Comunicadores del Sur

13.9.2019

Por Observatorio del Derecho a la Ciudad

En estas últimas semanas, se ha acusado a la aplicación Habitapp de ser una herramienta para marcar y ocupar ilegalmente edificios vacíos, y al Observatorio como parte de dicha mafia. Incluso, el Subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad, Juan Pablo Arenaza, del sector de Patricia Bullrich, en una charla con vecinos afirmó que identificar casas abandonadas es un delito. La resolución de la problemática de los inmuebles ociosos es una cuestión de Estado de acuerdo al artículo 31 de la Constitución de la Ciudad y, como veremos más adelante, el propio GCBA avanzó en su incumplimiento. No advirtieron que el propio GCBA desde el año 2012, tanto durante la gestión de Macri como la de Rodríguez Larreta, viene relevando los inmuebles abandonados y tapiados en la ciudad y haciendo pública esta información.

En estas últimas semanas, se ha acusado a la aplicación de celular Habitapp de ser una herramienta para marcar y ocupar ilegalmente edificios vacíos y al Observatorio como parte de dicha mafia. Incluso, el Subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad. Sr. Juan Pablo Arenaza del sector de Patricia Bullrich, en una charla con vecinos afirmó que marcar (identificar) casas abandonadas es un delito.
La resolución de la problemática de los inmuebles ociosos es una cuestión de Estado de acuerdo al artículo 31 de la Constitución de la Ciudad y, como veremos más adelante, el propio GCBA avanzó en su incumplimiento.
Pero, con el ánimo de generar temor en la sociedad para réditos electorales, estos periodistas y funcionarios del gobierno no advirtieron que el propio GCBA desde el año 2012, tanto durante la gestión de Macri como la de Rodríguez Larreta, viene relevando la totalidad de los inmuebles abandonados y tapiados en la ciudad y haciendo pública esta información.
El GCBA proporciona sin restricciones y públicamente su relevamiento indicando la dirección exacta y la ubicación georreferenciada en un mapa de los inmuebles abandonados y tapiados en la ciudad.
– La información está dentro de los Relevamientos de los Usos de Suelo que realiza el GCBA, donde determina el uso actual de cada parcela de la ciudad.
– El listado de cada uno de los edificios abandonados y tapiados por el GCBA se encuentra disponible en el sitio Buenos Aires Data/Dataset https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/relevamiento-usos-suelo.
– EL GCBA tiene relevados al 2017, la cantidad de 2146 inmuebles abandonados o tapiados.
El Listado completo del GCBA lo subimos acá (https://buff.ly/2ZQMZ3y)
¿Podrán seguir sosteniendo que el relevamiento de inmuebles ociosos tiene como finalidad el marcado y ocupación ilegal de inmuebles cuando el Estado realiza relevamientos más integrales cubriendo toda la ciudad y en forma periódica?
¿Rodríguez Larreta ha mandado a relevar inmuebles abandonados y tapiados, y ha puesto el relevamiento en un sitio de libre acceso para facilitar el trabajo a la mafia dedicada a la usurpación ilegal de inmuebles?
La respuesta claramente es no.
El relevamiento de inmuebles ociosos resulta una herramienta fundamental a los efectos de planificar no solo el desarrollo urbano de la ciudad sino sobre todo para: solucionar el déficit habitacional; mejorar las políticas de acceso a la vivienda tanto de compra como de alquiler; para equilibrar las inequidades territoriales que se producen como consecuencia de las lógicas de inversión de los grandes desarrolladores inmobiliarios; para la protección del patrimonio de la ciudad; o bien para evaluar las disponibilidades de inmuebles a los efectos de cubrir las demandas de equipamientos en salud, educación, o esparcimiento, entre otras.
En el Informe sobre la condición de ocupación de las viviendas en CABA elaborado en el marco de la Mesa de estudio de viviendas vacías (Septiembre 2018 – Mayo 2019), el Instituto de Vivienda de la Ciudad sostiene que hay 138.328 viviendas vacías, lo que representa un 9,2% de los usuarios residenciales. Esta información surge de analizar el consumo eléctrico de las viviendas con datos proporcionados por el ENRE.
Habitapp se creó, entre otras cuestiones, para actualizar y completar el relevamiento de inmuebles ociosos que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad, a los efectos de diseñar una política urbana destinada a paliar la emergencia habitacional.
En esta línea, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad conjuntamente con más de 40 organizaciones se presentó un paquete de leyes para: Declarar el estado de Emergencia Habitacional de la Ciudad; la creación de un Programa de Vivienda Social para alquiler o comodatos social; la creación de una política para la incorporación de inmuebles que se encuentran ociosos a la ciudad a un uso efectivo; y la creación del Programa de Subsidios Habitacionales para personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle que reemplazará al Decreto N° 690/06 y eliminará sus restricciones que obligaron a más de cinco (5) mil familias iniciar demandas contra el GCBA (Ver aquí los proyectos https://buff.ly/2HMONzq).

