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Una mirada documental sobre la salud mental en Argentina

3.9.2019

Este sábado 31 se pre estrenó en el teatro ITF el documental El vecino del PH. Del barrio al manicomio, de Fernando Figueredo, centrado en los problemas de la Salud Mental en la Argentina.

El sábado 31 de agosto se realizó la función de pre-estreno del documental El vecino del PH. Del barrio al manicomio, dirigido por Fernando Figueiro y centrado en los problemas de la Salud Mental en la Argentina al aplicarse solo parcialmente la Ley Nacional de Salud Mental n° 26.657 y la Ley 448 de CABA.
Figueiro es graduado de la Licenciatura en Audiovisión de la UNLa y el rodaje del film comenzó en 2016. “Vimos un caso en televisión que se hizo público, y me sentí identificado por mi propia historia, soy familiar de un usuario del sistema de salud mental y veo las problemáticas hace años”, señaló.
El vecino del PH. Del barrio al manicomio recorre las circunstancias que atraviesa un vecino de la ciudad de Buenos Aires que sufre varias crisis psicóticas a partir de las cuales, luego de varios meses, termina en una internación en el hospital monovalente –es decir, el manicomio. El relato está enhebrado alrededor de la no existencia de un Plan Nacional de Salud Mental preventivo y comunitario que permita la intervención de un equipo interdisciplinario e intersectorial que pueda trabajar con todos los vecinos e impida una internación protegiendo los derechos del vecino en crisis. Al utilizar esta historia como emergente de los problemas que atraviesa la Salud Mental en la Argentina, su narración está realizada de tal manera que el director de la película tiene especial cuidado en respetar el anonimato de la identidad de quien luego va a ser un paciente del hospital neuropsiquiátrico José T. Borda.
“A mí me parecía que había que ver otra cosa del caso, que se saca al paciente de su propia historia, no se le da una red. La otra línea narrativa, tiene que ver con la historia de la psiquiatría”, señalaba también Figueredo. Se trata de un acierto del enfoque sobre el tema, que repone –mediante entrevistas a especialistas– la historia y las raíces sociales de sistema manicomial, clave para comprender los intereses que lo sostienen hoy.
La película se estrena en un contexto económico donde el sector, uno de los más vulnerables del sistema de salud pública, está amenazado por los recortes del FMI. A su vez, a semanas de que el gobierno de la CABA junto con sectores de la corporación médico-psiquiátrica lanzaran una ofensiva para intentar blindar “por 50 años” al sistema manicomial, desde el discurso biologicista de las neurociencias y los intereses de la industria farmacéutica. Pero también cuando los voceros económicos del próximo gobierno vienen planteando que esa misma industria farmacéutica será un sector privilegiado. El debate sobre la defensa del sistema público de salud mental y por una estrategia antimanicomial es urgente.
Luego de la proyección y con la participación de 300 espectadores, se inició un debate sobre la necesidad de reemplazar los hospitales monovalentes por dispositivos alternativos en Salud Mental, con la participación de los psicoanalistas Enrique Carpintero y Alejandro Vainer (director y coordinador general de la revista Topía, respectivamente). Al respecto, Carpintero señaló a este diario que “desde la revista Topía venimos luchando hace 30 años junto a otros compañeros e instituciones contra las estructuras manicomiales y en defensa de una organización sanitaria universalista de la Salud. Por ello apoyamos la difusión de esta película ya que permite abrir un importante debate contra la psiquiatrización y medicalización de la Salud Mental en la Argentina.”

¿Quién es Lucas Carrasco?

3.9.2019
Por Redacción Marcha

Para algunes periodista, para otres operador político, ¿quién es Lucas Carrasco, el verborrágico personaje que llega a juicio oral tras un proceso de denuncia y acompañamiento colectivo?

