Comunicadores del Sur

22.8.2019

Por Carlos Rodríguez

Las organizaciones barriales señalaron lo ocurrido “como resultado de una política represiva del macrismo, a nivel nacional y de la Ciudad”.

Cerca de mil personas, en su mayoría vecinos del barrio de San Telmo, ocuparon anoche prácticamente toda la cuadra de Brasil al 500, para expresar rechazo, indignación y reclamo de justicia “por el asesinato de Vicente Luis Ferrer”, por el que están detenidos y acusados de homicidio dos empleados del supermercado Coto. La Justicia confirmó que la muerte de Ferrer se produjo como consecuencia de “un traumatismo craneoencefálico” que le provocó un derrame cerebral. Ante el anuncio de la concentración en la esquina de Brasil y Perú, el comercio cerró sus puertas mucho antes de lo habitual y una guardia de la Policía de la Ciudad se instaló en la puerta principal, como “prevención de posibles desbordes”. La presencia policial fue la única respuesta del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, ya que ningún funcionario habló sobre esta nueva muerte violenta en la Ciudad.

Eso fue lo que le dijo a los manifestantes uno de los uniformados, ante la consulta incisiva de algunos, sorprendidos “por tanta vigilancia para los empresarios y nada para los vecinos del barrio”. De todos modos, la protesta se realizó en forma pacífica y una serie de oradores, en representación de distintas organizaciones barriales, criticaron lo ocurrido “como resultado de una política represiva del macrismo, a nivel nacional y de la Ciudad”.

Las organizaciones sociales que realizan actividades en el barrio se reunieron para repudiar la muerte de Ferrer, ocurrida el viernes pasado, cuando salía del Coto llevando entre sus ropas una botella de aceite, queso y dos chocolatines, sin haber pasado por la caja. Frente a la fachada del supermercado, a metros de la panadería donde agonizó Ferrer, se colgó un cartel que decía “Con justicia, con amor, con compromiso y con ternura, Venceremos”. Debajo del mensaje se fueron sumando las velas encendidas traídas por los vecinos del barrio, muchos de los cuales tuvieron trato con Vicente Luis Ferrer y con su esposa. En la reunión no estuvieron presentes ni familiares de la víctima ni testigos del hecho, algunos de los cuales ya fueron a prestar declaración en el juzgado a cargo de la investigación.

“Mauricio gato, ya vas a ver, con tus matones, no nos vas a detener”, fue uno de los cánticos más escuchados, que le apuntaban a la responsabilidad del supermercado Coto por lo sucedido, pero “enmarcado en la política represiva que instalaron en la Ciudad y en el país el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich”, según se señaló repetidas veces desde el sistema de sonido que se había instalado sobre la calzada de la calle Brasil, donde el tránsito estuvo interrumpido durante varias horas. Desde la tribuna popular montada en el lugar, se pidió “justicia por Vicente Ferrer y por todos los pibes que mueren todos los días asesinados por las fuerzas de seguridad”.

Eva, de la Olla Popular Parque Lezama, le dijo a Página/12 que “nosotros no teníamos trato con Vicente, pero hay gente que lo conocía y sabía que era una persona tranquila que vivía en Defensa al 1300”. La olla popular, una de las organizaciones que convocó a la concentración, se empezó a motorizar “en octubre del año pasado, porque veíamos que había cada vez más gente viviendo en la calle, hay cada vez más personas que no tienen para comer, de manera que todos los lunes realizamos una olla popular como respuesta solidaria entre los vecinos del barrio”. Por esa misma razón, sostuvo, “no podemos permanecer indiferentes ante el asesinato de un vecino nuestro, sin motivo alguno, porque sí”.

«Cuando nos enteramos de lo que había pasado, nos movilizamos junto con el Centro de Salud, Patria Grande, La Cámpora y otras organizaciones, porque no podemos permitir que la violencia institucional se naturalice en nuestro barrio», sostuvo Eva. Otro vecino, de nombre Roberto, precisó que Ferrer «vivía con su esposa en un PH de Defensa 1372, donde hay siete departamentos con otras tantas familias. Yo lo veía todas las semanas y no me parece que tuviera ningún problema de demencia senil ni que haya sido una persona violenta que pueda haber puesto en peligro a la guardia de seguridad. Era un persona delgada, no muy alto… qué peligro pudo significar para que lo maten como lo mataron», se preguntó.

