Comunicadores del Sur

9.4.2019

“En este momento nos explotan los teléfonos. Nos llegan familias con muchísima angustia, mujeres llorando porque creyeron que su hijo estaba anotado y se enteraron luego de que había hecho una preinscripción y se quedaron sin vacante. O se les acaba la licencia por maternidad y no saben qué van a hacer con su bebé porque no consiguieron lugar”, describió López Rodríguez.

A pesar de que el gobierno todavía no dio cifras sobre chicos y chicas sin vacante, desde el colectivo “La vacante es un derecho” accedieron a información oficial que da cuenta de la gravedad del problema: al viernes último, faltaban 13.972 en el nivel inicial, 1232 en primaria, y 427 en secundaria, es decir, un total de 15.631 lugares para quienes hicieron la inscripción on line y validaron el registro correspondiente. Pero López Rodríguez explicó que estiman que casi 6400 chicos y chicas más también se quedaron sin lugar en escuelas, porque ni siquiera pudieron llegar a completar el sistema de inscripción por falta de recursos. “Este año hay una elevada cantidad de personas que por distintas razones vinculadas a la crisis económica no pudieron validar la inscripción porque tienen que elegir entre cargar la Sube y comprar alimentos. La validación se hace personalmente en una escuela donde el sistema te manda y no necesariamente está en tu barrio”, detalló López Rodríguez. De acuerdo con los relevamientos que vienen haciendo, la cifra de chicos y chicas sin vacante es superior a la del año anterior cuando calcularon que rondó los 19 mil y se fue incrementando con el correr de los años de gobierno macrista: en 2014 fue de 7000. En cinco años, la cifra se habría triplicado, de acuerdo con las estimaciones del colectivo.

Los Centros de Primera Infancia (CPI) del gobierno porteño “ofrecen paliativos de desigual calidad, con una alta rotación de personal que, en general, no cuenta con título docente”, advierte el informe “Derechos Vacantes” del OUBA. El de la falta de vacantes escolares es un problema recurrente en la ciudad de Buenos Aires, que pone en tensión el derecho infantil a la educación”, señaló Morgade.

La falacia de los Centros de Primera Infancia: Un Estado que no hace jardines pero sí convenios

Los CPI reciben a niñes de 45 días a 4 años, pero “no tienen supervisión pedagógica, son muy desparejos en su calidad y están gestionados por ONG con convenios con la Ciudad”, agregó. Ni siquiera dependen del Ministerio de Educación: están bajo la órbita de Desarrollo Social. De total de chicos y chicas sin vacantes en nivel inicial, un alto porcentaje termina en esos dispositivos, señaló López Rodríguez.

El mapa de la distribución de los CPI muestra su “abrumadora presencia” en la zona sur, donde se encuentra la mayor cantidad de familias pobres más afectadas por la fuerte crisis económica. “Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza a su vez su situación de exclusión social”, denuncia el informe del OUBA.

Para Myriam Feldfeber, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), esta situación se contrapone con lo establecido por la  Constitución de la Ciudad, que reconoce en su artículo 24 “la responsabilidad  estatal indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar los diez años de escolaridad o el período mayor que la legislación determine”.

“El Gobierno de la Ciudad debería construir las escuelas de nivel inicial, primario y secundario necesarias para que todas las chicas y todos los chicos no solamente tengan su vacante sino que también lo hagan en condiciones que les permitan desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que significa entre otros aspectos que las y los docentes cuenten con las condiciones de trabajo adecuadas y no trabajen con grupos muy numerosos”, señaló la experta.

9.4.2019

Por Agustina Chaves y Mirian Méndez

Ayer hubo otro incendio en el subte, mientras que hoy la tarifa trepó a $19. En mayo llegará a $21, representando una suba de 180% en trece meses. Pero ¿a dónde va a parar esta plata? ¿A mejorar el servicio? No: a abultar las ganancias de la empresa Metrovías.

Ayer los usuarios tuvieron que ser evacuados por un incendio en la combinación entre las líneas H y A en la estación Once – Plaza Miserere. Situaciones como esas se dan casi a diario en toda la red de subte. Pero a pesar de eso, hace 25 años que esta misma empresa detenta la concesión del subterráneo.

Metrovías es una de las privatizadas concesionarias de transporte que comenzaron su estafa durante el menemismo, pero de la cual han sido cómplices todos los gobiernos. El kirchnerismo por ejemplo le entrego entre 2003 y 2015, $211,97 millones en subsidios, de los cuales el mismo Roggio declaró que el 5% iba al pago de coimas para mantener la concesión. Y el Gobierno de la Ciudad, ahora de Larreta antes de Mauricio Macri,, sabiendo esto, sigue extendiendo la licitación del servicio año tras año, aun a pesar de la confesión de coimas y del servicio deplorable.

Estamos frente a un servicio público, con ganancias privadas que pagamos mediante tarifazos, subsidios e incluso con las vidas de los que menos tienen. Seis trabajadores muertos en estos últimos 6 años, así como reiterados incendios y constantes inundaciones por la falta de inversión. Ellos se la llevan en pala y somos nosotros -usuarios y trabajadores- los que pagamos el costo.

