Comunicadores del Sur

10.2.2020

Un joven de 21 años denunció que el jueves parte de un equipo médico se negó a operarle la rodilla porque no tenían “trajes especiales”. Tras la denuncia de organizaciones, el hospital lo operará este martes.

Un joven de 21 años (quien por razones personales prefiere mantenerse en el anonimato) debía ser operado de una rodilla el jueves de la semana pasada en el Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires. Pero al llegar al nosocomio se enteró que parte del equipo médico que debía realizar la intervención quirúrgica se negaba a hacerlo.
Según denunció la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap), fue uno de la traumatólogos quien transmitió a la familia del joven la negativa a operarlo. Luego de “leer su historia clínica y a pesar de que su carga viral es ‘indetectable’, uno de los médicos trató “muy mal” al joven, “culpándolo de su estatus serológico y argumentando que no contaba con los trajes especiales” para atenderlo. Para Rajap, eso es “falaz” porque “los cuidados que deben tenerse son los mismos que con una persona seronegativa”.
“Por si esto fuera poco -continuó denunciando la Red- los médicos a cargo de la intervención violaron la confidencialidad del diagnóstico, al decir frente a familiares y otras personas que se encontraban en la sala de espera, que no podían realizar la operación porque tenía VIH”.
El comunicado de Rajap aclara a su vez que “el jefe de Infectología del hospital intentó que se lleve a cabo la operación, pero no fue escuchado”.
Emir Franco, coordinador nacional de Rajap, informó que el joven finalmente “se va a operar mañana” en el mismo hospital Santojanni, según lo confirmado por la jefa de cirugía del nosocomio, quien “se comprometió a estar presente” y al frente de “un equipo nuevo”.
Fuentes del hospital sólo atinaron a decir este lunes a la tarde que ‘ya el paciente tiene fecha de cirugía’ y en la institución ‘se han activado los mecanismos para revisar la totalidad de las acciones que llevaron al reclamo.
No obstante la organización que tomó el caso del joven anticipó que acudirán al Inadi “para ver qué herramientas tenemos para denunciarlo como corresponde, porque no es el primer caso que escuchamos”.
El abogado Ignacio Maglio, coordinador del Área de Promoción de Derechos de Fundación Huésped dijo sobre este caso que “en un mismo acto se violaron derechos fundamentales: a la atención médica, a igual trato con igual consideración y respecto, a la dignidad y a la confidencialidad”. Y agregó que “no existe ningún protocolo que diga que tenés que tomar precauciones especiales para personas con VIH”, ya que “las medidas de bioseguridad son universales y obligatorias”.
“Es una discriminación basada en una falacia de negarle atención a una persona por el mero hecho de vivir con el virus, del mismo modo que lo es impedirle ejercer la profesión a cirujanos o trabajadores de la salud que tienen VIH”, sentenció Maglio.

9.2.2020

La propuesta es unir, este domingo 9 de febrero a las 15:00h, dos estaciones del subte A con un vagón lleno de personas leyendo. La idea, surgida por iniciativa de la multiplataforma Por qué leer, es “contagiar el hábito de la lectura en el transporte público”.

El domingo 9 de febrero uniremos las estaciones San Pedrito y Perú llenando un vagón del subte (línea A) con personas leyendo.
La idea surgió con el objetivo de contagiar la pasión de leer a los demás usuarios del transporte público y contarles que no hay nada más placentero que aprovechar el tiempo de viaje con una buena historia.
El encuentro comenzará a las 15 en la cabecera San Pedrito (Flores, Comuna 7) de la línea A. El trayecto culminará en Perú, actual terminal debido a las obras que mantienen cerrada la estación Plaza de Mayo.
Durante el viaje, que durará unos 26 minutos, los convocados leerán el libro que hayan llevado. Al llegar, habrá un cierre y puesta en común en la Plaza de Mayo para compartir las sensaciones vividas, canjear libros usados, realizar sorteos y repartir regalos a los presentes.
“La idea surgió por el placer –y utilidad, para qué negarlo– de leer en el transporte público. Para muchos de los que amamos los libros, aprovechar cada minuto de los viajes diarios es muy importante para conectarnos la lectura”, resume Cecilia Bona, periodista y creadora de Por qué leer.
Y agrega: “Sueño con esa imagen, todos volcados sobre sus libros de papel o ebooks, especialmente en un contexto histórico donde somos más propensos a viajar con el celular en la mano que leyendo una historia”.
#VagónDeLectores se realizará el 9 de febrero por primera vez aunque será el segundo encuentro de la comunidad de Por qué leer: en noviembre de 2018 los seguidores de la cuenta se juntaron en Parque Rivadavia para compartir la tarde entre lecturas.