Los cánticos le apuntaron también a los dueños del supermercado, con pedidos de justicia. También le apuntaron al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y cada frase era cerrada con un cántico: «Se va a acabar, se va a acabar, esa doctrina Chocobar».

22.8.2019

Desde las Consejerías de Vivienda creemos que la crisis habitacional que se vive en Capital debe unirnos en acciones comunes. Es hora de organizarnos contra la desidia y la muerte, pensar en medidas para disputar derechos lejos de los globos y sueños de reelección.

Para esto, contamos con herramientas muy poderosas como campo popular, como ser el Censo en Personas en situación de calle, que hoy nos permite sacarle la careta a las mentiras de Larreta. Utilizando estos datos que han tenido una fuerte mediatización, proponemos una medida de acción directa que implique afichear casas y terrenos tapiados en CABA, pidiendo su expropiación inmediata para brindar abrigo a lxs 7251 personas que hoy viven en la calle.

Mientras escribimos esto, debemos lamentar una nueva muerte en Ciudadela a causa del frío que se sufre en la calle, en la noche. Y como si fuera poco, las familias que noche a noche no saben si van a despertar, deben vivir una estigmatización social que hace la vista gorda ante los ataques que sufren día a día, por parte de las fuerzas represivas y el sentido común fascista que vemos lamentablemente en alza.

Creemos que en esta afichada se condensarán, por un lado, la demanda al estado de medidas concretas contra la problemática de la falta de vivienda, así como abonar al trabajo de hormiga que cotidianamente debemos realizar para revertir el individualismo y la criminalización que construyen fuertemente los medios hegemónicos y el poder de lxs de arriba.

Estamos convocando a una reunión este sábado 24/08 a las 14:00 en la Cooperativa Gráfica Chilavert (Chilavert 1136) para seguir organizando esta idea, con sus aportes.

¡Lxs esperamos!

#CasasParaQuien #SinTapiadas

21.8.2019

El episodio ocurrió el pasado viernes en el supermercado Coto situado en el barrio de San Telmo.  Según el relato de testigos, los golpes comenzaron dentro del local y delante de mucha gente, pero nadie intervino. Los dos custodios que habrían protagonizado el asesinato se encuentran detenidos.

El pasado viernes por la tarde dos custodios de la sucursal de San Telmo de Coto, en las calles Brasil y Perú, mataron a golpes a un anciano que supuestamente había robado un aceite, un queso y un chocolate. Según los testigos, la golpiza fue dentro del supermercado pero luego lo dejaron tirado a media cuadra. El anciano ya había fallecido cuando llegó la ambulancia. Los dos presuntos agresores están detenidos, acusados de homicidio.

Testigos informaron que los golpes comenzaron dentro del local y delante de mucha gente, pero nadie intervino. Luego, en la calle, se acercaron vecinos que identificaron al anciano y contaron que sufría demencia senil: se llamaba Vicente Ferrer y tenía 70 años. Agustín, vecino de la víctima, indicó que Ferrer tenía una única hija, que vive en Alemania y debió viajar de urgencia durante el fin de semana a raíz de lo que pasó. Recién ayer le entregaron los restos de su padre.

Un fotógrafo retrató el momento en que personal de la Policía de la Ciudad rodeaba el cuerpo del anciano, tendido en la calle. Agregó que una persona intentó reanimar al anciano hasta que llegó el SAME, y que un efectivo de la fuerza de seguridad porteña lo increpaba para que no tomara fotos.

