Comunicadores del Sur

27.11.2019
Por Melina Michniuk y Belén Antonela

La semana pasada circuló un anteproyecto de ley encabezado por el PRO que contiene reformas regresivas que atacan los derechos como trabajadores de los más de 4.000 residentes y concurrentes de CABA que sostienen el sistema de salud. Este jueves 28/11 convocan a paro para asistir a la legislatura de la Ciudad y rechazar la medida.

El jueves 28/11 se tratará en la última sesión del año en la Legislatura de CABA un proyecto que el diputado del bloque del PRO, José Acevedo, envió de manera inconsulta y de espaldas a los miles de residentes y concurrentes, en el que continúa profundizando las condiciones de precarización laboral de quienes con su trabajo son parte del equipo que sostiene la salud pública de forma precaria. Y por esto mismo, no es sólo un ataque a los trabajadores sino al Sistema de Salud público en su conjunto, cada vez más golpeado por la falta de presupuesto y la sobrecarga de pacientes que comienzan a ser absorbidos desde el ámbito privado.
El proyecto llega al recinto por la aprobación en comisión de salud del bloque oficialista, del partido socialista y el FPV. El mismo propone un máximo de trabajo de hasta 64 horas semanales, que perpetúan un régimen laboral de explotación con jornadas extenuantes, superando cualquier convenio colectivo e incluso las recomendaciones de la OMS en materia de salud laboral. Recordemos que por ser considerado “insalubre” el trabajo en salud, quienes allí realizan sus tareas no deberían cumplir jornadas mayores a 6 horas diarias, de lo contrario se atenta contra la salud de los trabajadores de la salud y la calidad de atención que puede brindarse.
En relación al salario, plantea que “no podrá ser inferior a la remuneración percibida actualmente y se ajustará por acta de negociación colectiva”, pero no aclara cómo sería el procedimiento mientras que en la actualidad el salario se condice con un coeficiente vinculado al cargo del profesional de planta y eso evoluciona según la antigüedad de la residencia.
Además, las licencias por maternidad o paternidad, y “estrés” (por trabajar en condiciones insalubres), son inferiores a la de los trabajadores de cargo de planta permanente, sumado a que ya no se podrán fraccionar las licencias ordinarias. La nueva ley atenta contra la licencia de 30 días por nacimiento de hije en progenitores no gestantes (el proyecto otorga 14) y el goce de 10 días hábiles de licencia por stress profesional (El proyecto otorga 7 días corridos).
Por otro lado, se aplican nuevas sanciones por “falta grave que perjudique material o moralmente a la administración”, lo que deja abierta la puerta por el carácter ambiguo a La persecución por acciones de tipo gremial para defender los derechos de quienes cargamos la salud pública en nuestras espaldas. Para finalizar, los concurrentes quedan por fuera de todos los derechos que contempla la ley de residentes, perpetuando así el trabajo gratuito de más de 1400 concurrentes.