12.9.2019

Organizaciones sociales acamparon en las plazoletas de las 9 de Julio luego de que las fuerzas de seguridad impidieran el armado de las carpas en la avenida. Además de varios heridos, hubo dos militantes detenidos. Referentes sociales repudiaron la ausencia de diálogo por parte del Ministerio de Desarrollo Social de Nación frente a los reclamos.

Ayer, miércoles 11 de septiembre, por la tarde se desató un operativo de represión policial a las organizaciones del Frente de Lucha liderado por Polo Obrero, Barrios de Pie y el MTR, entre otras 20 agrupaciones más. Los hechos se dieron luego de las 16 horas cuando las agrupaciones comenzaban a ubicar las carpas en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio.
Este acampe estaba pautado para el día martes, pero ante una reunión convocada por las autoridades de la cartera de la ministra Carolina Stanley, decidieron detener la medida a la espera del encuentro. Según integrantes de las organizaciones, los funcionarios no dieron respuesta a los reclamos sociales.
De esta manera, el gobierno decidió poner en pie un operativo policial de saturaación en las inmediaciones de la cartera social y discontinuar la circulación de la línea C desde las 8 am con el fin de impedir el ingreso de manifestantes y también dar lugar al operativo de seguridad. Este armado de las fuerzas tuvo el objetivo de impedir la unificación de las columnas provenientes de la zona sur con las que accedían desde el norte y oeste. Es por ello que las organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa a las 15hs en la 9 de Julio.
“Que la ministra deje de mentir y se de cuenta de los tres puntos que reclamamos, la apertura, la suba de los montos y la comida para los comedores. Queremos desmentir que hayamos pedido 200 mil planes. Pedimos lo que necesitamos y les recordamos que el propio FMI le ha dado recursos para que atienda la emergencia social. Pero se están patinando el dinero en la especulación financiera y no en desarrollar al país y atender la emergencia social”, expresó Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente de Polo Obrero en el acto que se realizó en 9 de Julio.
“Como votamos en 20 provincias en todo el país vamos a darle continuidad al plan de lucha. Eso significa que vamos a acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social a pesar del enorme operativo represivo que ha armado el gobierno, completamente desproporcionado dejando además sin subte a la población”, agregó el referente social mientras que hacía referencia a los delegados del subte que comentaban la orden de la Policía de “que se retiren con el solo objetivo de impedir que lleguemos a la movilización”.
Al mismo tiempo, las organizaciones expresaron que lo que desean son “respuestas sociales y no represivas”. Varios de los presentes asistieron con sus familias con el fin de reclamar y hacer visible la situación crítica y social que están atravesando miles de personas en los sectores sociales más bajos.
Luego del acto en la 9 de Julio, volvieron al Ministerio de Desarrollo Social con el fin de dar inicio al acampe. Una feroz represión tuvo la intención de disolver la medida de fuerza. Luego de dos militantes sociales detenidos, el plan de armar las carpas en la avenida central fue saboteado pero el acampe se terminó de realizar en las plazoletas del mismo lugar. Por su parte, Silvia Saravia de Barrios de Pie expresó: “Queremos el diálogo y queremos una reunión, no estamos dispuestos a que nos mientan y que no nos den fechas ciertas. Queremos respuestas concretas. Ellos cortaron las calles y el subte, son los que provocan esta situación”.

12.9.2019

Por Mariana Di Mauro

Hoy, en el Hotel Bauen, el Colectivo de Actrices Argentinas acompañaron a Anahí de la Fuente en su denuncia por acoso sexual y maltrato laboral en el Centro Cultural San Martín.

