6.1.2020
La diputada del PTS-FIT preside la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional desde 2018. Este segundo informe presentado en la legislatura porteña a principios de diciembre, destaca el avance represivo, la criminalización de la protesta social y la pobreza, como el control social en los barrios populares. También denuncia su correlato en leyes votadas este año.
La Comisión está integrada por diputadas y diputados de distintos bloques y desde 2018 estuvo presidida por Bregman, abogada y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, miembro del mismo organismo de Derechos Humanos y reciente legisladora electa, estuvo a cargo de la dirección de la misma.
En este segundo trabajo, se destaca el rol activo que tuvo la Comisión en diversas actividades junto a referentes de organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles y barriales; y familiares y víctimas de la violencia institucional a quienes se ha acompañado en sus denuncias.
El mismo se sustenta en denuncias recepcionadas por la Comisión, de víctimas de la criminalización de la protesta social, de dirigentes y militantes perseguidos, como también de trabajadores y trabajadoras informales que sufren el acoso policial, entre otros.
En el informe, que se puede leer completo al final de esta nota, se denuncia la represión que han sufrido trabajadores, trabajadoras y sectores que acompañaban solidariamente su reclamo, a quienes desde la Comisión, se acompañó con la presencia en el lugar de detención y siguiendo la causa junto a los abogados defensores.
También se menciona la violencia policial contra artesanos y artesanas, docentes, movimientos sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupadas, vecinos del barrio Carlos Mugica, como también a estudiantes terciarios del Normal 1, entre otros, donde la Comisión ha intervenido activamente.
El informe denuncia que “en el marco de una crisis económica y social creciente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prosiguió con la política de sacar de la vía pública a quienes sobreviven de la venta o las producciones artísticas callejeras por carecer de otro medio de subsistencia, en particular con las y los trabajadores senegaleses”.
Se nombra el acompañamiento a familiares y víctimas de Cromañón, la presencia en el juicio de Lucas Cabello quien fue baleado por el agente de la entonces Policía Metropolitana Ayala y la presentación del Pedido de Informe en la Legislatura por el asesinato de Jorge Martín Gómez a manos de un policía de la Ciudad.
Otro eje de denuncia que se destaca en el informe es que 282 efectivos policiales que hoy cumplen funciones en la Policía de la ciudad, también actuaron durante la última dictadura cívico – militar. Carlos Kevorkian, ex jefe de Policía, es el primero de la lista.
Esta información fue dada a conocer por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su Jefatura de Gabinete, en respuesta a varios reclamos y Pedidos de Informes que realizó Bregman junto al ex legislador porteño Patricio Del Corro, retomando un histórico reclamo de los organismos de Derechos Humanos.
Al respecto, Bregman denuncia en el informe: “Consideramos un hecho muy grave que 282 policías que cumplieron funciones en la dictadura formen parte de la Policía local, considerando que las Comisarías de la Ciudad en aquella época fueron utilizadas como Centros de Detención ilegal de personas”.
Cabe destacar que al momento de la presentación del Informe, Correpi aún no había presentado el Informe 2019 de la situación represiva nacional, que indica que “en sus tres años de existencia, la Policía de la Ciudad mató 68 personas en 36 meses”.
Otra grave denuncia que realiza Bregman, es la aprobación de la venta de terrenos de la Villa 31 para destinarlos al negocio inmobiliario a pesar de la gran oposición de las mujeres que encabezaron la lucha y de todo el barrio Padre Mugica que recibieron maltrato, persecución y amedrentamiento por parte del gobierno de la Ciudad.
La diputada Myriam Bregman señaló: “en una ciudad donde hay personas sin techo muriendo en las calles por frío como Sergio Sacarías, esta Casa votó arrebatarle las tierras y viviendas a uno de los sectores más humildes de la CABA”.
En un apartado especial, el Informe detalla los avances represivos sobre la legislación en CABA, como el nuevo Código Contravencional, el Sistema de Reconocimiento Facial, el “Control Poblacional” de la Resolución del Ministerio de Seguridad 845/19, la Resolución 956/2018 del Protocolo de Uso de Armas de Fuego del Ministerio de Seguridad y la Resolución 395/2019 sobre el uso de Pistolas Taser.
A su vez, menciona el estado de la causa que iniciaron junto a María del Carmen Verdú, referente de CORREPI, y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente del gatillo fácil, y en representación de la Comisión, a partir de la presentación ante la Justicia de un amparo para que no se aplique la Resolución 956/2018 por afectar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional.
Con respecto al reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, uso de Pistolas Taser, se informa también que “continúa pendiente de tratamiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia realizada por numerosos organismos que se presentaron ante la misma para que se prohíba su uso en el país y en la Ciudad de Buenos Aires considerando las estadísticas y experiencias trágicas que llevó a ser prohibida su utilización en distintos países del mundo”.
En uno de sus anexos, se hace mención a la reunión conjunta de las Comisiones contra la Violencia Institucional y de Derechos Humanos de la Legislatura que realizaron junto a diversos organismos de DDHH, organizaciones y miembros de las comunidades de Chile, Bolivia y Colombia quienes denunciaron hechos de represión gravísimos.
Como resultado del conjunto de las denuncias recogidas, se resolvió extender las campañas activas de solidaridad internacional, recopilar las denuncias recibidas para presentar ante todos los organismos internacionales y reclamar enfáticamente la aparición y libertad de los miles de detenidos en los distintos países latinoamericanos.