Residentes y concurrentes, los jóvenes precarizados en salud

El sistema de residencias y concurrencias de salud de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta como una “capacitación en servicio”, mediante la cual los profesionales de salud reciben formación mientras ejercen sus trabajo en hospitales y centros de salud. Vale aclarar que dicha formación tiene una amplia carga laboral de hasta 64 horas por semana, guardias que no contemplan el descanso necesario, y un salario inferior al de los profesionales de planta. Sumado a esto, una vez que finalizan la formación (de 4 o 5 años), no está garantizada la continuidad laboral en el sistema público de salud. Ni hablar de la situación de los concurrentes, que su trabajo es completamente ad honorem, es decir, trabajan sin cobrar un solo peso y no cuentan con ART, vestimenta, acceso a comedor.
Esta precarización es una realidad que se repite en todos los ámbitos del Estado, gran legado del gobierno menemista y les recetas del FMI y el Banco Mundial en los ’90, que ninguno de los gobiernos posteriores se atrevió a tocar. Los únicos que ganan con la precarización son las patronales al dejar a un sector de trabajadores y trabajadoras en un estado de inestabilidad laboral, sin tutela jurídica y gremial, y sin los derechos que todo trabajador debería tener en el ámbito estatal y de salud.
El ajuste se agravó desde el desembarco del FMI nuevamente en nuestro país. En los hospitales y centros de salud faltan cada vez más medicamentos e insumos. El Presupuesto votado para el 2019 con la ayuda del peronismo implicaba un gran recorte en el área. La realidad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública es un ejemplo más de este vaciamiento.
Se impone implementar medidas de emergencia y salidas de fondo. Con estos fundamentos es que desde las bancas del Frente de Izquierda Unidad se han presentado distintos proyectos, tanto en la Legislatura porteña con Myriam Bregman y Gabriel Solano, como en el Congreso de la Nación de la mano de Nicolás del Caño; para acabar con la precarización laboral y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores. Mientras otras leyes tienen tratamiento exprés, el proyecto nacional de Nicolas del Caño aún posee estatuto parlamentario y no fue tratado ni en el recinto ni en comisiones por bloqueo de los partidos mayoritarios.
Desde la asamblea de residentes y concurrentes de CABA, realizada el pasado lunes en el hospital Gutiérrez, los trabajadores convocaron a nuevas medidas para rechazar el anteproyecto de ley. Es por esto que llaman a paro, cese de actividades y movilización para el jueves 28 de noviembre a las 10:00 horas en las inmediaciones de la legislatura porteña.
Los trabajadores de la salud venimos siendo protagonistas de importantes luchas, como lo fue el año pasado cuando la “marea blanca” de enfermería, bioimágenes e instrumentadores quirúrgicos rechazó la reforma impulsada por Larreta y firmada por la burocracia de SUTECBA. Asimismo, lo hicieron este año los residentes de Nación, luego de estar más de 3 meses sin cobrar su sueldo.
Los trabajadores de la salud pública somos quienes sostenemos la misma, atendemos a las miles de familias que fueron expulsados a la pobreza y recurren a los hospitales y centros de salud tras la profundización de las políticas de ajuste bajo el mando del FMI. Este año el presupuesto de salud, que viene descendiendo hace décadas, tan sólo representa un 0,8% del PBI, gracias a que fue votado por los bloques del PJ y del PRO. A esto se agrega el faltante de vacunas y de medicamentos que necesita la población.
Es por esto que se vuelve necesario continuar defendiendo la salud pública de manera independiente y organizada, mediante asambleas en los lugares de trabajo donde los trabajadores decidamos las medidas a seguir y no se negocie a nuestras espaldas; tal como lo muestran los valientes trabajadores de la salud en Chile con sus comités de resguardo y emergencia para atender a la población herida de represión y también planear cómo imponer la huelga general que tire a Piñera, “el Macri Chileno” y permita sobre las ruinas del régimen pinochetista imponer una asamblea constituyente libre y soberana para decidir los destinos del país.
En Argentina en tiempos del FMI, la flexibilización laboral está a la orden del día y la salud de las familias trabajadoras dista de ser una prioridad. Por eso es importante redoblar nuestra organización desde abajo para que la salud siga siendo pública y de calidad, para que tengamos condiciones de trabajo dignas y evitar que unos pocos descarguen la crisis sobre nuestras espaldas.

26.11.2019

A pesar de estar garantizado en la Constitución, el derecho a la educación en la Ciudad no se cumple. Marcha de familias y organizaciones al Ministerio de Educación porteño.

