Comunicadores del Sur

10.7.2019

En el marco de la crisis social y alimentaria, Barrios de Pie pedirá la entrega de leche para repartir en los barrios populares. Mastellone concentra más del 80% del abastecimiento de leche en la zona metropolitana,

El movimiento Barrios de Pie-Somos marchará este mediodía a las oficinas que la empresa Mastellone tiene en el barrio porteño de Puerto Madero para protestar por «el desabastecimiento de la leche Armonía».

Así lo anunció la organización social en un comunicado que lleva la firma de su coordinador nacional, Daniel Ménendez, quien destacó que «denunciamos a dicha empresa por el desabastecimiento de leche de su segunda marca ‘Armonía’”.

El dirigente social agregó que Mastellone concentra «más del 80% del abastecimiento de leche en la zona metropolitana, y esa condición monopólica permitió a la compañía desabastecer a los supermercados de la segunda marca ‘Armonía’. Presentamos una denuncia que la Justicia aceptó».

Militantes de Barrios de Pie se concentrarán a las 11 en Retiro, y a las 12 se manifestarán frente a las oficinas de la empresa láctea, ubicada en Encarnación Ezcurra y Juana Manso, en Puerto Madero.

9.7.2019

Las presentarán este miércoles 10 de julio el Observatorio del Derecho a la Ciudad e Inquilinos Agrupados. Será en la Legislatura porteña con el objetivo de “aportar soluciones a la grave emergencia habitacional que vive la Ciudad que ha quedado de manifiesto con las muertes de personas en situación de calle en estas semanas”.

El paquete incluye tres proyectos de ley:

1. La “Declaración del estado de Emergencia Habitacional de la Ciudad”, que propone la creación de un Fondo para la Emergencia Habitacional, la suspensión de los desalojos forzosos de inmuebles del GCBA o en causas judiciales que tramitan en fueros de la ciudad, la declaración de utilidad pública y uso temporario de los inmuebles privados en proceso judicial de desalojo a favor de las familias que viven en ellos, creación de un Programa de Vivienda Social para alquiler o comodatos social.

2. Crear una política para la incorporación de inmuebles que se encuentran ociosos a la ciudad a un uso efectivo. Propone la creación de la Oficina de Bienes Inmuebles y el Registro Público de Titulares y Usos de los bienes inmuebles, del impuesto al inmueble ocioso, del Fondo para Políticas de Vivienda, la declaración de utilidad pública y uso temporario de los inmuebles declarados ociosos, y créditos para la rehabilitación y refacciones de viviendas.

3. Proponer la creación del Programa de Subsidios Habitacionales para personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle que reemplazará al Decreto N° 690/06 y eliminará sus restricciones que obligaron a más de cinco (5) mil familias iniciar demandas contra el GCBA.

9.7.2019

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación formará parte de una iniciativa solidaria bajo la consigna “el frío no mata”. Junto a otras organizaciones llevarán adelante la donación de frazadas, ropa de abrigo y alimentos no perecederos, en la Ciudad y en Provincia de Buenos Aires.

Comunicado de prensa UTE

"En el marco del gran crecimiento del número de personas en situación de calle, producto de las políticas neoliberales del gobierno de la Alianza Cambiemos y su modelo económico de exclusión, un conjunto de organizaciones políticas, sociales y sindicales lanzan la campaña 'Un abrigo contra el ajuste'.

Bajo la consigna “el frío no mata”, estas organizaciones buscan resaltar que lo que mata es la ausencia del Estado y las políticas que deshumanizan al otro, que dejan a miles de personas fuera de la posibilidad de realizar de sus derechos básicos.

La convocatoria invita al conjunto de la sociedad a participar de una campaña solidaria de donación de frazadas, ropa de abrigo y alimentos no perecederos, en la Ciudad y en Provincia de Buenos Aires. El punto central de la campaña se realizará el sábado 6 de julio a las 12hs en la Escuela Isauro Arancibia (Paseo Colón 1366, CABA) y se sumarán puntos de recolección en distintas provincias.

Entendiendo que la solidaridad es la base para construir los lazos sociales, las organizaciones proponen mostrar una alternativa ante el ajuste y la ausencia del Estado que terminan siendo un arma letal contra la ciudadanía como quedó fatalmente evidenciado en estos días en nuestro país.

