Comunicadores del Sur

6.2.2024

Familiares y amigos de las víctimas del incendio de Iron Mountain recordaron ayer lunes a los “Héroes de Barracas” al cumplirse diez años de la trágica jornada en la que murieron ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil cuando combatían las llamas desatadas en el depósito de la empresa internacional.

El acto fue en la esquina de Jovellanos y Quinquela Martín, del barrio de Barracas, desde las 9.04, hora que remite al momento en que se registró la caída del muro, el 5 de febrero del 2014, como consecuencia de las altas temperaturas de la estructura interna, lo que provocó la muerte a los ocho bomberos y dos rescatistas.

Ese día, fallecieron los bomberos del Cuartel I de la Policía Federal Argentina Leonardo Day, Anahí Garnica, Carlos Véliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticell; el bombero voluntario del Cuartel Vuelta de Rocha Sebastián Campos y los rescatistas Pedro Barícola y José Méndez Araujo; mientras que Facundo Ricardo Ambrosi, también bombero voluntario, murió días después.

A diez años del incendio, hay una causa aún en curso a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, quien en abril del 2023 decretó el procesamiento de una veintena de imputados y elevó el proceso a juicio oral y público, sin fecha, por el delito de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.

Entre los imputados figuran directivos de la firma internacional, dedicada al almacenamiento de documentación y activos, y ex funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno porteño, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio en Azara 1245.

“Esperamos que juzguen a los involucrados porque son diez años de impunidad. Mientras más tiempo pasa, la justicia se aleja”, expresó Jorge Campos, papá del bombero voluntario Sebastián. En igual sentido, Liliana Barícola, hermana de Pedro, uno de los dos integrantes de Defensa Civil, pidió “un juicio oral en el corto plazo y condenas con penas efectivas”.

Martina Monticelli, hermana del bombero de Policía Federal Juan Matías, pidió “que los responsables paguen su culpa”, aunque reconoció que “existen intereses de personas corruptas a quienes no les conviene que la verdad salga a la luz”.

De la ceremonia, participaron delegaciones de bomberos voluntarios de Villa Domínico-Wilde, de Lanús Oeste y de San Fernando-Tigre; así como compañeros de los rescatistas del área de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires; mientras que no estuvieron presentes, como sí lo hicieron en homenajes anteriores, representantes del Cuartel I de la Policía Federal.

Además, concurrieron el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés; los legisladores porteños Claudia Neira y Claudio Ferreño; el ex secretario de Articulación Federal y ex diputado Gabriel Fuks y presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios Carlos Alfonso.

Los bomberos y los rescatistas de Defensa Civil acudieron a la emergencia desatada en el interior del depósito de la empresa Iron Mountain, situado en Azara 1245, y murieron como consecuencia de la caída de una de las paredes de la edificación que colapsó por las altas temperaturas de las llamas.

Los motivos del inicio del foco figuran como “indeterminados” en la causa judicial, no obstante fueron vinculados a una intencionalidad para que se quemaran las más de cuatro toneladas de cajas depositadas en las naves de la casi centenaria edificación, muchas de las cuales contenían documentación de empresas investigadas por maniobras de lavado de dinero.

5.2.2024

A partir ayer domingo entró en vigencia un nuevo aumento en el Subte porteño, ya que se aplicó un aumento del 56% de la tarifa, por lo que el pasaje costará $125, según lo autorízo el directorio de la empresa estatal porteña Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).

A principios de enero la tarifa del subte pasó de $80 a $110 y ahora completa el incremento del 56% al subir a $125 por cada tramo en subte, mientras que el viaje en Premetro cuesta desde hoy $43,75.

“La actualización responde, principalmente, a la variación de la tarifa técnica, que refleja el costo de la explotación del servicio y consiste en el cociente entre dichos costos y el número de pasajeros pagos, de manera tal de mantener sustentable el sistema de transporte público”, explicó SBASE en un comunicado.

Al mismo tiempo, los canales de información oficial explicaron que se mantendrá el descuento de la RED SUBE y el beneficio para pasajeros frecuentes, así como los pases para jubilados y pensionados, para personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera.

También sostendrán el boleto estudiantil, así como los abonos social, maestro y estudiantil para alumnos de escuelas secundarias y terciarias.

2.2.2024

Más de 11.000 usuarios de Edenor y unos 5.400 de Edesur se encontraban sin energía eléctrica hoy viernes en sus hogares en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por la alta demanda generada por las temperaturas extremas del calor que afecta a todo el país, informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Según las cifras sobre el estado del servicio eléctrico informadas en el ENRE, a las 8.25 horas unos 11.702 clientes de Edenor permanecían sin suministro eléctrico y 5.410 de Edesur.

Las localidades bonaerenses más afectadas son Tigre, San Fernando, Moreno, Malvinas Argentinas, La Matanza, Morón, Vicente López, General San Martín, Almirante Brown, Avellaneda, Ezeiza, Lanús, Quilmes y Lomas de Zamora.

En la Ciudad de Buenos Aires 4.657 usuarios se encuentran sin luz. Los barrios porteños afectados son Núñez, Belgrano, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Balvanera, Pompeya, Villa Soldati, Almagro, Barracas, Boedo, Constitución, Flores, Floresta, Mataderos, Parque Chacabuco, Parque Patricios, Versalles, Villa Crespo, Villa General Mitre, Villa Luro y Villa Santa Rita.

1.2.2024

Hace cinco años, en 2019, comenzó el proyecto del “Agrale MT17e”, el primer colectivo eléctrico con chasis de fabricación nacional, y en los próximos meses podría comenzar a circular por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Luego de completar los trámites de la homologación, el colectivo será parte de la flota de la línea 28, perteneciente al Grupo DOTA, en el ramal que une Puente de la Noria con Ciudad Universitaria. Se utilizará como prueba piloto y de resultar exitoso se fabricarán más unidades.