Acompañadas por importantes referentes del movimiento de mujeres y con la adhesión del Colectivo Ni Una Menos, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de otras organizaciones feministas, las actrices leyeron un comunicado en el que denunciaban públicamente a Diego Pimentel, director del C.C. San Martín y docente de la Universidad Nacional de Arte (UNA) por acoso sexual y maltrato laboral. Además, expusieron la situación de precarización que sufren las mujeres en todos los ámbitos laborales y la extrema vulnerabilidad a la que están expuestas por parte de quienes ejercen abuso de poder.
En febrero, Anahí decidió denunciar a Pimentel en el Gobierno de la Ciudad, en el Ministerio de Cultura y también inició acciones penales por maltrato físico y acoso sexual agravado por su jerarquía y por funcionario público, pero nunca obtuvo respuestas. Al tiempo, fue despedida de su puesto de trabajo, y hasta el día de hoy se encuentra sin empleo. “Cuando la víctima decide hablar, la amenazan; cuando decide denunciar, la despiden (…) Basta de encubrimiento, de naturalizar la violencia, de silenciar a las víctimas”, sostuvieron las actrices.
Las actrices exigieron la reincorporación de las mujeres que, junto con Anahí, fueron víctimas del acoso y el maltrato y, posteriormente, despedidas. Apuntaron, también, contra el Estado reclamando la necesidad urgente de políticas públicas para terminar con la violencia de género y repudiando las “contrataciones basura” que permite.

11.9.2019

Por Colectivo de Medios Populares*

Se llevó adelante la tercera audiencia del juicio de Lucas Cabello en que el ex policía de la metropolitana se encuentra imputado por intento de homicidio. Allí declaró el oficial mayor Jesús Aníbal Rivandeira quien complicó la estrategia de la defensa. Además, proyectaron videos que no aportaron al proceso judicial.

