3.3.2020
Por Mariano Pagnucco
Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, plantea que la falta de regulación estatal en el tema de la vivienda ha llevado a una situación de emergencia habitacional en la capital argentina. Cómo opera el extractivismo urbano, entre las viviendas ociosas y los miles de inquilinos que no pueden pagar el alquiler.
Cuando se piensa en los conflictos por el suelo, por lo general hay una asociación directa con el campo o los espacios de naturaleza viva. Sin embargo, la ciudad es un terreno fértil de disputas políticas, sociales y ambientales relacionadas con el derecho a habitarla. Con ese horizonte nació, en 2014, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, un espacio conformado por profesionales y estudiantes de distintas disciplinas que trabajan articuladamente con asambleas, movimientos sociales y otros colectivos para pensar e intervenir en los diversos conflictos que se dan en la Ciudad.
Jonatan Baldiviezo (abogado, 36) es el presidente del Observatorio y la larga lista de demandas contra el Estado que ha encabezado incluye una reciente denuncia penal contra Mauricio Macri y el ex presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, por la venta de aproximadamente 150 inmuebles nacionales, 80 de ellos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, sin autorización del Congreso de la Nación.
Baldiviezo comienza la charla con una idea provocadora: «Siempre se dice que hubo tres fundaciones de Buenos Aires. Las dos primeras son las históricas, luego cuando Alvear fue intendente de la ciudad, que se construyeron las diagonales, los grandes palacios y se trató de pensar la ciudad. A partir de allí, se abandonó la planificación. Nosotros hablamos de una cuarta fundación de Buenos Aires, que llevaron adelante Macri y Larreta. Sus gobiernos han transformado radicalmente la ciudad para peor«.
–¿Por qué el Observatorio y otras organizaciones piden que se declare la emergencia habitacional en Buenos Aires?
–La ciudad sufrió un 2001, sufrió la crisis global de 2008, actualmente en Argentina también hay problemas económicos, pero la ciudad sigue manteniendo las mismas políticas sociales y habitacionales que en el año 2000. Además, se quiere hacer aparentar que en Buenos Aires está todo perfecto. Desde las organizaciones queremos mostrar que hay una emergencia habitacional que requiere una intervención del Estado. En 2004 hubo una declaración de emergencia habitacional, que venció en 2008. Un año después se prorrogó la emergencia y Macri vetó la ley. Cuando se quiso recuperar esta lucha, la Legislatura ni siquiera dio la posibilidad de debatirla y un par de meses después sucedió lo del Parque Indoamericano (NdeR: una ocupación de tierras públicas con dos muertes). A partir de allí no se volvió a discutir nunca más la emergencia habitacional en la ciudad, ni se volvió a presentar una ley marco de vivienda. Esto significa que la problemática está soslayada en Buenos Aires.
–Se calcula que en la ciudad hay alrededor de medio millón de personas con problemas habitacionales. ¿A qué población afecta principalmente esta situación?
–La emergencia habitacional denuncia una situación colectiva generalizada de problemas habitacionales. En este contexto, hay problemas más graves y menos graves. Dentro de la emergencia, están las personas en situación de calle, las que viven hacinadas, las que viven en villas, las que no tienen servicios públicos, las que viven en dimensiones no adecuadas para la vida. También incluimos a las personas que viven en inquilinatos, a las que viven en paradores y a las que han sufrido incendios. Pero aparte de ese colectivo, que está pasando por problemas bastante graves, dentro de la ciudad también existen otras cuestiones que tienen que ver con la problemática habitacional. Por ejemplo, las casas que se están viniendo abajo, a las que les falta mantenimiento y también inquilinos que tienen que ver cómo pagan el alquiler mes a mes, porque si no los desalojan. Está también el tema relacionado con los inmuebles ociosos, la concentración de la tierra… todo este contexto hace que haya una emergencia habitacional que tiene algunas manifestaciones más concretas y más graves, pero que es una problemática parecida a un cáncer que ha hecho metástasis en toda la ciudad y necesita una atención. Si uno plantea las situaciones extremas, el Gobierno solamente te va a dar soluciones para casos extremos. Nosotros necesitamos resoluciones integrales y radicales
–¿Por qué creés que el tema de la vivienda no ha logrado una resistencia social tan fuerte como otros temas?
–Hay una ausencia en nuestra cultura jurídica de considerar que la vivienda es un derecho. Históricamente, la Argentina fue fortaleciendo otras cuestiones y las fue sacralizando como derechos humanos. A raíz de la dictadura, se ha generado una conciencia jurídica en la que el individuo necesita protección con relación al Estado. Con los movimientos de principios de siglo, el trabajo quedó protegido como una conquista, y lo mismo sucedió con la educación y la salud. Eso está arraigado en la cultura, pero la vivienda no. Acá pueden desalojar barrios enteros y nadie se indignaría tanto, ni tampoco habría un apoyo colectivo de la sociedad para decir que se están violando derechos humanos, sino que dirían que son usurpadores que están cometiendo delitos. Todos sabemos que el suelo y el campo son recursos muy valiosos, pero no ha evolucionado la discusión como para colocarlos como un derecho humano. Entonces, la relación entre la persona y el suelo queda en el ámbito privado. Si hay un desalojo, es un conflicto entre dos privados y el Estado no tiene que meterse. Si hay una persona en situación de calle, es una responsabilidad de la propia persona, ante lo cual el Estado no tiene nada que ver, y la sociedad tampoco. A partir de la dictadura se fue perdiendo la idea de que es un conflicto social y algo que nos atañe a todos, y fue encerrándose en la perspectiva de responsabilidades individuales. Cada vez que queremos regular esas relaciones privadas, saltan los defensores de la propiedad privada diciendo que el Estado se está entrometiendo en las libertades individuales.