21.8.2019

Por Matías Cervilla

El asesinato de Jorge Martín Gómez por parte de Esteban Armando Ramírez (42) integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires este lunes en el barrio porteño de San Cristóbal conmocionó a la sociedad. En el video ampliamente difundido se ve al oficial Ramírez propinarle a Gómez una violenta patada en el abdomen. Este cayó al piso, se fracturó el cráneo y perdió la vida poco después en el hospital Ramos Mejía. Si se pone el caso en perspectiva, lejos de ser una excepción, es sólo uno de los más de 1300 asesinatos por parte de fuerzas de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. En su último informe anual CORREPI denuncia que desde la restauración democrática en 1983, el gobierno de Cambiemos es, al día de hoy, el que presentó las cifras más altas y el mayor incremento de muertes por parte del Estado. Durante 2018 los asesinatos llegaron a promediar uno cada 21 horas.

Durante las últimas semanas, particularmente después de la contundente derrota de Cambiemos en las PASO, se ha hablado mucho sobre los fracasos y puntos débiles del macrismo. Incluso desde tribunas otrora partidarias del gobierno, se oyen ahora voces críticas dispuestas a hacer leña del árbol caído y así subirse al tren que los dejará en estaciones más cercanas al favor de la que se presume que será la nueva facción gobernante. El aumento de la deuda externa, la inflación, el desempleo, el criterio regresivo en las exacciones impositivas o la fuga de capitales son algunos de los lugares comunes en estas críticas al gobierno.

No obstante, y más allá de casos como el asesinato de Jorge Martín Gómez, la masacre de San Miguel del Monteo el caso Chocobar, el lugar que ocupa la crítica a la faceta represiva del Estado gobernado por la alianza Cambiemos es relativamente menor en relación a su importancia estratégica en el sostenimiento de medidas impopulares, y especialmente a la luz del sensible aumento de la tasa de asesinatos por parte de las fuerzas represivas durante la actual gestión respecto de las anteriores. Una muestra de esta importancia estratégica se encuentra, por ejemplo, en el hecho de que en el paquete de medidas que anunció Mauricio Macri esta semana, luego del resultado electoral adverso, se encuentra un bono de $5000 para las fuerzas de seguridad, mientras que los jubilados, por nombrar un sector de la sociedad tradicionalmente sensible y desfavorecido, brillan por su ausencia entre los beneficiarios de estas medidas.

El informe de CORREPI

Desde su fundación en 1992, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) asume de manera autogestiva la defensa de las víctimas de la represión estatal y los presos políticos. Desde 1996 registra y archiva los casos de represión y elabora informes anuales que son la principal fuente sobre este tipo de casos, muchas veces invisibilizados por el Estado y los medios masivos de comunicación.

Según el último informe anual de CORREPI, durante 2018 el Estado asesinó a una persona cada 21 horas.

Si bien esta cifra resulta escalofriante por sí sola, lo es aún más al cotejarla con años y gestiones anteriores, ya queel de Cambiemos es el peor registro de un gobierno democrático.

Durante los 12 años que estuvieron en el poder Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en contraste con el discurso antirrepresivo de su gobierno, el promedio de asesinatos por parte del Estado fue de uno cada 30 horas, llegando a uno cada 28 horas en 2015, el más alto desde la restauración democrática hasta ese momento.

Con el gobierno de Mauricio Macri, el recrudecimiento de la pobreza y una estrategia de políticas abierta y orgullosamente represivas por parte de la cartera a cargo de Patricia Bullrich (simbolizadas bajo el nombre de la “Doctrina Chocobar”, o “Doctrina Bullrich”) se agudizó la gravedad de la situación.

La frecuencia de asesinatos en 2016 ya era de uno cada 25 horas, acelerándose a uno cada 23 en 2017. Con la profundización de estas políticas, a fines de 2018 el aparato represivo del Estado llegó a cobrarse una víctima cada 21 horas, la mayor frecuencia desde 1983. Para mayor claridad sobre esta rápida aceleración en la frecuencia de asesinatos, cabe destacar que el kirchnerismo (el segundo gobierno con mayor índice de asesinatos por parte de las fuerzas estatales) tardó más de 10 años en pasar de un asesinato cada 30 horas a uno cada 28. En sólo tres años, el macrismo llegó a un asesinato cada 21 horas, es decir un promedio de 1,12 casos por día (ver Gráfico 2). Con un total de 1.303 víctimas, el aparato represivo del gobierno de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, detenta el 20% del total de los 6.564 asesinatos en democracia desde 1983 (ver Gráfico 3).