Pero, ¿qué estamos pagando realmente a través de los interminables aumentos?

El año pasado, desde la banca de Myriam Bregman y Patricio del Corro junto al trabajador del subte Claudio Dellecarbonara y el Centro Profesional por los Derechos Humanos (CeProDH) que la diputada Bregman integra, se presentó un amparo para frenar el tarifazo. La jueza López Vergara dio lugar a este amparo y reconoció irregularidades en el cálculo y los gastos que se pretendían incluir, destacando que el incremento tarifario no se enmarca en un parámetro de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad al que el gobierno de la Ciudad está obligado a cumplir.

De la documental que da sustento a los gastos que Metrovias utiliza para argumentar el aumento, surge que entre ellos se encuentran incluidos:

   almuerzos y cenas de lujos de los gerentes.

   viajes al exterior para hacer lobby de otras concesiones.

Pero el Gobierno de la Ciudad volvió a otorgarle la concesión del servicio al Grupo Roggio hasta fines de 2019, por lo cual podemos decir que tanto el Gobierno de la Ciudad como la empresa Metrovías, son responsables por cualquier incidente que pueda volver a ocurrir.

¿Qué hay detrás de los constantes aumentos de tarifas?

El aumento en la tarifa del subte y el resto de los servicios es parte del ajuste que Cambiemos, ordenado por el FMI, está aplicando en complicidad con todos los partidos tradicionales, los cuales en ningún momento denuncian la estafa que representan estas empresas privatizadas para el pueblo trabajador. Los sueldos cada vez rinden menos, el costo de vida se hace insoportable, y cada vez son más familias las que caen en la pobreza y la indigencia. Pero a pesar de que cada día hay más ajustes y tarifazos, los únicos que plantean una alternativa de las y los trabajadores con un programa claro y concreto son los representantes del Frente de Izquierda. Los únicos que denuncian la estafa del grupo Roggio y plantean anular las privatizaciones y discutir el control del servicio bajo gestión de las y los trabajadores y control por parte de usuarios populares.

Esta es la única salida que realmente puede terminar con esta fiesta para unos pocos, necesitamos construir una alternativa desde abajo que sea una salida para las y los trabajadores.

8.4.2019

Por Espacio Cultural Crece desde el Pie

"A cien años de su nacimiento creamos juntos una colección de cuadros única.  Imágenes de Evita, trazadas por un grupo de artistas plásticos de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano e intervenida con las pinceladas de todas y todos aquellos que se acerquen a cada encuentro en las calles".

A cien años de su nacimiento creamos juntos una colección de cuadros única.  Imágenes de Evita, trazadas por un grupo de artistas plásticos de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano e intervenida con las pinceladas de todas y todos aquellos que se acerquen a cada encuentro en las calles.

Imágenes que fueron elegidas por su fuerza, porque retratan parte de la historia y que además dan cuenta del sentir, del sentimiento recíproco entre el pueblo y una mujer del pueblo, de una mujer de la política y de la Argentina.

100 x ciento Evita, es arte colectivo para recordar, para homenajear y también para levantar las banderas por la Justicia Social que puso en alto la mujer más importante del siglo XX.

En tres jornadas se pintarán los lienzos que componen la obra.

Cuyo principal sesgo en la intervención artística es su sentido colectivo, la participación de todos aquellos que quieran dejar sus pinceladas, y que recibirán una constancia de su participación.

Iniciamos en este sábado 6 de abril, en el emblemático Parque Centenario de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde decenas de personas se acercaron a dejar colores y participar de una radio abierta.

Continuamos el sábado 13 de abril desde las 15hs. en la Plaza de San Justo frente a la municipalidad de La Matanza, cuna peronista.

Para concluir en un evento el 3 de mayo en el local del Espacio Cultural Crece desde el Pie, en la esquina de Constitución y Pichincha del barrio de San Cristóbal en la Ciudad de Buenos Aires, también desde las 15hs. Donde además desde las 18hs. se realizará un acto con mujeres del peronismo de Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

Eva Duarte es nuestra historia, es presente y futuro, porque sus ideales trascienden el tiempo, porque la Justicia Social por la que vivió es el latir constante en el corazón del Pueblo.

9.4.2019

La Asociación Civil Creciente Cine Fértil -creadora del Festival Internacional de Cine Latino Árabe, Latinarab, y de diversas iniciativas para promover la cultura Árabe en Latinoamérica a través del cine-ha sido declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por el Diputado Omar Abboud, autor del proyecto de distinción, quien además entregó el diploma con la declaración de Interés Cultural para la ONG.

Participaron también de la ceremonia en el Salón San Martín de la Legislatura, el subgerente del Desarrollo Federal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Miguel Pittier; el Coordinador de Festivales Nacionales del INCAA, Alejandro Spessot; el Director Artístico de Cine Fértil, Christian Mouroux; y el Director Ejecutivo de dicha asociación, Edgardo Bechara El Khoury.

