Comunicadores del Sur

18.9.2019

Por Juana Páez

La ciudad cruje, se requebraja en sus cimientos. El macrismo tambalea. La imagen de Horacio Rodríguez Larreta se corroe. El último bastión político del PRO está en riesgo. En medio de este sismo, en los intersticios, surgen los monstruos más difíciles de codificar. “Movidas” que estallan en el espacio público y en las redes; que inventan campañas y razones en la coyuntura electoral. Del #sivosquerés al #GanemosFlores.

El 11 de agosto fue contundente: es posible que Larreta pierda la Ciudad de Buenos Aires. Eso pensamos el domingo de las PASO y eso señala hoy la tendencia de las últimas encuestas. La crisis social, económica y financiera que atraviesa el país, el descrédito de la figura de Mauricio Macri y la implosión de Cambiemos como fuerza política no hacen más que horadar la imagen ahora vulnerable del jefe de Gobierno porteño.
Luego de un primer momento de desconcierto —en el que creyó que haciéndose el sota la crisis no se lo iba a llevar puesto—, Rodríguez Larreta salió a jugar fuerte: multiplicó la inversión en publicidad (en especial aquella con la que estimula el silencio de periodistas “críticos”); inundó de mesitas, volantes y coloridos banners las esquinas de la ciudad; reactivó a fuerza de dinero y amenazas el sistema de punteros desatendidos en los barrios del sur y cerró alianzas con probados demócratas, de la talla de Luis Barrionuevo y José Luis Espert. Aun así, la imagen de Larreta indefectiblemente se corroe. Y la razón principal es la desconfianza creciente que su figura produce en una clase media porteña precarizada por las políticas de Cambiemos —las clases más bajas hace tiempo que ya no le creen. En suma, su desesperación lo debilita y le hace poner en riesgo el último bastión político del PRO: la ciudad de Buenos Aires.
Una ciudad que tras 12 años de macrismo/larretismo aparece extenuada y endeudada. Es la Buenos Aires post-2001 —o mejor, post-Cromañón—, la ciudad del progresismo derrotado y laboratorio del Frankenstein que derrapó a nivel nacional. Porque el destino de la ciudad no escapa al destino del país: una ciudad vaciada, higienizada, asumida como espacio liso para el flujo de negocios: de la construcción al turismo, de las industrias culturales a la especulación inmobiliaria. Una ciudad conquistada, asfixiada, clausurada por la previsión y el control. Una ciudad que deteriora inevitablemente los modos de vida de sus habitantes.
Es que Macri, primero, y Larreta, después, dice Gabriela Massuh, asumieron Buenos Aires como un espacio vacío de memoria y de cuerpos vivos. Y, sobre esa Ciudad hecha tabla rasa, montan sus negocios y los llaman “gestión”. Hacen, pero sobre todo se jactan de hacer. Todo el aspecto publicitario, escenográfico del PRO se monta en el hacer incesante de quien hace para que lo vean. En suma, la ciudad del PRO es una ciudad sin identidad ni misterio, pero que “avanza”, que “cambia”, que hace una vereda tras otras, un edificio tras otro, un “rediseño urbano” tras otro. El saldo: una ciudad destrozada y endeudada por una compulsión al hacer, a ser visto haciendo, y a los negocios asociados.
Un ejemplo propone Massuh: en los 12 años del PRO se construyeron/privatizaron una cantidad desmesurada de hectáreas, como si se hubiera construido una ciudad arriba de la ya existente para una población que se mantiene constante desde 1946: 3 millones de personas, de las cuales 625.000 son pobres. El 40% son inquilinos u ocupantes y, en la zona sur, en el 20% de los hogares se vive en condiciones de hacinamiento. En el envés de trama, el 54% de los permisos de obra gestionados durante 2018 en el distrito son para construir viviendas catalogadas como “lujosas” y, aun, “suntuosas”. Y en los próximos cinco años, la ciudad de Buenos Aires proyecta sumar alrededor de 800.000 metros cuadrados de oficinas Premium. Larretismo en estado puro.