Según la CORREPI, las dos formas más frecuentes de la represión orientada al control social son el asesinato de personas detenidas, que representa un 46,8% del total y los fusilamientos por “gatillo fácil”, con un 38,3%. Esto implica que más del 85% de las víctimas del Estado, estaban en un calabozo o caminaban por un barrio cuando fueron asesinadas por las fuerzas represivas.

Entrevistada para este trabajo, Valeria, militante de CORREPI, profundiza afirmando que “la represión que encarna el Estado tiene un abanico de intensidades. El ‘gatillo fácil’, las muertes en centros de detención y las desapariciones seguidas de muerte son la expresión máxima de una represión que comienza desde las detenciones arbitrarias o el hostigamiento en los barrios. Hay toda una serie de grises en el medio.”

Los casos no relevados

Como si los números que arroja el relevamiento no fuesen lo suficientemente alarmantes, se estima que hay aún más casos. Al respecto, la entrevistada cuenta: “hacemos un rastrillaje bastante profundo, y todos los casos los verificamos con múltiples fuentes para que no estén sujetos a dudas.A pesar de que hacemos un relevamiento muy completo, hay muchos casos que no figuran, porque a menos que nos contacten directamente familiares, amigues o conocides de la víctima en cuestión, o que nos enteremos ‘de oído’ en el barrio o que lo hayamos rastreado por internet, no nos enteramos”, relata. Y agrega: “hay un montón de casos que no trascienden a las redes debido a que las víctimas carecen de un entorno que sepa de su asesinato o desaparición o porque el entorno no llega a comunicarse con nosotres porque no tiene las herramientas para comunicarse o porque no tienen conocimiento de que existimos”. Según relata, en no pocos casos, los medios hegemónicos invisibilizan esas historias y en muchos de los casos en los que llegan a oídos de CORREPI por los diarios, portales web, radios o canales de TV, son retratados como “delincuentes abatidos” o “enfrentamiento”, cuando muchas veces son claros ejemplos de “gatillo fácil”. En este sentido, la militante asegura que “una parte de nuestro trabajo no solo se trata de ir rastreando los casos, sino también quitarles el maquillaje de los medios que tienden a que el público lea otra cosa.”

La represión estatal

Al ser consultada por las causas del accionar represivo del Estado, Valeria lo explica en términos sistémicos y estructurales, con una concepción de la represión como garantía de la reproducción del sistema económico y social. “Cuando desde CORREPI hacemos nuestra caracterización del Estado decimos que éste descarga su represión sobre el pueblo con el principal objetivo de controlar a las masas, reprimiendo principalmente a dos grandes grupos. Por un lado, la represión preventiva, reprimiendo a las clases más bajas y la juventud.” Según explica, mediante la represión el Estado las mantienen adoctrinadas y se asegura que sigan siendo parte de esa clase baja. “Las fuerzas de seguridad se descargan principalmente sobre los pibes pobres de los barrios. Es el grupo que más engloba las consecuencias de la represión del Estado. Siempre se apunta a los barrios, a los pobres y particularmente a los más jóvenes. La criminalización de la pobreza y de la juventud van de la mano con la identificación por parte del Estado de los sectores más vulnerables como una amenaza para la clase dominante.”

El otro gran grupo es, según la CORREPI, víctima de la represión selectiva, dirigida contra el sector de la sociedad que quiere cambiar las cosas, el sector que se moviliza: “Sectores disidentes para con el Estado, con el gobierno, con el sistema, con el Estado patriarcal, capitalista, etc.”, definen. Así es como caracteriza la organización tanto al sujeto represor como al objeto de la represión.

