Comunicadores del Sur

4.2.2020

Mauricio Macri y el ex presidente de la AABE, Ramón Lanús, fueron denunciados por la venta de tierras públicas y transferencia de inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires en forma ilegal. Abuso de autoridad y administración fraudulenta, fundamentan el escrito radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, a través de su presidente, Jonatan Baldiviezo, presentó la denuncia penal contra el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ex presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, por la venta de tierras públicas y transferencia de inmuebles nacionales a la Ciudad de Buenos Aires en forma ilegal e inconstitucional.
La denuncia fue firmada además por María Eva Koutsovitis, por Unidad Popular CABA; Lucila González, por el Movimiento Popular La Dignidad CABA; Pablo Spataro, por CTA-A Capital; Franco Armando, por el Frente Territorial Salvador Herrera; y Ana Rameri, por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
Dicha acusación se realizó por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y por administración fraudulenta contra la Administración Pública. Quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11, hasta hoy a cargo del Juez Claudio Bonadío, quien falleció durante la mañana de este martes, bajo el Expediente N° 428/2020.
A través de decretos presidenciales, decisiones administrativas y convenios con la AABE, Mauricio Macri autorizó la venta de más de 150 inmuebles nacionales, de los cuales 80 estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de estos fueron vendidos sin previa autorización del Congreso. Esto está establecido en la Constitución Nacional, y allí radica el primer fundamento de esta denuncia.
Por otra parte, entre el 11 y el 13 de noviembre del año pasado, se firmaron dos convenios entre Nación y Ciudad por los cuales se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Al hacer esto, se violó el artículo 15 bis de la ley 25.917 que en los últimos dos trimestres del año de fin de mandato presidencial está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos.
Otro de los puntos en los que se fundamenta esta imputación es en la violación del artículo 18 de la ley 27.098 que asegura el derecho a la propiedad para los clubes de barrio cuyas sedes estén construidas sobre terrenos fiscales. A través del decreto 355/2018 se transfirieron parcelas donde actualmente se encuentra emplazado el Darling Tennis Club.
Finalmente, el 9 de diciembre de 2019, a sólo un día de dejar su cargo, el ex titular de AABE, Ramón Lanús, firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal S.A., incumpliendo así con varios alcances del Decreto 202/2017 del Ejecutivo Nacional.
Lanús había solicitado un dictamen a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), luego de que un oferente informara, en el marco del proceso licitatorio, un supuesto conflicto de intereses con el ex responsable de AABE, con quien había mantenido una disputa judicial. La SIGEN había ratificado la existencia del conflicto a través de un dictamen técnico interno, señalando que el funcionario no estaba habilitado para poder firmar la adjudicación. Sin embargo, y a contramano del resultado de esa consulta, el proceso avanzó y Lanús no esperó la respuesta de la SIGEN.

4.2.2020

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad convocan a unificar los reclamos poner freno y dar marcha atrás al Plan Sistemático de Privatización de la Tierra Pública implementado por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Compartimos la convocatoria:
CAMPAÑA PARA RECUPERAR LAS TIERRAS PÚBLICAS PRIVATIZADAS
¡Unámonos para defender las tierras públicas!
Macri estableció una Monarquía Inmobiliaria decidiendo la venta y concesiones de cientos de inmuebles para negocios inmobiliarios sin autorización del Congreso.
Antes de dejar el Gobierno, concesionó y transfirió a la Ciudad las tierras que no pudo privatizar en los cuatro años de gestión, a fin de que Rodríguez Larreta continúe con los negociados.
Ahora tenemos la oportunidad de recuperar estas tierras para el bien común: espacios verdes, viviendas sociales y equipamiento urbano.
Convocamos a unificar los RECLAMOS de la Ciudadanía para solicitar formalmente, al nuevo Gobierno nacional y a la nueva gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), poner freno y dar marcha atrás al Plan Sistemático de Privatización de la Tierra Pública implementado alevosamente por Macri y Larreta.
¡SUMATE!
Miércoles 5 de febrero de 2020 a las 18:00.
Av. San Juan 2491 – CABA (Museo del Hambre)
Para SUMARTE a la campaña y adelantarnos tus propuestas para la presentación formal, podés escribirnos aquí:
https://forms.gle/exd2gnU4MxsgdbLw9
observatorioderechoalaciudad@gmail.com
Convocan:
Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)
Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC)
Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP)
Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM)
Difusión por Facebook:
https://buff.ly/2S2BK1p

4.2.2020

Las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda, solicitaron ante la justicia, una medida cautelar de carácter urgente, para que se suspenda la audiencia pública por el aumento de los parquímetros de la Ciudad.

