La Policía pateó y confiscó la mercadería de un vendedor de sandwichs
31.8.2019
Por Nahuel Lag
Casos similares de simples contravenciones que se traducen en violencia institucional fueron denunciados por los vendedores y la Defensoría General de la Ciudad. El Código se endureció en diciembre pasado para habilitar detenciones bajo la carátula de «resistencia a la autoridad». «El único camino es utilizar el Estado para exterminar a los vendedores en la calle», advirtieron desde Vendedores Libres.
El accionar violento de la Policía de la Ciudad contra los vendedores ambulantes quedó registrado nuevamente a través de filmaciones de vecinos que denunciaron en las redes sociales cómo atacaron a un joven que vendía sanguches de salame. «¡Filmame! ¡Filmame!», se envalentonó el oficial de la fuerza porteña ante el reclamo de los vecinos. «¿Cuántas veces te digo todos los días, ‘andate porque te van a secuestrar la mercadería’?», continuaba advirtiéndole el policía al joven tras patearle la mesa en la que estaba su mercadería, un acto irregular que podría traducirse en una causa por abuso de autoridad y daños agravados impulsada por la Defensoría General de la Ciudad.
«¡No puede hacer eso!», grita una vecina en el intento de defender al vendedor ambulante de la acción policial. «Ah, ¿no puedo hacer esto? Tres veces le dije», le contesta el policía, identificado por los denunciantes como el oficial mayor, Andrián Vinent.
La figura de «uso indebido del espacio público» del Código Contravencional porteño es la que le permite a la Policía de la Ciudad avanzar sobre los vendedores ambulantes, aunque el mismo código hace una diferenciación respecto de las actividades de «mera subsistencia». «¿Qué querés que vaya a chorear? Estoy laburando, no estoy haciendo nada. Estoy buscando el peso», intentaba convencer el joven vendedor ambulante al oficial que terminó tirándole al piso toda su mercadería.
«Este es la patética demostración del fracaso de la política del (vicejefe de gobierno porteño Diego) Santilli que pretende solucionar un problema social con el Código Contravencional. Cada puesto callejero que se levanta es reemplazado por otro, porque las personas están realizando un trabajo de subsistencia», lamentó el defensor adjunto y titular del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General porteña, Luis Duacastella.
Por las malas
La Defensoría General se puso en contacto, a través de redes con organismo sociales, con el joven que sufrió el avance por parte de la Policía de la Ciudad para representarlo y analiza la radicación de una denuncia por abuso de autoridad y daños agravados.
Lejos de patear la mesa y dejar la mercadería desparramada en el suelo, el oficial porteño debería haber labrado un acta, registrar la mercadería en infracción y ordenar su secuestro. En ese caso, la Defensoría hubiese intervenido desde el primer momento. «Los policías, cansados de labrar actas, se desmadran. La política del gobierno los lleva a utilizar la fuerza», apuntó Duacastella.
La Defensoría General tiene estudiado los casos de simples contravenciones que se traducen en violencia institucional. De acuerdo al informe 2018 de la Defensoría , sobre 623 casos de violencia estatal registrados, 95 fueron denunciados por personas a las que se les imputaron contravenciones.
Esa política de persecución del gobierno porteño fue ratificada en diciembre pasado, cuando con mayoría oficialista, la Legislatura endureció el Código Contravencional habilitando a la policía a detener a quienes estén en falta.
«Las situaciones sociales se resuelven con políticas sociales. A las personas que se las rebuscan y tratan de ganarse la vida, no se las puede perseguir como si fueran delincuentes», sentenció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura, Victoria Montenegro, quien votó en contra de las modificaciones al igual que el resto de los legisladores del peronismo y la izquierda.
Según la agrupación sindical de Vendedores Libres solo en el 2018, previo a la modificación del código, en el barrio de Flores hubo más de 1000 detenidos, bajo otra figura tan habitual como genérica «resistencia a la autoridad». «Como no pueden erradicar la venta por la resistencia de los vendedores, en un país que no ofrece oportunidades, lo que hacen es quitarte lo que tenés para vender», sintetizó Omar Guaraz, referente de la agrupación de vendedores nucleada en la CTA.
El informe 2018 de la Defensoría General aporta otro dato relevante que confirma la selectividad en la política de seguridad. Sobre las contravenciones aplicadas a cada detenido, en el 77,9 % de los casos la contravención imputada fue “Uso del Espacio Público” y, entre ellos, la mayor cantidad de casos refiere al artículo que tipifica las actividades lucrativas sin autorización en la vía pública.
«Ese muchacho que vende sanwiches debería estar hoy en una fábrica iniciando su vida laboral y un proyecto de vida. Pero no hay lugar para jóvenes como él y salen y crean su propio laburo: se hacen vendedores», graficó Guaraz.
Una política extendida
La política de control del espacio público aplicada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no es nueva; la persecución sobre la colectividad senegalesa o sobre los vendedores ambulantes en Once y Flores suman decenas de casos en los últimos años. Precisamente, este último caso registrado ocurrió el miércoles pasado en Flores en la avenida Nazca, entre Bacacay y Bogotá.
«Este operativo indigna, pero la norma general son operativos muchísimos más violentos donde por lo general, los vendedores son detenidos, heridos y, a veces de gravedad», apuntó Guaraz y denunció nuevas acciones contra vendedores senegaleses en Once esta semana.
El informe 2018 de la Defensoría también advirtió sobre la población que está siendo víctima de la política de persecución en el espacio público, en coincidencia con los nuevos casos denunciados. El 76 % de las víctimas de violencia fueron ciudadanos argentinos, un 14 por ciento fueron personas de origen africano, entre los que los senegaleses representaron el 57,5 %. El 10 % de las víctimas de violencia institucional restantes fueron de países latinoamericanos.
«Este Gobierno tiene un problema en la concepción del paradigma de la seguridad. Los porteños no nos sentimos más seguros porque la policía patee a la gente que se busca el mango todos los días», criticó Montenegro.
La informalidad y la edad de las personas que denunciaron ser víctimas de la violencia de la Policía de la Ciudad también es significativa: el 89,8 % tenían un trabajo informal, entre ellos, un 24 % son vendedores ambulantes; y en su mayoría fueron varones con un promedio de edad de 30 años.
«Cada vez tenemos más manteros en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, como el fenómeno de las ferias americanas a cielo abierto, gente que no tiene un mango siquiera para revender y trueca cosas usadas», puso en contexto Guaraz. «La política de expulsiones de los manteros comenzó en 2011 con Mauricio Macri como jefe de gobierno y hasta el día de hoy no hubo voluntad de solucionarlo. El único camino es utilizar el Estado para exterminar a los vendedores en la calle», sintetizó el vendedor ambulante.
«Puro vandalismo estatal»
Tanto desde la Defensoría como desde Vendedores Libres coincidieron en marcar que está en aumento el registro de casos en los que la mercadería que es secuestrada por la Policía de la Ciudad no queda documentada y nunca vuelve a ser recuperada por los vendedores. Desde la Defensoría apuntan la debilidad que tienen los vendedores callejeros para demostrar los tipos y cantidades de los materiales que se les secuestra.
«No pudieron doblegar a los vendedores metiéndolos presos, entonces, lo que se está dando ahora es un robo descarado de la mercadería. Ya Espacio Público y la Policía saben quiénes son los vendedores, entonces, se acercan y le sacan la mercadería. Otras técnicas son intervenciones con operativos de motos o policías de civil. Es puro vandalismo estatal que tiene como objetivo desmoralizar a los vendedores», denunció Guaraz.