Lucas Carrasco es un periodista entrerriano que se hizo popular en las redes sociales, en blogger y en distintos medios sobre el final de la década pasada. Tenía 35 años cuando concretó el primer encuentro con dos de sus denunciantes. Su acercamiento a ellas fue mediante las redes -un patrón que se repite en todas las historias-. “Vení a casa que te pago el taxi”, era una frase que repetía para incitarlas a acceder. En muchos casos, en horarios irrisorios a la madrugada. Su insistencia era sostenida incluso después de los abusos y maltratos, tras los cuales las dejaba ir sólo con la promesa de un retorno cercano.
Bajo la bandera del progresismo, Carrasco ejecutaba prácticas que disfrazaba de sadomasoquismo -que en realidad no guardaba ningún tipo de consenso, factor fundacional de las prácticas BDSM- y de un romanticismo irrefrenable. También se victimizaba constantemente: sugiriendo que estaba loco, que era un adicto, que sabía demasiado, que lo perseguían, que estaba enfermo, que no tenía remedio y que nadie lo quería. Así lo relataron sus denunciantes que entre 2013 y 2015 comenzaron a contar que sus acciones eran más que verborragia. Y se organizaron para llevarlo a juicio.
Carrasco se refugió detrás del personaje vulnerable que construyó desde lo discursivo, y desde allí justificó sus actos violentos. En los relatos de las denunciantes, más de una vez aparecen estos recursos, sea en forma de poema o de mensajes de texto “desesperados” tras una agresión. Cuando el personaje vulnerable no era suficiente o estaba agotado, apelaba a su carácter de figura pública para seducir: “Venite, estoy con Leo García”. Y la propuesta variaba: Andrés Calamaro, Zambayonny, o incluso referentes políticos de diversos partidos.
Carrasco ejecutó prácticas sistemáticas con todas sus sobrevivientes que dan cuenta no sólo de su lucidez a la hora de haberlas realizado, sino de la plena conciencia del poder que retenía en tanto varón heterosexual de clase media, figura pública, referente político y su posición en tanto adulto mucho mayor que todas sus denunciantes. En su perfil en Twitter, reiteradas veces mencionó su enemistad con figuras públicas o de su entorno por una “severa enfermedad” y también alegó locura, pretendiendo disociarse de las violencias ejercidas, conscientes y elegidas. Porque el abuso de poder en Carrasco fue una decisión que sostuvo a lo largo de todo el vínculo con el grupo de pibas que hoy se organiza en su contra en Ciudad de Buenos Aires y en Paraná.
Desde que fue denunciado, procesado, brindó declaración indagatoria y ahora encontrándose pronto a enfrentar un juicio oral por dos de sus actos que constituyen figuras delictivas según operadores/as del poder judicial, Carrasco se dedicó a evidenciar su odio y desprecio hacia las mujeres y el movimiento feminista. Comunicador y consciente de que su provocación es más que palabras, deja ver a quienes ataca como si pretendiera perpetuar el control y la autoridad sobre sus cuerpos y decisiones. Desde su escritorio vomita consejos para otros machos y con el privilegio de los que se creen impunes intenta denostar el movimiento de cambio más poderoso del mundo. Ese que no le permite ni salir a la calle.

Los delegados de estaciones de la Línea B realizaron apertura de molinetes

2.9.2019
Por Daniel Erviti

La exigencia de un Plan de Emergencia de Salud Laboral en el Subte, fue el motivo por lo cual en el día de hoy, los delegados de estaciones de la línea B convocaron a realizar una apertura de molinetes para difundir su reclamo a la empresa Metrovías y a SBASE.

De 7 a 8 horas, los trabajadores y el cuerpo de delegados estaciones de la Línea B del subte, realizaron apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze. Su reclamo, un plan de emergencia de salud laboral, para hacerle frente a la existencia de asbesto, material contaminante y cancerígeno en las formaciones y talleres.
Recordemos que hace 20 días Metrovías por medio de un comunicado reconoció que tres compañeros estaban afectados en su salud por problemas derivados de la presencia de asbesto en su organismo. Hoy ya sabemos que los afectados se multiplicaron, pasando la decena, aún faltando la revisión de los estudios de varios compañeros. Este resultado alarma, teniendo en cuenta que recién han sido estudiados solamente los trabajadores de los talleres de material rodante de la Línea B.
Ha pasado un año y medio desde el momento en que la AGTSyP realizó el primer paro en reclamo de una solución por la presencia del contaminante asbesto, momento en el que la empresa concesionaria y SBASE trataban a los trabajadores de locos y juraban que no había asbesto en el ámbito del subte.
La semana pasada junto a los legisladores del Frente de Izquierda (PTS, PO e IS) presentamos un pedido de declaración de emergencia laboral en la Legislatura de la Ciudad, en el que denunciábamos el proceder criminal de la concesionaria. Lamentablemente el PRO y sus aliados en la Ciudad se negaron a discutirla.
Obviamente la novedad del gran porcentaje de compañeros con afección en su salud ha alterado los ánimos del conjunto de los trabajadores de la Línea B y del resto del subterráneo.
Los trabajadores creemos que es necesaria una respuesta urgente, con estudios médicos inmediatos a todo el personal que nos encontramos trabajando en el ámbito del subte y un estudio sobre el impacto sobre los usuarios. La postura de Metrovías y SBASE debe cambiar radicalmente.
Si se sigue dejando pasar el tiempo, empeorará la salud de los trabajadores y puede llegar a costar vidas. La directiva de la AGTSyP debe ponerse a la cabeza y exigir esto pública y contundentemente.

