Comunicadores del Sur

30.3.2020

El gobierno de la Ciudad presiona a los docentes precarizados del programa Jornada Extensiva para que realicen el reparto de alimentos y tareas en los hoteles con repatriados en cuarentena. Detrás de un relato que apela a la solidaridad, el cinismo que pone en riesgo a cientos de profesionales.

Hace algunos meses, el accidente de tránsito que se cobró la vida de Cinthia Choque y puso en riesgo la de Santiago Siciliano dejó al descubierto las modalidades de contratación que maneja el Estado y, en particular, la Ciudad de Buenos Aires. Sólo en este distrito, el de mayor cantidad de recursos de la Argentina, el 74% de trabajadores públicos se encuentran precarizados.
Si bien en un primer momento la situación laboral alcanzó cierto revuelo mediático, las derivaciones políticas de la tragedia terminaron cayendo en el olvido. Al poco tiempo, y en represalia contra las protestas, Horacio Rodríguez Larreta despidió a 81 agentes de tránsito. Luego incluso incumplió un amparo judicial que ordenaba su reincorporación.
Situación similar atravesaron los miles de médicos residentes y concurrentes que todos los días sostienen el sistema de salud porteña, cuando en diciembre de 2019 lograron voltear una norma que buscaba precarizar aún más sus condiciones laborales y salarias. A la luz de los acontecimientos, no hace falta aclarar el rol que les espera a estos jóvenes profesionales de la salud en las semanas venideras.
Por estas horas, y en este contexto de crisis sanitaria, es que vuelve a quedar en evidencia la política de pauperización laboral del sector público en la Ciudad. Esta vez son los docentes del programa Jornada Extensiva los que salieron a denunciar presiones por parte de funcionarios de Larreta para que se ofrezcan como “voluntarios” en el reparto de alimentos y tareas en los hoteles con repatriados y turistas en cuarentena.
“Hasta el viernes pasado decían que era una convocatoria voluntaria para ir a dar una mano con el reparto de viandas en las escuelas, pero después el mensaje cambió y ya no se trató de algo optativo sino de la obligación de cumplir con cualquier tarea que se nos ordenara: repartir alimentos o realizar tareas en alguno de los cuatro hoteles de la Ciudad donde gente que volvió de viaje se encuentra haciendo la cuarentena”, detalla uno de los docentes que -por temor a represalias- pidió no revelar su identidad.
Es importante destacar, por otra parte, que el intento por hacer gala de un falso voluntarismo entre sus filas no es la única señal de alarma en torno al tema. En concreto, cabe preguntarse si en medio de una pandemia y medidas de aislamiento obligatorio, es sensato o seguro enviar a docentes no calificados en materia sanitaria para atender las necesidades de potenciales infectados.
“Es un juego cínico, siempre sobre la base de las necesidades de profesionales que no pueden perder el laburo. Para Larreta, los profesionales de Jornada Extendida somos una suerte de comodín para tapar los huecos que no están dispuestos a llenar con contratados formales ni gente preparada”, asegura el profesional.
Es tan lamentable como común que, además de la tarea docente para la que fueron formados y contratados, el Gobierno de la Ciudad utilice a los trabajadores del programa para realizar tareas ad hoc: entre otras actividades, figuran las de salir a “timbrear” o volantear para el PRO en tiempos de campaña electoral. “El año pasado nos apretaban diciendo que si Larreta no ganaba, corrían peligro todos los puestos de trabajo. Como tenemos contratos basura, todo el tiempo juegan con la amenaza de dejarnos sin trabajo y en la calle sino obedecemos. Es un trabajo constante por demostrar que tiene el control sobre nuestras vidas, por ejemplo, presionándonos para ir a trabajar por más que haya huelga general o paro docente”.
El programa Jornada Extensiva busca acompañar a los chicos y chicas en la transición entre 6to y 7mo grado en primaria y 1er y 2do año de secundaria. Su objetivo central es evitar la deserción escolar, un problema recurrente en barrios vulnerables.
Desde hace años, quienes forman parte del equipo docente gozan de distintas formas de contratación, en su gran mayoría precarias y temporales. “En mi caso tengo un contrato por 3 días semanales, jornadas de 7 horas y media y un sueldo de 16.000 pesos”, cuenta quien -según índices de febrero del INDEC- no alcanza si quiera a la línea de la indigencia (16.785 pesos), y mucho menos a la de pobreza (40.789 pesos).
“Estamos de acuerdo en que se requiere un esfuerzo excepcional, algo los docentes sostenemos hace tiempo, cada día, trabajando y enseñando con sueldos por debajo de la línea de pobreza, con un «acuerdo» salarial que este año otorgó apenas un 13% en sumas fijas, con pésimas condiciones laborales, con concursos atrasados o sin concursos”, lanzó a través de un comunicado el gremio docente porteño Ademys. “Lo hacemos trabajando, mientras denunciamos las vergonzosas viandas, la comida de comedor que intoxica a los chicos y chicas, la falta de elementos de higiene y personal auxiliar en las escuelas, la falta de repelentes y de alcohol en gel; lo hacemos comprando materiales con plata de nuestro bolsillo y cada día llevando adelante nuestra tarea en las aulas con estudiantes que sufren la crisis económica en carne propia, con familias sin trabajo y familias que no llegan a fin de mes”.

