Comunicadores del Sur

7.4.2020

La primera línea de atención frente al COVID-19 son las enfermeras y enfermeros. También son los últimos, cuando los médicos pasan y los cuidados los brindan estos profesionales. Pero, a pesar de los aplausos, desde 2018 el gobierno porteño los mantiene fuera de la carrera profesional.

Desde que el 11 de marzo se declaró la pandemia por el coronavirus y se decretó por parte del Poder Ejecutivo Nacional el aislamiento social obligatorio se hizo sana costumbre, a las 21 horas de todas las noches, el aplauso al personal sanitario. Así la ciudadanía saluda y reconoce a quienes están en primera línea enfrentando un mal para el que aún no hay vacuna y que ha sembrado temor en todo el planeta.
Pese a la rápida respuesta del gobierno nacional reconocida por la Organización Mundial de la Salud frente a la crisis, las decisiones que se toman al nivel del Ejecutivo deben recorrer un largo camino hasta efectivizarse en cada provincia, en cada municipio. Para conocer el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico y con mayor presupuesto estatal del país, dialogamos con trabajadores de la salud del sistema público.
Un primer dato: El porcentaje del gasto público en salud en el presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se redujo de un 21,9% en 2010 al 15,3% en 2018.
“Creemos que el sistema de salud público de la ciudad de Buenos Aires, desde que se hizo cargo el macrismo, fracasó. Lo venimos denunciando y hoy nos encontramos ante la pandemia del siglo XXI y quieren hacer rápidamente lo que tendríamos que haber sostenido a lo largo de todos estos años desde enero del 2008”, señala Rodolfo Arrechea, coordinador nacional de Salud de ATE Argentina y delegado general del Hospital Rivadavia de la Ciudad.
“El Gobierno de la Ciudad redujo en estos años 700 camas. Cuando asume el macrismo, existían 25 camas cada 10.000 habitantes, hoy son 23. Para que se entienda la dimensión es como si se hubiesen eliminado el Hospital Durand y el Santojani”, describe Arrechea.
“El GCBA luego de eliminar 700 camas de 2016 a 2019, de jubilar personal y no cubrir las vacantes, hoy rápidamente tuvo que recurrir a tratar de recuperar esas camas perdidas. Se han abierto 400 camas nuevas y en el día de hoy está comenzando a ingresar personal nuevo: 400 enfermeros y personal médico”, reconoce el representante gremial.

El sistema de salud público porteño frente a la pandemia

Así como la gestión de Juntos por el Cambio no dudó en su camino hacia el ajuste y la reducción del Estado, en degradar al ministerio de Salud a una secretaría del ministerio de Desarrollo, la gestión de Alberto Fernández repuso al Ministerio como tal desde el primer día de gobierno y puso a la cabeza del mismo a un sanitarista probado y reconocido como Ginés González García.
Con treinta años de experiencia en el Hospital Italiano y acompañando la gestión del PRO en la Ciudad desde el 2008, Fernán Quirós es el responsable de Salud del GCBA. Tiene buena sintonía con Nación y provincia y frente a la crisis los equipos en gestión han sabido ponerse de acuerdo y zanjar diferencias. Pero 12 años de políticas en el sentido inverso no se subsanan en unos días.
Cuando a fines de febrero de este año, los títulos sobre el coronavirus comenzaban a ocupar más espacio en tapas de diarios y portales noticiosos, y aquel lejano mal de Wuhan comenzaba a preocupar a los sistemas sanitarios del planeta, los trabajadores de la salud advirtieron las carencias. “Como ATE tuvimos que salir a denunciar situaciones muy complejas. Los primeros días no había alcohol en gel, no había barbijos en los hospitales; esos días hubo temor por parte del personal para poder hacer frente a la atención de los febriles y de los que tengan coronavirus. Producto de las protestas que hicimos públicamente este equipamiento empezó a llegar y adoptamos la postura de que donde no esté el equipamiento no se va a brindar la atención”, rememora el dirigente.
“Estamos viendo que en Europa, sobre todo en España e Italia, hay un porcentaje altísimo del personal de salud que terminó afectado por el COVID-19 por estar sobrepasados y no tener el equipamiento adecuado. Nosotros no queremos que esto pase porque es imprescindible que estemos sanos para hacer frente a los picos de la pandemia, que el Ministerio de Salud estima entre el 15 de abril y el 15 de mayo, no podemos darnos el lujo de tener un déficit del personal de salud”, señala Arrechea, destacando también que los trabajadores tienen el derecho de preservar la propia salud e integridad antes que nada.