#UnAbrigoContraElAjuste

#DemocraciaSinHambre

PUNTOS DONDE SE RECIBEN DONACIONES EN CABA:

1) Centro Educativo Isauro Arancibia, lunes a viernes 9 a 18 sábados 9 a 14 hs (Paseo Colón 1366)

2) UTE, lunes a viernes 9 a 20 hs (Bartolomé Mitre 1984)

3) Mutual Homero Manzi, Lunes a Viernes de 9 a 21 hs y Sábados de 10 a 20hs (Av. Belgrano 3540)

4) Centro Político y Social El Hormiguero, Sábados 12 a 19 hs. (Hipólito Yrigoyen 1440)

5) Centro Cultural Marechal, Lunes a viernes de 16 a 20 y Sábado de 11 a 18. (Leopoldo Marechal 1160)

6) Federación Grafica Bonaerense, lunes a viernes 9 a 18 (Paseo Colón 731)

7) ATE Capital lunes a viernes de 9 a 17 hs (Carlos Calvo 1378)

9.7.2019

Por Alejandro Volkind

Apurados por la visibilidad que tomó el tema en estos días y por las provocativas declaraciones de los funcionarios porteños, las organizaciones que llevaron a cabo el 2° Censo Popular adelantaron los resultados parciales del trabajo realizado: en la Ciudad de Buenos Aires, 7.251 personas se encuentran en situación de calle. El número representa un aumento del 65% respecto a 2017 y es cinco veces mayor a las 1.146 personas reconocidas por el gobierno de la Ciudad. Cómo se realizó el censo, el contexto de los números y por qué desmienten a las versiones oficialistas.

Según los datos presentados ayer durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de Buenos Aires existen 7251 personas en situación de calle; 5412 duermen en plazas, veredas o entradas de edificios y 871 son niñes y adolescentes, número mucho mayor al recabado en 2017. Las otras 1981 personas censadas duermen en paradores del gobierno porteño u otros establecimientos conveniados. Del total, el 80% son varones, el 19% mujeres –de las cuales 40 están embarazadas- y el 1% declaró ser travesti/trans.

Comparado con los datos del primer censo popular, realizado en 2017, el número representa un incremento del 65% y, según destacaron las organizaciones con suma preocupación, el 52% de las personas encuestadas es la primera vez que se encuentran en situación de calle. “Lo que revela esto es que la magnitud de la crisis está tocando a sectores que antes no había llegado”, aseguró Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría de la Ciudad y una de las oradoras en la conferencia.

Para Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el informe es una foto de la exclusión en la Ciudad de Buenos Aires. “El mayor porcentaje de personas que hoy viven en situación de calle es producto de la falta de trabajo, seguido por la falta de acceso a una vivienda -ya sea porque no tienen la plata para pagar un alquiler o por los costos de los servicios públicos-; y el tercer grupo son personas que se separan, mayormente mujeres”, advirtió. Entre los tres ítems, suman un 42% de los encuestados.

En ese sentido, el 77% de las personas encuestadas en el censo afirmaron no haber podido acceder al subsidio habitacional. Los datos, advierte Morales, desmienten los argumentos vertidos por funcionarios de la Ciudad en los últimos días que señalan que hay personas que eligen vivir en la calle porque no se adaptan a los paradores o porque deciden no concurrir a las oficinas públicas para el acceso a una pensión o un subsidio habitacional.

A su vez, a contrapelo de lo planteado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien consultado sobre el aumento de personas en la calle aseguró que «en realidad tenés más gente que viene a pasar el día, que viene de la provincia a pedir en la calle y se vuelve», el informe señala que el 56% de los encuestados vivió siempre en la Ciudad de Buenos Aires.

Dos Censos y una sola realidad

El censo oficial y el censo popular fueron realizados en la misma semana de abril de este año, y sin embargo los resultados son completamente distintos. Mientras el primero dio como resultado 1146 personas en situación de calle, el censo popular asegura que el número es cinco veces mayor.

El primer dato que explica la diferencia tiene que ver con que, pese a que la propia Ley 3706 considera personas en situación de calle a aquellas que estén a la intemperie o que utilicen la red de alojamiento nocturno brindada por el estado, el gobierno no contabiliza a quienes la noche del censo durmieron en los paradores.

El otro aspecto, más profundo, apunta a la metodología utilizada. Tal como advirtió Jorgelina D’ Iorio, investigadora del Conicet y miembro de Asamblea Popular de Plaza Dorrego, la población en situación de calle se define como población fluctuante, es decir población que no está asociada de manera permanente a un lugar concreto del espacio geográfico, y como población oculta esto es, población cuyos comportamientos son estigmatizados y viven situaciones de violencia. Por estas dos características, se la considera como población de difícil acceso.