30.3.2020

El diputado de la Ciudad del Frente de Todxs Matías Barroetaveña presentó hoy un proyecto para proteger el trabajo formal de las Pequeñas y Medianas empresas en la Ciudad de Buenos Aires.

“La emergencia sanitaria está afectando la frágil situación económica que atraviesa nuestro país, con particular impacto en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas que explican el 75% del empleo privado nacional y que en CABA emplean alrededor de 600.000 trabajadores”, expresó el diputado Matías Barroetaveña.
“Estamos proponiendo la creación de un Programa de Sostenibilidad Productiva con el objetivo de proteger el empleo formal de las MiPymes. El gobierno nacional ha implementado una variada cantidad de políticas para asistir a empresas y a trabajadores en estos momentos difíciles, no podemos desconocer las dificultades para pagar salarios en sectores que se han visto obligados a suspender sus actividades. Por eso, proponemos, que así como existe el REPRO a nivel nacional, la Ciudad implemente su propio programa de sostenimiento del empleo en el distrito”, agregó el diputado.
Este proyecto tiene el objetivo de otorgar una ayuda económica mensual, individual y fija a los/as trabajadores/as incluidos en las empresas en crisis beneficiarias; y el monto será de hasta el equivalente al de un salario mínimo, vital y móvil.
La Ciudad de Buenos Aires enfrenta esta crisis sanitaria luego de arrastrar una caída del empleo formal desde el año 2015. La tasa de desocupación en 2015 era del 6,4% y el último trimestre de 2019 llegó al 9,2%. Algunos sectores se han visto más afectados, como el caso de la construcción donde la caída del empleo formal para el período 2017-2019 fue del 13,3%, mientras que en la manufactura y en el rubro gastronómico el descenso fue de 7,5% y 4,9% respectivamente.
El Proyecto fue presentado con la co-autoría del diputado Santiago Roberto y recibió la adhesión de los diputados Juan Manuel Valdés y María Bielli.

29.3.2020

Por Red de Lugano

El espacio solicitó el aumento de los montos de todos los programas sociales de la Ciudad de Buenos Aires y otorgamiento de subsidio económico extraordinarias para los habitantes de la Ciudad que quedan fuera del Ingreso familiar de emergencia, entre otras medidas.