Noviembre es un momento de estrés para las familias de la Ciudad que buscan inscribir a niños y niñas en el sistema de educación pública. El siniestro sistema de asignación de vacantes porteño deja a miles de personas afuera, especialmente en el nivel inicial, de 45 días a 5 años.
El derecho a la educación está garantizado en la Constitución porteña desde los 45 días, sin embargo conseguir un lugar no sólo es difícil sino que a veces requiere llegar a presentar un amparo ante la justicia para que el gobierno porteño reciba el pedido.
El sistema de vacantes en la Ciudad es complejo. La etapa de inscripción se abrió del 7 al 20 de octubre a través de internet, en las escuelas o en los portales inclusivos que la Ciudad instaló en algunos barrios. Este lunes 25 se conocieron los resultados de la asignación y con eso llegaron los festejos por entrar y el padecimiento de los miles de chicos y chicas que quedan en listas de espera, que en algunos casos superna los 90 nombres.
El principal problema ocurre en el nivel inicial y, sobre todo, en las salas de 45 días hasta 3 años, donde no hay suficientes instituciones para cubrir la creciente demanda.
Según cifras de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), querellante ante el Estado porteño desde 2006 por falta de vacantes, la lista de espera en el nivel inicial creció en estos doce años de gobierno del macrismo un 76 %.
ACIJ registra que menos del 40% de los inscriptos en 2019 consiguió su lugar, el resto debió recurrir a instituciones privadas o a los Centros de Primera Infancia (CPI), la solución que propone la Ciudad en vez de construir más establecimientos.
Los CPI son instituciones que no dependen del Ministerio de Educación sino de Desarrollo Social y que en gran parte son jardines privados en los que la Ciudad terceriza la educación.
Al iniciar la primera gestión de Macri como jefe de gobierno, los Centros de Primera Infancia eran poco más de 20. Doce años después son casi 80. “Han proliferado especialmente en los dos últimos años y funcionan sin ningún tipo de control ni centralización, mientras no han construido ni una sola escuela infantil nueva. Muy por el contrario, las cierran, como con la del Hospital Ramos Mejía. En otros casos, las dejan caer a pedazos”, afirmó Patricia Pines, del colectivo Vacantes para tod@s en las escuelas públicas.
La organización Vacantes para tod@s se moviliza este miércoles 27 a las 13:00 frente al Ministerio de Educación porteño (Paseo Colón 255) para exigir que la ministra Soledad Acuña atienda a las familias que dejaron afuera del sistema público de educación. “Más de 12.000 niñxs quedan en lista de espera y 10.000 más asisten a los Centros de Primera Infancia”, señalan.
El Secretario General de UTE, Eduardo López, se refirió a la falta de vacantes. “La vacante en la escuela es un derecho, es una obligación de la Ciudad garantizar las vacantes. Recién en marzo del año que viene sabremos cuantos chicos quedaron sin vacantes, porque no hay información”, contó el gremialista en diálogo con el Destape Radio.
“Hace 4, 3, 2, y 1 año hay 15.000, 17.000, 19.000 y 20.000 vacantes que faltan”, indicó y estimó que por eso cree que “este año van a faltar 25.000 vacantes en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires”. “La gente no elige la privada, no consigue vacante en la pública y necesita ir a laburar”, concluyó.
Uno de los ejes de los reclamos de familiares es en relación a la inscripción online. Allí puso el foco la ex candidata a vicejefa de gobierno Gisela Marziota, quien acompañó en la fórmula a Matías Lammens. «Es imperiosa la necesidad de generar un sistema de inscripción mixto porque quedó demostrado que la inscripción online es un fracaso desde que empezó a aplicarse, además de ser discriminatoria porque deja afuera a muchas personas que no tienen acceso a esta metodología”, indicó y agregó: “Hay gente que vive a tres o cuatro kilómetros de la escuela, sin ningún tipo de prioridad, e ingresan, y otros que están dentro de las diez cuadras y no lo logran”.

26.11.2019

Hay una vieja enseñanza que dice que si se mete un sapo en agua hirviendo el sapo salta. En cambio, si se lo pone en agua fría y se la va calentando lentamente, el sapo se queda hasta reventar. El aumento del ABL y el impuesto inmobiliario a partir del año que viene no será todo junto de diciembre a enero sino que se aplicará paulatinamente mes a mes. Esto implica que todos los meses subirá el impuesto para los vecinos porteños y se actualizará con el índice de inflación que corresponde a los cinco meses previos (por ejemplo, en enero de 2020, se aplicará el de agosto de 2019). La novedad la comunicó en la Legislatura porteña el ministro de Hacienda, Martín Mura.
Hasta ahora, el Gobierno porteño tomaba la inflación del año anterior, de agosto a julio (dado que las valuaciones fiscales se presentan en julio) y con eso hacía el cálculo del ABL y el impuesto inmobiliario para el año siguiente. Esa metodología se cambiará por una mensual: todos los meses aumentará el impuesto que cobra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El aumento será más paulatino, pero constante. Para enero, por ejemplo, se prevé un aumento del 3,4 por ciento.
El Gobierno porteño, además, reducirá el descuento para aquellos contribuyentes que pagaron todas las cuotas en tiempo y forma el año anterior. Hasta ahora, era el 10 por ciento lo que le bonificaba. A partir del año que viene, será el 6,6 % con respecto a la cuota de diciembre
“Decidimos actualizar no por lo que pasó sino por lo que va pasar. Si se hubiese aplicado la inflación de agosto de 2018 a julio de 2019, que es la que deberíamos haber tomado, esa cuenta daba 52 % y no resistía ningún análisis aumentar eso desde enero”, aseguró el ministro de Hacienda porteño, quien aclaró que se podrá todavía adelantar todo el pago de las 12 cuotas en una sola en diciembre o enero y que, en ese caso, habrá un aumento del 15 por ciento.
Según datos de Hacienda, hay 600.000 contribuyentes que cumplen con el pago de las cuotas de forma de recibir el descuento de los 1,8 millones que pagan impuestos en la Ciudad. Es decir, un 30 %. Otros 450.000 pagan todo en una cuota. Es otro 25 %. “Creemos que este año, ese porcentaje se incrementará, porque el aumento será del 15 % para todo el año en ese caso”, anticipó Mura.
El ministro de Hacienda también aclaró que el impuesto de patentes se pagará con los valores de los autos de octubre de 2019 y que habrá subas según las escalas. No obstante, Mura advirtió que por la suba de los valores de los vehículos debido a la devaluación no habrá saltos en las escalas. «Se va a mantener la misma escala, aunque haya habido un incremento de la valuación», dijo el ministro de Hacienda porteño, quien advirtió que habrá un descenso gradual del impuesto a los Sellos y de Ingresos Brutos, acordado en el pacto fiscal con el Gobierno saliente de Mauricio Macri.

