20.8.2019
Por Federico Paterno
El edificio de Santa Cruz 140, en el barrio de Parque Patricios, corre peligro de desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí viven 105 familias, casi la mitad de su población son niños y niñas. La organización del lugar es ejemplar. A la hora de tomar decisiones se organizan a través de asambleas. Quienes ahí viven tienen una fortaleza difícil de doblegar. Las vecinas mayores viven con angustia latente por la incertidumbre de lo que puede ocurrir. Les niñes juegan en cada piso y hacen que el desasosiego se convierta en diversión. «Lo que yo veo es que la responsabilidad se la carga la mujer en situaciones de desalojo, son las que más le ponen el cuerpo, por un sentido de pertenencia, por les niñes», nos dijo Illi, habitante del lugar.
Pasadas las tres de la tarde nos acercamos a las puertas de Santa Cruz 140. Un gran mural nos advierte una frase que dice“Basta de Desalojos”. Ingresamos y vemos que Illi nos recibe de la mejor forma: “Vengan que hacemos unos mates, y después charlamos” nos sugiere. No hubo mejor forma para arrancar la jornada mientras el frío en la ciudad era antártico. Vamos subiendo los pisos y los más pequeños son los que juegan y sienten curiosidad de las fotos que vamos sacando del lugar al adentrarnos.
No es fácil exponerse a charlar y dar la cara en un video para difundir la problemática del desalojo, o grabar sus voces para que se comunique esta situación. Es importante lo que nos dice Illi, de 27 años y con dos hijos que viven con ella, sobre el compromiso de las familias para que se tenga que llegar al desalojo. No es sencillo, pero menos aún cuando la voluntad política es nula. El gobierno de Rodríguez Larreta no tiene voluntad de tejer diálogo que pueda llegar a buen puerto en esta situación.
EL BARRIO
El edificio es una unidad funcional que se ubica en el barrio de Parque Patricios y comprende la calle Santa Cruz, Uspallata, Juan Carlos Gómez y Finocchieto. En el lugar funcionó la fábrica CELSA, una textil que quebró en los 90 durante el menemismo. Fue una quiebra fraudulenta. A modo de protesta los obreros decidieron romper las máquinas. No la pudieron recuperar, pero si se logró que reciban metros cuadrados de un proyecto de construcción dentro del mismo barrio. Entre el 2002 y el 2005 eran 50 las familias que habitaban el edificio. En 2006 la cifra llegó a 80. Las primeras familias que empezaron en el lugar comenzaron a dividir con durlok para poder tener más ambientes habitables e independientes.
“En el 2010, el síndico, nos avisó a las familias, que iban a subastar el edificio. Nos recomendó que nos presentáramos. La realidad es que las familias lo queríamos comprar, pero no teníamos la plata, ni siquiera para acceder a los préstamos de los bancos. Nos presentamos igual. Quisimos dar una seña que es el 30% del valor del inmueble. A todo esto, la gente venía al edifico (ndr: por la subasta), se dieron cuenta que había muchas familias y no querían saber nada. Excepto una persona que se llama Leonardo Ratuschny, que tiene negociados con el gobierno de la ciudad desde el 2001 de los hotelados. Por el ejemplo el hotel Zavalía, le pertenece a él, lo administra su mujer y por las habitaciones el Estado le paga a él un dinero mensual. A su vez las familias tramitaron el subsidio habitacional donde les dan de $5000”, explica Illi sobre el principio de esta historia.
LA SUBASTA Y EL DESALOJO
Las familias quisieron participar de la subasta y se los prohibieron. El edificio terminó siendo comprado con las familias adentro. Su comprador fue Leonardo Ratuschny, quién pagó $1.550.000 en el 2010. Hasta el día de hoy este empresario de la provincia de Santa Fe no puso un pie en el edificio de Parque Patricios, lo cual indica que no vive en el lugar y sólo tiene un título de propiedad. “El tipo habló con las familias y les dijo que sigan viviendo acá y que tramitaran los subsidios. Las familias nos negamos, acá pusimos dinero para levantar el edificio, construir nuestras casas. Entonces fue él a pedir el subsidio para todas las familias y se lo negaron porque es un trámite personal, no lo puede pedir por las familias. Después de eso nos encontramos que comenzó un proceso por desalojo”, advirtió Illi.