Desde la Red Lugano advertimos la crítica situación que está viviendo la población de los barrios vulnerables de Lugano y exigimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implemente medidas urgentes para paliar dicha situación y contener la expansión y circulación local del coronavirus donde hoy ya padecen dengue, tuberculosis, sarampión entre otras enfermedades.
La falta de políticas públicas locales que permitan el efectivo ejercicio de derechos básicos de la población de Lugano, es una realidad que no se circunscribe a la pandemia del COVID19 pero que ante la imposición de una medida extrema como el aislamiento obligatorio muestra su arista más dura para la población. No es posible un asilamiento obligatorio si el Estado no adopta medidas que acompañen y posibiliten el mismo.
La labor militante de las organizaciones sociales y comunitarias y de los trabajadores de las diferentes instituciones descentralizadas no alcanza. Se requieren medidas urgentes, claras y adecuadas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que la población vulnerable de la Ciudad de Buenos Aires también tenga su derecho a cuidar de su salud, de hacer su aislamiento social como el resto de los vecinos de la Ciudad y no quedar ellos aislados de sus derechos.
En materia de políticas de salud, el barrio de Lugano presenta un reclamo histórico de 34 años por la falta de un hospital que no logra resultado y que hoy presenta sus consecuencias más adversas. Lugano no cuenta un nosocomio que pueda albergar internaciones y tratamiento adecuados para los afectados por la pandemia y las otras enfermedades, en especial dengue que ha subido exponencialmente el número de infectados.
Tanto el Centro de Salud Cecilia Grierson como los Centros de Salud que se encuentran en el barrio no tienen el personal suficiente que se requeriría para una atención normal menos para una situación extraordinaria como la que estamos viviendo. No hay posibilidad de contar con espacios ventilados y grandes que permitan las restricciones de 1 o 2 metros de distancia. No hay insumos como para acciones básicas como tomar un estado febril.
Los centros de salud solo fueron dotados de uno o dos kits de prueba de coronavirus y algunos repelentes y alcohol en gel para la atención de afectados de dengue como insumos extras. En estas condiciones es imposible brindar un servicio de salud en medio de una pandemia y se teme la viabilidad de estar abiertos si no se garantizan las condiciones de seguridad sanitarias mínimas. En materia de políticas alimentaria urgen medidas para que la población pueda alimentarse adecuadamente. Hasta la fecha, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha implementado ninguna medida sobre cobertura alimentaria extraordinaria.
Por el contrario, nos encontramos con un panorama bastante preocupante que se agudiza con la suba indiscriminada de precios en los negocios locales, que no cuentan con ningún control. Los niños y jóvenes que diariamente comían en sus escuelas en la actualidad, solo reciben una vianda compuesta por un sanguche y una fruta. Asimismo, la distribución de la misma ha sido bastante caótica y muchos se han visto imposibilitados de conseguirlas por los cambios de último momento del Ministerio de Educación sobre donde se realizaban las entregas o por las mermas en las raciones. Por su parte, los comedores comunitarios están totalmente colapsados y no cuentan con vacantes disponibles. A lo que se debe agregar, la falta de espacios conforme a las necesidades de estos tiempos y elementos de limpieza e higiene necesarios.
Las medidas adoptadas por el Instituto de la Vivienda en los últimos días alcanzaron a dotar a solo algunos comedores de algunos elementos de higiene, considerados escasos e insuficientes (1 o 2 bidones de lavandina, 4 repelentes, 1 jabón blanco, desodorante de piso) Se requiere de barbijos, cofias, guantes, batas y que eso llegue a todos los comedores de los barrios, y en especial las mujeres que cocinan y atienden, que son las que están poniendo el cuerpo para asistir a sus vecinos. No se ha implementado ninguna medida de suministro de artículos de higiene y limpieza, alcohol en gel y repelente en la población. Tampoco, el Gobierno de la Ciudad ha anunciados medidas económicas tendientes a paliar las problemáticas alimentarias como sí lo ha hecho el Gobierno nacional. Los programas alimentarios “Ticket Social” y “Ciudadanía Porteña” no han sido modificados en relación a su monto.
Es dable destacar que el reciente anuncio presidencial sobre el otorgamiento de un subsidio económico para personas vulnerables no sería compatible con los programas de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual los beneficiarios de dichos programas quedarían excluidos de acceder a dicha ayuda económica. Tampoco abarcaría a los migrantes. Las políticas ambientales y de salubridad local se desconocen. Llama la atención que en territorios donde se desarrollan procesos de reurbanización y se conocen las problemáticas de la población en relación al acceso al agua y servicios básicos, hacinamiento e infraestructura precaria tampoco se anuncien medidas locales al respecto.
Es decir, se continúa con los deficientes servicios de atención de la emergencia que coexisten con los procesos de reurbanización impulsados. Al mismo tiempo, se masifican los pedidos de las poblaciones sobre la necesidad de recolección de escombros y residuos, problemas de obra o desperfectos en los complejos de viviendas nuevas construidos recientemente y falta de acceso a los servicios esenciales. Este fin de semana en Villa 20, por ejemplo, no hubo suministro de agua lo que atenta directamente contra toda indicación de higiene que se les da a los vecinos.
En consecuencia, todas las situaciones ya críticas en los barrios antes de que advenga la pandemia se agudizan y requieren de políticas públicas integrales, coordinadas con el territorio y urgentes. Las mujeres víctimas de violencia que ya tenían dificultades para denunciar o para hacer cumplir las medidas de seguridad dispuestas por la justicia, ahora están aún más solas y vulnerables. Las mujeres a cargo de hijos e hijas que no cuentan con ingresos registrados ni estables están aún más solas y vulnerables. La población que ya tenía dificultades para acceder a derechos a través de sistemas “en línea”, tendrá ahora que lidiar también con esa barrera para acceder al IUF, si es que no cuenta con las incompatibilidades que ya mencionamos.
Las personas mayores, con discapacidad, los niños y niñas están aún más dificultados de acceder a lo básico como un plato de comida, medicación, aislados en sus viviendas que ya desde hace años no cumplen con criterios mínimos de habitabilidad. Finalmente, nos preocupa el corrimiento del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad a nivel local, quien debería tener un rol fundamental en la articulación de las políticas sociales necesarias para esta circunstancia no aparece. No solo no hay respuestas para cómo sobrellevar el aislamiento social voluntario en contexto de pobreza e indigencia sino tampoco qué hacer frente a las multiplicidades de problemas sociales que se presentan.
Por todo lo expuesto exigimos al Jefe de Gobierno Horacio Larreta, implemente ya medidas destinadas a las poblaciones vulnerables, algunas como:
Mayor presupuesto para el sector de salud, nombramientos de profesionales, entrega de insumos necesarios y condiciones de higiene y salubridad adecuadas para los centros de salud.
Aumento de los montos de todos los programas sociales de la Ciudad de Buenos Aires, Otorgamiento de subsidio económico extraordinarias para los habitantes de la Ciudad que quedan fuera del Ingreso familiar de emergencia (IFE).
Reparto semanal de bolsones de alimentos por cada niño y adolescente en edad escolar y sus familias teniendo en cuenta calidad nutricional adecuada Asistencia a todos los comedores comunitarios Se provean garrafas a la población.
Se instruya y dote de recursos a las organizaciones territoriales, y personas que, pese a la grave situación y riesgo, permanecen solidariamente colaborando con quienes más lo necesitan.