El crimen social de Vicente Ferrer

1.9.2019

Por Lautaro Romero

A Vicente Ferrer lo mataron a golpes un custodio y un empleado del Coto de San Telmo. ¿El motivo? Llevarse sin pagar un chocolate, un pedazo de queso y medio litro de aceite. Era jubilado y aparentemente sufría demencia senil. Un crimen que nos deshumaniza -un poco más-, y nos interpela como sociedad.

De la vida de Vicente Ferrer (68), poco se sabe: que era jubilado, vivía en San Telmo y tenía episodios de demencia.

Quizás fue ese instinto “enfermo” de quebrar lo establecido por la ley, lo que impulsó a Vicente a darse el gusto de deleitarse con un sabroso chocolate, un trozo de queso y una botella de aceite, sin pagarle un centavo a una de las cadenas de supermercados con mayor fortuna del país: Coto. O quizás fue el instinto de supervivencia, el hambre de días y noches, solo en su ph de la calle Defensa, lo que terminó de convencer a Vicente que debía robar para comer algo digno.

Lo que seguramente no imaginó Vicente Ferrer, es que ese pequeño acto de rebeldía, el de guardarse algunos productos entre sus ropas, le costaría la vida.

El viernes pasado, en la puerta del comercio ubicado en la esquina de Brasil y Perú, Gabriel Alejandro de la Rosa -vigilador privado, de 27 años-, y Ramón Chávez -empleado de Coto, de 32 años-, interceptaron a Vicente. Según cuentan los testigos, luego de un entredicho verbal, ambos le propinaron varios golpes de puño, adentro y afuera del local. Ya en la vereda, con Vicente en el piso a punto de perder la conciencia, sin oportunidad de defenderse,  siguieron las patadas con saña, y a quemarropa.

En escena aparecieron los efectivos de la Comisaría Vecinal 1 E, con claras intenciones de ocultar lo ocurrido. Aunque no pudieron con la vocación del fotógrafo Nicolás Ramos: en ese momento registró todo con su cámara, y le hizo frente al blindaje impuesto por la Policía y los medios afines a empresarios como Alfredo Coto.

Para cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde: a raíz de la paliza a sangre fría, Vicente había sufrido un traumatismo en la cabeza y posterior pérdida del conocimiento. Una transeúnte que pasaba por el lugar intentó reanimarlo. No hubo caso: Vicente ya no respiraba cuando ingresó al Hospital Argerich.

Lo que dice el custodio es que él quiso retener a Vicente por miedo a perder su trabajo. Además niega haberlo golpeado, y agrega que cuando fue a buscar a la policía, el anciano yacía en el suelo.

Por decisión del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 33, Darío Bonnano; Gabriel de la Rosa y Ramón Chávez permanecen detenidos, acusados de homicidio simple.

Pasó casi una semana desde que mataron a Vicente Ferrer, y  el despliegue de las fuerzas de seguridad en Brasil y Perú, hace que parezca un convoy: entre luces azules que van y vienen, la Policía de la Ciudad se moviliza en camionetas y autos con parachoques, y también en motos, con escopetas de guerra. 

 

Pero acá no hay ninguna guerra

 

A 50 metros, un grupo de vecinxs de San Telmo, La Boca, Constitución, la Villa 31, Avellaneda, Berazategui y hasta La Matanza; se manifiestan pacíficamente frente a la sucursal del Coto. Y frente a cuatro agentes de la Policía, quienes custodian las puertas del hipermercado -y los miles de millones que hay adentro-, que luce un cartel de bienvenida: “precios accesibles y cuidados”.

