Comunicadores del Sur

16.10.2019

Por Matías Ferrario

El Ejecutivo porteño destinó al menos 60 millones de pesos a consultoras privadas ligadas al Pro para un centenar de encuestas que le aportaron insumos para la campaña, todas disfrazadas de supuestas necesidades de gestión.

Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, parece no alcanzarle con el famoso call center montado en la calle Rivadavia al 2.500 ni con la obsesión marca Cambiemos con la Big Data y los datos personales. Entre febrero del año pasado y abril de este año, en la previa de la campaña para su reelección, gastó al menos 60 millones de pesos en casi un centenar de encuestas tercerizadas en consultoras mayormente ligadas al Pro, a través de las cuales buscó conocer las preferencias y opiniones de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires sobre distintos temas ligados a su gestión y a la realidad política y económica del país.
Las encuestas tercerizadas por los distintos ministerios y secretarías que componen el Ejecutivo porteño buscaron conocer la opinión de los vecinos y vecinas de la Ciudad sobre cómo viajan en el transporte público, cómo perciben su situación económica, si se sienten cuidados por la Policía de la Ciudad, si son capaces de apreciar la obra pública, la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud o el nuevo ordenamiento del tránsito, y hasta cómo navegan por las distintas webs oficiales del Gobierno.
Las consultoras encargadas de encuestar a les habitantes de la metrópolis porteña fueron, entre otras, Poliarquía, fundada por el actual secretario de Gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia, Fabián Peredchonick, y en la que también supo trabajar el intendente de Morón y ex marido de la gobernadora, Ramiro Tagliaferro; Isonomía, la autora de la encuesta que sacudió los mercados en abril pasado mostrando una fuerte desventaja de Macri y que -según reveló el diario El Cronista- realizó mediciones para el Gobierno nacional por mas de 22 millones de pesos en 2018; Aresco (a través de Julio Francisco Antonio S.A.), de histórico vínculo con el peronismo pero que en el último tiempo midió para Cambiemos, y otras dos empresas ligadas al gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba, Consultora Borocca SA y Green Consult SA.
Esto implicó un gasto, hasta abril, de 59,7 millones de pesos, número que se desprende de un pedido de acceso a la información pública solicitado por el abogado Jonathan Baldiviezo, director del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que fue sistematizado por El Grito del Sur.
Según Baldiviezo, la tercerización de las mediciones “no tiene ninguna complejidad técnica” que las justifique. “Es un trabajo que, por ejemplo, podría realizarse a través de la Dirección de Estadísticas y Censos si el objetivo del Gobierno no fuera transferir discrecionalmente plata del Estado a empresas y consultoras amigas, lo cual es una constante de estos doce años de gestión Pro en la Ciudad”, sostuvo el director del Observatorio.
“Otra cuestión –agregó– es el objeto de las encuestas. Se disfrazan como de gestión cuando en realidad son publicidad del partido que gobierna y son realizadas con fines electorales más que para mejorar la eficiencia estatal”.
La mayoría de las contrataciones se dieron dentro del convenio marco de inicios de 2018 suscrito por la directora general de Opinión Pública, María Victoria Berenguer. En la resolución 144/18 del Ministerio de Hacienda porteño, se establecen las bases y los montos que percibirá cada empresa dentro del convenio para la “realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos, para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Los números son de escándalo: entre Aurelio, Poliarquía, Isonomía y las firmas vinculadas a Durán Barba suman más de 219 millones de pesos. También aparece entre las firmas conveniadas Management&FIT, pero según informa el propio Gobierno porteño hasta abril de este año apenas había terminado de realizar unas pocas encuestas por un millón y medio. Además, figuran otras consultoras conveniadas como QUIDDITY S.A y DEMOS CONSULTING S.R.L, que según el propio Ejecutivo no realizaron al mes de abril ninguna encuesta pese a que se le adjudicaron también montos millonarios. El total, pactado en esa resolución, supera los 247 millones. Por lo que cabe preguntarse cómo Rodríguez Larreta terminará de ejecutar la diferencia con lo gastado hasta abril.

Una de las preguntas que Larreta manda a hacer con fondos públicos

El vínculo de la administración de Rodríguez Larreta con las encuestadoras -que recibieron un cuestionamiento generalizado por haber difundido números muy lejos de la realidad y favorables a Cambiemos previo a las PASO- se enturbia aún más en el caso de Aresco. En febrero de este año, la firma JULIO FRANCISCO ANTONIO AURELIO S. A. ganó por licitación pública la tarea de “Servicios de Difusión en distintas modalidades para la transmisión de campañas y acciones masivas de comunicación directa dirigidas a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por más de 10 millones de pesos.

