Comunicadores del Sur

22.6.2019

Por Daniel Satur

Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, la APDH y el MTE-CTEP le reclaman al Tribunal Superior de Justicia que atienda la demanda presentada por Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y Carla Lacorte.

La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (integrante de la CTEP), presentaron un amicus curiae (recurso para ser tenidos en cuenta como parte opinante) ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la discusión sobre la legitimidad del Protocolo de Uso de Armas de Fuego impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Actualmente el TSJ debe fallar respecto a un “recurso de queja” presentado por las referentes de derechos humanos Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y Carla Lacorte, quienes demandaron ante el Estado de la Ciudad la prohibición de la aplicación de ese protocolo represivo en la Ciudad de Buenos Aires.

El objeto del amicus curiae es dejar de manifiesta la “gravedad institucional” que implica para los derechos elementales de las personas la Resolución 956/18, que afecta “de modo directo y palmario al interés de toda la comunidad local”.

El planteo de Cortiñas, Pérez Esquivel, Caropresi, la APDH y otros organismos y personalidades que posiblemente sumen su firma en los próximos días se fundamenta en la sucesión de casos de gatillo fácil y represión estatal como los de Rafael Nahuel en Bariloche, de Diego Cagliero en Tres de Febrero, de Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez en San Miguel del Monte, Silvia Maldonado en Santiago del Estero y otros producidos en el último tiempo.

Según el texto presentado al TSJ, todos esos hechos “reflejan de manera categórica los resultados de las políticas de ‘mano dura’, y del mensaje político que otorga libre accionar de las fuerzas de seguridad, ya expuestos con amplitud en las presentes actuaciones. Las víctimas preferenciales, como es harto comprobado, son los jóvenes, mayormente de los sectores sociales más humildes”.

A su vez, afirman que de convalidarse la aplicación del protocolo de Bullrich, se vulneraría “un conjunto de garantías supraconstitucionales que protegen la integridad física y la vida de las personas ante el brazo armado del Estado, contra las cuales el Protocolo instaurado, colisiona categóricamente”.

Las y los firmantes solicitan así que se les tenga “por presentadas/os en calidad de Amigos del tribunal, se tengan en cuenta los fundamentos vertidos, y se conceda el recurso de queja impetrado en autos por la parte actora (Bregman, Verdú y Lacorte), de manera de garantizar un exhaustivo tratamiento de la cuestión discutida en autos, la cual resulta de ineludible actualidad y urgencia”.

Luego de la presentación inicial nuevos hechos en los que estuvieron implicadas las fuerzas represivas ratificaron la necesidad de terminar con ese protocolo. La detención del asesino de Rafael Nahuel por la espalda, la masacre de San Miguel del Monte, el asesinato de una joven en Santiago del Estero, son solo algunos ejemplos de la impunidad con la que actúan las fuerzas policiales.

La palabra la tiene ahora el Tribunal Superior de Justicia, quien deberá resolver si acepta el amicus y luego si da lugar al recurso de queja de las demandantes y, en consecuencia, si el protocolo de Bullrich finalmente es prohibido en la Ciudad de Buenos Aires.

21.6.2019

Ante un pedido de informes del Observatorio de Derechos Humanos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que analiza ofertas recibidas en la licitación para la compra de 60 pistolas eléctricas por un monto de 144.900 dólares.

La licitación se abrió el 20 de marzo de este año y actualmente la Dirección General de Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y Emergencias “se encuentra en la etapa de evaluación de las ofertas recibidas”.

En tanto, desde el Ministerio de Seguridad porteño, a cargo del vicejefe Diego Santilli, señalan que “se ha iniciado el proceso de compra de las pistolas Taser y se encuentra en proceso de elaboración el protocolo de uso”.

Agregan que “el Instituto Superior de Seguridad Pública (órgano rector de la formación y capacitación continua de los integrante de la fuerza de seguridad; cfr. SISP Ley Nro. 5688, Libro IV, arts. 353 y s.s.) se encuentra abocado a la tarea de elaborar un protocolo en línea con los estándares y recomendaciones que emanan del ámbito internacional”.

Cabe recordar que en 2016, el Observatorio había presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tenía por objeto que Argentina y en particular la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no violentaran el deber de prevenir las posibles violaciones a los derechos humanos a través del uso de las armas tipo Taser X26 y/o lanzadores less lethal weapon.

Este tipo de armas fueron catalogadas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas como “capaces de violentar el deber del Estado de prevenir las violaciones a los derechos humanos, el deber de proteger la vida, integridad física y salud”, es decir que se las considera como implementos de tortura.