“Basta de normalizar la violencia”, “La impunidad mata”, “Todas las vidas valen por igual”, figuran entre las consignas trae aquí esta  masa de gente –viejos, no tan viejos, jóvenes, auto convocados,  integrantes de organizaciones barriales-; que exige que haya justicia por Vicente Ferrer.

Ulises es vecino de San Telmo, y está convencido que la lucha está en las calles porque el Gobierno tiene “la necesidad de frenar la lucha social”.  “Esto es una barbarie de todo orden: matar a una persona por robar comida demuestra la degradación social que estamos viviendo. Es socialmente inadmisible, te exacerba los ánimos, te subleva. Esto supera el hecho individual”, reconoce Ulises, con indignación. Y agrega: “Esto es consecuencia de lo que ellos han generado. El robo que le hacen a los bolsillos de los trabajadores es enorme, comparado con lo que pudo haber robado este pobre hombre”.

Osvaldo es mucho mayor que Ulises. A Osvaldo le entristece ver tantas familias con nenes chiquitos durmiendo debajo de la autopista. “Siembran violencia: Todo esto lo estimula el Gobierno”, piensa. A su lado está su compañera de vida, Susana.  “Lo que le ocurrió a Vicente está encadenado con lo que le ocurrió a Nahuel, a Maldonado, al hombre que el otro día mató la Policía de una patada en el pecho”, nos dice.

A Vicente Ferrer lo molieron a golpes. Lo mataron en cuestión de minutos. Aunque no siempre es así. A veces el sistema te disminuye de a poco. Nuestros viejxs lo saben muy bien: coberturas médicas que son pésimas, recortes de beneficios y descuentos en PAMI que profundizan la indigencia y la miseria. 

“El 80% de los jubilados cobra el haber mínimo, que representa un tercio de la canasta que necesitan para poder comer, para costear sus gastos de salud después de toda una vida de trabajo. Todas las decisiones arbitrarias que reformaron el haber previsional, han derrumbado el haber jubilatorio por el piso”, considera Sergio, quien con un megáfono en mano, acompaña la militancia de los Jubilados Clasistas, una organización que denuncia las injusticias que sufren los ancianos a diario.

Edda cobra 12.000 mensuales: la mínima. Vive a los saltos. No le entra en la cabeza la “insensibilidad” de la gente que vio cuando mataban a Vicente Ferrer, y no hizo nada. “Nos escapamos de la humanidad”, suelta. “Es aberrante lo que pasó, es un crimen social. Vino a darse un placer con un chocolate, un pedacito de queso y un aceite. El Estado es tan culpable como lo es Coto. Debe hacer condena para los responsables”.

“Un jubilado apretado por la miseria en la que vivía, comete un hurto. Vos entras aun supermercado, ves toda la mercadería, con la necesidad y la tentación de que no la podes comprar”, analiza Sergio. “Ningún hecho amerita el accionar criminal que ha tenido la seguridad privada de Coto. Si se ve que a una persona de la tercera edad la están moliendo a palos, la fuerza pública tiene que intervenir para salvaguardar la integridad física de esa persona”.

¿Qué te pasa por la cabeza cuando tomas la decisión de matar a alguien? Supongamos que haya cometido un hurto. Hay un acto de violencia que no responde a la realidad. La Justicia debe determinar las responsabilidades y establecer las condenas que corresponde. Si efectivamente esta persona sufría demencia senil, estamos en presencia de un homicidio agravado. Y la empresa todavía no ha salido a dar ninguna explicación, porque tener a un empleado que sale a matar, deja mucho que desear”, dice Alejandro Amor, de la Defensoría del Pueblo.

Quienes viven en San Telmo, cuentan que se ha convertido en un barrio con muchos contrastes. Por un lado, un sector de la sociedad “paupérrimo”, que vive en la calle o con suerte en casas tomadas. En el medio está la “clase trabajadora”, fuertemente empobrecida por el 30% de devaluación que se ve reflejado en los salarios. Y después, todo un sector de restaurantes, hoteles y supermercados como el Coto, que responden a la especulación de los negocios mobiliarios. “Han encarecido el costo de la vivienda, y al mismo tiempo expulsan a gran parte de la población trabajadora tradicional. San Telmo vive un proceso de privatización de viviendas, de suelo, producto de estas políticas de negociados que fomenta el Gobierno”, afirma Sergio.