Qué preguntaron

Que la inseguridad está al tope de las preocupaciones de la ciudadanía, superada en esta coyuntura de crisis por la economía, no es ninguna novedad. Existen cientos de publicaciones realizadas por diversas consultoras que así lo señalan, desde hace años. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad porteño, por caso, gastó más de 17 millones de pesos según el informe citado en averiguar distintas aristas relacionadas con la problemática en poco más de un año. Por ejemplo, encargó una encuesta por más de 3 millones para averiguar qué “percepción del delito” tienen los porteños. Los resultados del estudio no fueron revelados en el marco del acceso a la información pública bajo el argumento de que su “divulgación pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública” (SIC).
En general, salvo excepciones, casi ningún ministerio divulgó los resultados de las encuestas que mandó a hacer. Muchas figuran bajo el ambiguo “contexto sociológico de la Ciudad de Buenos Aires” o “informe institucional”, sin mayores precisiones, asociados muchas veces a montos fijos. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que encabeza el jefe de campaña de Cambiemos en la Ciudad, Eduardo Machiavelli, se negó incluso a contestar cuánto gastó en cada una y a qué empresa contrató.
Entre otras cosas, Machiavelli mandó a preguntar la “evaluación del gobierno en el cuidado y mantenimiento del estado de las veredas” y por distintas obras en parques de la Ciudad, focalizados en comunas específicas. Una encuesta es particularmente llamativa: se titula “Estado de los parques y el espacio público en la Ciudad de Buenos Aires”, pero contiene apenas tres preguntas, la primera de ellas: “¿Cuál cree que es el principal problema de la Ciudad de Buenos Aires?”.
Entre la jefatura y la vicejefatura de Gabinete se gastaron otros 10 millones de pesos, en muchos casos para encuestas propagandísticas. Una de ellas, de 1596 entrevistas telefónicas a cargo de Aurelio, dice el propio Gobierno, “arrojó que el balance de la experiencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud fue altamente favorable, que se registraron altos índices de satisfacción, con un resumen general de un puntaje de 4.5 en una escala del 1 al 5 (5 siendo el más favorable)”.
Casos de proselitismo similar se vieron en encuestas realizadas por el Ministerio de Transporte, sobre la calidad de los viajes en subtes y colectivos, y hasta de la Secretaría de Relaciones Institucionales, que mandó a averiguar la “navegabilidad” de las webs del Gobierno porteño dedicadas a recordar las olimpíadas juveniles. El Ministerio de Economía, por su parte, encargó seis encuestas entre octubre de 2018 y abril de 2019 sobre la situación económica de los vecinos porteños: en ese caso sí, lo relevado dio cuenta de la realidad que definieron las últimas elecciones a nivel nacional.

16.10.2019

Por Gloria Pagés

El nuevo informe del Observatorio de Política Criminal pone al desnudo la gravedad de las políticas represivas del gobierno de Larreta para “limpiar” el espacio público.

Trabajadores senegaleses, chicos vendiendo pañuelitos, paltas, repasadores, jóvenes haciendo música en estaciones de subte y plazas, personas en situación de calle. Todos corridos y detenidos por la policía de la ciudad, sus pertenencias confiscadas, un eufemismo para el robo liso y llano. Sumemos a este panorama las manifestaciones y marchas. Ahí están los enemigos de las fuerzas de seguridad de Larreta.
El Observatorio de Política Criminal (OPC) hizo público su informe “La Ciudad y las Sirenas”, con datos que muestran que el objetivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es limpiar el “espacio público” para criminalizar, y de paso, esconder a los sectores más vulnerables y empobrecidos.
Una de las primeras cuestiones nodales que destaca el OPC es que la Ciudad ha instaurado un Poder Judicial a la medida del proceso de control territorial en la Ciudad. De este modo, se puso “en práctica una serie de dispositivos y mecanismos de control social gestionados desde el gobierno, la policía y las fiscalías locales” para dedicar las fuerzas tanto policiales como judiciales a la persecución de delitos como el atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños, amenazas, entre otras faltas menores, y fundamentalmente a criminalizar “todo el espectro contravencional, principalmente, a figuras como la ocupación indebida del espacio público”.
La conclusión es contundente: “El poder político decidió que la Ciudad de Buenos Aires no resuelva su criminalidad violenta, y que su verdadera función esté limitada a la administración del territorio porteño a partir de una serie de mecanismos policiales y dispositivos técnico-legales que le permiten mantener a raya el control de la calle –sostienen los autores.”
Muchas de estas denuncias que el OPC señala fueron recabadas por la Comisión Contra la Violencia Institucional que dirige la actual candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman.
Basta caminar por las calles de la Ciudad de Buenos Aires para constatar esta política que claramente se dirige hacia los sectores más pobres y trabajadores de la vía pública. Todo esto sostenido por una” gran cantidad una gran cantidad de recursos humanos, técnicos y, principalmente, económicos, llegando en 2019 a $46.500 millones de pesos”.
A esto hay que sumarle las brutales represiones que en ámbito de la Ciudad dejaron de decenas de heridos y detenidos.
Párrafo aparte, aunque no esté mencionado en el informe del OPC merece el aval de la Corte Suprema al uso de pistales Taser, medida impulsada por Patricia Bullrich, contra el que Myriam Bregman y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos se presentaron un recurso de amicus curiae junto a otros organismos. La presentación se hizo en la causa que impulsó el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Avance represivo, uno de los ejes en el debate de legisladores porteños