No solo se vive de aplausos: la demanda por la carrera profesional

Podría ser una frase del mundo del espectáculo pero se refiere a los trabajadores de la salud. “Hace más de un año el gobierno de Larreta dejó fuera de la carrera profesional a los enfermeros. Hicimos grandes movilizaciones, planteos, medidas de fuerza que como respuesta tuvieron algunas medidas del gobierno que son parches, pero hasta ahora esa situación no se ha modificado”, explica Arrechea.
Las enfermeras y enfermeros son el sector más relegado salarialmente del Estado porteño. La ley 6035 del 8 de noviembre de 2018, los dejó fuera de la carrera profesional. “Las consecuencias de esto son principalmente monetarias, nos corresponde otro escalafón, y un ingreso menor. Impacta en el salario de bolsillo. Al enfermero se lo ubica en el escalafón general como personal técnico-administrativo. No solo al enfermero sino también al técnico en bio-imágenes, al técnico instrumentador quirúrgico, y a otros profesionales de carreras de grado”, señala Gastón Kalniker, trabajador del Hospital Durand en Caballito.
Dejar a enfermeros, técnicos radiólogos y otras especialidades fuera de la carrera profesional, entre otras cosas, tiene una severa implicancia económica. “Un enfermero con diez años de antigüedad que trabaja en un hospital público una jornada de 7 horas diarias cobra $35.000”, señala Arrechea, y a estos trabajadores y trabajadoras además se les pide que sean la primera línea frente a la pandemia.
Es un reconocimiento bienvenido, aunque precario y temporal, el que realiza el gobierno nacional otorgando un adicional de $20.000 en cuatro cuotas a médicos, enfermeros y personal del área, pero aún no se ha concretado “nadie vio un peso todavía”, señala Arrechea, aclarando que se produjo una reducción respecto a los anuncios iniciales que hablaban de 30.000 pesos en tres cuotas.
“Hay licenciados de enfermería que no están reconocidos en la Carrera Médico Profesional y ahora con la 6035, han ingresado otras carreras, pero dejaron de lado a los licenciados en Enfermería. Por ejemplo, se reconocen músico-terapeutas, bienvenido que los haya pero en los hospitales no hay, y dejaron afuera a los enfermeros, que son quienes asisten al paciente en todas las necesidades que tiene”, refiere Kalniker. “El sistema de salud colapsa sin enfermeros. La relación médico-paciente está genial, pero después de la entrevista entre médico y paciente, el profesional prescribe y va a atender a otro paciente, pero los cuidados, y todo lo que eso contempla, lo hace el personal de enfermería: el aseo, la alimentación, darle la medicación en tiempo y forma, darle una contención psicológica, un acompañamiento”.

Efectos colaterales

El temor que despierta esta variedad de coronavirus es en parte su gran capacidad de contagio. “Todos tenemos miedo, porque tenemos familia, amigos, hijos, compañeros. Yo tuve momentos de pánico, porque no sabés si te vas a contagiar. Y la gente tiene mucho miedo. A pesar de ello, hay más presentismo que antes”, señala la licenciada Eliana Mazuryk, enfermera jefe de la Sala 10 de Clínica Médica del Hospital Rivadavia.
“Estamos acostumbrados a trabajar con pacientes con HIV, con tuberculosis, sabemos cuáles son los cuidados. Pero esto es muy distinto por la alta contagiosidad que tiene y porque cualquiera lo puede transmitir, y cualquiera que se equivoque el resto del equipo cae también. Ponele que un médico, un enfermero se equivoquen, o el de limpieza que no limpió bien, alguien que salió y contaminó el resto de las áreas limpias… el resto se contagia. Un error de cualquiera de los efectores es terrible para todo el equipo”, narra Eliana. “Y el temor es la falta de insumos, hay pero escasean y desaparecen rápidamente. Las máscaras faciales aún no las vimos”.
El Ministerio de Salud de la Ciudad manda a trabajar a todos sus empleados de salud, son personal esencial y, salvo que el agente integre un grupo de riesgo sanitario, todos los trabajadores están afectados. Pero, “hay particularidades que se deberían contemplar. Es el caso, por ejemplo, de las madres solteras que son sostén de familia. Muchas incluso tienen hasta dos trabajos en un efector de salud, público o privado. Son muchos casos y esas personas si quedasen contaminadas estarían dejando a un menor de edad en situación vulnerable, si no tiene familiares que puedan hacerse cargo”, destaca Kalniker, delegado de ATE en el Durand.

