No Relevante. Esa resolución contradice toda la teoría y la práctica acumuladas en temas relacionados con el medio ambiente, incluido el Plan Urbano Ambiental aprobado en el año 2008.
Una de las evidentes razones para ese despacho fue que solo encuadrado en la categoría de impacto ambiental No Relevante se puede eludir la realización de una Audiencia Pública y el consiguiente tratamiento en la Legislatura porteña del proyecto concreto, no el ambiguo que aprobó en 2017. Las otras causas hay que buscarlas en los vicios de origen que tiene el proyecto y que la APA y las otras dependencias del GCBA buscaron ocultar o minimizar.
El derecho consagrado en la Constitución de la Ciudad que establece que sus habitantes deben ser consultados y participar en las decisiones que afectan su hábitat y su calidad de vida ha sido flagrantemente vulnerado una vez más.
Autoconvocados en acción
En 2014, los vecinos del barrio de Balvanera impidieron que se levantara un estadio similar en la llamada Manzana 66 y lograron la construcción en ese predio de una plaza y una escuela. Micrisol SA, perteneciente a la familia Miguens, era la dueña de la manzana. Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural y asesor del PRO en la Fundación Pensar, es uno de los vicepresidentes de Micrisol.
En mayo de 2014, el titular de Ake Music, Aquiles Sojo, acordó con el gobierno porteño la construcción de un estadio techado en ese espacio. Se presentaron los avales de la productora en el Banco Ciudad, que acordó un crédito por 120 millones de pesos que jamás se efectivizó. Sojo comenzó a difundir la noticia y la reacción no tardó en llegar. Los vecinos se movilizaron y lograron que su queja llegara rápidamente a la Legislatura, donde se debía votar una rezonificación que le permitiera a Ake Music construir un gigante para 18 mil espectadores. Finalmente, el Ejecutivo dio marcha atrás y abandonó el proyecto.
Para afrontar la expropiación, el Ejecutivo resolvió incorporar un artículo compensatorio en beneficio de la empresa. A cambio de la expropiación, Micrisol recibió un terreno ubicado en la avenida San Isidro Labrador al 4800, en el barrio de Saavedra, donde funcionaba la terminal de la línea 151 de colectivos. Allí podrían construir una torre de hasta 100 metros de altura.
Más recientemente, la posibilidad de construir un estadio en el Club Comunicaciones y la apertura de la calle Zamudio en el predio de la Facultad de Agronomía, generó el pronunciamiento crítico de la FAUBA y el reclamo de los vecinos del Barrio Rawson, conocido también como Barrio Cortázar, que linda con los terrenos de la facultad.
La Agronomía es el tercer pulmón verde la Ciudad, una zona de protección histórica y de gran diversidad de flora y fauna. Además de la facultad y el Barrio Cortázar, en esa zona se encuentran los hospitales Roffo, Alvear y Tornú, el hogar San Martín, el hogar Garrigós y el instituto Lanari.
El interés en la construcción de estadios no era nuevo. En 2010 el empresario de medios Daniel Hadad propuso la cancelación total de la deuda del Club Comunicaciones si se le permitía construir en el 35% de la superficie que le pertenece un estadio con capacidad para 15.000 personas. La propuesta fue rechazada por los socios del club en audiencia pública.
Ante la presión, el GCBA desistió de habilitar la posibilidad del estadio, pero dejó abierta la opción a futuro de abrir la calle. Para acomodarse al reclamo, el ministro de Planeamiento y Desarrollo Urbano, el economista Franco Moccia declaró: “los estadios en las ciudades generan lío y esta ciudad tiene demasiados estadios”. Salvo que el ministro considere que Villa Crespo no es parte de la ciudad, resulta incomprensible por qué lo que no es aceptable para quienes viven en Balvanera o Agronomía tiene otro significado cuando se trata de quienes deberán compartir su hábitat con el estadio Arena- La Nación.
En esa dirección los habitantes de zonas más exclusivas, como los que viven próximos al estadio de River, en Núñez, lograron que no se realicen más recitales en el Monumental y recientemente los de Palermo consiguieron la clausura del Campo de Polo para esos fines, por los ruidos y el caos de tránsito que los recitales generaban en el entorno.
