27.11.2019
Por Melina Michniuk y Belén Antonela
La semana pasada circuló un anteproyecto de ley encabezado por el PRO que contiene reformas regresivas que atacan los derechos como trabajadores de los más de 4.000 residentes y concurrentes de CABA que sostienen el sistema de salud. Este jueves 28/11 convocan a paro para asistir a la legislatura de la Ciudad y rechazar la medida.
El jueves 28/11 se tratará en la última sesión del año en la Legislatura de CABA un proyecto que el diputado del bloque del PRO, José Acevedo, envió de manera inconsulta y de espaldas a los miles de residentes y concurrentes, en el que continúa profundizando las condiciones de precarización laboral de quienes con su trabajo son parte del equipo que sostiene la salud pública de forma precaria. Y por esto mismo, no es sólo un ataque a los trabajadores sino al Sistema de Salud público en su conjunto, cada vez más golpeado por la falta de presupuesto y la sobrecarga de pacientes que comienzan a ser absorbidos desde el ámbito privado.
El proyecto llega al recinto por la aprobación en comisión de salud del bloque oficialista, del partido socialista y el FPV. El mismo propone un máximo de trabajo de hasta 64 horas semanales, que perpetúan un régimen laboral de explotación con jornadas extenuantes, superando cualquier convenio colectivo e incluso las recomendaciones de la OMS en materia de salud laboral. Recordemos que por ser considerado “insalubre” el trabajo en salud, quienes allí realizan sus tareas no deberían cumplir jornadas mayores a 6 horas diarias, de lo contrario se atenta contra la salud de los trabajadores de la salud y la calidad de atención que puede brindarse.
En relación al salario, plantea que “no podrá ser inferior a la remuneración percibida actualmente y se ajustará por acta de negociación colectiva”, pero no aclara cómo sería el procedimiento mientras que en la actualidad el salario se condice con un coeficiente vinculado al cargo del profesional de planta y eso evoluciona según la antigüedad de la residencia.
Además, las licencias por maternidad o paternidad, y “estrés” (por trabajar en condiciones insalubres), son inferiores a la de los trabajadores de cargo de planta permanente, sumado a que ya no se podrán fraccionar las licencias ordinarias. La nueva ley atenta contra la licencia de 30 días por nacimiento de hije en progenitores no gestantes (el proyecto otorga 14) y el goce de 10 días hábiles de licencia por stress profesional (El proyecto otorga 7 días corridos).
Por otro lado, se aplican nuevas sanciones por “falta grave que perjudique material o moralmente a la administración”, lo que deja abierta la puerta por el carácter ambiguo a La persecución por acciones de tipo gremial para defender los derechos de quienes cargamos la salud pública en nuestras espaldas. Para finalizar, los concurrentes quedan por fuera de todos los derechos que contempla la ley de residentes, perpetuando así el trabajo gratuito de más de 1400 concurrentes.
Residentes y concurrentes, los jóvenes precarizados en salud
El sistema de residencias y concurrencias de salud de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta como una “capacitación en servicio”, mediante la cual los profesionales de salud reciben formación mientras ejercen sus trabajo en hospitales y centros de salud. Vale aclarar que dicha formación tiene una amplia carga laboral de hasta 64 horas por semana, guardias que no contemplan el descanso necesario, y un salario inferior al de los profesionales de planta. Sumado a esto, una vez que finalizan la formación (de 4 o 5 años), no está garantizada la continuidad laboral en el sistema público de salud. Ni hablar de la situación de los concurrentes, que su trabajo es completamente ad honorem, es decir, trabajan sin cobrar un solo peso y no cuentan con ART, vestimenta, acceso a comedor.
Esta precarización es una realidad que se repite en todos los ámbitos del Estado, gran legado del gobierno menemista y les recetas del FMI y el Banco Mundial en los ’90, que ninguno de los gobiernos posteriores se atrevió a tocar. Los únicos que ganan con la precarización son las patronales al dejar a un sector de trabajadores y trabajadoras en un estado de inestabilidad laboral, sin tutela jurídica y gremial, y sin los derechos que todo trabajador debería tener en el ámbito estatal y de salud.
El ajuste se agravó desde el desembarco del FMI nuevamente en nuestro país. En los hospitales y centros de salud faltan cada vez más medicamentos e insumos. El Presupuesto votado para el 2019 con la ayuda del peronismo implicaba un gran recorte en el área. La realidad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública es un ejemplo más de este vaciamiento.
Se impone implementar medidas de emergencia y salidas de fondo. Con estos fundamentos es que desde las bancas del Frente de Izquierda Unidad se han presentado distintos proyectos, tanto en la Legislatura porteña con Myriam Bregman y Gabriel Solano, como en el Congreso de la Nación de la mano de Nicolás del Caño; para acabar con la precarización laboral y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores. Mientras otras leyes tienen tratamiento exprés, el proyecto nacional de Nicolas del Caño aún posee estatuto parlamentario y no fue tratado ni en el recinto ni en comisiones por bloqueo de los partidos mayoritarios.
Desde la asamblea de residentes y concurrentes de CABA, realizada el pasado lunes en el hospital Gutiérrez, los trabajadores convocaron a nuevas medidas para rechazar el anteproyecto de ley. Es por esto que llaman a paro, cese de actividades y movilización para el jueves 28 de noviembre a las 10:00 horas en las inmediaciones de la legislatura porteña.
Los trabajadores de la salud venimos siendo protagonistas de importantes luchas, como lo fue el año pasado cuando la “marea blanca” de enfermería, bioimágenes e instrumentadores quirúrgicos rechazó la reforma impulsada por Larreta y firmada por la burocracia de SUTECBA. Asimismo, lo hicieron este año los residentes de Nación, luego de estar más de 3 meses sin cobrar su sueldo.
Los trabajadores de la salud pública somos quienes sostenemos la misma, atendemos a las miles de familias que fueron expulsados a la pobreza y recurren a los hospitales y centros de salud tras la profundización de las políticas de ajuste bajo el mando del FMI. Este año el presupuesto de salud, que viene descendiendo hace décadas, tan sólo representa un 0,8% del PBI, gracias a que fue votado por los bloques del PJ y del PRO. A esto se agrega el faltante de vacunas y de medicamentos que necesita la población.
Es por esto que se vuelve necesario continuar defendiendo la salud pública de manera independiente y organizada, mediante asambleas en los lugares de trabajo donde los trabajadores decidamos las medidas a seguir y no se negocie a nuestras espaldas; tal como lo muestran los valientes trabajadores de la salud en Chile con sus comités de resguardo y emergencia para atender a la población herida de represión y también planear cómo imponer la huelga general que tire a Piñera, “el Macri Chileno” y permita sobre las ruinas del régimen pinochetista imponer una asamblea constituyente libre y soberana para decidir los destinos del país.
En Argentina en tiempos del FMI, la flexibilización laboral está a la orden del día y la salud de las familias trabajadoras dista de ser una prioridad. Por eso es importante redoblar nuestra organización desde abajo para que la salud siga siendo pública y de calidad, para que tengamos condiciones de trabajo dignas y evitar que unos pocos descarguen la crisis sobre nuestras espaldas.