En el reciente debate de candidatos a legisladores porteños, fue Alejandrina Barry, candidata por el Frente de Izquierda Unidad fue la única que denunció este grave avance contra las libertades democráticas.
Barry, quien es además referente del CeProDH y Directora de la Comisión contra la violencia institucional de la Legislatura porteña, denunció que en la Policía de la Ciudad hay en actividad 228 agentes que formaron parte de la dictadura genocida también. Este dato es contundente y ni el candidato de Larreta ni el resto pudieron dar respuesta a este hecho gravísimo.

No sólo la Ciudad

El ministerio a cargo de Patricia Bullrich en estos días de pelea electoral para consolidar su base reaccionaria, ha tomado medidas como la militarización, más todavía, de las estaciones de trenes de la Ciudad, para exigir el DNI a los pasajeros, en su gran mayoría trabajadores o jóvenes que buscan trabajo.
Claro, es evidente que esto no cae del cielo. Entre otras medidas represivas, el Protocolo para uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, una medida direccionada solamente a la represión fue ampliamente rechazada por el arco entero de organismos derechos humanos, varias organizaciones sociales y el Frente de Izquierda.
Mediante la Resolución 956/18, Bullrich da vía libre a la Doctrina Chocobar y da un manto aun mayor de impunidad a las fuerzas de seguridad. Tan es así que el juez Galardo en diciembre de 2018 declaró inconstitucional la medida. Sin embargo, la Justicia porteña lo avaló en dos instancias.
Por ese motivo, Myriam Bregman junto a María del Carmen Verdú y de Carla Lacorte -víctima del gatillo fácil- y Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) elevaron un recurso de queja ante la máxima instancia judicial porteña, el Superior Tribunal de Justicia.
A este recurso se sumaron en calidad de “amicus curiae” Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, la APDH y el MTE-CTEP. Ahora que da manos de la máxima instancia judicial de la Ciudad (el Tribunal Superior de Justicia) la decisión de implementar o no el Protocolo represivo.
Myriam Bregman, actual candidata a diputada por el Frente de Izquierda Unidad, señaló a La Izquierda Diario que “el protocolo impulsado por Bullrich viola los derechos más fundamentales como la integridad física y la vida de las personas. Es una transcripción de las defensas que dicha funcionaria venía realizando ante casos concretos de gatillo fácil como el de Chocobar, y otro caso en que efectivos policiales mataron a personas desarmadas o en fuga. Ni más ni menos: busca legalizar las ejecuciones sumarias”.

13.10.2019

Por Manuel Izraelson

Silvia La Ruffa es politóloga y directora del Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires. Analizó aspectos socioeconómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus principales definiciones.

Funcionamiento del Instituto de Políticas Públicas “i-ciudad”

“Es un centro de estudios que busca fundamentalmente generar conocimiento sobre los problemas que tiene la ciudad de buenos aires. Creemos que la misma necesita resolver cuestiones estructurales y que la mejor manera de hacerlo es pensándola, escuchando las diferentes voces para sacar conclusiones y también que los productos que generamos sean utilizados por los diferentes sectores políticos para proponer soluciones que se puedan sostener en el tiempo”.