A Ionatana le gustaría tener 20 años menos, para tener más fuerzas y que no duela tanto el cuerpo. Ella no descansa: forma parte del comedor “Levante y Anda”, que funciona en el predio ferroviario de la estación Constitución, y que organiza ollas populares para que los pibes y pibas puedan comer “un plato fortalecido y nutritivo”. “Mi vida está entregada a este servicio. Me llena el alma”, dice Ionatana, que se vino de Chile hace 25 años.

Claro que no alcanza con las migajas que les da el Gobierno. Y que cada vez los comedores se vuelven más chicos, ya que son más las personas, jóvenes, familias enteras y ancianos, que se acercan en busca de una taza de leche o un pedazo de pan.

Uno de ellos, podría haber sido Vicente Ferrer: “Lamento no haberlo conocido, no haber podido estar ahí para darle una mano. En Constitución, Vicente es uno más de los que padecen la injusticia de este Gobierno desquiciado y enfermo hacia los más pobres. Pobreza que ellos mismos han generado. Cada vez hay más trabajadores en la calle, cada vez hay más necesidad de recurrir al otro para poder subsistir”.

La Policía pateó y confiscó la mercadería de un vendedor de sandwichs

31.8.2019

Por Nahuel Lag

Casos similares de simples contravenciones que se traducen en violencia institucional fueron denunciados por los vendedores y la Defensoría General de la Ciudad. El Código se endureció en diciembre pasado para habilitar detenciones bajo la carátula de «resistencia a la autoridad». «El único camino es utilizar el Estado para exterminar a los vendedores en la calle», advirtieron desde Vendedores Libres.

El accionar violento de la Policía de la Ciudad contra los vendedores ambulantes quedó registrado nuevamente a través de filmaciones de vecinos que denunciaron en las redes sociales cómo atacaron a un joven que vendía sanguches de salame. «¡Filmame! ¡Filmame!», se envalentonó el oficial de la fuerza porteña ante el reclamo de los vecinos. «¿Cuántas veces te digo todos los días, ‘andate porque te van a secuestrar la mercadería’?», continuaba advirtiéndole el policía al joven tras patearle la mesa en la que estaba su mercadería, un acto irregular que podría traducirse en una causa por abuso de autoridad y daños agravados impulsada por la Defensoría General de la Ciudad.  

«¡No puede hacer eso!», grita una vecina en el intento de defender al vendedor ambulante de la acción policial. «Ah, ¿no puedo hacer esto? Tres veces le dije», le contesta el policía, identificado por los denunciantes como el oficial mayor, Andrián Vinent.

La figura de «uso indebido del espacio público» del Código Contravencional porteño es la que le permite a la Policía de la Ciudad avanzar sobre los vendedores ambulantes, aunque el mismo código hace una diferenciación respecto de las actividades de «mera subsistencia». «¿Qué querés que vaya a chorear? Estoy laburando, no estoy haciendo nada. Estoy buscando el peso», intentaba convencer el joven vendedor ambulante al oficial que terminó tirándole al piso toda su mercadería.

«Este es la patética demostración del fracaso de la política del (vicejefe de gobierno porteño Diego) Santilli que pretende solucionar un problema social con el Código Contravencional. Cada puesto callejero que se levanta es reemplazado por otro, porque las personas están realizando un trabajo de subsistencia», lamentó el defensor adjunto y titular del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General porteña, Luis Duacastella.

 

Por las malas

 

La Defensoría General se puso en contacto, a través de redes con organismo sociales, con el joven que sufrió el avance por parte de la Policía de la Ciudad para representarlo y analiza la radicación de una denuncia por abuso de autoridad y daños agravados.

Lejos de patear la mesa y dejar la mercadería desparramada en el suelo, el oficial porteño debería haber labrado un acta, registrar la mercadería en infracción y ordenar su secuestro. En ese caso, la Defensoría hubiese intervenido desde el primer momento. «Los policías, cansados de labrar actas, se desmadran. La política del gobierno los lleva a utilizar la fuerza», apuntó Duacastella.

La Defensoría General tiene estudiado los casos de simples contravenciones que se traducen en violencia institucional. De acuerdo al informe 2018 de la Defensoría , sobre 623 casos de violencia estatal registrados, 95 fueron denunciados por personas a las que se les imputaron contravenciones.

Esa política de persecución del gobierno porteño fue ratificada en diciembre pasado, cuando con mayoría oficialista, la Legislatura endureció el Código Contravencional habilitando a la policía a detener a quienes estén en falta. 