29.3.2020

Profesionales de la salud mental aseguran que los envían de manera compulsiva y sin ningún protocolo a asistir a quienes provienen de países con alta circulación del Covid 19. Dicen que la comuna ignora sus propuestas.

Los profesionales de la salud mental de la Ciudad de Buenos Aires desnudaron este sábado una de las asignaturas aún irresueltas en medio de la cuarentena: cómo y qué hace el Estado para preservar a los trabajadores que cumplen tareas esenciales ante un posible contagio del nuevo coronavirus durante su trabajo. Los trabajadores y profesionales de los Centros de Salud Mental N° 1, de Núñez, y el N°3 Florentino Ameghino, de Almagro, denunciaron que la Dirección General de Salud Mental porteña, a cargo de Humberto Lorenzo Persano, les ordenó asistir en forma compulsiva a los hoteles donde están los repatriados en cuarentena sin los cuidados ni protocolos mínimos para evitar los riesgos de contagio del nuevo coronavirus.
Ante las consultas de este medio, en el ministerio de Salud no contestaron si aplicarán los cuidados básicos que les reclaman y tampoco aportaron precisiones sobre la existencia de previsiones para evitar el contagio en los trabajadores públicos afectados a tareas esenciales que tienen permiso para transitar dentro de la cuarentena.
Los trabajadores del CeSaM 1 denunciaron que la comuna «ha determinado enviar a hoteles de esta ciudad -donde los huéspedes se encuentran en rigurosa cuarentena, puesto que han sido repatriados desde zonas con alta circulación de Covid 19- una asistencia compulsiva de equipos de salud mental conformados por profesionales de efectores públicos de la ciudad, sin condiciones claras de bioseguridad». La asamblea de trabajadores del Ameghino sostuvo que hicieron propuestas para responder a la situación, pero la única respuesta fue el cumplimiento de la directiva.