Desigualdades entre comunas porteñas

“En primer lugar, no hay ninguna comuna ideal en CABA porque a todas les falta alguno de los indicadores que nosotros consideramos relevantes para la calidad urbana. En segundo lugar está claramente marcada la diferencia entre la zona norte y la zona sur, siendo el centro de la ciudad un sector más promedio a los indicadores básicos de la ciudad”.
“Algunas comunas tienen buenos indicadores en materia de empleo e ingresos per cápita pero el valor de las propiedades lo hace inaccesible y eso es un indicador negativo en materia de calidad urbana. En otras, el tema de la inseguridad les da mal pero tienen una gran oferta cultural y un acceso al transporte público. Tenemos comunas con enorme acceso a espacios verdes pero que le faltan comisarías y tampoco tienen buena oferta cultural”.
“Para pensar una ciudad más integrada es necesario pensar en una sinergia entre el sector público y el privado que presten atención a estas desigualdades y puedan ir generando incentivos para que todas y todos en cada uno de los 48 barrios tengamos acceso a los mismos servicios y de la misma calidad”.

Cómo achicar la desigualdad entre las zonas norte y sur de CABA

“En primer lugar, una fuerte presencia estatal para la recuperación de infraestructura urbana para terminar con los problemas de vivienda y hacinamiento. Hemos podido corroborar que tienen una relación muy importante con algunos factores de inseguridad”.
“Por otro lado hay comunas en la zona más sur-oeste de la ciudad que requieren más presencia estatal para fomentar la oferta cultural y que también haya inversión en el sector privado para que no sea necesario que quienes vivimos en Floresta o Villa Luro necesitemos ir hasta el centro de la ciudad para acceder a una buena librería, teatro o cine. Eso generaría mayor trabajo y descomprimiría comunas donde hay mayor conflictividad vecinal por la concentración”.

Índices de seguridad

“En nuestros informes se ve con claridad que a mayor hacinamiento, mayor son las tasas de homicidio. Esos contextos muestran que el Estado no está presente, favorecen que no haya políticas de prevención y de asistencia y por lo tanto, los niveles de violencia son más altos”.
“En la Ciudad de Buenos Aires solo 1 de cada 4 homicidios se dan en ocasión de robo. El 75% de los homicidios ocurren entre personas que se conocen. Entonces hay que pensar estrategias de prevención más amplias que el mero policiamiento o la colocación de cámaras en las esquinas”.

Proyecto de baja de la edad de imputabilidad

“El gobierno pretende que los pibes de 15 años sean juzgados igual que los adultos y vayan a las mismas cárceles, con lo cual a la inseguridad no la va a modificar. Argentina tiene una ley que no se adecúa a los parámetros internacionales en materia de derechos humanos. Tenemos que dar esa discusión para los pibes entre 16 y 18 años que hoy ya son imputables, tengan un marco de garantías que los vuelva sujetos de derechos”. También para que el resto de las políticas públicas se adecúan a esos estándares donde la instancia de la privación de la libertad es excepcional para delitos muy graves”.
“El proyecto de Rodríguez Larreta iría acorde a estos parámetros de DD HH pero el problema es que detrás de eso hay un claro interés inmobiliario. Mandó un proyecto que se remitió únicamente a las comisiones de planeamiento urbano y presupuesto pero no dice nada sobre el modelo institucional. No detalla cómo van a trabajar con los niños y las niñas que lleguen a ese lugar para evitar que vuelvan a caer en la criminalidad. Entonces, tanto a nivel nacional como de la Ciudad, se suben al discurso de los DD HH pero si los lees son proyectos claramente punitivistas que no hacen más que sostener la situación de inseguridad y que los sectores más vulnerables de la sociedad sufran el uso de la fuerza sin control por parte del Estado”.

Violencia institucional en ascenso

“Se pueden ver las estadísticas de asociaciones de la sociedad civil como el CELS o CORREPI que muestran un aumento de la violencia institucional y se debe claramente a un discurso oficial que promueve que la policía use armas como sea”.
“La función principal de la policía es evitar que un delito o contravención ocurra. Atrapar a quien comete el delito no es la función principal. Si lo hace mejor, pero no puede hacerlo al costo de ponerse o poner en riesgo a las personas que estén alrededor. Tiene que graduar el uso de la fuerza de acuerdo al bien que va a proteger. El gobierno de Mauricio Macri a través de la ministra Patricia Bullrich, retrocedió en relación a estos conceptos que nos vienen dados de organismos internacionales”.