El juzgado en lo Civil N º 60 lleva esta causa. Rosa Herrera, integra la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y patrocina a las familias. Hace pocas semanas en Radio Sur dijo la letrada “Se estarían violando derechos humanos fundamentales. La calle no acepamos que sea nuestro destino”. En el año 2014 se consolidaron como cooperativa con el nombre Papa Francisco, con el objetivo de acceder a los créditos que otorga la Ley 341, mediante el Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Jorge Abasto es integrante del CIBA (Coordinadora de inquilinos de Buenos Aires), el aporte de este y del CIBA en esta experiencia fue valioso, con reuniones semanales para buscar la vuelta al problema habitacional. En el 2015 los integrantes del edificio hicieron un pedido al IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), en aquél entonces era Basabilbaso su presidente y con quién hablaron. En ese momento eran más de 120 las familias que vivían en el lugar; se les ofreció la Ley 341 que es el otorgamiento de créditos blandos, de aquel momento 800 mil pesos. “La idea era comprar el edificio de manera colectiva, pero el trámite es individual. Llevaron todos los papeles, vinieron a hacernos un censo, nos revisaron absolutamente todo y determinaron que una sola familia podía acceder al crédito, una familia de 120.”, aseveró Ileana.
En el año 2016 las familias tuvieron una audiencia dónde se le ofreció al dueño comprar el edificio. El mismo que el pagó 1.550.000 pesos lo ofertó en 30 millones de pesos, un número imposible para las familias del lugar. Cabe destacar que el gobierno de la ciudad en ese momento dio un valor por el edificio de 8 millones de pesos, 22 millones menos que el empresario.
MEJORAR Y ORGANIZAR
A partir del 2017 fue el año en que comenzaron con las mejoras en el lugar, colocación de matafuegos, obras dentro del edificio para la mejoras habitacionales. La forma del pago mensual de expensas es algo particular, sobre esto nos contó Illi “Una vez al mes tenemos reuniones porque nosotros pagamos expensas, tenemos un vecino que cuida la puerta, otro que limpia el edificio, tenemos la luz común en los pisos y los gastos que salen. A veces hay que arreglar una cloaca y todo eso se pone en los gastos mensuales que tenemos, y esto se reparte de acuerdo a las familias que somos. Todo esto se fue dando de manera espontánea, como había cosas de gasto común y de todes. Empezó a haber delegados por pisos, elegir nuestra propia tesorera, un poco a prueba y error, a veces nos ha funcionado tener una tesorera y a veces nos ha funcionado tener delegados por piso y pedir familia por familia, y los vamos moviendo”.
Dentro del presupuesto que utiliza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran los 15.000 pesos que gastan en macetas de cementos ubicadas en las esquinas porteñas. Los números de Larreta marcan que hay 1146 personas en situación de calle, no obstante esto el número que lanzó el último censo popular llegó a la cifra de 7251 personas en situación de calle. Entre 2017 y 2019 en la ciudad de Bs AS pasaron a manos privadas 85.000 metros cuadrados, a través de subastas púbicas.
LAS VOCES QUE RESISTEN
Javier: “Estamos muy preocupados con esta situación, y estamos en constante alerta. Los vecinos tienen mucha preocupación. Ya estamos en las últimas y hoy lo que nos queda es una lucha, más ya de cuerpo a cuerpo, que de palabras y papeles. Cuando esté el desalojo acá en la puerta tenemos claro que vamos a hacer: resistir”.
Wilmer: “Todo esto me genera mucho malestar, porque no sabemos dónde ir. Es mucha la preocupación porque tengo tres hijas y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta del estado. Si al menos dieran la posibilidad de decirnos los vamos a llevar a tal lugar, y bueno ahí lo pagamos, pero ni eso, nada. Todo esto como papá me preocupa mucho”.