–¿Qué sucede con las villas porteñas, donde viven unas 400.000 personas?
–El de las villas no es un problema del 2001, sino de hace 80 años, y no tiene ninguna atención por parte del Estado. La única atención que se le prestó a las villas fue en la dictadura, para erradicarlas con topadoras. En las villas se ve la desregulación del mercado inmobiliario y hacia dónde va la ciudad. La tendencia que se acelera en las villas es la de viviendas más chicas. Hace años que nosotros hablamos de las viviendas de 3 x 3, y años después se habilita en la ciudad el Código de Edificación para viviendas más chicas. En las villas ya estaba el proceso de inquilinización y la ciudad también ha llevado adelante los inquilinatos. La villa es un espejo a futuro de lo va a suceder en el mercado inmobiliario. A pesar de que hay gente que lo sufre actualmente, las villas muestran lo que puede suceder en el resto de la ciudad si el Estado no se involucra en la política urbana.
–¿Qué rol cumple el Estado en lo que llamás la cuarta fundación de Buenos Aires?
–Es un Estado totalmente ausente de pensar la ciudad y de regularla. Siguiendo la mirada neoliberal, el Estado interviene donde el mercado fracasa apagando los fuegos más graves. ¿Cuáles son? La cuestión habitacional: 1 de cada 6 porteños tienen problemas habitacionales graves, casi la mitad de los porteños alquilamos, hay una gran concentración de la tierra, la ciudad casi no tiene suelo (y lo poco que tiene el Gobierno lo ha vendido) y tampoco hay políticas ambientales a raíz de la falta de suelo. Estamos mutilando el arbolado público, lo que genera el efecto de “isla de calor”, y la construcción de torres en Puerto Madero o como se planea continuar en la costanera norte, impide el acceso de los vientos para disminuir la contaminación. Por otra parte, la sobreconstrucción genera diques en las napas y eso favorece las inundaciones. A nivel ambiental, la falta de planificación está dando un combo que, sumado al cambio climático, muestra un futuro no muy esperanzador para la ciudad.
–¿Cómo se expresa el extractivismo en el ámbito urbano?
–Las medidas contra el extractivismo tienen que ver con todos estos paradigmas alternativos que se fueron pensando y construyendo en oposición a lo que generaba el sistema capitalista y el pensamiento moderno. Ese pensamiento alternativo tuvo un enclave muy concreto en lo que pasaba en Latinoamérica, en la historia de los países colonizados, periféricos, que son los ámbitos del saqueo de la economía mundial. Todo esto, en la ciudad, no es una traducción lineal del extractivismo, pero sí es una traducción de ese cúmulo de propuestas alternativas que se vienen pensando. Hay una fuerte desposesión por acumulación en Buenos Aires, que tiene que ver con la concentración de la tierra. Se ve cómo se va desapoderando a una población de su territorio, que al mismo tiempo regresa como esclava, porque tiene que pagar todos los meses un alquiler. Históricamente, parte de la dignidad de una persona es tener sus medios de trabajo y no alienarse para quien trabaja. La alienación en las ciudades no se está discutiendo actualmente, en Argentina no se plantea que ahora vinieron por los bienes urbanos, es decir, los ámbitos de reproducción. Y nos atacan creando las condiciones para que haya menos propietarios, no dándonos acceso a la vivienda o las posibilidades de comprarla, con el incremento exacerbado de los impuestos y el pago de las tarifas de los servicios públicos.
–En esta lógica del extractivismo urbano, hay una tendencia a convertir a las ciudades y las viviendas en commodities. En vez de ser lugares para habitar, son lugares para la inversión de capital, y no hay diferencias entre Buenos Aires, San Pablo o París.
–Existe un fenómeno a nivel mundial y es que el sistema ya no sabe cómo hacer para sacar rentabilidad. Antes, la rentabilidad se sacaba de la producción de la economía real, generando más plusvalía de los trabajadores. Ante el incremento de la tecnología, se hizo más difícil la rentabilidad; los productos se fueron abaratando y ya no pudieron sacar más plusvalía de los trabajadores. Entonces pasaron a la etapa financiera, empezaron a crear dinero con instrumentos financieros para tener rentabilidad. Esto fue lo que generó la crisis de 2008, y se empezó a traducir en cuestiones urbanas. La financiarización de la economía, en Buenos Aires, tiene algunos rasgos. Por ejemplo, el traspaso de la vivienda, que era una cuestión del Estado, a una vivienda mercantilizada con el tema de los créditos, a una etapa de financiarización que se está dando ahora en modo incipiente. Lo vemos en algunas cuestiones como en la urbanización del Barrio Carlos Mugica (Villa 31 y 31 Bis): las escrituras que les hacen firmar a las familias, dando autorización al Gobierno para que pueda agarrar todas las hipotecas y vendérselas a un privado, que fue justamente lo que generó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Acá se está dando en un sector pequeño, son unas miles de familias y no millones como ocurrió en Estados Unidos. Esto significa abrir un camino para jugar financieramente con las deudas de esas familias.