Con esta premisa, el relevamiento del Censo Popular se organizó durante 4 días, dos días hábiles y un fin de semana y participaron como censistas integrantes de organizaciones sociales y de instituciones públicas, incluso personas en situación de calle. Para ello, se elaboró un cuadernillo de capacitación, con el que se formaron 500 voluntaries y se realizaron 50 capacitaciones durante el mes de abril.

La participación de las personas encuestadas fue voluntaria y anónima. Para garantizar la confidencialidad de la información obtenida, se utilizó un código de identificación formado con las dos primeras letras del primer nombre y las dos primeras letras del primer apellido, más la fecha de nacimiento. De este modo también se evitó la duplicación de datos.

Se censó en los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires y cada barrio fue dividido en cuadrículas o conjuntos de cuadras que durante los días que duró el censo fueron recorridas por un mismo grupo de censistas. Además, cada barrio tuvo como responsable a una organización con trabajo en ese territorio.

La carga de datos y el procesamiento de los mismos fueron realizadas por los equipos técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Presidencia de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, con el soporte técnico de un paquete estadístico construido ad hoc.

“El censo oficial, por el contrario, fue realizado durante una noche por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad y consistió un muestreo por zonas críticas -explica Jorgelina-, entonces van a algunos lugares donde prevalece mayor cantidad de gente en situación de calle”. Jorgelina es tajante: “La metodología es política”.

Para el Defensor General de la Ciudad Horacio Corti, otra de las instituciones participantes del Censo popular, no se trata de ver personas sino de conocerlas. “Desde el gobierno lo único que hacen es contar, pero no se sabe si son niños, cuál es la situación de salud, si perdieron o no su trabajo, cuál es su padecimiento mental y si no hay un conocimiento real de lo que sucede es obvio que no va a poder hacerse una política pública para resolver un problema de la realidad”. De fondo, asegura, las personas en situación de calle no son una prioridad para el gobierno y “eso hace que esto se haya convertido en un problema estructural”.

Números urgentes

“A esta hora exactamente hay un niño en la calle”, escribía hace tiempo el poeta Armando Tejada Gómez, marcando la urgencia del problema. En la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, la que tiene oficialmente más de 130 mil viviendas ociosas, a esta hora, exactamente, hay 7.248 personas viviendo en la calle, tres menos que cuando se realizó el Censo popular. “Hablamos de Sergio Zacarías, Carlos Bencenete y Javier, de Retiro”, recordó Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, sobre las personas que murieron en estas semanas a causa del frío.

“La situación es bastante más dramática de lo que algunas voces oficiales han planteado y esto es necesario ponerlo de manifiesto, por eso la urgencia de la conferencia, de presentar datos y de este trabajo colectivo”, concluyó Pablo Vitale, referente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una de las 50 instituciones públicas y organizaciones populares que llevaron a cabo el Censo.

8.7.2019

Por Marta Dillon

¿Quién es Diego Pimentel? Es el director del Centro Cultural San Martín, profesor titular de la Universidad Nacional de Arte y de la Universidad de San Andrés, asesor externo de la Universidad de la Cuenca del Plata. Ese currículum exhibe en sus redes sociales y todos estos cargos están fechados con año de inicio y “presente” para dar cuenta de su actividad actual. Diego Pimentel es, además, el penalmente acusado por maltrato físico y acoso sexual en lugares privados de acceso público agravados por su jerarquía y por funcionario público.

Las denunciantes son dos, una prefiere no hablar, la otra es Anahí de la Fuente, comunicadora, maquilladora profesional y performer, 28 años; desocupada desde que hizo la denuncia porque la única consecuencia inmediata que tuvo ponerle palabra pública a un padecimiento que se le metía en el cuerpo y que afectaba hasta sus mínimas decisiones fue ser despedida del Centro Cultural San Martín, en abril de este año.

Después de que la historia se mediatizara, el Gobierno de la Ciudad inició un sumario administrativo del que no se conocen consecuencias. “El sigue trabajando como funcionario, no hubo respuesta institucional en relación a eso”, dice Jimena Gibertoni, abogada de las querellantes y miembrx de la Red de Abogadas Feministas.

Anahí, por su parte, tuvo que dejar el departamento que alquilaba para ir a vivir con su abuela, está tomando antidepresivos y se endeuda para pagar lo poco que le cobran sus representantes legales porque no tiene ingresos.

