Comunicadores del Sur

10.4.2020

Más de 60 organizaciones sociales, políticas y sindicales, legisladores nacionales y de la ciudad de Buenos Aires presentaron una nota al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para informar sobre distintas situaciones de gravedad que afectan a la población inquilina en el contexto de la emergencia sanitaria. En la nota, solicitan que se adopten medidas concretas para garantizar sus derechos.

Los colectivos explicaron que desde la publicación del decreto 320/20 tomaron conocimiento de amenazas de desalojo y desalojos efectivos en hoteles familiares, pensiones, residencias y habitaciones alquiladas en viviendas familiares. También se dieron casos de intimación abierta para que las personas abandonen el lugar, como el corte de servicios básicos a las habitaciones. En algunos lugares se reubicó a personas en contra de su voluntad en habitaciones de hotel, lo que generó hacinamiento y el aumento del riesgo para la salud individual y colectiva. Estas condiciones, además, incrementan la vulnerabilidad de mujeres y niñes ante situaciones de violencia machista.
La mayoría de estos establecimientos tiene condiciones sanitarias deficitarias, que hacen incumplibles las indicaciones de higiene y prevención necesarias en el contexto de pandemia. Además, la negativa de propietaries e inmobiliarias a cobrar a través del sistema bancario, para evadir el pago de tributos, expone a les inquilines a incumplir el aislamiento obligatorio.

Reproducimos la carta:
Ciudad de Buenos Aires, jueves 9 de abril de 2020
Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horacio RODRÍGUEZ LARRETA
——————-S/D——————–
Como organizaciones que trabajamos por el derecho a la vivienda, nos dirigimos a usted para informar la gravedad de las situaciones que en el contexto de la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento social obligatorio afectan a la población inquilina de la Ciudad de Buenos Aires.
A pesar de la prohibición establecida por el DNU 320/20, les inquilines de hoteles familiares y pensiones -tanto en el mercado formal como en el llamado “mercado informal”- siguen amenazades por intentos de desalojo. Desde la publicación del decreto, el 29 de marzo último, hemos tomado conocimiento sobre amenazas de desalojo y desalojos efectivos en hoteles familiares, pensiones, residencias y habitaciones alquiladas en viviendas familiares de los barrios de Constitución, Barracas, San Nicolás, San Telmo, Villa Devoto y Villa Urquiza.
Las intervenciones ante estas situaciones han sido puntuales, de acuerdo a cada caso, y articuladas principalmente desde el campo social. En otros casos, en lugar de una intimación abierta al desalojo hemos recibido denuncias de acciones intimidatorias como el corte de servicios básicos a las habitaciones como una forma de hostigamiento para que las personas abandonen el lugar. También se han producido reubicaciones forzosas de personas en habitaciones de hotel, generando más hacinamiento y poniendo en riesgo la salud individual y colectiva. Estas condiciones, además, incrementan la vulnerabilidad de mujeres y niñes ante situaciones de violencia machista.
Otro aspecto de la situación urgente de esta población son las condiciones sanitarias deficitarias en este tipo de establecimientos, que se oponen a las establecidas en la ley 4631 que regula los alojamientos turísticos, y vuelven incumplibles las indicaciones de higiene y prevención realizadas en forma homogénea por el Ministerio de Salud de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires. Más que nunca, resulta latente cómo el déficit en las condiciones habitacionales y sanitarias constituye una amenaza a la integridad y a la vida de la población inquilina.
También insistimos con los problemas que enfrenta la población inquilina de unidades de vivienda por la negativa de les propietaries e inmobiliarias a brindar los datos bancarios para que ésta pueda pagar el alquiler a través del sistema bancario, tal como establece el DNU. Una enorme proporción de los alquileres permanece no bancarizado con los derivados perjuicios en materia fiscal, a los que ahora se suma que los inquilinos deban trasladarse, exponiendo su salud y la de otros e incumpliendo las normativas de aislamiento.
Finalmente, en los barrios populares de la Ciudad les locadores están comunicando a sus inquilinos que el DNU 320/2020 no se aplica a sus contratos por ser informales o verbales. Esta interpretación no se condice con la letra ni con espíritu del DNU y anticipa la posibilidad que los desalojos en las villas sigan ocurriendo con absoluta discrecionalidad.
Las condiciones establecidas por el DNU 320/20 tienen como objetivo esencial cuidar y preservar la salud pública frente al avance de una epidemia global. Comprendiendo que la medida adoptada fue la del aislamiento obligatorio, se vuelve necesario que se adopten medidas concretas para garantizar los derechos de las personas en el marco de su cumplimiento.
Sugerimos las siguientes:
a) Establecer un protocolo de intervención inmediata ante intentos de desalojo
b) Comprometer a les propietaries de hoteles familiares y pensiones a definir mensualmente una tabla de precios fija con el fin de evitar especulaciones y arbitrariedades
c) Adoptar mecanismos de fiscalización para garantizar el congelamiento de los precios
d) Establecer una línea de subsidios especiales para contribuir al pago del alquiler de habitaciones en hoteles familiares y pensiones por al menos los próximos seis meses
e) Establecer mecanismos de fiscalización y de recepción de denuncias para garantizar que les inquilines puedan pagar su alquiler a través de transferencia bancaria
f) Llevar adelante una campaña de información de los derechos de les inquilines
g) Crear una mesa de coordinación de acciones sobre la situación de les inquilines integrada por autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (garantizando la representación del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat), la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y de derechos humanos. El objetivo de la mesa será dar seguimiento inmediato a la situación de esta población e identificar y poner en práctica mecanismos de protección de derechos.