La intención de las diputadas, Bregman y Barry, es frenar el escandaloso aumento que pretende el gobierno: “Larreta pretende que los actuales 15 pesos por hora de estacionamiento en la vía pública suban a 32 pesos. Un aumento del 113%”.
La medida cautelar quedó a cargo del Juez en lo contencioso administrativo y tributario Pablo Mántaras. El mismo deberá resolver o no la suspensión de la auditoria que estaba convocada para este próximo viernes al mediodía.
El escrito presentado esta mañana, por las diputadas del Frente de Izquierda, impugna el decreto del GCABA 11/20 publicado en el Boletín Oficial, por considerarlo “insanablemente nulo”.
“En el apuro por implementar una medida recaudatoria del Estado contra los vecinos de la Ciudad que tienen auto y ante el déficit de estacionamiento público, el gobierno de Larreta comete errores groseros, demostrando una vez más que lo único que les interesa es el afán de lucro recaudatorio en la ciudad con vehículos del país con un transporte público que tiene enormes baches”, acotaron Bregman y Barry, según un comunicado.
En el mismo comunicado las diputadas dan cuenta de los groseros errores en la difusión de la Audiencia Pública, dando cuenta de que el gobierno “difundió una dirección errónea para acceder a la documentación sobre el aumento. Tras asistir a la dirección indicada en la publicación oficial, nos encontramos con una asociación civil sin relación con la audiencia, ni los parquímetros”.
Al mismo tiempo denunciaron: “Por más que quieran promocionar el Metrobus, la Ciudad organizada por el PRO no garantiza un tránsito fluido ni estacionamientos seguros” y remarcaron el objetivo del gobierno de Larreta remarcaron las diputadas, para quienes las autoridades locales “de una necesidad hacen un negocio”. Hace años que denunciamos el negociado de los parquímetros y este año quieren aún más ganancias a las empresas que acarrean. Han extendido la capacidad de las grúas para el remolque a casi toda la ciudad, otorgándole de forma gratuita las playas de acarreo a las empresas”.
Las diputadas denunciaron este negocio redondo para las empresas contra los ciudadanos porteños, donde “Las empresas encargadas de los acarreos pagan 55.000 pesos por mes por la concesión mientras se estima que tienen ganancias de 12,5 millones de pesos en el mismo periodo. Es realmente una estafa”.

31.1.2020

Un informe de la Defensoría del Pueblo porteña repasa la crítica situación de los inquilinos e inquilinas. Reclamo para que se trate la ley de alquileres en el Senado.