“Enfermería somos profesionales”

Durante todo el año pasado las movilizaciones -algunas históricas por lo masivas-, paros y distintas medidas de protesta en la lucha de enfermeros y enfermeras por el reconocimiento profesional, fueron una constante aunque los medios masivos no lo hayan destacado. Mazuryk señana que «ahora es más importante cuidar a todos los enfermeros y a todos los que estamos trabajando, que tengamos los insumos para enfrentar esto. Hay que sacar esta pandemia adelante y después seguiremos dando la pelea por nuestro reconocimiento”.
“Estamos demostrando con claridad que los enfermeros somos profesionales, y no administrativos, sin desmerecer a esos efectores que también están poniendo la cara como nosotros. Hay más presentismo que nunca y los enfermeros le ponemos el pecho a las balas. Vos venís porque tenés fiebre y dolor de garganta y, antes que cualquiera, te ve un enfermero”.
Más que aplausos, estos trabajadores y trabajadoras merecen leyes que los amparen y reconozcan. “Yo vivo en Chascomús, tengo cuatro vecinos y se turnan para poner el himno cada día, y salen los cuatro a aplaudir. ¿Sabés la emoción que me da eso? A mí me llegan los aplausos y los gritos de la gente, te dan ánimo, son un empujoncito para adelante todos los días”, remata Eliana.

6.4.2020

El Observatorio del Derecho a la Ciudad lanzó una campaña para pedir con “urgencia al Gobierno Nacional impulsar una política de Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional para todos los habitantes del país” para hacer frente al contexto de crisis sanitaria y económica por el coronavirus (Covid-19). “Consiste en una transferencia económica (ingreso básico) por parte del Estado a todos los habitantes del país (universal), sin condicionalidades de ningún tipo, a fin de otorgar un piso económico mínimo para garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de DD.HH. El ingreso que reciban las personas con capacidad económica será recuperado a través de lo que paguen en impuestos”, propone el Observatorio. ¿De dónde saldrán los recursos? De “aumentar los impuestos a los sectores de mayor poder económico; reestructurar el sistema impositivo para disponer una estructura tributaria progresiva; instaurar mecanismos para evitar la evasión de impuestos; y establecer restricciones a la fuga de capitales”, son algunas de las medidas que propone.

Para sumar adhesiones a la campaña, el Observatorio lanzó un petitorio on line para juntar firmas para presentar esta aarta a las autoridades nacionales, al que se puede acceder por este link: https://forms.gle/h5i1QdBSNxn9Lvd57

INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL: La solución imprescindible para derrotar al Coronavirus y a la crisis económica

Carta a la clase política y a toda la ciudadanía

Por la cuarentena es urgente un Ingreso Ciudadano Universal.