La represión en el gobierno de Cambiemos

La problemática de la represión estatal no se restringe al gobierno de Mauricio Macri, ni epocal ni jurisdiccionalmente. Tampoco puede afirmarse que sea una cuestión exclusiva del neoliberalismo en particular. El sociólogo alemán Max Weber definía al Estado moderno como una organización basada en el monopolio de la violencia física legítima. En este sentido se puede afirmar que la violencia se encuentra en la propia naturaleza del Estado en general, y específicamente en su forma capitalista. Al respecto, Valeria sostiene que “de por sí la represión está siempre y va a estar siempre, porque el capitalismo en sí es un sistema que se basa en la opresión de clases. Hemos visto diferentes tipos de programas económicos en todos los gobiernos que hubo desde el 83′ al presente y, sin embargo, todos tuvieron una impronta represiva.”

No obstante, hay particularidades que permiten un acercamiento a la comprensión de la agudización de la violencia estatal reflejada en el aumento del número de casos durante el gobierno de Cambiemos. En este sentido, la militante de la coordinadora afirma que “ante el aumento de la vulnerabilidad para los sectores más bajos, aumentan las diferencias y la represión en sus formas preventiva y selectiva. Hay una sociedad descontenta y por lo tanto más movilizada, por lo cual recrudece la represión selectiva. Al mismo tiempo hay más gente desocupada y económicamente vulnerable. Al agrandarse la masa desocupada aumentan los casos de represión preventiva.”

“La particularidad de los índices represivos durante la gestión de Cambiemos es que se trata de un gobierno que sin tapujos avala y defiende este proceder de una manera muy desvergonzada. Represión hubo en todos los gobiernos, pero Cambiemos tiene como parte de su plataforma política hablar con orgullo de cómo reprimen, como reprimieron y como lo van a seguir haciendo. Eso se refleja en la llamada ‘doctrina Chocobar’”, profundiza la entrevistada, en referencia a la doctrina que fundamenta el accionar sistemático de la policía y las fuerzas de seguridad, que justifica el uso excesivo de armas de fuego, sin agresión previa ni dar la voz de alto, y que es avalado por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich y fallos judiciales.

La doctrina lleva el nombre del policía Luis Chocobar, procesado por el asesinato a quemarropas de Pablo Kukok en el barrio de La Boca en 2017. Sobre ese caso, Valeria afirma que “lo que tuvo de particular es que era muy evidente que se trataba de un caso de ‘gatillo fácil’, y el gobierno orgullosamente recibió al represor frente al pueblo, lo felicitó, expresó la necesidad de tener más represores con la misma forma de proceder que tuvo él”. “Es un caso que dejó en evidencia la impronta represiva del gobierno. El caso fue similar a un montón de otros casos que lamentablemente sucedieron en este país durante su gestión. El gatillo fácil es preexistente y es algo que sucede con todos los estados y en todas las gestiones. En los hechos el caso Chocobar no tuvo nada de particularmente distinto, la diferencia es lo que sucedió después, como lo trató el gobierno y como lo trataron los medios, pero la metodología de Chocobar respecto al tema de ´gatillo fácil´ es la que venimos denunciando desde CORREPI hace más de 25 años”, sostiene.

El 27 de agosto a las 15 tendrá lugar la 5° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, convocada por familiares de las víctimas. Durante 2019 ciertos casos cobraron notoriedad por su alevosía y su particular brutalidad. Al reciente asesinato de Jorge Martín Gómez por la Policía de la Ciudad, se suman el de Diego Raúl Sebastián Cagliero(30) asesinado el 19 de mayo pasado por parte de la policía Bonaerense de la comisaría Eufrasio Álvarez de Tres de Febrero, luego de que la camioneta donde viajaba con un grupo de amigos recibiera once disparos, y la masacre de San Miguel del Montedonde por un accionar similar de esta última fuerza del gobierno de María Eugenia Vidal (Cambiemos) perdieron la vida Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Maximiliano Rosasco (21) y Jimena Gramajo (25).