Una familia inquilina que pagaba 10.000 pesos y renovó contrato en diciembre de 2017, terminó su contrato a fines de 2019 pagando cerca de 21.000 pesos. En los últimos 24 meses, los contratos de alquiler de vivienda se renovaron con un 40% por encima del valor anterior y ajustes semestrales del 15%. Estos datos se desprenden de un informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña.
Como los aumentos los fija arbitrariamente el mercado inmobiliario, para los próximos dos años las renovaciones de contratos se están firmando con un aumento del 30% inicial y ajustes semestrales del 18%. Es decir que el mercado inmobiliario está previendo una espiral inflacionaria de más del 50% anual.
“La continuidad en el alquiler es fundamental para cualquier grupo familiar o inquilina con hijos a cargo, que necesitan arraigo barrial, escolar y sanitario. Pero el alquiler de vivienda familiar en la Argentina es de dos años, y el locador o la inmobiliaria que lo representa fija libremente las condiciones de cada nuevo contrato que se firma”, señaló el informe.
Durante el mes de enero, entre consultas y entrevistas presenciales, la Defensoría del Pueblo ya recibió cerca de 300 casos donde se denuncian diferentes situaciones: un 41% es de inquilinos que finalizan contrato y no tienen dónde ir, o no pueden renovar porque le piden un 50% de aumento, o están adeudando más de tres meses de alquiler o expensas, o quieren rescindir por incapacidad de poder seguir pagando el ajuste impuesto al contrato.
Otro 26% de los vecinos y vecinas se acercaron porque no le devuelven el depósito al finalizar el contrato, no se liquida expensas extraordinarias, no le entregan factura para deducir ganancias, le cobraron ilegalmente comisión inmobiliaria o le realizaron contratos inferiores al plazo mínimo que establece la ley.
Un 14% tuvo problemas con los servicios públicos, en especial los cortes de gas, cortes en luz de obra en edificios nuevos o cobro indebido del impuesto inmobiliario.
El estado de la vivienda –humedad, filtraciones, roturas de equipamiento por desgaste ante el paso del tiempo- convocó a un 15% de inquilinos durante este mes de enero, que desean saber por qué no tienen respuesta sobre el deterioro del inmueble. Hacinamiento, plagas o problemas con los servicios públicos los inquilinos e inquilinas de hoteles familiares.
La difícil situación no es nueva y las organizaciones de inquilinos impulsan desde hace años una ley de alquileres que regule el mercado inmobiliario. Si bien en 2016 la norma consiguió media sanción en el Senado, no fue impulsada por el macrismo en Diputados y perdió estado parlamentario. En noviembre, la misma ley fue aprobada en la cámara baja por unanimidad y las organizaciones de inquilinos reclaman que se incluya en la agenda de las sesiones extraordinarias para su tratamiento en el Senado.
“El perfil de la demanda muestra el lado crítico del que no tiene otro acceso a la vivienda que a través de un alquiler y en las condiciones que impone libremente el mercado inmobiliario. A la vez, es claro que mientras el precio sea libre y los contratos sean cortos, los inquilinos consultan o reclaman sobre todo en situaciones límites: no pueden seguir pagando, no recuperan el depósito, hace tres meses que no tienen gas o tienen la habitación totalmente inutilizada por filtraciones o humedad”, destacó la Defensoría.
De acuerdo al Indec, en noviembre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios llegó al 7,4%Con los datos de los primeros once meses de 2019, revelaron que los salarios subieron 37,3% y los precios 48,3%.
El Indec informó este jueves que en el mes de noviembre los salarios subieron 2,4%, lo que los dejó lejos de empatar el 4,3% que marcó la inflación. En los primeros once meses de 2019, solo tres fueron los meses en los que los sueldos les ganaron a los precios: enero, marzo y julio.
De esta forma, entre enero y noviembre, los salarios acumularon una suba del 37,3%, es decir que quedaron 11 puntos porcentuales detrás del Índice de Precios al Consumidor, que a noviembre acumulaba una suba del 48,3%.
En otras palabras, en noviembre los salarios podían comprar 7,4% menos bienes y servicios que a comienzos de año.
Cabe recordar que, en el transcurso de 2018, los salarios perdieron 12,1% de su poder adquisitivo, el peor retroceso desde la crisis de 2002, de la mano de la destrucción de 191.300 puestos de trabajo en blanco.
En los primeros once meses de 2019, por su parte, se destruyeron un total de 16.200 puestos en blanco más, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo.
De esta forma entre diciembre de 2017 y noviembre de 2019, los salarios perdieron 18,6% de su poder de compra y se destruyeron 207.500 puestos de trabajo.
Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2019, los salarios perdieron 18,6% de su poder de compra y se destruyeron 207.500 puestos de trabajo.
El aumento del 2,4% de los salarios de noviembre no fue uniforme: los sueldos del sector público subieron 1,7% y los del sector privado registrado, 2,8%; en tanto los salarios en negro avanzaron 2,3%.
Respecto de la comparación interanual, el Indec detalló que: «El índice de salarios total mostró un crecimiento de 40,7% en los últimos 12 meses, como consecuencia de la suba del 43,7% del total registrado y de 28,7% del sector privado no registrado».
En consecuencia, frente al 52,1% de inflación acumulada entre noviembre de 2018 e igual mes de 2019, los salarios en negro fueron los que más perdieron: 16,5% de su poder adquisitivo se licuó en esos doce meses.
«El índice de salarios total registrado acumula en los últimos 12 meses un aumento de 43,7%, como consecuencia del incremento de 44,5% del sector privado registrado y un aumento del 42,2% del sector público», agregó el Indec.

30.1.2020

Por Daniel Satur

Alberto Fernández y Miguel Pesce premiaron al exjefe de Gobierno porteño con un cargo de asesor en el que cobraría más de $ 150.000 mensuales. “Avala la impunidad”, denunciaron sobrevivientes y familiares.