Organizaciones sociales, políticas y académicas:

Asociación Civil Inquilinos Agrupados
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Observatorio del Derecho a la Ciudad
UTEP – Seccional Capital
Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz)
Colectivo Ni Una Menos
Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER)
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)
HABITAR Argentina
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)
La Boca Resiste y Propone
Observatorio de Economía Política Argentina – CEPA
Rafael Klejzer (MPLD)
El Hormiguero
Frente Popular Darío Santillán
Centro de Estudios Metropolitanos (CEM)
Asociación contra la Violencia Institucional
Federación LGBTIQ
Mesa Nacional por la Igualdad
Casa Trans
La Fulana
ATTTA- Asociación de Travestis, Transexuales, Transgéneros de la Argentina
Ciudad del Deseo
Nueva Mayoría- Frente Patria Grande
Mariana Iácono – Coordinadora nacional de la comunidad de mujeres viviendo con VIH
Revista Furias
Centro de Estudios Laborales Asociación Mutual
El Gondolín
Vamos Juntos
Federación de Cooperativas Autogestionarias
Área de Estudios Urbanos – Instituto de Investigación Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires
Sebastián Tedeschi (Director del Proyecto de UBANEX “Derecho y Territorio”)
Programa de Género y Diversidad Sexual del MPD
FUEGAS Feminismo Disidente
Bachillerato Mocha Celis
OETEC Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo
Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP)
Programa de Género y Diversidad Sexual del MPD
Jóvenes Científicxs Precarizadxs – Regional Bs. As.
Federación de Villas y barrios carenciados (FEDEVI)
Alianza internacional de Habitantes
Coalición Internacional de Hábitat (HIC)
Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI)
Hábitat para la Humanidad Argentina
Asociación por la Justicia Ambiental
Cátedra de Ingeniería Comunitaria
Frente Territorial Salvador Herrera.
Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP)
Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires
Coordinadora por el Derecho a la Vivienda
Mesa de Mujeres de Rodrigo Bueno
Coordinadora de Villas x una Urbanización Real
Casa Santa cruz
Cooperativa Papá Francisco
La Liga Argentina por los Derechos Humanos
Partido Comunista CABA
Bap Precarizado
Partido Obrero Parque Patricios
Unidad Básica Templanza Suramericana
Desde Hábitat y Salud

Referentes sindicales:

Roberto Bonetti (Unión Obrera Metalúrgica Capital Federal)
Víctor Carricarte. (Asociación de Empleados de Farmacia)
Federación de Empleados de Farmacia (FENAEMFA)
Eduardo López (Unión de Trabajadores de la Educación)
Daniel Catalano (ATE capital)
Alejandro Gianni (CTA capital)
AMMAR- Sindicato de Trabajadorxs Sexuales
CTA-Capital

Legisladores:

Mariano Recalde (senador nacional)
Itaí Hagman (diputado nacional)
Gisela Marziotta (diputada nacional)
Paula Penacca (diputada nacional)
Matías Barroetaveña (legislador porteño)
Manuel Socías (legislador porteño)
Santiago Roberto (legislador porteño)
María Belli (legisladora porteña)
Lucía Cámpora (legisladora porteña)
Lorena Pokoik (legisladora porteña)
Javier Andrade (legislador porteño)
Victoria Montenegro (legisladora porteña)
Claudio Morresi (legislador porteño)
Cecilia Segura (legisladora porteña)
Ofelia Fernández (legisladora porteña)
Juan Manuel Valdéz (legislador porteño)

10.4.2020

Por Papa Diaw y Penda*

Dos historias sobre la dureza del aislamiento cuando se carga a cuestas, además, con el exilio. Dos trabajadorxs senegaleses cuentan cómo se vive el encierro a miles de kilómetros de sus familias y en un país extraño.

Papa Diaw es un migrante senegalés. Trabaja en la calle Avellaneda, en el barrio de Flores. Estudia los cursos de español que dan en el Bloque de Trabajadorxs Migrantes.

Nosotros vivimos acá en Flores, trabajamos en Flores también. Yo ahora estoy en casa, sin salir, sin trabajo y muy aburrido. Ayer hablaba con mi familia de Senegal, están tristes por nosotros. Para mí lo más importante es mi familia. Mi principal problema es que si yo no trabajo, no les puedo mandar plata, y si nosotros no enviamos plata, ellos no tienen nada para comprar. Ése es el problema. Yo estoy bien, gracias a Dios, pero yo quiero que mi familia esté bien.
Recién pude hablar con mi esposa, ella me dice que allá también tienen cuarentena, pero no todo el día. En el día podés trabajar, salir a comprar algo, pero en la noche no se puede salir allá. Sí hay coronavirus allá en Senegal pero no hay muchos casos, gracias a Dios.
Acá vivimos en un departamento con mis amigos. Hay muchos de mis paisanos que no tienen nada para comprar, para vivir. Algunos sí tienen poco pero tenés algunos que no tienen nada, como el 70% no tiene más nada. Nosotros usualmente juntamos plata, por ejemplo. Cuando nosotros compramos las cosas, como la alimentación, cada uno saca plata. Si tenés 500, pones 500; si tenés 1000, pones 1000 o si no lo que tengas. Si no tenés, no pagás, los otros te van a ayudar, te van a dar la mano. Pero es muy difícil, porque en un momento se va a terminar la plata y no hay más nada.

Penda es de Nueva Guinea y es miembro de la comunidad senegalesa, también trabajadora de la vía pública en el barrio de Flores. Junto con Papa Diaw es estudiante de los cursos de español impartidos por el Bloque de Trabajadorxs Migrantes.