«Las situaciones sociales se resuelven con políticas sociales. A las personas que se las rebuscan y tratan de ganarse la vida, no se las puede perseguir como si fueran delincuentes», sentenció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura, Victoria Montenegro, quien votó en contra de las modificaciones al igual que el resto de los legisladores del peronismo y la izquierda.

Según la agrupación sindical de Vendedores Libres solo en el 2018, previo a la modificación del código, en el barrio de Flores hubo más de 1000 detenidos, bajo otra figura tan habitual como genérica «resistencia a la autoridad».  «Como no pueden erradicar la venta por la resistencia de los vendedores,  en un país que no ofrece oportunidades, lo que hacen es quitarte lo que tenés para vender», sintetizó Omar Guaraz, referente de la agrupación de vendedores nucleada en la CTA.

El informe 2018 de la Defensoría General aporta otro dato relevante que confirma la selectividad en la política de seguridad. Sobre las contravenciones aplicadas a cada detenido, en el 77,9 % de los casos la contravención imputada fue “Uso del Espacio Público” y, entre ellos, la mayor cantidad de casos refiere al artículo que tipifica las actividades lucrativas sin autorización en la vía pública.

«Ese muchacho que vende sanwiches debería estar hoy en una fábrica iniciando su vida laboral y un proyecto de vida. Pero no hay lugar para jóvenes como él y salen y crean su propio laburo: se hacen vendedores», graficó Guaraz.

 

Una política extendida

 

La política de control del espacio público aplicada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no es nueva; la persecución sobre la colectividad senegalesa o sobre los vendedores ambulantes en Once y Flores suman decenas de casos en los últimos años. Precisamente, este último caso registrado ocurrió el miércoles pasado en Flores en la avenida Nazca, entre Bacacay y Bogotá.

«Este operativo indigna, pero la norma general son operativos muchísimos más violentos donde por lo general, los vendedores son detenidos, heridos y, a veces de gravedad», apuntó Guaraz y denunció nuevas acciones contra vendedores senegaleses en Once esta semana.

El informe 2018 de la Defensoría también advirtió sobre la población que está siendo víctima de la política de persecución en el espacio público, en coincidencia con los nuevos casos denunciados. El 76 % de las víctimas de violencia fueron ciudadanos argentinos, un 14 por ciento fueron personas de origen africano, entre los que los senegaleses representaron el 57,5 %. El 10 % de las víctimas de violencia institucional restantes fueron de países latinoamericanos.

«Este Gobierno tiene un problema en la concepción del paradigma de la seguridad. Los porteños no nos sentimos más seguros porque la policía patee a la gente que se busca el mango todos los días», criticó Montenegro.

La informalidad y la edad de las personas que denunciaron ser víctimas de la violencia de la Policía de la Ciudad también es significativa: el 89,8 % tenían un trabajo informal, entre ellos, un 24 % son vendedores ambulantes; y en su mayoría fueron varones con un promedio de edad de 30 años.

«Cada vez tenemos más manteros en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, como el fenómeno de las ferias americanas a cielo abierto, gente que no tiene un mango siquiera para revender y trueca cosas usadas», puso en contexto Guaraz. «La política de expulsiones de los manteros comenzó en 2011 con Mauricio Macri como jefe de gobierno y hasta el día de hoy no hubo voluntad de solucionarlo. El único camino es utilizar el Estado para exterminar a los vendedores en la calle», sintetizó el vendedor ambulante.

 

«Puro vandalismo estatal» 

 

Tanto desde la Defensoría como desde Vendedores Libres coincidieron en marcar que está en aumento el registro de casos en los que la mercadería que es secuestrada por la Policía de la Ciudad no queda documentada y nunca vuelve a ser recuperada por los vendedores. Desde la Defensoría apuntan la debilidad que tienen los vendedores callejeros para demostrar los tipos y cantidades de los materiales que se les secuestra.

«No pudieron doblegar a los vendedores metiéndolos presos, entonces, lo que se está dando ahora es un robo descarado de la mercadería. Ya Espacio Público y la Policía saben quiénes son los vendedores, entonces, se acercan y le sacan la mercadería. Otras técnicas son intervenciones con operativos de motos o policías de civil. Es puro vandalismo estatal que tiene como objetivo desmoralizar a los vendedores», denunció Guaraz.

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