Cuando comenzaron con las pruebas “estalló la pandemia y todo se demoró”, aseguró Ignacio Armendáriz, director y gerente comercial de la compañía, ya que debían mandar la unidad para que fuera homologada por laboratorios ingleses que estaban cerrados. Pero luego pudieron cumplir con los pasos correspondientes en el Reino Unido y se trajo la unidad a la Argentina.

“El bus ya tiene 30 mil kilómetros de pruebas totalmente satisfactorias y hace un año se iniciaron las gestiones de homologación ante la Secretaría de Industria”, contó Armendáriz. La homologación lleva dos etapas: la primera es por el chasis y se llama Constancia Técnica, mientras que la segunda es por la unidad completa, una vez montada la carrocería, y se denomina Licencia de Configuración de Modelo (LCM).

El colectivo fue generado con una alianza de tres partes: Agrale, carrocerías y los que producen baterías y motor, al respecto el gerente de Agrale dice: “Cada cual tiene que reforzar su especialización. Estas alianzas potencian la capacidad de cada uno de los jugadores que intervienen”.

En América Latina hay alrededor de 2 mil buses eléctricos en circulación y “los 2 mil son chinos”, indicó el director. “No es el primer vehículo que se desarrolló con nueva tecnología de pulsión, tenemos hechos minibuses eléctricos, jeeps eléctricos, pero esto es un poco la culminación de todo eso”, afirmó.

Para finalizar sostuvo: “Tenemos muy buena expectativas sobre sus performance”.

31.1.2024

La Sala de Feria CAyT rechazó los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno de la Ciudad y la empresa Jorne S.A. y ratificó la medida cautelar dictada por el juez Roberto Andrés Gallardo que había ordenado frenar la demolición del edificio de la ex Fábrica Barthel.

La medida cautelar ratificada también había ordenado suspender los efectos de la Disposición N° 833/DGIUR/23, y disponer la continuidad de la clausura y suspensión de los trabajos constructivos y de demolición del inmueble sito en Capitán General Ramón Freire 3035/55/65/75/85 de esta Ciudad.

Estas sentencias se dictaron con posterioridad a que la empresa Jorne S.A. manifestara su voluntad de demandar por daños y perjuicios al Observatorio del Derecho a la Ciudad y a la arquitecta Dora Young por el dictamen técnico que elaboró para ser acompañado con la demanda. Este dictamen fue calificado por la empresa Jorne S.A. de “mendaz”, “falaz”, “tendencioso”, “mala fe”, “desconocimiento espeluznante”. Finalmente, los tribunales concordaron con el contenido de este informe.

El Gobierno de la Ciudad había otorgado un permiso de obra nueva a la empresa Jorne S.A. para el predio donde se encuentra el conjunto edilicio catalogado con nivel de protección estructural por Ley N° 5117 de 2014, compuesto por un edificio de habitación, oficinas y pabellones industriales de la ex fábrica de muebles Barthel.

Alegando que los pabellones no presentan valor patrimonial, el Gobierno porteño autorizó la demolición de más del 86% del conjunto edilicio contrariando la protección patrimonial estructural otorgada por la Ley N° 5177 a la totalidad del inmueble, es decir, que protege todo el conjunto sin distinción entre los pabellones y el edificio de habitación. También autorizó a incrementar el volumen del edificio y construir en el pulmón de manzana, situaciones absolutamente prohibidas por el Código Urbanístico. Una excepción inmobiliaria del Poder Ejecutivo a medida de los intereses económicos de la empresa Jorne S.A. que ni siquiera pasó por la Legislatura en contra del patrimonio cultural porteño.

La ley habla del valor urbanístico ambiental del conjunto: “No obstante el importante tamaño de la parcela con los retiros de frente y la tipología edilicia lo presentan como un hito de valor referencial para el barrio. Así mismo, se destaca la articulación de las piezas que conforman el conjunto con los jardines y arboleda, construyendo un contexto de especial calidad ambiental”.

La decisión correspondiente a desestimar el valor patrimonial de los pabellones corresponde a la Legislatura de la Ciudad que ha decidido otorgarles protección patrimonial con nivel estructural. Por otra parte, de acuerdo con el Código Urbanístico el nivel de protección estructural implica que solo se pueden hacer modificaciones internas, estando prohibidas las obras de demolición y ampliación, pero el proyecto autorizado prevé el aumento en 250% del volumen edificado llevando la altura de dos plantas a 5 plantas con la construcción de subsuelos en toda la parcela. Gran parte de las nuevas construcciones se van a emplazar en el pulmón de manzana, situación también prohibida por el Código Urbanístico.

En la carátula del permiso de obra se detalla que se van a demoler 2011 m2, es decir, el 86,89% del edificio protegido patrimonialmente. De los 2314 m2 del edificio sólo se conservarán 303 m2. Y, además, se incrementará el volumen en unos 8305 m2. Esta cantidad de nuevos metros cuadrados va en contra de los grados de intervención 1 y 2 para edificios con protección estructural. Además, se proyecta el retiro injustificado de especies arbóreas que forman parte del paisaje y del entorno que hacen a la protección patrimonial y a la calidad ambiental del inmueble.

Habiendo constatado que la demolición ya empezó, distintos colectivos y asambleas presentaron un amparo ambiental con medida cautelar, al que hizo lugar tanto el juzgado de 1ra instancia como el Tribunal de 2da instancia. El amparo fue presentado con la personería del Observatorio del Derecho a la Ciudad solicitando que se declare la ilegalidad de los permisos otorgados y se interrumpan inmediatamente los trabajos constructivos y de demolición en el predio.