Se llevó adelante la tercera audiencia del juicio de Lucas Cabello, el joven baleado por el entonces policía de la metropolitana Ricardo Ayala. Frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, se encontró la querella integrada por Lucas, su familia, la fiscal Adriana García Netto, y los abogados de parte: Gabriela Carpineti, Adrian Albor y el abogado de Liga Argentina por los Derechos Humanos, Matías Busso.
La familia de Cabello estuvo acompañada, como en las audiencias anteriores, por organizaciones del barrio de La Boca y familiares de víctimas de gatillo fácil que estuvieron desde el primer momento con el fin de lograr el juicio contra Ayala por intento de homicidio.
Rubén, padre de Lucas, habló con el Colectivo de Medios Populares antes de comenzar la audiencia: “La primera audiencia fue el día 22 y ahí declararon Aldana, Carolina y una testigo. En la segunda audiencia mostraron la declaración de Lucas, y esta ya es la tercera audiencia”. Pero anticipó a los presentes: “Nos avisaron que vamos a ver unos videos ‘comprometedores’ que fueron presentados por parte de la defensa, pero no son de esa noche, son de otro día”.
En la audiencia, declaró el oficial mayor de la Policía de la Ciudad, Jesús Aníbal Rivandeira: uno de los testigos aportado por la defensa. El agente era uno de los coordinadores que prestaba funciones en la Comuna 4 cuando ocurrió el caso de gatillo fácil en noviembre del 2015. Rivandeira expresó tener en su momento trescientos policías a su cargo y sostuvo que no encontró armas cuando acudió al lugar de los hechos. Esto complicó la situación de Ayala, porque desmiente la versión aportada por el policía durante la instrucción.
Luego se proyectaron en la sala unos videos que ilustraban supuestos conflictos vecinales en el mismo edificio donde fue baleado Lucas, pero el imputado jamás pudo reconocer el lugar que mostraba las imágenes. Cuando le consultaron por dichas peleas vecinales, desconoció los motivos del conflicto y quienes habrían intervenido.
En una declaración plagada de dudas y expresiones repetitivas, en las que señalaba que no recordaba los hechos consultados por las partes, el testigo terminó perjudicando la hipótesis de la defensa. Al finalizar la audiencia, la abogada Carpineti dialogó con el Colectivo de Medios Populares sobre el testimonio: “En la audiencia de hoy salió a la luz el nivel precariedad con el que intervenía la ex Policía Metropolitana durante conflictos vecinales. Se vislumbró la escasísima preparación que tenía el Agente Ayala y otros agentes que realizaban consignas policiales en el edificio en el que vivía Lucas. No funcionaban las radios, no tenía conocimiento del funcionamiento antipánico. Que un supervisor tenga a cargo trescientos agentes lo dice todo”. Además, añadió: “El oficial que declaró hoy aportó videos de supuestos conflictos vecinales que después afirmó desconocer.”
Varios de los presentes manifestaron la desprolijidad del material exhibido por parte de la defensa. Se mostró material que no se vincula con el caso particular; además la ausencia de Lucas Cabello en ellos es contundente. En el único en que se lo observa fue en una discusión donde se ve al joven, varios días antes del fatídico día, discutiendo con su pareja, sin más. A la salida del juicio, la madre de Lucas, Carolina Vila, expresó: “En ninguno de los videos que presentaron aparece mi hijo. El único que mostraron es uno que está discutiendo con su señora y en ese no se ve ningún tipo de violencia, es una simple discusión de pareja. Y también por eso creo que es una falta de respeto: eso es algo íntimo que no tiene por qué circular ¡Nada tenía que ver con el policía Ayala que baleó a mi hijo, ni con la consigna policial!”, señaló.
En la sala estuvo Miriam, la madre de Bordón: “Hoy se vio claramente la complicidad de la policía. Encubrían a este criminal que baleó a Lucas y que le generó la situación en la que se encuentra ahora. El policía constantemente repetía ‘no me acuerdo’. Después presentaron unos videos que no dicen nada. La única verdad es que queremos que condenen a Ayala”. Lucas siempre se mantuvo entero a lo largo de toda la audiencia, incluso cuando quisieron responsabilizarlo por videos malintencionados y fuera de contexto. “Vi bastante bien la tercera audiencia. En esta mostraron videos que no tienen sentido, pero la verdad es que me quedo con mucha expectativa de lo que se viene el 17 de septiembre”.
Por su parte, uno de los abogados, Matías Busso, agregó: “En la audiencia de hoy se develó el intento de la corporación policial de tratar de cubrir al agente Ayala. Se vio a un superior tratando de aportar videos de dudosa procedencia y tratando de justificar el accionar a través de posibles conflictos entre vecinos”. En esta misma dirección, el abogado de la querella calificó al testimonio como “endeble” y señaló: “Ante cada pregunta respondía ´no recuerdo´. Esto tiene que cambiar. No solamente se deber juzgar el accionar de Ayala ante este delito, sino también como se comporta el resto de la fuerza policial, que en vez de aportar con la mayor honestidad posible la mayor cantidad de información, la escamotea”.
En esta misma sintonía habló Roxana Cainzos, madre de Nehuén Rodríguez, asesinado por la Policía Metropolitana en diciembre del 2014, quien siempre acompañó a la familia Cabello: “Los videos que mostraron no dicen nada. Por el contrario, el policía que declaró mandó al frente a dos compañeros de él”. Y agregó: “A Lucas y a Caro los vi muy enteros, y eso nos alienta mucho a las madres, para estar en los juicios y en la misma calles”. “Las expectativas son buenas y en este caso vamos a conseguir que el Poder Judicial falle para hacer justicia pero igual duele mucho la amnesia que sufren estos policías cuando se le preguntan detalles. No cumplen los protocolos, y hasta ellos mismos lo recuerdan”, concluyó.
Como cierre, Carolina, la madre de Lucas, expresó: “lo que queremos es que se sepa la verdad, una secuencia de hechos muy distinta a la que dijo María Eugenia Vidal en su momento. Cada vez estamos más cerca de la fecha y cada vez tenemos más expectativas. Lo único que queremos es que la justicia este a la altura y poder conseguir una condena ejemplar que nunca va a ser suficiente porque nuestra vida ya se nos arruinó. Pero por lo menos para frenar el asesinato de pibes, del abuso policial, y poder frenar esto”.
*FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica/Radio Presente.

11.9.2019

Los trabajadores del subte y premetro informaron oficialmente que la medida decretada para este jueves 12 quedó postergada por 24 horas debido a un llamado de audiencia en la Secretaria de Trabajo a las 11 horas por la faltante de puestos de trabajo en la línea E.
Así quedó en suspenso el segundo paro de cinco horas de duración que se iba a realizar entre las 5.30 y las 10.30, en plena hora pico de la mañana.

La medida de fuerza, según un comunicado emitido desde el gremio, es otra vez en demanda de la incorporación de personal en las nuevas estaciones de la línea E. En mayo se sumaron tres nuevas paradas al recorrido, y según los trabajadores no se cumplió con la incorporación de boleteros.
«A partir de la inauguración de la extensión de la línea E sin incorporación de boleteros y boleteras en las estaciones Catalinas y Correo Central Norte, reclamamos el incumplimiento de los acuerdos que establecen la obligación de incorporar el personal correspondiente en estos espacios», señala el escrito firmado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP).
La última medida de fuerza había sido el viernes pasado, entre las 13 y 17. Se llevó a cabo tras el fracaso de una audiencia entre el Gobierno porteño, la empresa Metrovías y los gremialistas en la Subsecretaría de Trabajo.