Pero esa ciudad del PRO cruje en sus cimientos: la vieja ciudad se muere y la nueva tarda en aparecer. ¿Qué se hace mientras tanto? Es clave romper las burbujas y salir a la calle, forjar encuentros, comenzar a vivir e imaginar otra ciudad. Y sobre todo prestar atención a los claroscuros, a los rincones, a los intersticios: de allí surgen los monstruos más difíciles de codificar. “Movidas” que estallan en el espacio público y en las redes; que inventan campañas y razones, que intervienen con voz y estilo propio en la coyuntura electoral.
El más resonante de estos monstruos —y uno de los que más inquietud causa en el oficialismo de la ciudad— es la campaña callejera #sivosquerés. Con su delicada alquimia entre organización y espontaneidad, la campaña tiene un objetivo claro: influir sobre los “indecisos” para evitar que el macrismo/larretismo siga gobernando la ciudad. Y con ese horizonte desarrollan “acciones” públicas, anónimas y simultáneas en diferentes puntos de la urbe. La primera acción se llevó a cabo a comienzos de agosto y se conoció como el “proyectorazo”. Se pintaron con luz 50 edificios de la ciudad de Buenos Aires con las consignas: “¿Decepción? Estamos a tiempo —Macri ya fue— #sivosquerés”. La repercusión en las redes fue inmediata y contundente, lo mismo que con la segunda y tercera acción: el baile masivo de coreografía al ritmo de una cumbia inevitablemente pegadiza. El primero fue a fines de agosto en la calle Corrientes; el segundo, una semana después en puntos claves de cada Comuna. Otra vez las redes estallaron. La capacidad organizativa y logística sorprendió a muchos. Desde ese momento #sivosquerés no para de crecer, al tiempo que aumenta la expectativa por nuevas acciones.
Más situada y territorial, la campaña #GanemosFlores también irrumpió después de las PASO y con idéntico objetivo: intervenir sobre la coyuntura electoral de la ciudad y de la Comuna en contra de la reelección de Larreta. Esta “campaña no oficial” impulsada desde la Comuna 7 –que incluye los barrios de Flores, Bajo Flores y Parque Chacabuco y es una de las tres más grandes de la ciudad–, promueve acciones en las calles y las redes y pone en el centro la importancia de una política “desde abajo”, desde las organizaciones sociales, desde los trabajadores de las instituciones del barrio, desde las vecinas y vecinos. De ahí que haga foco en la Comuna como expresión de lo que es común en el barrio, lo que es de todos y de nadie, lo que nos afecta a todos y por eso es importante, lo que define y orienta los fundamentos más básicos de la vida en común.
¿Qué sería posible hacer desde las Comunas si el macrismo las liberase, les permitiera desarrollar su autonomía, tal como lo establece la Ley de Comunas? ¿Es posible volverlas espacios de participación y decisión vecinal, no meras oficinas de trámites?
Luego de un lanzamiento multitudinario y prometedor, la campaña organizó este último fin de semana la presentación de dos libros: La potencia feminista, de Verónica Gago, y Esferas de la Insurrección, de la psicoterapeuta y ensayista brasileña Suely Rolnik. Ante un auditorio tan nutrido como atento, las autoras conversaron con el público y sus invitadas/o: Dora Barrancos, Mario Santucho, Cecilia Palmiero, Luci Cavallero y Dely Colque. En los próximos días, #GanemosFlores promoverá una serie de foros públicos que, con diferentes dinámicas, abordarán problemas vinculados a la salud, a la educación, a la cultura, al hábitat, entre otros, para pensar la ciudad de otro modo.
Así como en Flores, en muchos otros barrios empiezan a emerger experiencias similares, al tiempo que una amplia gama de militancia social y ciudadana se organiza, forja espacios de encuentro, de intervención callejera. Actualiza, a su modo, la política como capacidad de invención de una vida común. Ejercicio radical de una democracia pensada y vivida desde abajo: es desde allí, también, desde donde se cura la grieta y se construye una ciudad en la que quepamos todos y todas. Una ciudad en la que no nos roben la alegría de vivir ni la capacidad de decidir.
*Juana Páez es integrante de la Campaña #GanemosFlores
Facebook: GanemosFlores
Twitter: @Ganemosf