Antes de entregar la mención, Abboud destacó el "espíritu de integración que promueve Cine Fértil desde el ámbito del cine, siendo de un intercambio mutuo entre el mundo árabe y las sociedades de Latinoamérica."

Visiblemente emocionado y agradecido, Edgardo Bechara El Khoury definió a la mención como "algo histórico" y remarcó ante el público y periodistas presentes que "esta distinción no va a ser tomada como un reconocimiento al camino recorrido, sino como un faro que guíe los próximos años."

Es este el tercer reconocimiento que Cine Fértil recibe en los últimos años ya que en Mayo de 2018, la Asociación Civil obtuvo el Premio UNESCO Sharjah a la Cultura Árabe, y también fue mencionada entre las cien personas e instituciones destacadas del Cine y de la Industria Cinematográfica Árabe que el Arab Cinema Magazine resaltó dentro del marco de la 71° Edición del Festival de Cannes.

8.4.2019

Por Colectivo de Medios Populares*

Tras la postergación de su inicio en febrero, el jueves 11 de abril se realizará la primera audiencia del juicio oral contra el policía Ricardo Ayala. Familiares de víctimas de la represión estatal, organizaciones de La Boca y organismos de DD. HH. acompañarán a Lucas y a su familia con una radio abierta y actividades culturales en la puerta de los tribunales: Talcahuano 550 a las 9:00.

El 9 de noviembre del 2015, Lucas Cabello, un joven vecino del barrio de La Boca, fue atacado en la puerta de su casa frente a su hija de 2 años y su mujer por el efectivo de la ex Policía Metropolitana, Ricardo Ayala. El brutal accionar del agente, que disparó tres veces a quemarropa, le dejó heridas gravísimas a Lucas quien se recupera en silla de ruedas. Luego de tres años de lucha por parte de Lucas, su familia y las organizaciones del barrio, finalmente el próximo jueves 11 de abril iniciará el juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1. El juicio se llevará adelante en los palacios de Tribunales, en Talcahuano 550. Ayala llega en libertad. 

El ataque contra Lucas ocurrió diez días después de que Mauricio Macri ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales e inauguró la versión del macrismo en materia de “seguridad”, anticipando lo que luego sería la “Doctrina Chocobar”, defendida a ultranza por la ministra Patricia Bullrich. Aquel 9 de noviembre, mientras Lucas luchaba por su vida en el Hospital Argerich, la vicejefa de Gobierno porteño y recién electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, justificó el accionar policial argumentando que había ocurrido a partir de un alerta de botón anti pánico por supuesta violencia de género, algo que nunca existió. La versión de Vidal y la versión policial del enfrentamiento fueron desmentidas tanto por la mujer de Lucas como por los vecinos y el colectivo Ni una Menos. 

La historia de Lucas es también la historia de un barrio que viene sufriendo las expulsivas políticas públicas del PRO en materia habitacional. Lucas fue baleado por el policía Ayala en la puerta de su casa, un hogar de “tránsito” donde desde hacía más de una década vivían varias familias reubicadas de un conventillo del IVC (Instituto de Vivienda porteño). Hacinamiento, desalojos e incendios son moneda corriente en La Boca, donde el Gobierno porteño impulsa la especulación y los negocios inmobiliarios a costa de la expulsión de los vecinos y vecinas.  La historia de Lucas es también la muestra de la ineficiencia de las políticas públicas para resolver conflictos vecinales. El policía Ayala estaba de consigna en la puerta del edificio por un conflicto del que nada tenía que ver la familia de Lucas. Además, el Estado envió un uniformado que no tenía la capacitación suficiente. Ayala tenía 20 años y sólo seis meses de entrenamiento.  

La causa

En enero del 2017 la Cámara Nacional de Apelaciones reconoció que el intento de homicidio de Ayala a Lucas Cabello representó “una grave violación a los derechos humanos” y revirtió la actuación del juez Osvaldo Rappa quien había calificado el hecho como “exceso en legítima defensa”. La apelación fue lograda por la querella de la familia de Cabello, conformada por los letrados Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti, junto a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del entonces fiscal titular Miguel Palazzani. Actualmente, luego de más de tres años de macrismo y de diversas presiones a la Justicia, la Procuvin fue desmantelada.

El juicio contra Ayala es el resultado de una lucha que fue sostenida en primera instancia por Lucas, su madre Carolina Vila, su familia, junto el gran apoyo de las organizaciones del barrio que se movilizaron, una y otra vez, motorizando la causa y revirtiendo la cobertura mediática de la prensa hegemónica que lo etiquetaba como “un trapito baleado” pero se negaba a contar su historia.  Como dice el propio Lucas: "Yo le gané a la muerte, soy el hijo de todas esas madres que perdieron a sus hijos y por todos esos pibes voy a seguir luchando”. 

¡Basta de hostigamiento y abuso de las fuerzas de seguridad! ¡Basta de Violencia institucional! ¡Justicia para Lucas Cabello y para todos los pibes y pibas víctimas de la represión del Estado!

*FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica/Radio Presente