16.9.2019
Por Santiago Asorey
“Paradojas o paralelismos del destino de las luchas populares en la Argentina: luego de cuatro de años de disputa judicial la llegada del juicio de Lucas al Tribunal Oral n° 1 coincidió con la crisis electoral del macrismo y de la gobernadora de Buenos Aires, quien fue la primera que buscó encubrir el caso de gatillo fácil”.
El 9 de noviembre del 2015, recibí una llamada de la abogada y compañera en causas sociales y derechos humanos, Gabriela Carpineti, contándome que en la Boca había ocurrido un fusilamiento de un joven que aún vivía. Lucas Cabello (22 años), vecino de la Boca y padre de Milena (por entonces tenía dos años), sufrió el gatillo fácil del uniformado, de la (entonces) Policía Metropolitana, Ricardo Ayala. Pero a diferencia de otros casos, él seguía peleando por su vida, con heridas muy graves, en el Hospital Argerich.
Ayala disparó tres veces contra Lucas. El primer disparo lo tiró al piso. El segundo y tercero, apuntando a la cabeza, tuvieron el objetivo de rematarlo. Así lo declararon la entonces pareja de Lucas y testigos de los hechos en el juicio oral que se lleva adelante por estos días. Todo ocurrió frente a su pareja y su hija, unos minutos después de que él volviera de la panadería. Había ido a buscar unos sandwiches para comer junto su familia.
Gaby (hoy, es la abogada de Lucas junto a Adrián Albor) me llamó unas horas después desde el Hospital mientras acompañaba a Carolina Vila, madre de Lucas, en el medio de una desesperación inabordable. Llegue al hospital y conocí a esa enorme mujer luchadora que es Caro y pudimos ver ya tarde por la noche, en el medio del dolor, el miedo y la impotencia, la capacidad organizativa de los vecinos del barrio de la Boca, quienes acompañaron en todo momento a la familia de Lucas y, entre otras cosas, cortaron la calle Martín Rodríguez para visibilizar el hecho. Exigían justicia y expresaban una memoria colectiva donde se hacían presentes otros casos de gatillo fácil. Era el comienzo de un largo camino que tras cuatros años llevaría la causa al juicio oral.
La mentira de Vidal para proteger al criminal
Unas horas después del ataque, mientras Lucas se encontraba internado en grave estado, Caro tenía que ver en la televisión de la sala de espera como María Eugenia Vidal (entonces funcionaria de Mauricio Macri) mentía abiertamente con el guión de encubrimiento de la Policía. En vez de despegarse del accionar criminal de Ayala, Vidal y la Policía Metropolitana lo apañaron y protegieron. Vidal quiso justificar al agente al internar vincular a Lucas con un caso de violencia de género. Camila, entonces pareja de Lucas, desmintió a Vidal.
También la desmintió el Colectivo Ni una Menos. La velocidad y el coraje con la cual la familia de Lucas y sus vecinos salieron a desmentir fue la clave para empezar a revertir la historia.
El germen de la doctrina Chocobar
El macrismo, en los albores de su llegada al Poder Ejecutivo Nacional, abría un capítulo que podría ser catalogado como el germen de la doctrina Chocobar. Sus dirigentes más importantes respaldaban abiertamente a un integrante de la fuerza de seguridad en un caso de gatillo fácil. Luego, Patricia Bullrich le daría forma institucional a esa metodología, profundizando y sistematizando también la represión y criminalización de la protesta social.
Los efectos del fusilamiento como política de Estado se multiplicarían por todos el país, inclusive en policías provinciales de otro signo político, como el asesinato del niño de 12 años Facundo Ferreira, a manos de la Policía de Tucumán, en marzo del 2018. Se había construido un nuevo espíritu de época, esbozando lentamente los contornos de un Estado policial. Y todo empezó allí, aquel noviembre del 2015, en el ascenso de la noche macrista, cuando Vidal poseía sus niveles más altos de legitimidad ante la sociedad. La familia de Lucas fue la primera en señalar la infamia que empezaba a crecer.
El juicio oral como resultado de la lucha popular y los días de la implosión del macrismo
En el barrio de la Boca funcionaba desde principios del 2015 una mesa multisectorial en la cual participaban docentes, trabajadores, militantes, abogados y periodistas de distintos medios de comunicación popular con el fin de visibilizar casos de violencia policial. Esa articulación previa, y la insistencia sobre la solidaridad militante, permitieron que al ocurrir el caso de Lucas las organizaciones pudieran contar con canales de comunicación para desmentir la versión de la Policía Metropolitana y de las autoridades del Pro. Además, de contar con la posibilidad de acceder a un asesoramiento legal.
Paradojas o paralelismos del destino de las luchas populares en la Argentina: luego de cuatro años de disputa judicial la llegada del juicio de Lucas al Tribunal Oral n° 1 coincidió con la crisis electoral del macrismo y de la gobernadora de Buenos Aires, quien fue la primera que buscó encubrir el caso de gatillo fácil.
Durante estos 4 años, la versión de la fuerza de seguridad fue desmontada paso a paso. A tal punto que la Cámara de Apelaciones resolvió que el ataque contra Lucas implicó “una grave violación a los derechos humanos”. Se logró llegar al juicio porque también se ganó la disputa por difundir la verdad. Al principio, Lucas era para Clarín un “trapito baleado”; hoy, Clarín y todos los medios de comunicación hablan del joven vecino del barrio de la Boca y del padre de una nena de seis años. Ese fue el triunfo de la verdad y de la vida; fue el triunfo de Lucas, de su familia, de las organizaciones barriales y también de los medios de comunicación populares que actuaron en velocidad, juntos y de forma articulada.