Para esta nota fue entrevistada Adriana García, madre de Diego Raúl Sebastián Cagliero, asesinado el 19 de mayo pasado por la policía Bonaerense en la comisaría Eufrasio Álvarez de Tres de Febrero. “Dispararon sin preguntar, en un episodio dantesco aprovechado por el intendente perteneciente a la gestión actual, para hacer campaña”, afirma la madre de la víctima. Añade que “El caso de Diego se opacó por la masacre de San Miguel del Monte, pero nosotres como familia y amigos lo hicimos visible y cambiamos la idea inicial, hoy se sabe que fue otro caso de ´Gatillo fácil´, de abuso policial.”

En palabras de García, “la represión responde a un plan de gobierno, cómo todo plan, busca un efecto en la gente, mostrar el éxito de un modo de actuar asesinando.”

Actualmente, el oficial Rodrigo César Ezequiel Canstatt que se encuentra con prisión preventiva hasta el juicio, fue indicado como único responsable por la justicia. Al respecto, la madre de Diego afirma que “fue una emboscada en la que actuaron más de diez policías preparados para matar.” Y agrega: “cómo madre, no puedo perdonar, solo quiero prisión efectiva de Canstatt, sin privilegios y la investigación de la complicidad, manejo de evidencias y encubrimiento promovido por este sistema perverso a cargo de políticos de turno, hasta las últimas consecuencias. Justicia por mi hijo”, expresó.

Este y otros tantos casos dan cuenta de que el “gatillo fácil” no se circunscribe a las “manzanas podridas” que no respetan la ley, ni a un problema de casos particulares. Con el aumento de la desocupación y la profundización de la pobreza, crece la represión. Lamentablemente, se deberá continuar recurriendo a CORREPI cada año para contar más pibes pobres muertos.

21.8.2019

Por Josefina Figueroa

El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación describió diferentes aspectos del sistema de educación pública de la CABA. "La proporción de lo que se destina a educación bajó de 30 por ciento a 17 por ciento sobre el total del presupuesto", afirmó.  

El jefe de Gobierno anunció que se crearon 54 escuelas nuevas en la Ciudad. ¿Cuál es el estado del sistema educativo  en cuanto a infraestructura? 

Eduardo López:El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta utiliza a la educación para hacer campaña con una desfachatez sorprendente. En lugar de invertir en educación, invierte en publicidad sobre obras que no existen. De esas 54 supuestas nuevas escuelas, sólo 4 se encuentran en condiciones de habitabilidad. Dos de ellas son directamente terrenos baldíos. Del resto, muchas no deberían estar abiertas por sus condiciones de seguridad. Por otra parte, 21 escuelas tienen graves problemas de infraestructura. Además, en muchos casos no se trata de nuevas escuelas, sino de la mudanza de escuelas preexistente. Este no es un dato menor porque cuando se muda una escuela no crea ni una sola nueva vacante, simplemente se trasladan los alumnos y docentes de un edificio a otro. Presentarlas como escuelas creadas es una estafa a la opinión pública.

Por eso queremos escuelas dignas, seguras y en cantidad, para que entren en ellas los 32 mil chicos sin vacantes. Y también los miles que pierden días de clases por los problemas de infraestructura que causan inundaciones, desperfectos eléctricos, falta de agua o calefacción, invasiones de ratas, etcétera. Doce años de desinversión educativa, donde la proporción de lo que se destina a educación bajó de 30 por ciento a 17 por ciento sobre el total del presupuesto dejaron este cuadro lamentable en infraestructura y falta de vacantes. Larreta quiere asociar la escuela pública a toda esta precariedad, a todas estas falencias; nosotros queremos que la escuela esté asociada al conocimiento, al arte, a la igualdad de oportunidades, a la formación ciudadana. Por eso hay que terminar con este proyecto decadente en la ciudad de Buenos Aires. 

Semanas atrás se dio a conocer el incremento de las personas en situación de calle en la Ciudad. ¿La educación pública ha tenido que modificar su rol en un contexto de crisis? ¿Cómo se conjugan estas dos realidades?