El Coronavirus nos tiene que unir para terminar de una vez por todas con este sistema político-económico injusto y salvaje. En este momento podemos dar el salto civilizatorio con un Ingreso Ciudadano Universal (o Renta Básica Universal como se conoce en otros países). Es una de las soluciones imprescindibles que debemos adoptar.
Estamos atravesando un momento muy difícil por la crisis sanitaria del Coronavirus Covid-19, que profundizará la crisis económica que ya vivía nuestro país. En algunos países están muriendo miles de personas, hay mucha incertidumbre y no se conoce aún los alcances que puede llegar a tener. En China a pesar de haber frenado al virus, existe el miedo a un rebrote. Por esto, incluso hay quienes comparan esta situación con la que se vive durante una guerra, porque va a traer consecuencias de todo tipo, una crisis económica sin precedentes, política y social.
Por ahora, la cuarentena y el testeo masivo son las únicas herramientas de contención con las que contamos para salvar vidas. Afortunadamente, el gobierno argentino respondió temprano, pero esto no impide que la cuarentena perjudique seriamente a aquellos trabajadores que no están en relación de dependencia o que garantice la subsistencia diaria de autónomos, pequeñas empresas y comercios que tienen que mantener estructuras – y personal – sin ingresos de ningún tipo. Afecta principalmente a los que menos tienen, los que viven de la changa del día a día, trayendo como consecuencia más pobreza. Toda esta situación puede también llegar afectar a nuestra democracia.
En consecuencia, surge la pregunta: ¿Cómo afrontar y superar este monumental desafío? Creemos que podremos con mucha inteligencia, unión, solidaridad, y más justicia social, de género y ecológica. Lo que tenemos muy en claro es que, con este modelo capitalista salvaje, que entroniza el dinero por sobre la salud y la vida, no vamos a obtener ninguna solución a esta crisis. Por lo tanto, a problemas nuevos, soluciones nuevas.
Especialistas y gobiernos del mundo vienen discutiendo y preparando, entre otras, una solución a este problema: el “Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional”, también conocido como “Renta Básica Universal Incondicional”.
Este nuevo modelo propuesto es el camino a un cambio social hacia un sistema más solidario, igualitario, justo y libre, permitiendo que todos los habitantes puedan vivir dignamente.
¿Qué es el Ingreso Ciudadano Universal? Consiste en una transferencia económica (ingreso básico) por parte del Estado a todos los habitantes del país (universal), sin condicionalidades de ningún tipo, a fin de otorgar un piso económico mínimo para garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de DD.HH. El ingreso que reciban las personas con capacidad económica será recuperado a través de lo que paguen en impuestos. Esta política implica una necesaria reestructuración del sistema impositivo. De esta forma el Estado no gastará ingentes recursos en identificar a los sectores que necesitan el dinero, eliminará la burocracia y el clientelismo, y por, sobre todo, es el mecanismo para asegurar que nadie quede excluido sin ingresos para vivir dignamente.
En algunos países los políticos plantean salarios básicos de distintos montos. Lo importante es empezar con un monto que por lo menos saque a las familias de la indigencia y de la pobreza, para luego seguir aumentándolo gradualmente.
Ya hay decenas de experiencias en el mundo (en algunos casos se piden a cambio capacitaciones). Algunos de los países que lo han implementado son Kenia, Canadá, India, España, Finlandia, Países Bajos. Destacadas figuras como Pepe Mujica, Bernie Sanders, Pablo Iglesias, el secretario de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, como también por empresarios e intelectuales promueven el ingreso ciudadano universal.
Pedimos con urgencia al Gobierno Nacional impulsar una política de Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional para todos los habitantes.
¿De dónde saldrán los recursos? La Argentina es un país rico con un pueblo pobre: exporta para alimentar a 400 millones de personas, pero está habitado por personas con hambre y más de la mitad de la niñez es pobre. Un país donde en los últimos años, se “esfumó” un préstamo del FMI de 50 mil millones de dólares y donde los más ricos fugaron 89 mil millones de dólares. Queda demostrado que sobra de dónde sacar los recursos y que el problema es la mala redistribución de la riqueza.
Sólo se tendrían que aplicar algunos instrumentos económicos como: aumentar los impuestos a los sectores de mayor poder económico; reestructurar el sistema impositivo para disponer una estructura tributaria progresiva; instaurar mecanismos para evitar la evasión de impuestos; establecer restricciones a la fuga de capitales; sustraer al mercado la alimentación, la vivienda, la movilidad, la salud y la educación; crear un sistema de servicios públicos con fuerte regulación estatal nacional; suspender el pago de la deuda externa fraudulenta y lograr su parcial condonación; controlar a los formadores de precios; fomentar la inversión productiva; la desconcentración de la producción; aplicar herramientas de economía mixta, cooperativismo y economía social. Y dentro de los nuevos instrumentos políticos, hay que construir con urgencia una democracia participativa.
El gobierno al implementar inmediatamente un Ingreso Ciudadano Universal generaría un shock económico capaz de frenar la crisis, terminar con la pobreza y enfrentar el desempleo tecnológico y la informalidad.
El presidente Alberto Fernández implementó muy oportunamente una batería de medidas en esta línea, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otras, que se sumaron a políticas ya existentes como la Asignación Universal por Hijo/a y la política del Salario Social Complementario. Estas medidas no van ser suficientes para la desesperante situación que se avecina.
Además, hay que tener en cuenta que el Ingreso Ciudadano Universal traería varias ventajas: es simple, inmediato, llega a todos y podría reemplazar todas las prestaciones sociales simplificando y ahorrando muchos gastos administrativos al Estado, y evitando el clientelismo y asistencialismo.
Por la pandemia varios países están avanzando en su desarrollo para la cuarentena, ahora apoyado hasta por políticos de derecha, lo decimos sin rodeos, nos guste o no, un Ingreso Ciudadano Universal es la única manera de evitar un muy probable estallido social.
El gobernador de Cantabria, España dijo: “sin una Renta Básica a la crisis sanitaria se unirá un estallido social”, o sea provocará más pobreza, desempleo, violencia, desigualdad y sufrimiento para todos.
Con un Ingreso Ciudadano se beneficiarían todos los sectores sociales: los empresarios (porque no tendrían que despedir a sus empleados y tendrían más consumidores), los asalariados, los ricos, y los pobres. Ahora se puede lograr por la alta productividad que permite la automatización, la inteligencia artificial, y las nuevas y avanzadas tecnologías.
Todos unidos, con solidaridad y colectivamente vamos a superar al Coronavirus Covid-19. Tenemos una buena oportunidad para devolverle a la Argentina lo que tanto te dio.
Sumate a la campaña. Es una oportunidad histórica, como dicen en oriente, “toda crisis trae una oportunidad”.