Propuestas alternativas ignoradas

«Junto al director de la institución, ofrecimos nuestra absoluta disposición y compromiso a trabajar y asistir a aquellas personas que lo necesitasen en el marco de la emergencia sanitaria, ofreciendo alternativas suficientes para poder responder a esta demanda desde nuestro lugar de trabajo, sin necesidad de exponernos a circular», detallaron en un comunicado. También propusieron «la posibilidad de asistir de forma presencial en los casos que se evaluasen como absolutamente imprescindible, solicitando para ello, el traslado hacia el hotel y el equipo de protección personal para nuestro cuidado y el de la sociedad toda».
En ambas instituciones cuentan lo mismo: Persano se ha negado terminantemente y comenzó a enviar a los profesionales en forma compulsiva a los hoteles donde están las personas que regresaron de viaje y están cumpliendo la cuarentena. «No sólo se nos ha negado cada uno de los pedidos -amparados en derechos de los trabajadores y en las disposiciones de bioseguridad expedidas por la OMS y el Ministerio de Salud de la Nación- sino que además se nos solicita que llevemos nuestro alcohol en gel y un cuaderno para anotar las prestaciones que allí brindemos».
En el CeSaM 3 agregaron que la Dirección de Salud Mental les respondió «repartiendo a los profesionales a diferentes hoteles para asistir desde el lunes 30/03, sin un esquema de trabajo claro, protocolo, ni recursos suficientes para contener una situación que ellos mismos generaron al obligar a los pasajeros a hospedarse en los hoteles».
La comunidad profesional del CeSaM 1 advirtió que tampoco «está previsto el traslado de los profesionales, ni la capacitación, ni el acceso al uso de los kits de protección recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación». Tampoco hay «un responsable a cargo del Gobierno de la Ciudad, ni con un protocolo escrito para llevarlas adelante. No se está colaborando para cumplimentar las normas sanitarias para lograr el freno al contagio».

La cuarentena empezó hace rato en los CeSaM

El planteo de los profesionales de la salud mental refleja la zozobra que experimentan todos los trabajadores dedicados a tareas esenciales en medio de la pandemia. En los hospitales porteños ya se han escuchado los planteos de sus médicos para reclamar mayores medidas de prevención, sin dejar de trabajar toda la semana en medio de la atención de pacientes y la duplicación de esfuerzos para afrontar el aumento de contagios.
En el Ameghino sus trabajadores recordaron es que «otro efecto de esta solicitud es que los pacientes de nuestro Centro de Salud Mental continúan en asistencia por vía telefónica desde el inicio de la cuarentena», pero ha sido «organizada por los propios trabajadores, ya que no nos han brindado más recursos como líneas telefónicas o acceso a internet». Todos ellos «quedarán sin asistencia debido a que tendremos que asistir a otro lugar de trabajo», advirtieron en referencia a la orden compulsiva de ir a los hoteles.
«Desde el comienzo de la epidemia en nuestro país, el Gobierno de la Ciudad no nos proveyó del material necesario para la higiene y seguridad a los profesionales que seguimos asistiendo con regularidad en la institución, teniendo que conseguirlos por nuestra propia organización», sostuvieron los psicólogos que afrontan de su bolsillo la compra de «insumos totalmente insuficientes debido a la dificultad conocida para acceder a los mismos».
La asamblea del Ameghino condenó «el atropello de parte de las autoridades, la falta de consenso y respuestas adecuadas ante la situación de emergencia sanitaria». También repudió «la arbitrariedad de enviar a realizar dichas tareas a profesionales que se encuadran dentro de las personas de riesgo, exponiéndonos a nosotros y dejando sin atención a la comunidad que asiste regularmente a nuestra institución».