E.L: La escuela siempre está permeada por la situación social. Quienes vivimos la crisis de los años ’90 y su eclosión en 2001 sabemos que en esos momentos la escuela es el último lugar del Estado que le queda a los sectores más castigados por la políticas neoliberales, por esa miseria planificada en planillas de Excel. Por eso para que la escuela pueda tener su centro en el conocimiento, las alumnas y los alumnos tienen que tener cubiertas sus necesidades alimenticias, sanitarias y habitacionales. Los estudiantes de la zona sur de la ciudad lo resumieron en pleno apogeo macrista con una frase sencilla y a la vez contundente: “Con hambre no se puede estudiar”.

Nuestra aspiración es que todas las familias tengan trabajo y todas las comidas diarias puedan hacerse en la casa, pero cuando hay un gobierno que destruye el empleo, rebaja el salario, dispara los precios de los alimentos ahí estamos los maestros y las maestras, exigiendo la  mejor comida en raciones suficientes en los comedores escolares. Porque para que las cabezas estén abiertas al conocimiento, las panzas tienen que estar llenas. La realidad del hambre no se conjuga con nada, es a lo que como sociedad no podemos acostumbrarnos nunca. Queremos que nuestros pibas y pibas sueñen con ser campeones o campeonas del mundo, astronautas o estrellas de rock o youtube, pero no queremos que sueñen con comer al día siguiente. 

UTE formó parte de una campaña solidaria por el frío. ¿Como vivieron esta experiencia?

E.L: “Un abrigo contra el ajuste” fue una campaña que hicimos junto a organizaciones políticas y sociales de la ciudad alarmados por las muertes por hipotermia que se sucedieron en pocos días al comenzar este invierno. Tuvimos dos sorpresas. Una positiva y una negativa, lástima que la mala vino después de la buena. Lo primero que nos sorprendió y nos alegró fue la inmensa solidaridad en los vecinos y vecinas de la ciudad. Así como se manifestó en clubes que abrieron sus puertas, se mostró también en miles y miles de anónimos y anónimas que acercaron abrigos, frazadas, alimentos.

Esa necesidad de ayudar al que más lo necesita que la ideología individualista del neoliberalismo no puede destruir. Y lo malo fue la rapidez con la que todo lo recolectado fue entregado a esos otros vecinos con necesidades extremas. Pensamos que como era una movida que no tenía gran publicidad no iba a ser tan inmediata la reacción. Sin embargo, en una tarde se entregó todo. Lo que muestra una vez más que para terminar con el hambre y con el frío se necesita un cambio de política rotundo y eso lo expresó la ciudadanía de una forma clarísima en elecciones primarias diciéndole al macrismo: basta, hasta acá llegaron, se acabó este tiempo de ajuste y de saqueo en la Argentina. Señor Macri, a usted que defiende los despidos sin causa, esta vez el pueblo, por muchísimas causas y a través del voto democrático, le dice: está despedido!
     
Teniendo en cuenta los números crecientes de inflación y cómo afectan en los sueldos docentes, ¿cómo continúan las negociaciones paritarias en lo que queda del año?

E.L: Desde la UTE no aceptamos la propuesta salarial del Gobierno de Larreta porque se negaron a reconocer nuestra pérdida de poder adquisitivo del año 2018. Para que se entienda bien, ni siquiera es que no obtuvimos un aumento, sino que no logramos empatar con la inflación. En lo que va del año, si bien hay cláusula de actualización automática, la recomposición del salario siempre va desde atrás del crecimiento de los precios. De manera que también perdemos. Por eso junto a otros sindicatos de la ciudad de Buenos Aires estamos reclamando una reapertura de emergencia de la discusión salarial y un aumento urgente de las asignaciones familiares que Larreta tiene congeladas desde hace más de 7 años en 270 pesos por hijo. Esta suma es altamente progresiva en su distribución porque se paga a quienes tienen hijos. Y en la docencia hay muchas mujeres jefas de hogar.

Con el último aumento por la Ley Nacional de Asignaciones Familiares que se aprobó en 2015, el salario familiar a nivel nacional ya es casi 10 veces superior al que perciben los trabajadores dependientes del Gobierno porteño. Una maestra de grado de Jornada Completa con dos hijos, por ejemplo, si estuviera regida por la legislación general cobraría unos 3.400 pesos mensuales de salario familiar de acuerdo a su nivel de sueldo. Muy lejos de los 540 pesos que recibe en efecto por la normativa porteña. 