18.9.2019

Ayer se realizó la conferencia de prensa que ofrecieron habitantes del edificio Santa Cruz 140, en Parque Patricios. 106 familias que viven en el lugar desde hace más de 10 años, recibieron la notificación de desalojo para el próximo miércoles. “Esta es nuestra casa, nos quieren dejar en la calle y no nos atienden los teléfonos, por nuestros hijos no lo vamos a permitir”. A partir de esta noche comenzarán una vigilia para impedir el desalojo.

Ayer se realizó la conferencia de prensa que ofrecieron habitantes del edificio Santa Cruz 140, en Parque Patricios. 106 familias que viven en el lugar desde hace más de 10 años, recibieron la notificación de desalojo para el próximo miércoles.
Se trata de 106 familias que viven en Casa Santa Cruz, un total de 350 personas, de las cuales 131 son niñas, niños y adolescentes, vienen enfrentando un juicio de desalojo desde el año 2010, cuando en el contexto de una quiebra fraudulenta, el edificio fue rematado con sus habitantes adentro. Desde entonces, las familias vienen luchando por su derecho a una vivienda digna.
Pero sus reclamos fueron desatendidos por el Gobierno de la Ciudad y por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) presidido por Juan Ignacio Maquieyra, quien según los habitantes de la casa, boicoteó sistemáticamente todas las posibilidades de solución en instancias judiciales y de mediación.
«Hoy, nos encontramos frente al inminente lanzamiento del desalojo ordenado por el Juez Nacional en lo Civil Dr. Fernando Jorge Virginio Cesari para los días 18, 19 y 20 de septiembre. Asimismo, ante el incumplimiento sistemático y omisión de sus obligaciones por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, iniciamos una acción de Amparo a los fines que éste garantice nuestro derecho a la vivienda digna. El mismo, se encuentra en trámite ante el Juez Dr. Marcelo Juan SEGÓN. A éste magistrado y a los Camaristas de la Sala 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma, también le pedimos que hagan lugar a nuestros reclamos. Responsabilizamos al Estado ante cualquier hecho de violencia que afecte la integridad física y psíquica de todos los que allí vivimos y estaremos.»
“Esta es nuestra casa, nos quieren dejar en la calle y no nos atienden los teléfonos, por nuestros hijos no lo vamos a permitir” expresaban las familias en la conferencia de prensa.
A partir de hoy comenzarán una vigilia para impedir el desalojo, y solicitan la solidaridad de las organizaciones e invitan a acercarse al edificio, el 18 de septiembre a las 5 de la mañana para esperar al juez.

18.9.2019

El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se presentó ocho veces consecutivas. La primera, en 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Se trató recién el año pasado, y luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, logrando sortear las trabas que impusieron gobierno tras gobierno, fue rechazado el 8 de agosto por el Senado de la Nación.

De los 129 diputados que votaron a favor de la Ley de Interrupción de Embarazo en 2018, 71 terminan su mandato este año. De los 125 que votaron en contra, en cambio, dejarían su banca 57, que según un estudio del Equipo de Investigación de Perfil Educación, serían reemplazados por un número similar. Un total de 130 nuevos legisladores ingresarán en diciembre a la Cámara Baja y, como en 2018, no todos están dispuestos a manifestar su postura, por lo que tampoco es posible proyectar su voto en un próximo Congreso que, aún así, ya parece que será más celeste que hasta ahora, igual que el Senado.
El intento de derechizar -más todavía- la composición del Congreso, con una mayor presencia de “celestes” en todas las coaliciones nacionales, excepto la del FIT-Unidad, no hay que dejarlo pasar.
La marea verde, que mostró el rol de los senadores y diputados, dejó también una gran lección, que hoy se reactualiza: hay que fortalecer a la izquierda, en las calles y, sin dudas, también en el Congreso Nacional, porque es la única alternativa que está siempre del mismo lado, porque no pone en discusión ni negocia nuestros derechos y porque ante el escenario que se viene, de más ajustes y ataques como los que preparan para millones desde el FMI, su rol será fundamental.