Más información sobre Por qué leer

Por qué leer es una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Tiene presencia en las redes sociales (YouTube, Instagram, Twitter y Facebook) donde se publican contenidos para incentivar a la gente a leer.
Además, cuenta con una lista de audiocuentos en Spotify que se amplía semanalmente y es seguida por más de 20 mil personas de todo el mundo.
El proyecto fue creado por Cecilia Bona, periodista (TEA) con más de 10 años en los medios. Cecilia fue productora en Radio Mitre, en una Fm comunitaria barrial y en Vorterix y hoy trabaja como gestora de contenidos para Malditos Nerds (malditosnerds.com). En el periodismo gráfico, creó y edita Avispados.com.ar, un medio vecinal porteño premiado por la Ciudad de Buenos Aires por su Calidad Editorial.

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8.2.2020

Por Nahuel Lag

«¿Qué me grabas?», «borrá ese video», «te voy a cagar a trompadas». Esas fueron las amenazas que recibió el fotógrafo y periodista Federico Muiña el martes pasado por parte de un inspector de Espacios Públicos del gobierno de la Ciudad, cuando cubría uno de los reiterados operativos de desalojo de manteros senegaleses en el Once. Tras la amenaza, el inspector dijo haber sido «golpeado con la cámara» por Muiña, por la Policía de la Ciudad lo mantuvo 40 minutos demorado sin darle explicaciones.

«Hay una orden para evitar que se muestren estos operativos, todo lo mal que hace la gestión de Larreta. No creo que haya otra respuesta por lo que justifique estas reacciones», apuntó Muiña a este diario e indicó que no es la primera vez que la Policía de la Ciudad le pide documentación, lo demora con advertencias del tipo «vamos a ver si te tenemos que llevar detenido», por registrar los violentos operativos contra los manteros senegaleses, que según la Defensoría General de la Ciudad sufren el 57% de los casos de violencia institucional contra comunidades extranjeras.
Muiña fue demorado durante un «operativo de barrido» en la intersección de las calles Castelli y Mitre. No era la primera vez que se encontraba con el inspector, de apellido Cohen, que también es conocido entre los vendedores por su prepotencia. «Me puse a filmarlo porque en un operativo anterior no llegué a registrar el momento en el que agredían a los vendedores. Entonces, se cruzó y me encaró para empezar a agredirme», relata el periodista, que hace 8 meses trabaja en la zona para visibilizar la situación de la comunidad senegalesa a través el proyecto colectivo Djambari Buenos Aires .
El tono agresivo del inspector quedó registrado en el video tomado por Muiña y también se lo ve golpeando la cámara del fotógrafo. Sin embargo, el funcionario de Espacio Público denunció al reportero porque «lo había golpeado con la cámara» para que el patrullero que acompañaba el operativo lo mantuviera demorado sin dar explicaciones de los motivos.
«Tengo una Nikon 5100 no la voy arriesgar para golpear a un inspector», desestimó Muiña el argumento del inspector. No es la primera vez que el argumento es usado por personal del gobierno de la Ciudad para impedir la tarea de trabajadores de prensa. En febrero del año pasado, el fotógrafo de PáginaI12, Bernardino Ávila, y su colega de la revista Cítrica, Juan Pablo Barrientos , fueron detenidos con el mismo argumento, avalado incluso por el vicejefe porteño, Diego Santilli. El fiscal penal y contravencional Walter López archivó la causa contra los reporteros gráficos tres meses después.
«La Policía de la Ciudad tiene orden, hace rato, de impedir cualquier tipo de registro fotográfico o de video de sus intervenciones, porque saben que esos materiales son los que después nos permiten reconstruir los hechos en los juicios. Ya la Metropolitana tenía esa directiva, acordate de los dos trabajadores de prensa de la RNMA baleados con plomo el 13 de marzo de 2013 en el desalojo de la Sala Alberdi «, advirtió la abogada de Correpi, María del Carmen Verdú, que acompaña junto a la RNMA, ARGRA y SIPREBA las causas de trabajadores de prensa detenidos y procesados.
Verdú advierte que la persecusión no se limita a los trabjadores de prensa sino que es «tanto para fotógrafos como para gente que use su celular. Sistemáticamente, cuando ven que alguien graba una detención, un operativo o un desalojo, se le van encima, provocan y detienen o al menos impiden la filmación». En noviembre pasado, se conoció el caso de un policía de la Ciudad que amenazó a un vecino por grabar la detención de un vendedor senegalés.