6.4.2020

Una jueza hizo lugar a tres amparos y ordenó al Gobierno de la Ciudad que brinde los insumos necesarios a trabajadores de la salud en los hospitales Moyano y Tornú en el marco de la pandemia de coronavirus. En el ámbito privado, dispuso lo mismo para el Hospital Italiano.

Los aplausos no alcanzan. Trabajadores y trabajadoras de la salud requieren medidas de protección efectivas en el marco de la pandemia de coronavirus. Así lo entendió la Justicia porteña, que hizo lugar a tres amparos y ordenó al Gobierno de la Ciudad que garantice los insumos necesarios a profesionales del ámbito sanitario en los hospitales Moyano y Tornú.
La Justicia laboral porteña dictó una nueva medida cautelar para ordenar al Gobierno de la Ciudad que garantice los equipos de protección al personal del hospital Moyano durante la pandemia de coronavirus. Días antes, se había emitido una resolución en el mismo sentido para trabajadores del Tornú. Y, en el ámbito privado, en el Hospital Italiano.
Según consignó la periodista Emilia Delfino en el diario Perfil, el viernes a última hora la jueza Rosalía Romero hizo lugar a otro pedido de amparo presentado por dos médicos psiquiatras y un psicólogo del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano. Durante la semana, la misma magistrada hizo lugar a otros dos amparos que cursaron una enfermera del Hospital General de Agudos Tornú -que depende del Estado porteño- y de un empleado administrativo del Hospital Italiano, una entidad privada.
Los médicos y el psicólogo del Moyano pidieron a la Justicia el dictado de una medida cautelar “urgente a fin de que se garantice y refuerce la seguridad laboral mediante la provisión de elementos de seguridad aptos para prevenir el contagio de la enfermedad y mitigar sus consecuencias”. La jueza hizo lugar a los tres amparos en base al “derecho de todo trabajador a la seguridad y a la higiene en el trabajo” y para que “se proteja la salud de los trabajadores exceptuados del aislamiento” social preventivo y obligatorio, “y en especial los de la salud”. “Se encuentra en juego nada más ni nada menos que el derecho a la salud y a la integridad de la persona humana, que en este caso tiene una doble garantía constitucional porque además se trata de un trabajador”, sostuvo la magistrada.
Trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario porteño vienen denunciando la falta de insumos. Así lo hicieron, por caso, desde los hospitales Durand y Ramos Mejía.
En el caso del Tornú, la jueza Romero hizo lugar el jueves último al amparo presentado por las abogadas Mariana Chiacchio y Claudia Leaños, representantes legales Carolina Cáceres, enfermera, para que las ART y las patronales garanticen la seguridad a los trabajadores de la salud haciéndose cargo de la prevención a la que están obligados en medio de la pandemia del coronavirus.
En fundamentos para avalar su decisión, la magistrada detalla que en el Tornú ya hay dos pacientes diagnosticados con coronavirus y resaltó «la necesidad imperiosa de contar con una adecuada protección de las personas exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que se brinden elementos de protección necesarios para evitar el contagio del COVID-19, sea en su versión de síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por su sigla en inglés) o el síndrome respiratorio por el coronavirus del Medio Oriente (MERS, por su sigla en inglés), teniendo especialmente en cuenta la jerarquía constitucional y convencional del derecho a la integridad psicofísica, a la salud, más allá del resultado final del reclamo basado en el encuadre de un posible contagio por como enfermedad profesional y sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto, pues carece de trascendencia a los fines de resolver la viabilidad de la medida, pues lo que aquí se halla en juego es el deber del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de otorgar el uso de los elementos de protección de manera inmediata a la actora, consistentes en el uso de los EPP (EQUIPOS DE PORTECCIÓN PERSONAL), esto es, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular y si se realizan procedimiento que genere aerosoles, la utilización del barbijo N 95 recomendado por el Ministerio de Salud de la Argentina y la aseguradora en su obligación de controlar de manera adecuada que la empleadora adopte las medidas de control de los riesgos a los que está expuesto la dependiente, para no incurrir en una conducta antijurídica (incumplimiento de su deber de control)».
Por esto, en su resolución –según consignó Infonews- la jueza estableció que ordena al Gobierno de la Ciudad que debe dar estricto cumplimiento a la entrega de los Equipos de Protección Personal aludidos precedentemente, en el plazo de 24 horas de haber sido notificado la presente, sin perjuicio de los recursos que pudiera deducir al respecto, bajo apercibimiento de imponer astreintes a razón de 10.000 pesos por día en caso de mora o inobservancia y a PROVINCIA ART S.A. a arbitrar los medios de prevención y control necesarios, en idéntico plazo, bajo apercibimiento de astreintes también por 10.000 pesos diarios para el caso de incumplimiento”.