En el marco de un año electoral, ¿cuáles son los ejes a los que habría que apuntar desde el Estado para mejorar la educación pública de la CABA?

E.L: En primer lugar, un aumento del presupuesto. Los docentes junto a los bloques de oposición, hemos presentado proyectos en este sentido para que, igual que ocurre a nivel nacional con la Ley de Financiamiento Educativo se establezca un piso mínimo de inversión para educación. Pero Rodríguez Larreta y el bloque oficialista se niegan sistemáticamente. Si dicen que les importa la educación, ¿por qué se niegan entonces a ponerse la obligación por ley de una inversión mínima? Muy sencillo, para poder seguir bajando el presupuesto a niveles records. Desde su mayoría automática obturan cualquier debate sobre el financiamiento educativo. 

En segundo lugar, debemos encarar un plan plurianual para la construcción de Escuelas Infantiles, Jardines Maternales, de 0 a 3 años y de Infantes, de 3 a 5 años, para cumplir con el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad, que establece la universalidad de este nivel. Hoy hay más de treinta mil niños y niñas sin vacante en este nivel. Todo docente que ejerció en primer grado sabe que la diferencia entre un estudiante que ingresa a la primaria después de ir varios años a educación inicial y uno que no tuvo esa posibilidad, es abismal y muy difícil de recuperar a los largo de toda la vida. Por eso es nivel en el que más hay que invertir. Y hay que hacerlo desde la concepción de que un niño cuando nace es sujeto del derecho a la educación y no objeto a ser tutelado. Por eso hay que transformar los Centros de Primera Infancia, basados en el cuidado en Escuelas infantiles, basadas en el derecho a educarse. 

¿Cuál es el estado de situación de los programas socioeducativos?

E.L: Hay que reponer todos los programas socioeducativos que fueron ajustados o eliminados en las gestiones del macrismo. Estos programas tienes que funcionar, como dice la Ley Nacional de Educación, como políticas concurrentes al derecho social a la educación. No basta con que una ley diga que la escuela es obligatoria, hay que rodear a la escuela de políticas de apoyo que permitan acceder, permanecer con centro en el conocimiento y egresar con una formación que asegure al menos tres aspectos, la continuidad de los estudios superiores, el ejercicio de la ciudadanía crítica y responsable, y la preparación para el trabajo en un contexto de estabilidad y derechos laborales.  Digo esto pensando en la escuela secundaria que Larreta quiso convertir en una agencia de mano de obra barata para empresas que buscan reducir costos laborales con esa supuesta Secundaria del Futuro. La superexplotación y la vuelta a formas de empleo sin ningún derecho no representan ningún futuro para nuestros estudiantes. Esa es una de las grandes mentiras del neoliberalismo. Dicen que eliminando conquistas laborales y sindicatos va a haber más empleo. Sin embargo, los países más desarrollados son los que más protegen al empleo y a los trabajadores. Las inversiones no van a las naciones donde no hay controles estatales, van a donde hay mercados internos fuertes y mucho consumo. 

Otra propuesta necesaria pasa por el fortalecimiento de los profesorados e institutos superiores de formación docente, técnica y artística que fueron atacados por el Gobierno de Larreta con la UNICABA y otras medidas. Hay que fortalecerlos dotándolos de recursos y autonomía porque allí se forman docentes y profesionales de alta calidad. En la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otras provincias del país, faltan docentes. La situación llega a extremos donde no se pueden cubrir las horas o cargos de aquellos docentes que se jubilan. Supervisoras escolares, directores de escuelas ponen en Facebook llamados para que un maestro tome cargos que duran todo un año. Esto afecta directamente el derecho a la educación de nuestros pibes. De manera tal que se debe dar una política activa desde lo salarial, desde las condiciones de trabajo y desde la promoción e incentivo de las carreras docentes para terminar con esa falta de docentes que se convierte en un paro silencioso que parece no importarle al gobierno ni a los medios dominantes.