12.10.2019

Difundimos:

Búsqueda de Información sobre ex alumnos desaparecidos del Colegio N° 14 «Juan José Paso»

Estamos trabajando junto a la comunidad educativa del Colegio N° 14 DE 2 «Juan José Paso» en una tarea de memoria colectiva, para conocer los nombres de los ex alumnos o trabajadores del colegio que fueron desaparecido@s y/o asesinad@s por el terrorismo de Estado, saber acerca de sus historias de vida y buscar familiares y compañeros. El Colegio está ubicado en la calle Valentín Gómez 3163 del barrio Abasto, C.A.B.A, turno noche.
Junto al Colegio estamos organizando para el día 21 de octubre a las 19:00 la construcción de las baldosas por la memoria con los nombres de los desaparecidos hasta hoy verificados y que abajo mencionamos. Esas baldosas serán colocadas en la vereda del Colegio en el mes de noviembre próximo en un acto público que difundiremos.
En este momento necesitamos completar el listado de desaparecidos y/o asesinados/as y realizar una semblanza de cada un@ para lo cual, es sumamente importante que nos ayuden a conectarnos ya sea con familiares o compañeros de estudio, trabajo o militancia.
Quienes quieran colaborar con datos, fotos, historias de vida o anécdotas responder a este mail o escribir a memoriayjusticiabalvanera@gmail.com
Los nombres hasta hoy verificados de ex alumnos del Colegio N° 14 DE 2 «Juan José Paso» desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado son:
ABELEDO, HORACIO ADOLFO
ACOSTA, VICTOR HUGO
BRONTE, ROBERTO ANTONIO
CABIB, EUGENIO RAFAEL
CARIDI, FELIPE JOSÉ
CLAR, SERGIO ANDRÉS
ETINGER, BERNARDO
FLORES GUERRA, CARLOS ALBERTO
HAZAN, JOSÉ LUIS
ISOLA, MARIO MARCELO BERNARDO
JUAREZ, GUSTAVO MARCELO
LIONETTI, CLAUDIO JOSÉ
MALOZOWSKI, HUGO ARMANDO
MIEDAN, HUGO ORLANDO
SAIDON, LEONARDO ADRIÁN
SANCHEZ LADO, ENRIQUE ÁNGEL.
SCHOJET, BERNARDO JOSÉ
Muchas gracias
BARRIOS X MEMORIA Y JUSTICIA – BALVANERA
BALDOSAS POR LA MEMORIA
GRUPO AUTÓNOMO – HORIZONTAL – AUTOFINANCIADO
memoriayjusticiabalvanera@gmail.com
facebook : Baldosas por la memoria Balvanera Once Congreso Abasto

11.10.2019

Por Ivana Otero

Después del debate de los jefes de gobierno porteño, vino la lluvia y las escuelas de la zona sur se inundaron. Solo el Frente de Izquierda propone que la plata vaya para educación y no para la deuda.

Durante la mañana del viernes, las escuelas de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron bajo el agua. Alicia Navarro Palacio, directora de escuela del barrio de Lugano y candidata a comunera por el Frente de Izquierda Unidad denunció que “después del debate vean la Escuela 11 de Lugano, inaugurada este año. Y no es la única”.
El día anterior se había realizado el debate de los candidatos a jefe de gobierno porteño y Educación fue uno de los ejes propuestos. El actual jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta hizo campaña con la supuesta construcción de 54 escuelas, una verdadera mentira que sigue dejando a pibes sin vacantes. Una de ellas, la Escuela 11 del barrio de Lugano, fue una de las pocas que se construyó, y una de las que se inundó apenas unas horas después. Las clases debieron ser suspendidas.
Gabriel Solano, candidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Izquierda Unidad, compañero de Myriam Bregman en la Ciudad y Nicolás del Caño como cabeza de fórmula, denunció en el debate que “en materia educativa la Ciudad vive una situación de enorme crisis, un colegio recién inaugurado en el barrio de Retiro, hace 15 días se le cayó un techo, después se incendió. Estas son las construcciones, los lujos están en Puerto Madero, la educación es así”. Casi una premonición.
Asimismo, su fuerza política impulsó un amparo presentado por las familias sin vacantes, logrando la sentencia que obliga a Larreta y Soledad Acuña a pagar una ayuda económica a las familias, ordena garantizar vacantes en la zona sur y Retiro y denuncia al gobierno por ocultar información sobre esta sentida problemática.
En momentos donde el presupuesto en educación está en peligro de ajustarse al ritmo de las recetas del FMI, invertir las prioridades y que la plata vaya para la construcción de verdaderas escuelas, se vuelve de primer orden.