La peor pesadilla de Anahí se cumplió: perdió un trabajo que le gustaba por animarse a decir basta. Pero no había otra salida. Cada día en el área de comunicación en el Centro Cultural San Martín se parecía a una tortura. Pimentel no sólo la arrinconaba contra las paredes –“como cualquier violento en una discoteca”–, la besaba en el cuello como si fuera un saludo normal o le hacía “masajes” sin permiso cuando ella estaba sentada en su escritorio. También le infringía dolor. “Me daba miedo, tenía algo medio sado, me retorcía los brazos para atrás como si fuera a esposarme; a mi compañera la agarró del cuello hasta que gritó que la estaba asfixiando, me apretaba la cintura hasta hacerme doler”, dice.

“Nos podía extirpar como a muelas”

“¿Por qué no le dijeron que no?”, fue lo que preguntó “la mano derecha” de Pimentel después de perseguir a Anahí y a su compañera hasta dentro de su oficina y cerrar la puerta detrás de ella. Le podían arruinar la carrera a Diego, eso les dijo, les prohibió que volvieran a hablar en público sobre él. “Mi compañera se había quejado al salir de la oficina de Pimentel de que encima que la manoseaba jamás había dicho una palabra sobre su trabajo”, dice Anahí y continúa: “Mil veces dijimos que no, siempre, pero si explotamos en lugar de hablar antes era justamente porque temíamos que nos despidieran. Se lo dije a su asistenta, no es un tipo en una disco, es el director del Centro Cultural, se trata de asimetría de poder”.

Enterado de esta escena que sucedió un viernes, llamó a una reunión a todo el equipo de dirección la semana siguiente. “Una reunión de ‘reorganización’ en la que todo el tiempo usó las metáforas de la dictadura, diciendo que éramos como un cuerpo, que se puede enfermar y que hay partes que se pueden extirpar como a las muelas”. En ese mismo momento a la compañera de Anahí la bajaron de categoría “adelante de todo el mundo y de manera humillante. Al otro día empezaron a revisar escritorios. La reorganización consistió en separarnos a quienes estábamos hablando.”

Anahí tuvo que decidir. Cuando otros compañeros le contaron que su perfil de Facebook había sido expuesto en una reunión –porque había puesto una búsqueda laboral diciendo que en su trabajo actual estaba viviendo “una situación insoportable”– su disyuntiva fue: “O me iba en silencio como todas o cortaba con esto, con la impunidad total”. Fue entonces que se comunicó, junto con su compañera, con la Red de Abogadas Feministas. Se acordó mandar un telegrama al Gobierno de la Ciudad, al Ministerio de Cultura, y al Centro Cultural San Martín. La demanda era que les asignen otro trabajo para que se interrumpa la violencia que estaban sufriendo. La respuesta fue otro telegrama, firmado por Pimentel, en el que les rescindían sus contratos, renovados hacía menos de dos meses. Fue entonces cuando presentaron la denuncia penal.

El hambre o el acoso

“Al final para nosotras todo es daño, porque tuvimos que elegir entre el hambre y el acoso; entre conservar el trabajo y dejarte violentar o estar en la calle”, dice Anahí de la Fuente quien jamás recibió ninguna respuesta institucional sobre su fuente de trabajo o sobre la situación de quién la acosó. “Entiendo que el Ministerio no tiene que darme explicaciones a mí sobre lo que van a hacer con Pimentel, pero sí sobre mi situación laboral”

La causa penal sigue su curso, está en etapa de pruebas. “Se presentaron testigos que acreditan el trato desigual de Pimentel con respecto de las empleadas mujeres. Su defensa se basa en presentar el caso como un conflicto laboral y en que no había contacto directo pero tenemos prueba suficiente para desacreditar esos testimonios”, dice Jimena Gibertoni, la abogada querellante.

“El Gobierno de la Ciudad debería garantizar nuestros puestos de trabajo”, insiste Anahí. “Pimentel tiene tres laburos y yo no tengo ninguno, él sigue teniendo beneficios y nosotras en un estado de vulnerabilidad total, yo me tuve que ir de mi casa a vivir con mi abuela porque ya no podía pagar el alquiler. Me endeudé para pagarle a la abogada que igual me cobra casi nada, no consigo trabajo pero además, por qué no puedo seguir laburando ahí yo si el que se tiene que ir es él”.

Lo que queda por ahora, a tres meses de presentada la denuncia penal, es lo que Anahí de la Fuente describe como una “revancha. Porque nosotras quebramos el pacto de silencio con un abusador. Pero las que estamos en la calle somos nosotras”.