La situación es muy complicada para todo el mundo y más complicada para nosotros los senegaleses que estamos en Argentina y para todos los extranjeros. No estábamos preparados para esta cuarentena. Hay muchos muchachos que no tienen nada en casa porque nosotros siempre estamos enviando la plata a África para ayudar a la familia. Siempre estamos en el Western Union para enviar un poco. Y cuando viene el decreto, nosotros no estábamos preparados, así que es muy complejo este momento. Gracias a Dios estamos en casa, pero no podemos ayudar a la familia, porque no estamos trabajando y no podemos enviar nada. Ellos también están muy preocupados por nosotros, quieren saber cómo estamos.
Los senegaleses acá viven juntos y se organizan por casa. Hay casas donde viven cuatro, cinco, seis o dos. Es muy raro que veas una casa donde vive uno solo, así que la comida la comparten siempre entre ellos, pero como nadie trabaja ahora, es muy complicado. Hay unas casas donde los muchachos no tienen nada para comer. Nadie puede decir: “esto quiero comer”, “esto no quiero”. Lo poco que tengan lo deben comer a la fuerza, para vivir. Los muchachos están muy cansados y no hay nadie para ayudarlos.
Yo estoy en casa con mi marido y no salimos. Antes de esta situación, tenía muchas cosas para comer, pero ahora ya casi no me queda nada. Mi mayor problema es Bamba, mi hijo de 2 años; es muy chiquito, no puede saber si hay o no hay, él no sabe nada de eso. Él, cuando necesita, lo reclama. Él no sabe.
Hoy acabo de hablar con mi mamá, ella está más o menos bien, está en casa. En África es muy difícil la situación. En Senegal también está la enfermedad, pero el gobierno sabe que no puede hacer cuarentena general, porque todos trabajan al día: lo que trabajas hoy, comés hoy. En la mañana salen para buscar qué traer a la familia y luego vuelven, pero la gente no tiene nada, no hay trabajo y nosotros no estamos pudiendo ayudar. En la noche ya no se puede salir y los mercados cierran al mediodía. Desde las 7 de la tarde hasta la mañana no hay nada, solamente la policía, que camina, que controla, como acá.

*Penda y Papa Diaw nos brindaron sus testimonios por audio y fueron transcritos por el Bloque de Trabajadorxs Migrantes para las crónicas barriales. El BTM está recibiendo donaciones en solidaridad con la comunidad senegalesa en Buenos Aires. Para más información, seguilos en Instagram (@bloquemigrante) y Facebook (Bloque de Trabajadorxs Migrantes).

8.4.2020

Aquí objeto y demanda completa: https://buff.ly/2Xm5ryw
Fabebook ODC: https://buff.ly/2UQRcAe
Facebook CLIC: https://buff.ly/2xWvMsq
La Cátedra de Ingeniería Comunitaria – CLIC (Ing. María Eva Koutsivitos), Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC (Jonatan Baldiviezo), CTA – Capital (Pablo Spataro), Frente Territorial Salvador Herrera (Franco Armando), Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – IPYPP (Claudio Lozano) y referentas y referentes de Barrios Populares (Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Scapino, Barrio Cildañez, La Villa 15 – Oculta -, Villa 20), presentaron una ACCIÓN DE AMPARO COLECTIVO con relación al acceso al AGUA POTABLE y SANEAMIENTO SEGURO en las villas y asentamientos de la Ciudad (Barrios Populares según Ley N° 27.453) como forma esencial de prevención del contagio del Coronavirus Covid-19 y del Dengue.
Los Barrios Populares son los más castigados por el Dengue. Ninguno cuenta con acceso formal al agua potable segura. Conviven con agua de servicios precarios muchas veces mezcladas con aguas servidas que permite la permanencia del coronavirus y el acceso al servicio es limitado o nulo imposibilitando la higiene personal. En este contexto las familias deben recurrir al almacenamiento de agua en baldes, cacerolas y tachos donde prolifera el dengue. Frente a esta pandemia miles de familias se encuentran totalmente desprotegidas.
La causa quedó caratulada como “KOUTSOVITIS, MARIA EVA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – URBANIZACION VILLAS”, Expte. N° 3010/2020-0, y radicada en el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 8.
El OBJETO de la acción judicial consiste en que el GCBA garantice al 100% de las familias de los Barrios Populares el acceso formal al servicio de agua potable y saneamiento cloacal. Para ello se solicitó la elaboración de un Plan de Agua Potable y Saneamiento Cloacal, consensuado con las comunidades barriales, que contemple los siguientes cuatro (4) ejes incorporando la dimensión productiva y del trabajo, la participación comunitaria y la perspectiva de género y diversidad: Diseño Infraestructura; Modalidades de Ejecución y Contratación para las Obras; Programa de Control y Monitoreo Ciudadano; y Sistema Tarifario Social Especial.
Frente a la emergencia y la falta de acceso al agua potable en los barrios populares incrementando el riesgo a la vida y la salud de sus habitantes ante el Coronavirus -Covid-19 y el Dengue, se peticionó CAUTELARMENTE:

