28.8.2019
Por Leandro Albani
En Argentina, cada 22 horas la policía asesina a un pibe o una piba que, indefectiblemente, es parte de la clase más humilde. Por eso, desde hace cinco años se realiza la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Un recorrido por la movilización que ayer caminó por las calles porteñas hacia Plaza de Mayo para denunciar que las fuerzas de seguridad continúan matando con total impunidad.
Los fierros que brillan en la Plaza de los Dos Congresos está vez no son los de los policías. Ahora son trompetas, trombones y platillos que un grupo de pibes hace sonar en el centro de la movilización que empieza a caminar hacia Plaza de Mayo para denunciar, otra vez, que las balas de las fuerzas de seguridad siguen matando a los chicos y a las chicas del país.
En un martes soleado y claro, cuando Buenos Aires llega a sus límites de un caos generado por autos, gente casi corriendo por las veredas, y un ritmo citadino que raya la locura, cientos de personas se reúnen para reclamar justicia por sus pibes, pero también para llamar la atención –a quienes quieran oírlo y verlo- sobre la escalada represiva que parece no tener fin desde que asumió la presidencia Mauricio Macri. Aunque los casos de gatillo fácil no son una exclusividad del gobierno de Cambiemos: desde que volvió la democracia al país en 1983, se registraron 6.500 casos, como lo denuncian los organizadores de la marcha.
“No puedo creer que haya tanta gente… ¿Esto cuándo va a parar?”, me dice Silvia Rosito, madre de Fernando Latorre, uno de los siete pibes que murieron el 2 de marzo de 2017 en la comisaría primera de la ciudad de Pergamino, luego de que los policías dejaron que un incendio se lleve sus vidas. Silvia se conmueve porque sabe, aunque por momentos no lo pueda creer, que cada año se suman más familias a la marcha. Esa es la confirmación de que la policía continúa matando con total impunidad.
Cuando la movilización avanza por avenida de Mayo, en pleno centro porteño, las banderas flamean al ritmo de la música y de consignas contra la policía. “¡Yuta asesina!”, explota en las voces de los manifestantes. “Lacras”, es el calificativo que más se repite entre las personas. Seis letras que, en la Argentina de hoy, resumen de forma casi milimétrica a los uniformados y a las uniformadas que gatillan sus armas, aplicando la doctrina de disparar y después preguntar.
Emilia Vassallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta -asesinado en 2013 por el policía bonaerense Diego Ariel Tolaba-, me dice que no hay problema con una entrevista, pero que la siga. Y eso no es tarea fácil. Emilia va, viene, organiza, grita “como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”, se acerca al camión que lleva el sonido, habla con las demás madres.
“Este es un día muy especial, porque hoy están todas las voces de nuestros pibes, de los que ya no están y de los que están. Por eso es que luchamos y denunciamos a este Estado asesino y represor”, cuenta Emilia. Para ella, como para los cientos de familiares que marchan, “el gatillo fácil es una política de Estado, porque gobierno quién gobierne, a los pibes los matan, los desaparecen y los torturan”.
Emilia dice que si no nos organizamos y salgamos a las calles, el gatillo fácil va a seguir existiendo. “Está bien visibilizar y pedir justicia, pero hay que cambiar de fondo a este sistema para que esto no siga pasando”, afirma.
“Siguen poniendo en la agenda mediática que el gatillo fácil es consecuencia de que los pibes roban y no de que el pueblo está muerto de hambre, tiene necesidades que no son cubiertas por el Estado, que es el que los lleva a eso”.
Durante toda la movilización, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue el principal blanco de críticas y repudios. “¡Fuera, fuera, fuera Bullrich, fuera!”, se coreó en todas las cuadras que separan el Congreso de la Nación y Plaza de Mayo. La mamá de Juan Pablo Kukoc, Ivonne, sintetizó lo que muchos y muchas sentían: “A mi hijo lo mató Chocobar, pero el presidente Macri lo felicitó. Por eso: fuera Bullrich. Pase lo que pase, nadie me lo va a devolver. Le quiero decir a Chocobar: no solo mataste a mi hijo sino a toda la familia”.
Para Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, “es lamentable que en un país, que en 1983 empezamos a construir sobre los valores de los derechos humanos, hoy haya miles y miles de familias que reclaman justicia por la violencia que ejerce el Estado”.
Pimentel señala que las “fuerzas de seguridad tienen que tener otros valores, basadas en la prevención y en cuidar a los ciudadanos, pero lo que hacen es reprimir y garantizar las políticas económicas vigentes. En realidad, lo que hay que cambiar es el sistema capitalista, porque mientras exista el capitalismo se tiene que valer de estas fuerzas represivas”.
Al llegar a Plaza de Mayo, varios familiares de las víctimas leyeron el comunicado consensuado para la marcha. Es una radiografía macabra de todos los delitos y crímenes que comenten las fuerzas de seguridad. Desde el gatillo fácil al narcotráfico, de corrupciones varias a sus transas políticas, en el comunicado queda en evidencia a quiénes responden los uniformados: a un Estado capitalista que los necesita como fuerza de choque y difusores de la represión.