18.9.2019

Por Vivian Palmbaum

Trabajadores y trabajadoras de Niñez y Adolescencia del Centro de Atención Transitoria 2 presentaron denuncias de violencia laboral.

El jueves 12 de septiembre, las y los trabajadores del Centro de Atención Transitoria (CAT) 2 que depende del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad, presentaron denuncias de Violencia Laboral contra una de las coordinaciones. Detrás de las denuncias parece esconderse también un entramado de violencia y abusos contra niñas, niños y adolescentes que debieran estar protegidos. Conversamos con uno de los trabajadores que viven estas situaciones cotidianas de maltrato y violencia laboral.
El Centro de Atención Transitoria depende del Consejo de Niñez y Adolescencia del gobierno de la Ciudad, es un dispositivo transitorio, un hogar, el primer lugar al que llegan las y los niños y adolescentes cuando sus derechos han sido gravemente vulnerados, tal como se afirma en el comunicado de las y los trabajadores agremiados en el sindicato de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Graves situaciones de agresión, violencia física o sexual, abuso familiar y muchas derivadas de realidades límites a las que se ven enfrentadas las familias y en general mujeres a cargo de sus hijos e hijas, que necesitan trabajar muchas horas fuera de sus casas para asegurarse un sostén mínimo, o que están en situación de calle, entre tantas otras situaciones de la pobreza y la marginación. Es desde donde provienen las niñas y niños que llegan a estos Centros de Atención para ser resguardados. Allí se atienden pibes y pibas de diferentes edades, incluso desde que son recién nacidos y hasta adolescentes de 18 años.
El dispositivo está orientado a la restitución de derechos, a la educación, alimentación, vinculación familiar. Así es que se les lleva a la escuela para que no interrumpan su educación. Se busca la re-vinculación familiar, si hay algún adulto, adulta referenta que les pueda contener y que no tengan que irse a otro dispositivo, relata el trabajador del CAT.
“Según la definición de la pobreza que se adopte (monetaria o por privaciones en el ejercicio de derechos) se estima que entre un 47% y 60% de la infancia entre 0 y 17 años es pobre en el país. A partir de las estimaciones de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) se establece que casi la mitad de la infancia pertenece a hogares que no logran reunir los ingresos necesarios para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Sin dudas, es un dato relevante y que evidencia la crisis socioeconómica por la que se atraviesa”. Pobreza, derechos e infancias en la Argentina (2010-2018)
El Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes está a dirigido por Karina Legizamón y quien está a cargo del CAT 2 es Patricia Dodera, quien no tiene formación en la temática y mucho menos con un enfoque en derechos, tal como lo relatan. Parece no ser casual el lugar que ocupa, ya que tiene estrechos lazos con Horacio Rodriguez Larreta. Es la esposa de Nestor Abbas, conocido por haber acompañado a Rodriguez Larreta en el PAMI, uno de sus asesores en el barrio de Lugano y legislador Pro.
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Es el organismo especializado en infancia que tiene como finalidad promover, proteger y garantizar los derechos de todas/os las/os niñas, niños y adolescentes. Fuente: Gobierno de la Ciudad.
En el comunicado expresan que “desde hace meses, lxs trabajadores vienen cuestionando las prácticas que se llevan a cabo desde la coordinación, que son autoritarias, de engaño, y re-victimizadoras”. Entre algunos de los ejemplos se citan: “encerrar a niñxs bajo llave a modo de castigo o amenazarles con suspender vinculaciones con sus familias por cuestiones de conducta. También suceden prácticas contrarias a la ley y negligentes como llevarse a las y los niños a su casa”.
Tal como relatan las y los trabajadores del CAT 2, a partir de una supuesta denuncia de abuso sucedida entre menores del dispositivo han justificado los traslados arbitrarios que recaen justamente sobre quienes se oponen a las políticas de disciplinamiento que ejercen en la institución, que parecen prolongar en el tiempo un sistema de abuso sobre niñas, niños y adolescentes a los que se debiera resguardar.
Las y los trabajadores sufren situaciones de maltrato laboral al ser amenazados con perder el trabajo, puestos en listas negras y estar sometidos a cambios de horarios. En el dispositivo trabajan cuarenta operadores sociales, profesionales, administrativos y choferes que son contratados a través de la modalidad de monotributo, por lo que no cuentan con estabilidad laboral, obra social, ART, aguinaldo, paritarias, carrera, vacaciones, u otras licencias pagas. Una situación laboral precaria que facilita todo tipo de arbitrariedades y abusos porque las y los trabajadores no tienen los derechos que debieran asistirles. “Entre operadores y operadoras hemos venido haciendo señalamiento de situación de re victimización de las pibes y pibas” y expresan que “lejos de promover y defender los derechos de las y los niños, reproduce un paradigma que atenta contra ellos”.
“Todos estos aprietes y hostigamientos son la parte más oscura de la precarización y la inestabilidad intrínseca a los contratos de locación de servicio”, denuncian sus trabajadores en el comunicado. “Vale aclarar que en el mes de marzo había sido removida una coordinación por diferencias técnicas, pese al rechazo de gran parte de los trabajadores y trabajadoras”. Estas prácticas se recrudecieron después de este cambio.
Sin embargo, a pesar del riesgo de perder su fuente laboral se oponen a ser cómplices y deciden cuestionar dichas prácticas. “Paradójicamente en el CAT 2 se atropellan los derechos tanto de los niños y niñas, como de las y los trabajadores”.
El comunicado finaliza expresando que “estamos convencidxs que estas actitudes persecutorias son una clara medida de disciplinamiento por parte de la gestión a lxs trabajadorxs que cuestionan estos abordajes de intervención y es parte de una lógica institucional que deja expuestos a lxs laburantxs frente a la falta de recursos y políticas públicas”.