Un Plan de Contingencia

Garantizar dos (2) litros de agua potable envasada por habitante diariamente y la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua potable. La entrega de agua potable deberá respetar un cronograma, debidamente difundido, con recorridos, días y horarios precisos.
Garantizar de manera gratuita en cada hogar dos (2) garrafas de 10 kilos, 8 litros de lavandina, jabón blanco en pan y detergente para llevar a cabo la higiene de los integrantes de la familia por mes.
Un Sistema de Monitoreo de la calidad, presión y continuidad del agua de consumo en los Barrios Populares. El programa de monitoreo deberá incluir el control de la calidad del agua entregada mediante camiones cisterna.
Un Programa de Limpieza periódica de tanques a cargo de las cooperativas y organizaciones sociales y comunitarias.
Abastecer de tanques plásticos domiciliarios de calidad homologada a todos los hogares.
Fortalecer el Sistema de Atención Primaria para mejorar la atención prioritaria y el registro de enfermedades hídricas incorporando la figura de las promotoras de salud.
Garantizar económica y técnicamente a través de un programa la ejecución de núcleos húmedos a fin de garantizar en cada hogar un baño completo y dos (2) canillas.
La formalización del servicio de agua potable y saneamiento cloacal para la totalidad de las viviendas frentistas a vías públicas formales.
Sumate a recibir los informes del Observatorio del Derecho a la Ciudad:
Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/C9B7l1erFUjCWM6CskQcWK
Telegram: https://t.me/ObservatorioDerechoalaCiudad
Twitter: @jonatanbaldivie / @observatorioODC

8.4.2020

Desde la entrada en vigencia de la cuarentena, algunos problemas que se arrastraban desde hace meses en el barrio se profundizaron ante la ausencia total del Estado. Con varios casos de dengue confirmados, se acumulan la basura y los focos de proliferación del mosquito.

El coronavirus, por ahora, está lejos de ser una de las principales preocupaciones en la Villa 31. La prioridad, cada día, es llevar un plato caliente a la mesa: los comedores populares están rebalsados. El barrio, también, es un foco de contagio de dengue y de las enfermedades que generan las plagas, un problema que viene de largo pero que se profundizó desde la entrada en vigencia de la cuarentena obligatoria. La sede de la Secretaría de Integración Urbana tiene sus puertas cerradas y prácticamente no se ven pecheras del Gobierno porteño recorriendo los pasillos. Frente a una situación que consideran de «abandono», vecinos y vecinas del sector bajo autopista, demolido en un 30 %, elevaron un reclamo a las autoridades para que resuelvan la situación sanitaria.
«Hay cada vez más focos de enfermedades por plagas, las ratas andan por todos lados, es un desastre. Además, con la acumulación de escombros y basura hay una proliferación del mosquito, agua estancada por todos lados. Y cabe aclarar que el Gobierno de la Ciudad vino, demolió las casas vacías y se fue, dejando atrás este desastre. Necesitamos que vengan a limpiar y a fumigar, porque ya tenemos casos de nenes con ronchas», graficó Lesly, una de las vecinas organizadas del sector.
Los vecinos denuncian además que el Ejecutivo conducido por Horacio Rodríguez Larreta gasta varios millones en empresas de mantenimiento que no aparecieron desde el inicio de la cuarentena. Por ejemplo, gastó el año pasado más de 8 millones de pesos, ganados en licitación por HYSA S.A. (la misma que controla las obras de las veredas porteñas) para el control del mantenimiento y la higiene de los espacios comunes, pero los escombros de las casillas derribadas tras la mudanza de un grupo hacia las viviendas de YPF siguen en el mismo lugar.
Lesly explica que «la limpieza nos la vienen pateando desde marzo, lo mismo que la desratización». «Con la lluvia, tuvimos mucha agua estancada y somos nosotros los que tenemos que salir a fumigar. A la noche dormimos tapados porque no tenemos otra forma de evitar el contagio», describe.
En la Ciudad, de acuerdo al último informe epidemiológico, ya hay 2229 casos de dengue confirmados. La Comuna 1, donde se ubica la 31, es una de las menos afectadas, pero la mayoría de los casos se registraron dentro de la propia villa.
Las familias, en tanto, siguen negándose a abandonar sus construcciones bajo la Illia y frenando los planes del ex Sushi Bar Restó, Diego Fernández, a cargo del proceso. Entre otras cosas, reclaman que se tenga en cuenta el desglose familiar y que se les permita participar en la redacción de las escrituras, entre otras cosas para que se les reconozca el valor de su construcción anterior y se eliminen las cláusulas de remate. «La ley es clara cuando dice que la urbanización tiene que ser a una vivienda mejor. No lo están cumpliendo y por eso no nos vamos a mover», remata Lesly. En la misma situación que ella hay otras 800 familias que esperan una solución.