28.3.2020

Miranda Carrete y Estefanía Santoro

El decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio exige que nos quedemos casa. En la Ciudad de Buenos Aires son más de 7 mil las personas sin techo y el gobierno de Rodríguez Larreta no da respuestas para resguardar a aquellxs que se encuentran en situación de calle.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 7251 personas viviendo en la calle, según datos que surgieron de un relevamiento hecho por más de 50 organizaciones sociales el año pasado. Las personas que hacen de las plazas, las veredas y las entradas de edificios “su hogar” son lxs más vulneradxs y en época de pandemia por el COVID-19 constituyen una población de riesgo, porque, además de hambre, tienen problemas respiratorios, mal nutrición, sub nutrición, diabetes, tuberculosis, deshidratación, y la salud se agrava en la población de más de 60 años.
Lxs trabajadores del programa Buenos Aires Presente (BAP) encargadxs de atender a personas y familias en situación de calle y riesgo social las 24 horas, todos los días del año, son profesionales de distintas disciplinas del campo social que desarrollan tareas desde hace nueve años, el programa nació en 1999 y en 2011 ingresó la plana que hoy se encuentra desarrollando tareas. En los últimos días emitieron un comunicado donde desmienten las declaraciones públicas del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
A partir del decreto de emergencia sanitaria por la pandemia la cantidad de personal del BAP se redujo, algunxs trabajadores están con licencia y otrxs son grupos de riesgo. «Habitualmente solíamos salir entre dos y tres móviles por día, ahora empezamos a salir cada vez menos. Desmentimos que hubo un refuerzo de personal, habiendo salido hasta un sólo móvil por turno el fin de semana, con una sola profesional. La camioneta al estar toda la ciudad vacía se ve a veinte cuadras, las personas de calle saben sobre la pandemia y nos piden que las alberguemos. Cuando ven el móvil vienen un montón desesperadas buscando ayuda y comida y no damos abasto. Manifiestan mucha hambre y están muy angustiadas y asustadas por la situación«, cuenta una de las trabajadoras que prefiere preservar su identidad para no poner en riesgo su fuente de trabajo.
«Empezamos a monitorear con los compañeros si se había puesto en marcha algún plan de emergencia. Nos encontramos que no hubo ninguna reacción, solo nos dieron sándwiches. El problema es que las personas en situación de calle piden comida en bares y restaurantes y con eso comen algo más, pero al estar todos los negocios cerrados no tienen ese alimento. A nosotros no nos reforzaron los servicios, a la noche solo salen dos móviles, a la tarde dos y a la madrugada salió solo uno».
La Ciudad de Buenos Aires tiene el mayor número de infectados y el mayor número de personas en situación de calle. La trabajadora consultada asegura: «De forma tardía recién el viernes comenzaron a abrir nuevos paradores, pero aún hay mucha gente que quedó afuera, vienen de a decenas a pedir que los alojemos, no es verdad que hay vacante para todos como dice Larreta. Los hogares no las reciben. Si alguna persona en situación de calle se contagia, va a ser imposible frenar el contagio, no hay ninguna posibilidad de mantener distancia en los paradores, no hay espacio para respetarla. En la madrugada del domingo ya no había más comida para darles, fueron terribles las condiciones en las que se trabajó. Desde 2011 nunca hemos visto tanta hambre como ha pasado este último año porque cada vez son más.»
Lxs trabajadores denunciaron además la precariedad laboral que se sostiene desde que se inició el programa, con bajos salarios y un deterioro de la capacidad de respuesta debido a la deficiente planificación y articulación con otros programas y áreas esenciales. «Hoy se nos pide afrontar esta pandemia y sus efectos sobre una población altamente vulnerable, con la misma escasez de siempre, improvisación, descoordinación, falta de recursos y de personal. Por la cuarentena como prevención solo nos dieron un barbijo y un par de guantes para ocho horas, cuando lo que se recomienda es cambiarlo cada cuatro, pedimos más y no nos dieron, tenemos que usar siempre el mismo y por supuesto que para la gente de calle que trasladamos no hay nada. Estos días transportamos a los paradores de a 12 personas en los móviles más grandes que tienen capacidad para 20 personas sin ninguna medida de higiene».
Fabio Manupella es integrante de Proyecto 7, una asociación civil que trabaja con personas en situación de calle y en este momento es uno de los encargados del Centro de Integración Comunitaria (CIC) Ernesto Che Guevara, ubicado en Barracas, uno de los tres centros de la asociación habilitados en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, que recibe a lxs sin techo y que en su totalidad alojan a 400 personas.