16.9.2019

Por Santiago Asorey

“Paradojas o paralelismos del destino de las luchas populares en la Argentina: luego de cuatro de años de disputa judicial la llegada del juicio de Lucas al Tribunal Oral n° 1 coincidió con la crisis electoral del macrismo y de la gobernadora de Buenos Aires, quien fue la primera que buscó encubrir el caso de gatillo fácil”.

El 9 de noviembre del 2015, recibí una llamada de la abogada y compañera en causas sociales y derechos humanos, Gabriela Carpineti, contándome que en la Boca había ocurrido un fusilamiento de un joven que aún vivía. Lucas Cabello (22 años), vecino de la Boca y padre de Milena (por entonces tenía dos años), sufrió el gatillo fácil del uniformado, de la (entonces) Policía Metropolitana, Ricardo Ayala. Pero a diferencia de otros casos, él seguía peleando por su vida, con heridas muy graves, en el Hospital Argerich.
Ayala disparó tres veces contra Lucas. El primer disparo lo tiró al piso. El segundo y tercero, apuntando a la cabeza, tuvieron el objetivo de rematarlo. Así lo declararon la entonces pareja de Lucas y testigos de los hechos en el juicio oral que se lleva adelante por estos días. Todo ocurrió frente a su pareja y su hija, unos minutos después de que él volviera de la panadería. Había ido a buscar unos sandwiches para comer junto su familia.
Gaby (hoy, es la abogada de Lucas junto a Adrián Albor) me llamó unas horas después desde el Hospital mientras acompañaba a Carolina Vila, madre de Lucas, en el medio de una desesperación inabordable. Llegue al hospital y conocí a esa enorme mujer luchadora que es Caro y pudimos ver ya tarde por la noche, en el medio del dolor, el miedo y la impotencia, la capacidad organizativa de los vecinos del barrio de la Boca, quienes acompañaron en todo momento a la familia de Lucas y, entre otras cosas, cortaron la calle Martín Rodríguez para visibilizar el hecho. Exigían justicia y expresaban una memoria colectiva donde se hacían presentes otros casos de gatillo fácil. Era el comienzo de un largo camino que tras cuatros años llevaría la causa al juicio oral.