4.4.2020

Por Asociación Contra la Violencia Institucional

Desde la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) desarrollaron una aplicación para celulares denominada ´ACVI´ “con el objetivo de prevenir y denunciar las detenciones arbitrarias y colaborar con la identificación de quienes sean detenidos o detenidas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.

La cuarentena sin duda alguna no afecta de la misma manera a todos los sectores, los más vulnerables, que viven en barrios carenciados, villas, asentamientos, llevan la peor parte, en primer lugar porque es prácticamente imposible cumplir aquello que pregonan y se hace viral desde las redes sociales bajo el Hashtag “quédate en casa”, “en casa”, y similares, porque es literalmente imposible vivir en una casilla de cuatro por cuatro para una familia con niños y niñas, ahí cobra sentido el pedido de asociaciones populares con inserción en los barrios y curas villeros de que la cuarentena en todo caso, en tales situaciones de hacinamiento debe cumplirse en los barrios. En segundo lugar porque las fuerzas de seguridad y la ampliación de su poder a partir del dictado del DNU 297/2020 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, va recaer y ya lo hemos visto de manera más violenta e ilegal sobre los más vulnerables, esto lo hemos visto recientemente en videos viralizados en las redes sociales donde gendarmes obligaban a dos jóvenes en la Villa 1-11-14 a caminar de cuclillas, en otro hecho ocurrido en Isidro Casanova, miembros de la fuerza de seguridad sometían a un grupo de jóvenes a un trato que nos remite al maltrato ejercido en instituciones militares cuando existía el servicio militar obligatorio, conocido popularmente como “baile”, en otro video viralizado puede observarse a miembros de la fuerzas de seguridad zamarreando a una persona en situación de calle, en otros, en operativos de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos, de grupos de personas que se encuentran en la vía pública, (contrastando con el también viralizado caso del “surfer” en donde más allá del circo mediático acontecido las fuerzas de seguridad escoltan a esta persona hasta el domicilio declarado).
En todos esos casos hay un denominador común se trata de personas vulnerables, en barrios vulnerables, en situación vulnerable, en donde el poder punitivo se ensaña especialmente, y esto no es debido al DNU 297/2020, sino que el poder punitivo, actúa siempre selectivamente sobre los márgenes de la sociedad, basta ver y ya es cliché la composición social de los integrantes de los diferentes lugares de detención. Dicha selectividad actúa sobre determinadas categorías de personas apoyadas en prejuicios “construidos”, dicho portador del estereotipo corre mayor riesgo de selección criminalizante que otras personas, en la actualidad, ese estereotipo suele ser completado por hombres jóvenes y pobres, con cierto aspecto identificatorio externo (vestimenta), y caracteres étnicos, cumplir con esas características per se te hace sospechoso. La enorme mayoría de los seleccionados por el poder punitivo cumple estas características.
En el caso en cuestión debemos preguntarnos si el remedio adoptado ante transeúntes no exceptuados de la cuarentena obligatoria es el más adecuado, ¿cumpliría la finalidad de la norma detener a una persona que circula solitariamente por una calle y confinarla a una alcaldía con otros detenidos, donde no se cumpliría ningún estándar de distanciamiento social? ¿Qué papel juega el Derecho Penal ante la quiebra de una orden cuarentena?
Es conocido que el derecho penal debe actuar como última ratio, y las escalas penales aplicables a este caso previstas en el Código Penal (CP)- Delitos contra la salud pública-, van desde los seis meses a quince años dependiendo el tipo penal, incluyendo multas de hasta cien mil pesos ($100.00). Desandando ese camino, en la escala penal más elevada estipulada en el artículo 202 del CP corresponde a “el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” (tres a quince años de prisión), sin entrar en tecnicismos se trata de un delito doloso (realizado por alguien con la intención de dañar), en este caso el bien jurídico protegido es la salud pública, y la acción típica “propagar” a varias personas, y de considerarlo como un delito de daño concreto recién se consumaría cuando se contagie efectivamente una persona, ahora bien, en un estadio como el actual donde en varias jurisdicciones ya hay circulación comunitaria del virus, no parece sencillo establecer el nexo causal, en cambio, si se adopta como criterio que se un delito de “peligro abstracto” sería suficiente para la consumación el haber expuesto en riesgo de contagio a otras personas allí se amplía el alcance de la norma (por otra parte el artículo 203 prevé la modalidad culposa de este delito, con multas de cinco mil pesos a cien mil y prisión de seis meses a cinco años).