Pero a los vecinos de Villa Crespo nadie les avisó de lo que estaba por pasar en su barrio, el 23 de marzo de 2018 se enteraron del proyecto por un artículo publicado en el diario la Nación: “El Luna Park ya no estará solo: Buenos Aires tendrá un nuevo estadio techado en Villa Crespo…. Un Arena como los que se levantan en las grandes ciudades del mundo. …Se prevé que el estadio albergue más de un centenar de shows por año y la inauguración será en el segundo trimestre del año próximo. El arena tendrá una capacidad para 12.000 espectadores sentados, con la posibilidad de expandirse para alojar a 16.000.” [2]
Entre el estupor y la bronca los vecinos iniciaron el reclamo, la respuesta de aval al proyecto llegó en la voz del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien lo justificó haciendo un paralelismo entre el futuro estadio y los de otras grandes ciudades del mundo, como Londres, Berlín y Nueva Orleans. Justamente esos ejemplos aportan uno de los argumentos que invalidan su emplazamiento. Los mega- estadios cubiertos en las grandes ciudades no se localizan próximos a áreas residenciales, ni sobre calles angostas ni encajonados entre otros edificios, están rodeados de amplios espacios abiertos, tienen generosa capacidad de estacionamiento y su funcionamiento no genera conflictos de flujos vehiculares y peatonales. La excepción es el Madison Square Garden, cuya construcción en su momento generó muchísimas críticas y será demolido en 2023, para recuperar espacio público con la ampliación de la terminal ferroviaria Penn Station.
El Antel Arena es un referente cercano que fue inaugurado en 2018 en Montevideo. Antel es una empresa estatal y el proyecto fue muy estudiado cumpliendo con explícitos requisitos de impacto ambiental, y el diseño final se aprobó en base a un concurso público al que se presentaron casi 120 estudios. Está construido donde estuvo durante décadas el emblemático Cilindro y se halla emplazado en un terreno de 9 hectáreas con estacionamiento para 900 autos.
La experiencia del funcionamiento del Luna Park es también referencial, está enclavado en un distrito administrativo y financiero, no residencial, por tanto su actividad nocturna y especialmente en fines de semana no interfiere con los usos del área y además se halla localizado sobre avenidas, al igual que los otros espacios para recitales de la ciudad, con mucha menor capacidad como son el de Obras, el Opera o el Grand Rex. Todo lo contrario de lo que ocurrirá con el Arena- La Nación cuya actividad afectará directamente a los residentes de Villa Crespo, y cuyo punto de acceso y egreso se encuentra sobre la calle Humboldt, una vía secundaria. Solo 17 metros separan al megaestadio de las viviendas de situadas en la vereda de enfrente.
Como muchas obras en la ciudad que pueden generar rechazo, el método fue avanzar sigilosamente con hechos consumados, para evitar que la reacción de los vecinos y organizaciones sociales pudieran impedirlas, como ocurrió en Balvanera, Agronomía o en los casos de la Plaza Clemente y el sonado caso del Shopping de IRSA en Caballito.
La actividad de denuncia de los autoconvocados del barrio tuvo repercusión en varios medios que expusieron las irregularidades del proyecto, generando la presión necesaria para que la Justicia diera curso al amparo presentado por la Fundación Ciudad, solicitando la nulidad de los permisos ambientales otorgados.
El conflicto supera el justo reclamo de los vecinos, pone de relieve los métodos que utilizan quienes, en un maridaje de funcionarios de gobierno, políticos, empresarios y en este caso dirigentes deportivos, conciben la ciudad como un territorio a su disposición para apropiárselo sin escrúpulos, vulnerando los derechos de quienes la habitan.
El conjunto universal llamado vecinos, es obviamente variopinto, contiene una diversidad de opiniones y posturas, donde la relación propiedad-mercancía en una sociedad de claro perfil patrimonialista, define intereses y condiciona las conductas. Pero en el ejercicio de resistencia al atropello, una parte de los habitantes de los barrios, como ocurre con los de Villa Crespo, avanza en la construcción de formas organizativas propias, encuentra afinidades en la pluralidad, descubre el potencial de la acción colectiva para producir ciudad fuera de lo institucional, desde abajo y desde los bordes, logran superar el particularismo, para pensar lo urbano en otras escalas y descubren el valor simbólico de la identidad barrial amenazada por la formas globalizadas que tienden a deshistorizar el tejido socio espacial de las metrópolis.