Mabel:“El desalojo está muy próximo y la verdad es que en mi caso y mi familia es muy difícil, acá en el barrio está la escuela, mi hijo es asmático y acá tenemos un hospital lo que atienden. Si nos echan de acá no tenemos donde ir. A los que nos dicen que como trabajamos podemos irnos a otro lado, con la plata que cobramos no alcanza para nada hoy”.
Luperfina: “Acá estamos muy estresados y yo soy la primera en estar angustiada con todo lo que está sucediendo. Pienso que ya se viene la respuesta definitiva, acá igual las amigas dicen que van a luchar hasta lo último, pero yo no soy tan fuerte para hacer esas cosas y eso me hace sentir mal. Tendré que ayudarles, pero la verdad que yo no me animo tanto”.
DESALOJO INMINENTE, PROYECTO DE LEY Y NEGLIGENCIA ESTATAL
“Tuvimos una audiencia el último 4 de junio en la defensoría de niños, niñas y adolescentes, ese es el momento que en que toma cartas en el asunto Alejandro Amor de la Defensoría del Pueblo. Del 5 al 9 de agosto el Juez se tenía que expedir y decir que fecha nos iba a desalojar. En estos meses que teníamos para acercar las partes, la Defensoría Del Pueblo que interviene como mediador, no como solucionador, entendemos que a través de ellos podemos al menos entablar una conversación con el Estado, porque todos se pasaban la pelota. Íbamos a desarrollo social, le pedíamos que nos bajen las soluciones. Subsecretaría de Desarrollo Humano y Hábitat le pasaba la pelota al IBC, y éste decía que estábamos en situación de desalojo y nos mandaban para otro lado, todo el tiempo se cruzaban y no tenían ganas de actuar”. Finalmente a pesar de la intención de las familias de poder entablar una negociación la respuesta nunca llegó, “Pudimos acercar las partes, pero tampoco hoy llegamos a nada, nos hemos sentados con el procurador. De hecho, nos contestaron que la cooperativa había hecho todos los pasos correspondientes para ingresar a la 341 que se llama en realidad programa de autogestión de la vivienda que cumplíamos con todos los requisitos, y después lo que nos dijeron es que hay 350 cooperativas en lista de espera y no tenemos presupuesto entonces no les podemos solucionar su problemática”.
La novedad más fuerte reside en la presentación de los últimos días de un proyecto de ley elaborado por las familias de Santa Cruz 140. En este se pide la organización dominial de la manzana con suspensión de desalojo y expropiación de Santa Cruz. Este proyecto se presentó y lo hablaron con cuatro legisladores de la Ciudad: Gabriel Solano del FIT-Unidad; Bilardo que es de Autodeterminación y Libertad; Penaca que es Vicepresidente de la Comisión de Vivienda y Santiago Roberto del Peronismo por la Ciudad. Todos integrantes de la Comisión de Vivienda. Es para destacara que la Legislatura tiene 38 legisladores del PRO y para sancionar dicho proyecto se precisan entre 30 y 40 votos.
“El día del desalojo, que ojalá que no lleguemos a eso, realmente va a ser violento, porque hace poco las familias estaban muy tristes y hoy están muy enojadas, entonces va a ser violento porque las familias no se van a ir de acá y si se van va a ser un quilombo terrible. Estamos tratando de generar vínculos. Las redes con los espacios autogestionados se pueden mantener. Tenemos una relación muy estrecha con CIBA y otros lugares”, advirtió Ileana.
Lo único que ofrecen a las familias es lo que se conoce como la 690, que refiere a un subsidio habitacional de entre 5.000 a 8.000 pesos. Este subsidio fue rechazado por las familias porque uno de los principales requisitos de la 690 es que se tenga una situación de alquiler formal y no hay familia que lo tenga. También se pide la relocalización de las familias en edificios que están inutilizados en zonas cercanas al barrio de Parque Patricios y, sin embargo, la inacción del estado hasta el día de hoy demuestra que no hay voluntad política.