6.2.2020

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó a la empresa Telefónica S.A. por negarse en 2019 a acatar una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública – tras un pedido de la ACIJ – que le ordenaba brindar información sobre la provisión de sus servicios en villas y asentamientos del área metropolitana de Buenos Aires. «La demanda es un primer paso para revertir la discriminación que sufren quienes habitan en dichos barrios para acceder al servicio de Internet», expresó la asociación en un comunicado, donde explicó que esa y otras empresas de telecomunicaciones se niegan a brindar sus servicios en esos barrios

En febrero de 2019, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitó a la empresa Telefónica S.A. que brindara información sobre la forma en la que prestan los servicios de telefonía y de internet en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, «motivado por la negativa de las empresas a brindar sus servicios en estos barrios», relató la asociación en un comunicado fechado el 5 de febrero.
«Dicha solicitud no fue contestada por Telefónica, provocando que ACIJ -a través de su práctica profesional de la Facultad de Derecho de la UBA- formulara un reclamo ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. En dicho ámbito, la empresa sostuvo que no se encuentra obligada a brindar información georeferenciada respecto del servicio de telefonía, y que no tiene obligación alguna de brindar información respecto a la provisión del servicio de internet».
Ante la negativa de la empresa, la Agencia se pronunció sobre el reclamo el pasado 16 de septiembre. «En su resolución, la que resulta de cumplimiento obligatorio para Telefónica, el organismo recordó que la empresa es sujeto obligado respecto de ambos servicios – tanto por la Ley de Acceso a la Información Pública como por la ley Argentina Digital N° 27.078-, y la obligó a que en el plazo de 10 días brinde la totalidad de la información solicitada. Sin embargo, Telefónica incurrió en un nuevo incumplimiento de la ley, desoyendo la decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública», expresó la ACIJ.
«Frente a esto, ACIJ presentó una demanda, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza Macarena Marra. Es necesario que el Poder Judicial garantice a todas las personas -especialmente a aquellas que forman parte de grupos vulnerabilizados- el derecho a acceder a la información ante la sostenida reticencia por parte de la empresa prestataria de servicios públicos. El acceso a este tipo de información resulta fundamental para poder defender el derecho de quienes viven en villas y asentamientos a contar con una provisión a internet en igualdad de condiciones al resto de la Ciudad. El acceso a la información pública con la que cuentan las empresas concesionarias de servicios públicos, resulta fundamental para hacer cumplir estos derechos», finalizó.

5.2.2020

Este jueves por la mañana ATE Capital, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) participarán de una jornada preparatoria de una audiencia pública para denunciar la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mantener congeladas las asignaciones familiares hace seis años, con una inflación acumulada que supera el 250%. Luego los tres gremios brindarán una conferencia de prensa.

En el marco de la lucha por la actualización de las asignaciones, los gremios concurrirán a las 11 de la mañana al juzgado en 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo del Dr. Marcelo López Alfonsín para coordinar la realización de una Audiencia Pública en la que se denunciará la decisión política de mantener en apenas 270 pesos el monto de la asignación por niño desde hace seis años. La convocatoria a audiencia responde al pedido de amparo presentado por estos sindicatos porteños, que vienen denunciando la constante pérdida de poder adquisitivo de estas asignaciones familiares.
Según difundieron desde las tres organizaciones convocantes, “los sindicatos de la Ciudad que agrupan a docentes, trabajadorxs estatales y del Subte entienden que la obstinación de mantener el estancadas la Asignaciones por hijo en 270 pesos, sólo es posible a partir de entender que Horacio Rodríguez Larreta odia a lxs niñxs”. Luego añaden: “De otra manera no es viable comprender que el titular del Ejecutivo porteño destine mensualmente a cada niñx a cargo de un/una trabajadorx estatal el equivalente a poco más de un kilo de yerba mate o a dos kilos de pan”.
Como parte de la denunciar de la arbitrariedad del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los gremios recuerdan que desde 2013 el costo del acarreo de vehículos por infracciones de tránsito se actualizó en un 750% por ciento y que el impuesto por alumbrado, barrido y limpieza (ABL) se ajusta de acuerdo a la inflación (a partir de enero de este año, la Legislatura porteña votó a favor de que ese ajuste se realice de manera mensual).
Al término de la reunión preparatoria para la Audiencia Pública, los representantes de UTE, ATE Capital y AGTSyP brindarán una conferencia de prensa en la puerta del Juzgado, ubicado en Tacuarí 124.