8.4.2020

Se trata de Alejandra Beatriz Manzanelli, Daniel Isabel López y Darío Ramón Pérez, que fusilaron al remisero Claudio Romano el 1º de octubre del año pasado en Villa Crespo. Los tres están procesados por homicidio calificado, y la causa ya está elevada a juicio. Sin embargo, los agentes siguen en actividad.

“Como suele suceder cuando se trata de uniformados y no de gente común, a pesar de la gravedad extrema del delito imputado los tres están excarcelados, por decisión de la Cámara Criminal, que entendió que no había peligro de fuga, peligrosidad ni riesgo de obstaculizar el trámite procesal. De manera que hoy sabemos fue extremadamente ingenua, creíamos que, al menos, estaban apartados de sus funciones policiales. Pero no. Están en actividad, sin restricción alguna”, manifestaron desde Correpi, quienes aclararon que se enteraron de esta situación de manera totalmente accidental, a partir de la presentación de un escrito efectuada por el abogado defensor, Manuel Ramallo, perteneciente a la División Asuntos Penales de la Policía de la Ciudad. Allí el letrado solicitaba que se exima a los agentes de la concurrencia mensual al Tribunal, “atento que no hay personal judicial atendiendo el público”.
Según detallaron desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, el escrito, al que tuvieron acceso desde el portal de gestión de causas del Poder Judicial de la Nación, dice textualmente: “Excmo Tribunal: Alejandra Beatriz MANZANELLI; Daniel Isabel LOPEZ, y Darío Ramón PEREZ, conjuntamente con nuestro letrado defensor, Dr. Manuel E. Ramallo, To. 60 FO. 360 CPACF, manteniendo el domicilio constituido en Gral. Hornos 238, P.B. (División Asuntos Penales de la Policía de la Ciudad), y en el Usuario Electrónico 20183770404, en la CAUSA N° 72386/19, a V.E. respetuosamente nos presentamos y decimos:
Que al otorgársenos la libertad en autos se nos impuso la obligación comparecer ante el Juzgado Interviniente, hoy ante V.E., el primer viernes de cada mes, como ya hemos hecho.-
Que ante las medidas sanitarias de público conocimiento y la restricción impuesta de circulación, de la que estamos exceptuados, dada nuestra condición de personal policial en servicio, es que nos presentamos en el edificio asiento del Tribunal en el día de hoy, 3 de Abril de 2020, a los efectos de cumplir con la obligación impuesta y el personal policial de guardia, Sargento Primero Martínez, nos informó que no podía permitirnos acceder al edificio, que no se atendía público y que no le era posible extender un certificado que acreditara nuestra comparecencia, por lo que recurrimos a ésta vía de hacer llegar al Tribual un escrito en formato papel, debidamente suscripto a los efectos de hacer constar nuestra comparecencia”.
Desde Correpi recordaron que la causa por el crimen de Claudio Romano ya fue elevada a juicio y que será el Tribunal Oral Nº 12 el encargado de juzgar a los policías porteños Alejandra Beatriz Manzanelli, Daniel Isabel López y Darío Ramón Pérez, quienes a partir de las acusaciones del fiscal como de la querella, que representa Correpi, pueden enfrentarse a una pena de prisión perpetua.