En los últimos días se supo que el Gobierno de Alberto Fernández nombró a Aníbal Ibarra “asesor” jurídico del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce. El hecho, lógicamente, fue repudiado por sobrevivientes y familiares de las 194 víctimas de la masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004 cuando Ibarra era el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Amigos son los amigos

Ibarra y Pesce se conocen desde hace por lo menos veinte años. De hecho entre 2001 y 2003 el actual presidente del BCRA fue el secretario de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires cuando Ibarra era jefe de Gobierno de la Alianza (también fue subsecretario de Gestión y Administración Financiera durante las gestiones anteriores de Fernando de la Rúa y Enrique Olivera).
También es conocida la relación histórica que une a Ibarra con el presidente Fernández, quienes pasaron en pocos años del enfrentamiento político a la unión familiar. Durante los 90 Ibarra integró el Frepaso y la Alianza (con la UCR) mientras que Fernández militaba apasionadamente para Domingo Cavallo. En el año 2000, de hecho, Aníbal le ganó la jefatura de Gobierno a la lista encabezada por Cavallo e integrada por Alberto y Gustavo Beliz. Pero las pujas entre ambos acabarían en 2005, cuando Fernández y Vilma Ibarra (hermana y compañera de militancia de Aníbal) comenzarían un romance que duraría una década.
Vueltas de la vida (y devolución de favores) mediante, ahora Fernández y Pesce convocaron a Ibarra para que los asesore en temas legales y jurídicos en el Banco Central. Parece que a los nuevos jefes de Ibarra les importa más la amistad y la personal que los prontuarios.
Obviamente Ibarra no trabajará ad honorem. Si se tiene en cuenta que a septiembre de 2018 (último dato publicado en la web de la entidad) el salario promedio de un asesor del BCRA era de $ 114.500 y que la paritaria bancaria para 2019 del sector fue del 50 %, se puede imaginar que el salario promedio para el cargo de Ibarra puede estar superando los $ 150.000.

Prontuario

Ibarra, como todo el mundo sabe, fue el máximo responsable político de una de las masacres juveniles más brutales de la historia argentina: la del incendio del boliche del barrio de Once República Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, donde 194 jóvenes perdieron la vida en cuestión de minutos y cientos sobrevivieron con consecuencias físicas y psicológicas que perduran hasta hoy.
Al conocerse la noticia del nombramiento de Ibarra en el BCRA, el repudio no se hizo esperar. El Movimiento Cromañón, que congrega a sobrevivientes, familiares y seres queridos de las víctimas, levantó su voz a través de un comunicado en el que expresa su “más profundo repudio a una medida que imprime legitimidad al accionar del máximo responsable político de la masacre de Cromañón”.
El comunicado agrega que el nombramiento de “quien fuera con justicia destituido de su cargo de jefe de Gobierno, por incumplimiento de sus deberes como funcionario público”, directamente “ofende la memoria de las víctimas y avala impunidad”. Vale recordar que en marzo de 2006, mediante un juicio político, se lo echó del cargo de jefe de Gobierno pero no se lo inhabilitó para seguir ocupando cargos públicos. Por eso ahora vuelve contento a ocupar un puesto bajo el ala del Frente de Todos.
En ese marco, el Movimiento Cromañón impugna la supuesta “conducta ética” que debería guiar el acceso a altos cargos públicos. Y lo hace recordando qué hizo Ibarra luego de la masacre: “desoyó más de 16 alertas de que un siniestro podía producirse; puso en cargos de alta responsabilidad a personal no capacitado para el mismo; no organizó el operativo de la Emergencia del cual el jefe de Gobierno es el máximo responsable, provocando al menos el 40 % más de muertes evitables; se reunió con las cámaras empresariales en lugar de con familiares de las víctimas; eludió una interpelación de la Legislatura y convocó a un plebiscito para victimizarse, entre otras muchas maniobras distractoras ante la opinión pública”.
A su vez cuestionan que el propio Ibarra hace tiempo “intenta legitimarse, participando en espacios de derechos humanos, con banderas que no puede llevar con la frente en alto, ya que los derechos humanos incluyen el derecho que tiene la juventud a escuchar su música preferida, a reunirse, a festejar la vida, sin entrar en callejones de la muerte”.
Por último el Movimiento Cromañón exige en su comunicado “que el Presidente del Banco Central revea esta medida que premia con un cargo público, al máximo responsable político de la masacre de Cromañón”.
A la luz de los hechos, con ejemplos como el de Felipe Solá (responsable político de la masacre del Puente Pueyrredón, impune) al frente de la política exterior del gobierno de Fernández, cuesta creer que Miguel Pesce desande sus pasos y le pida a su amigo Ibarra que ya no lo asesore. Amigos, son los amigos.