“Nuestros cuestionamientos a la utilización de las Taser comenzaron en el año 2010 cuando junto con Carlos Pisoni, de la Organización HIJOS y el ODH iniciamos una acción de amparo para frenar su uso. Luego de las presentaciones en la Suprema Corte porteña y en la Corte Suprema de Justicia Nacional, llegamos a la Corte Interamericana de DDHH para su análisis. La petición internacional fue presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), entre otras agrupaciones y personalidades”, expresaron desde el Observatorio.

A su vez, aclararon que las respuestas brindadas por el gobierno porteño, ante este pedido de informes, fueron enviadas a la CIDH y que hasta tanto el organismo internacional no se pronuncie los tres poderes del Estado argentino deben tomar las “medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad”. Algo que desde el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires continúan sin cumplir.

20.6.2019

El Gobierno de la Ciudad quiere impedir la continuidad del paseo que la organización sostiene con vecinos y vecinas del barrio en Plaza Matheu. Convocan a resistir un nuevo intento de desalojo mañana.

Efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron  desalojar ayer la feria popular que organiza la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular de Capital en la Plaza Matheu de La Boca. La misma se realiza desde hace dos años y es usada por vecinos y vecinas del barrio para vender artesanías y pertenencias a fin de paliar los efectos que está causando la crisis económica.

La orden fue dada por la Dirección de Espacio Público porteña, argumentando que dicha actividad carece de los permisos correspondientes. Los participantes involucrados aseguran que en los dos años que se viene llevando adelante, nunca hubo inconvenientes ni con las autoridades ni con la comunidad.

“La feria está funcionando hace casi dos años con vecinos que venden ropa usada, artesanías y no dieron motivos de porque no vinieron antes si era tan problemática. Esta feria fue la respuesta que tuvo la CTEP Capital ante la necesidad de salir a parar la olla. De hecho la respuesta de la CTEP Capital fue ponerles puestos a estas personas que tenían que salir a vender lo que vendían y que no estén con una manta o una mesa y con riesgos de más desalojos” contó Gabriela, referente del MP La Dignidad.

Y agregó que “nunca hemos tenido una denuncia de un vecino o vecina, los placeros nos conocen, nosotros levantamos los puestos, limpiamos la vereda y tenemos una excelente relación con el CESAC Nº9. Jamás hemos tenido un inconveniente”.

Los desalojos contra vendedores ambulantes y feriantes no son novedad y parecen constituir una política de Estado de la Dirección de Espacios Público de la Ciudad, en aparente cortocircuito con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, con quienes las organizaciones sociales han sabido tender canales de diálogo. El ejemplo más recordado de este accionar fue el desalojo a un feriazo organizado por la Unió de Trabajadores de la Tierra en Plaza Constitución, ordenada también por la misma dependencia del gobierno de Rodríguez Larreta.

“Creemos que es una política de este gobierno. Ellos creen que pegándonos palos e impidiendo que trabajemos su electorado va a estar contento. Y debe estar contento, porque por algo lo hacen. Yo lamento que esa gente piense que está bien cagar a palos a los trabajadores”, afirmó Gabriela.

Si bien se les permitió continuar durante la jornada, los feriantes y organizadores fueron advertidos que no podrán continuar realizando la feria de aquí en más. Desde el Movimiento Popular La Dignidad, integrante de CTEP, advirtieron que el viernes volverán y resistirán el desalojo. Para ello convocan a distintas organizaciones que pretendan apoyarlos a concurrir a las 8 horas a la plaza ubicada en Magallanes e Irala.

19.6.2019

En este esquema Recalde iría como candidato a primer senador nacional y el director cinematográfico Pino Solanas encabezaría la lista de diputados nacionales. La dirigente Victoria Donda iría segunda en la lista de diputados nacionales.

Tras varias idas y vueltas en las negociaciones para la construcción de la unidad opositora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trascendió que el presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Matías Lammens, será el candidato a jefe de Gobierno del Frente de Todos, que en CABA aglutina al peronismo, al progresismo y sectores de la izquierda nacional.  De esta forma la candidatura de Lammens tendrá como desafío atraer a votantes más ligados al ideario progresista que al peronismo tradicional y busca un cambio en la estrategia que en las últimas elecciones del 2015 había marcado al dirigente camporista Mariano Recalde como candidato a jefe de Gobierno. 

Por su parte, Recalde, será candidato a primer senador nacional y el director cinematográfico Pino Solanas encabezará la lista de diputados nacionales. La dirigente Victoria Donda iría segunda en la lista de diputados nacionales. Si bien las negociaciones no están cerradas y podría sufrir modificaciones, la novedad es que tanto Recalde como Donda resignaron sus intenciones para presentarse como precandidatos a jefe de Gobierno con el fin de buscar una mejorar estrategia electoral del Frente y vencer a macrismo porteño liderado por Horacio Rodríguez Larreta.  Por el momento no trascendió el nombre de la fórmula de Lammens pero la legisladora de Unidad Ciudadana Victoria Montenegro suena entre las posibilidades. 