La mentira de Vidal para proteger al criminal

Unas horas después del ataque, mientras Lucas se encontraba internado en grave estado, Caro tenía que ver en la televisión de la sala de espera como María Eugenia Vidal (entonces funcionaria de Mauricio Macri) mentía abiertamente con el guión de encubrimiento de la Policía. En vez de despegarse del accionar criminal de Ayala, Vidal y la Policía Metropolitana lo apañaron y protegieron. Vidal quiso justificar al agente al internar vincular a Lucas con un caso de violencia de género. Camila, entonces pareja de Lucas, desmintió a Vidal.
También la desmintió el Colectivo Ni una Menos. La velocidad y el coraje con la cual la familia de Lucas y sus vecinos salieron a desmentir fue la clave para empezar a revertir la historia.

El germen de la doctrina Chocobar

El macrismo, en los albores de su llegada al Poder Ejecutivo Nacional, abría un capítulo que podría ser catalogado como el germen de la doctrina Chocobar. Sus dirigentes más importantes respaldaban abiertamente a un integrante de la fuerza de seguridad en un caso de gatillo fácil. Luego, Patricia Bullrich le daría forma institucional a esa metodología, profundizando y sistematizando también la represión y criminalización de la protesta social.
Los efectos del fusilamiento como política de Estado se multiplicarían por todos el país, inclusive en policías provinciales de otro signo político, como el asesinato del niño de 12 años Facundo Ferreira, a manos de la Policía de Tucumán, en marzo del 2018. Se había construido un nuevo espíritu de época, esbozando lentamente los contornos de un Estado policial. Y todo empezó allí, aquel noviembre del 2015, en el ascenso de la noche macrista, cuando Vidal poseía sus niveles más altos de legitimidad ante la sociedad. La familia de Lucas fue la primera en señalar la infamia que empezaba a crecer.

El juicio oral como resultado de la lucha popular y los días de la implosión del macrismo

En el barrio de la Boca funcionaba desde principios del 2015 una mesa multisectorial en la cual participaban docentes, trabajadores, militantes, abogados y periodistas de distintos medios de comunicación popular con el fin de visibilizar casos de violencia policial. Esa articulación previa, y la insistencia sobre la solidaridad militante, permitieron que al ocurrir el caso de Lucas las organizaciones pudieran contar con canales de comunicación para desmentir la versión de la Policía Metropolitana y de las autoridades del Pro. Además, de contar con la posibilidad de acceder a un asesoramiento legal.
Paradojas o paralelismos del destino de las luchas populares en la Argentina: luego de cuatro años de disputa judicial la llegada del juicio de Lucas al Tribunal Oral n° 1 coincidió con la crisis electoral del macrismo y de la gobernadora de Buenos Aires, quien fue la primera que buscó encubrir el caso de gatillo fácil.
Durante estos 4 años, la versión de la fuerza de seguridad fue desmontada paso a paso. A tal punto que la Cámara de Apelaciones resolvió que el ataque contra Lucas implicó “una grave violación a los derechos humanos”. Se logró llegar al juicio porque también se ganó la disputa por difundir la verdad. Al principio, Lucas era para Clarín un “trapito baleado”; hoy, Clarín y todos los medios de comunicación hablan del joven vecino del barrio de la Boca y del padre de una nena de seis años. Ese fue el triunfo de la verdad y de la vida; fue el triunfo de Lucas, de su familia, de las organizaciones barriales y también de los medios de comunicación populares que actuaron en velocidad, juntos y de forma articulada.