–¿Por qué en una ciudad donde hay déficit habitacional avanza la construcción de grandes torres y edificios de lujo?
–Las inversiones que se realizan en estos grandes inmuebles suntuosos son construcción especulativa que genera inmuebles ociosos. Pero las inversiones también tienen que ver con la rentabilidad del mercado financiero: como no saben dónde poner la plata, hacen blanqueo de dinero construyendo. Guardan todo ese dinero capturado de la rentabilidad financiera para que vaya adquiriendo valor con el paso del tiempo. La financiarización también tiene que ver con la dolarización del mercado inmobiliario. ¿Cómo puede ser que en Argentina no sólo se oferte, sino que se venda en dólares? Una cosa es poner un valor objetivo de la vivienda en dólares, que después a la hora de comprar hay que traducirlo a pesos y yo te doy el valor en pesos; pero es muy distinto a que tengas que comprar en dólares. ¿Por qué la sociedad entera tiene que bancarse comprar dólares, que no tenemos, para que un propietario reciba dólares? En Argentina, un propietario no tiene necesidad de recibir dólares. Son rasgos claros de un sistema que va tendiendo hacia la financiarización, superando la lógica mercantil que sería ganar en pesos con la compra-venta.
–¿Qué sucede con las viviendas ociosas?
–No es un tema actual, sino algo que ya se discutió en los años 90. En la Constitución de 1994, este tema figura como un problema, los constituyentes dijeron que había que llevar a cabo una política pública. La cantidad de inmuebles ociosos se ha ido incrementando en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, lo único que tenemos como datos es un informe del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) que arrojó un resultado del 10 por ciento de inmuebles ociosos. En Buenos Aires hay un millón y medio de viviendas residenciales, el 10 por ciento de eso son 150.000 viviendas. Si multiplicamos este número por tres personas, te da como resultado prácticamente el número de viviendas necesarias para apaciguar el déficit habitacional de la ciudad. Esto demuestra que no es una cuestión de construir más, sino de adecuar estos inmuebles al mercado. Hay viviendas que fueron construidas especialmente para la especulación inmobiliaria. Ahí al propietario no le importa que estén o no estén alquiladas. Lo indignante de todo esto es que tenemos toda esta cantidad de viviendas sin usar y personas que están padeciendo problemas habitacionales. Cuando nosotros hicimos la aplicación para relevar viviendas ociosas (HabitApp), nos dijeron que era una aplicación para usurpar las casas, y nosotros lo que queremos es visibilizar esta problemática. De hecho, el Gobierno de la Ciudad ya tenía un relevamiento y un mapa realizados pero, políticamente, para favorecer a su electorado y no perderlo, no quiere avanzar en estas políticas.
–¿Con el avance de la especulación inmobiliaria no se corre también el riesgo de perder la identidad histórica y cultural de la Ciudad?
–Con respecto a lo histórico y cultural, todo esto tiene que ver con los rasgos directos que tiene el neoliberalismo. Es un sistema que trata de que no haya pasado social y de que haya una uniformidad. Estos dos elementos son fundamentales para destruir el patrimonio histórico y cultural de las ciudades, y así destruyen las identidades barriales. Por un lado, se uniformiza todo para que todas las ciudades se parezcan. Si yo voy a Jujuy, veo que los arreglos que se hacen en la vía pública son iguales a los que se hacen en Buenos Aires, sin embargo, ambos lugares tienen historias completamente distintas; si yo voy a una bicisenda en Alemania, es idéntica a las bicisendas en Argentina. Lo mismo pasa con los shoppings, que son iguales en todas partes del mundo. Ésa es la lógica de la uniformidad, donde hay estándares internacionales que empiezan a bajar a nivel mundial y aparece la lógica de que la sociedad no necesita tener historia o no necesita tener un pasado común. Por eso vemos una destrucción abismal del patrimonio, hay demoliciones, el espacio público se uniforma y hay una pulsión para consolidar esa mirada. Hay toda una normativa de planificación y de protección que empieza a flexibilizarse y estandarizarse para que quede a futuro. No es una cuestión de un Gobierno, sino algo que se quiere establecer: otra forma de ver las ciudades y que se consolide a nivel normativo. Con el mismo Código urbanístico han flexibilizado la protección patrimonial, han permitido construcciones que antes no se permitían, han sacado manuales de intervención en el espacio público. La desprotección patrimonial es un negocio. Me compré algo barato donde no se podía construir, me cambiaste el Código y ahora puedo construir arriba de un edificio patrimonial.