En este marco, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo pública la reunión con Lammens en la cual se selló el acuerdo político: "Hoy desayunamos con Matías. Hubo café, medialunas y el compromiso de ambos de unirnos en el trabajo de hacer una ciudad y un país mejor", expresó en Twitter.

19.6.2019

En un ranking global, la UBA se ubicó por encima de cualquier otra casa de altos estudios de Latinoamérica, España y Portugal. El estudio advierte sobre los recortes presupuestarios en nuestro país. Un docente promedio cobra sólo $25.456 netos por mes.

“En nuestra época había 4 millones de población estudiantil primaria, de los cuales solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De esos 300.000, iban a la Universidad nunca más de 100.000. Nosotros suprimimos todos los aranceles y derechos de examen, de manera que tanto el pobre como el rico pudieran ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 mil personas cuando lo podíamos seleccionar en cuatro millones”.

En una entrevista en Puerta de Hierro, Madrid, Juan Domingo Perón hacía referencia a una característica distintiva de la educación superior en Argentina respecto de otros países de la región, e incluso el mundo. Y si bien esa universidad pública, gratuita y de calidad marcó a fondo nuestra historia e imprimió su sello en una de movilidad social ascendente, fue también víctima de constantes embates. Algunos explícitos y virulentos, como la Noche de los Bastones Largos -cuando el 29 de julio de 1966 la dictadura de Onganía desalojó cinco facultades de la UBA, iniciando un proceso de persecución que derivó en una fuga de cerebros-; y otros más sutiles, aunque no por eso menos lacerantes, por medio de ajuste presupuestario y despidos masivos.

En las últimas horas se conoció un estudio que revela la vigencia de aquellas políticas de inclusión y desarrollo que destacaba el líder peronista en su exilio. Es que, según el prestigioso Ranking QS Global 2019 y por quinto año consecutivo, la UBA volvió a destacar como la mejor universidad de Iberoamérica. Entre más de 26.000 instituciones analizadas, la principal casa de altos estudios de Argentina se ubicó en el puesto 74º, seguida a nivel nacional por la Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA (344º), donde se recibió el Presidente Mauricio Macri.

Mientras que en el plano Iberoamericano también destaca -aunque lejos de los primeros cien puestos – la performance de casas de altos estudios como el Instituto Tecnológico de Monterrey (158º), la Universidad de Barcelona (165º), la Universidad Autónoma de Barcelona (188º), la Universidad Autónoma de Madrid (192º) y la Universidad Complutense de Madrid (212º), la Universidad Nacional Autónoma de México (103º) y la Universidad de São Paulo (116º).

Pese a haberla ubicado en el 1% de la elite universitaria, QS no ahorró críticas al proceso de ajuste que atraviesa la investigación y educación pública en nuestro país: “Los líderes del continente en materia de investigación siguen siendo los brasileños, y solamente una de las mejores instituciones de Latinoamérica es Argentina. Con CONICET empleando un 90% de su presupuesto en salarios y becas, y este presupuesto expuesto a recortes de manera consistente, Argentina debe ser consciente de que está creando un ambiente poco propenso a atraer talento del exterior”.

En el mismo sentido, desde el rectorado de la UBA deslizaron cuestionamientos respecto de la cuestión financiera. Tras celebrar el reconocimiento, destacaron el logro aún cuando otras entidades latinoamericanas «cuentan con más fondos, en particular, la UNAM con un presupuesto anual por estudiante de USD 11.400 y Sao Pablo de USD 44.300, cuando la UBA dispone de USD 1.200».

Otro aspecto que va a contramano de la excelencia educativa es lo que concierne a los magros salarios que percibe el sector. Según la escala 2019, un profesor adjunto de la UBA con 5 años de antigüedad y dedicación exclusiva cobra $34.168 netos. Sin embargo, de un total de 1.903 profesores con dedicación exclusiva, estos sólo representan 595 cargos. Mientras que un ayudante de primera (en Buenos Aires equivale a 718 docentes), también con 5 años de antigüedad y dedicación exclusiva, recibe $25.456 netos por mes.

“Con orgullo podemos decir que los docentes universitarios tienen una muy valiosa formación, y son ellos los que ponen el hombro pese al nivel de salarios”, plantea Luis Tiscornia, secretario general de la CONADU Histórica, una de las dos gremiales más importantes del sector. “Hay una conciencia y tradición académica importante, que es resultado de un sistema universitario basado en la gratuidad y el libre ingreso”.

Elaborado anualmente, el ranking de QS se sustenta sobre cuatro pilares: investigación, calidad de la enseñanza, reputación empresarial e internacionalización. Para ello, el estudio se basa en el análisis de seis indicadores: reputación académica, reputación entre los empresarios, ratio de estudiantes por profesor, citaciones por facultad y la proporción de alumnos y profesores internacionales.