En el otro extremo de las escalas penales aplicables, en el artículo 205 CP “el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia” (de seis meses a dos años de prisión), se trata en primer lugar de una denominada ley penal en blanco, que es completada por remisión a otras normativas, en este caso el DNU 297/2020, en particular pretende sancionar la violación de normas impuestas por la autoridad competente, sea por acción u omisión, de manera dolosa y que a través de ella se pueda propagar o introducir una epidemia, ahora bien, entendemos que dicha acción u omisión debe de “manera concreta”, o a través de un “riesgo concreto” producir la introducción o propagación de una epidemia, ello en orden a no violar el principio de lesividad (Art 19 Constitución Nacional). Además, al no contemplar la norma una figura culposa, al excluirse el dolo la conducta deviene atípica.
Cabe resaltar que además de las figuras descriptas propias de delitos contra la “Salud Pública” se aplican otros, como ser delitos contra el “Orden Público” arts. 211 y 239 del Código Penal, con lo cual en el caso del delito de “resistencia a la autoridad” (art., 239 CP), y a partir del DNU 297/2020 se extendió a toda la población el deber de cuarentena obligatoria, con la correlativa pasible sanción penal en caso de violar la misma, o al menos deber transitar un proceso penal, con penas en expectativa de quince días a un año, por lo que choca esta extensión punitiva con el principio del derecho penal como última ratio.
A las dificultades propias de subsumir una conducta dentro de un tipo penal determinado, debe tenerse presente como principio que el Código Penal debe ser utilizado siempre como última ratio, respetando el principio de proporcionalidad, y priorizándose otros medios menos lesivos de resolver los conflictos antes de incurrir en las sanciones de tipo penal.
Pero dada la situación actual, en donde se ha optado por perseguir con el Código Penal a quienes infrinjan lo dispuesto por el DNU 297/2020, y sabiendo que el poder punitivo opera selectivamente sobre los sectores más vulnerables, es importante contar con información clara sobre que pueden y que no pueden hacer las fuerzas de seguridad en su accionar para prevenir que se cometan abusos, en ese sentido el personal policial y las fuerzas de seguridad deberán tener el gafete de identificación personal, identificarse al abordar a una persona (en caso que otra persona se encuentre tomando registro fílmico de la intervención policial, no podrá impedirse dicha actividad), consultar sobre los motivos por los que la persona está circulando, atendiendo a que hay numerosas excepciones al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que permiten el tránsito de personas que cumplan trabajos y/o brinden servicios en determinados rubros. En caso de que una persona circule no amparado en las excepciones normativas, se deberá comunicar a la justicia penal para evaluar la pertinencia o no de iniciar acciones en base al Código Penal, al mismo tiempo que debe informársele a la persona acusada el juzgado, fiscalía y defensoría interviniente. En caso de ser trasladada a una comisaría debe hacérsele conocer sus derechos de forma clara y comprensible, y se deberá informar sobre la razón de la privación de la libertad, deberá concedérsele el derecho a una llamada telefónica, y el derecho a designar a un abogado o abogada de su confianza o en su defecto un representante de la defensa pública, además el derecho a un reconocimiento médico que evalúe el estado psicofísico de la persona detenida.
Desde la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) desarrollamos una aplicación para celulares denominada “ACVI” con el objetivo de prevenir y denunciar las detenciones arbitrarias y colaborar con la identificación de quienes sean detenidos o detenidas en en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, esto permitirá canalizar las denuncias vinculadas a las detenciones y poder actuar en los casos que sea necesario y se configure un caso de violencia institucional, a través de esta herramienta además hemos fortalecido los vínculos con aquellas agencias del Estado encargadas de actuar cuando se presentan casos de violencia institucional, y así poder colaborar brindándoles la información necesaria que nos llega a través de la aplicación para combatir estas violaciones, en ese sentido es importante resaltar la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación donde se reciben denuncias ante casos de violencia institucional, y la provincia de Buenos Aires cuenta con la línea telefónica gratuita de la “Auditoría General de Asuntos Internos” 0800-999-8358 (las 24hs) donde también pueden realizarse denuncias de violencia institucional.
Link para descarga de la aplicación:
*Nicolás Gastón Parra- Abogado (UBA)
Secretario de la Asociación Contra la Violencia Institucional- ACVI
Contacto: nparra@acvi.org.a