22.11.2019

Familiares y amigues de Sandra Constante, se concentraron este viernes, en Scalabrini Ortiz y Corrientes, exigiendo justicia por la víctima asesinada está semana por la Policía de la Ciudad.
Sandra viajaba en moto con su pareja el pasado domingo 17-11 cuando un patrullero, cruzando en rojo y a alta velocidad, los embistió quitándole la vida a ella. Ariel, sobreviviente, esta tarde denunció ante los medios el accionar policial y pidió la visibilización del caso para que no quede impune.

22.11.2019

Familiares, amigos y vecinos concentraron este viernes a las 18 en Corrientes y Scalabrini. El móvil venía sin sirena y cruzó en rojo.

Familiares y amigos de Sandra Constante, la joven que murió tras ser atropellada por un patrullero de la Policía de la Ciudad, concentraron este viernes en Scalabrini y Corrientes para exigir justicia.
El hecho ocurrió el domingo pasado en el barrio porteño de Villa Crespo. Sandra tenía 19 años y venía en moto con Ariel, su pareja. Según varios testigos, el móvil policial venía a toda velocidad, pasando todos los semáforos en rojo desde Warnes y sin sirenas. El momento del impacto y el trayecto del auto, quedaron registrados por cámaras de seguridad.
“Hicimos esta convocatoria para exigir justicia por Sandra, porque no se tuvo que ir como se fue. Tenía toda una vida por delante. Veníamos de pasear por parque Centenario, tomamos un helado, estábamos llegando a mi casa viniendo por Camargo. Veníamos despacio, los dos con casco, todo en regla. Hay testigos de todos lados y la policía venía a toda velocidad, a 90 kilómetros por hora, venían sin sirena y fue un impacto de un segundo”, manifestó Ariel a los medios que se acercaron hasta la concentración en Scalabrini y Corrientes.
Otro de los familiares presentes se refirió al accionar de los efectivos que llegaron al lugar tras el choque. “En el momento del choque los dejaron tirados a ellos, hay testigos que lo dicen bien clarito, quisieron ayudar primero a sus propios compañeros y a Sandra la dejaron tirada. Los mismos vecinos tuvieron que decir que había una persona más grave. Les sacaron las chapitas, les sacaron el nombre, sacaron cosas de un móvil a otro, está todo aclarado, la gente vio todo eso, entonces pedimos justicia para que no quede impune, porque si no esto queda impune y a los dos días se olvidan de todo y esto no se tiene que olvidar, porque Sandra podría haber sido cualquiera”.
“Lo único que quiero es que se haga justicia por ella. Hay testigos”, sostuvo Ariel rodeado de la solidaridad de amigos, familiares y vecinos que se acercaron, entre los que se destacaba la presencia de la murga donde Sandra bailaba.
Según Correpi, organización que estuvo presente en la manifestación, la Policía de la Ciudad asesinó a 43 personas en 26 meses, es decir, dos personas por mes.
Silvina Beñacar, la oficial que iba al volante del móvil, fue detenida y trasladada a la Alcaldía de la U28 del Servicio Penitenciario Federal. En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, a cargo del juez Litzvak.