4.4.2020

Sólo 3 días después de que el gobierno decretó el DNU que prohíbe los despidos, el Grupo Lerner anunció el cierre de todos sus medios gráficos y su imprenta. Los trabajadores cuentan su situación

Con la prepotencia patronal que los caracteriza y aprovechando la pandemia por el coronavirus, desde el miércoles 2 comenzaron a llegar los telegramas de despidos a casi un centenar de empleados de las empresas PubliExpress e Ipesa, que imprimían revistas y suplementos en papel, entre los que se encuentran Pronto (una de las más vendidas del país) y Saber Vivir, entre otras. Esta situación se da a sólo 3 días de que el gobierno haya dictado el DNU que prohíbe los despidos “sin causa”.
“Ante hecho de fuerza mayor por todos conocida no imputable a empleador que impide subsistencia del establecimiento. Informo queda Ud. despedido por tal causal. Liquidación Indemnizaciones y certificados a disposición” reza el telegrama de despido. Demostrando que el decreto presidencial tiene muchos límites y la sed de ganancias de las empresas siempre encuentra formas para acechar a la clase trabajadora.
Dicen que el cierre de sus empresas tiene que ver con la imposibilidad de subsistencia del establecimiento y que eso sería un causal. Pero ante la pregunta de si la empresa venía en crisis antes de la cuarentena que empezó hace sólo dos semanas, la respuesta fue un categórico “No”.
Los trabajadores del taller de la zona de Barracas se comunicaron y nos contaron que la empresa venía con el plan de despedir. “En octubre pasado despidieron a 54 trabajadores, y nosotros sabemos que hay una clara intención de vaciamiento para voltear el convenio y derechos que hemos ganado durante años”, manifestaron. Y rematan: “Nos quieren precarizar el futuro”.
Hay que destacar que además de los trabajadores de planta, había decenas de trabajadores que figuraban como monotributistas como periodistas, fotógrafos y otro tipo de colaboradores que estaban relacionados con las diferentes publicaciones impresas y que también quedaron sin ingresos.
Con el impulso de los trabajadores organizados, el sindicato SiPreBA se presentó ante el Ministerio de Trabajo, donde se dictó la conciliación Obligatoria pero aún no tienen certeza de cómo se va a manejar la empresa.
Ellos están en alerta y cuentan: “Hicimos un grupo para estar en contacto, y vamos debatiendo ahí a medida que llega información”. Así como los trabajadores aeronáuticos, los obreros de Ipesa utilizan las aplicaciones de video llamadas y teleconferencias para organizarse y combatir los despidos, rebajas salariales y todas las consecuencias de la pandemia.
Queda claro que la clase empresaria siempre quiere hacer pagar las crisis a los que menos tienen. Y que la salida a esta crisis sanitaria y económica debe ser desde abajo, con los métodos y bajo control de la clase trabajadora.