Manupella asegura que es compleja la situación que están atravesando porque son muy bajos los recursos que envía el Gobierno de la Ciudad: “Nos mandan solo 100 litros de lavandina, algunos pares de guantes, 80 jabones, 300 barbijos, 60 repelentes y muy poco alcohol, para una población de 400 compañeres.”
El integrante de Proyecto 7 cuenta también que al CIC de Barracas, al CIC Frida y al CIC Monteagudo además llegan un gran número de familias a buscar comida y viandas, muchas de estas personas trabajan como cartonerxs en la ciudad y en este contexto tuvieron que dejar de trabajar: “Nosotros les ayudamos como podemos, desde Gobierno de la Ciudad enviaron 40 bolsones de alimentos para los 400 que somos, no nos alcanza”, explica y asegura que gracias a la colaboración de organizaciones sociales cocinan y preparan entre 1000 y 1500 viandas por día para almuerzo y cena. «Esto se va pasando de boca en boca, cada vez vienen más y todavía hay personas que siguen en la calle”.
Lara María Bertolini, activista travesti, investigadora y trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación, cuenta que el Hotel Gondolín, ubicado en el barrio de Villa Crespo, alberga a más de 50 chicas trans y motoriza la distribución de alimentos, ropa y elementos de higiene para la comunidad travesti trans que está afuera del hospedaje. El hotel no forma parte del aparato de contención del Estado y no tienen otra opción que recurrir a la solidaridad de la ciudadanía. Quienes puedan acercar donaciones de alimentos no perecederos se reciben en Aráoz 924 (CABA). La comunidad travesti trans está atravesando una situación de gravedad extrema al no poder acceder a derechos básicos como vivienda, trabajo y salud.
A pesar de las denuncias de las organizaciones sociales al Gobierno de la Ciudad por incumplir las medidas para resguardar a las personas en situación de calle de la pandemia, el Rodríguez Larreta durante una entrevista televisiva en A24 aseguró: “Estamos llevando a todos, obviamente se los va convenciendo, a los paradores que ahora están abiertos las 24 horas”, también agregó: “Hay aproximadamente dos mil camas para pasar la noche en la ciudad que nunca se completan” y remató: “Hoy hay lugar para pasar la noche en la ciudad”. Los dichos irresponsables del mandatario pretenden instalar la idea de que las personas sin techo son reacias o se niegan a concurrir a los paradores, cuando la realidad es que en esos espacios ya no hay más lugar, los culpabilizan con una mentira falaz en lugar de brindarles la contención que necesitan.
“Hay un montón de gente que no puede hacer la cuarentena no porque no quiera, sino porque no tiene donde hacerla. Dan vergüenza las declaraciones de Larreta y es el mismo argumento que usa el Gobierno de la Ciudad para justificar su falta de política pública. Todas las noches y mediodías salimos a dar de comer y tenemos contacto directo con la gente que nos dice que quiere ir a los paradores, porque están asustadas, llamamos al BAP para que los trasladen, pero no nos atienden, porque sabemos que también están con falta de personal. La gente no puede llegar a los paradores sin el traslado del BAP”, explica Jorgelina Di Lorio, investigadora del Conicet y miembro de la Asamblea popular Plaza Dorrego que integra la la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, un conjunto de más de 20 organizaciones que hace años brinda comida para lxs sin techo.
“El gobierno de la Ciudad tiene que garantizar donde van a hacer la cuarentena estas personas, si no hay más paradores deberán habilitar hoteles, otorgar más subsidios habitacionales y ejecutar políticas públicas para que esto sea posible en el marco de los lineamientos que está planteando el Gobierno Nacional. Además, que los organismos correspondientes que tienen excepciones para estar circulando en el marco de la cuarentena, como el Ministerio Público de la Defensa, los legisladores y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad salgan, a monitorear que está sucediendo con los traslados del BAP para que pongan más móviles y personal”, agrega Di Lorio.
Constanza Guillén, es referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos – UTEP (CABA), trabaja en comedores, cuenta que desde que se decretó la cuarentena la demanda de las personas que se acercan a pedir una vianda se triplicó: “En Constitución y Parque Patricios donde están los comedores más grandes ya están desbordados. Solo ayer hicimos 10 ollas de 100 litros en todo el día. Las medidas que están tomando en Ciudad son las correctas en cuanto a la comida e higiene, pero son insuficientes, nos mandan 2 panes de jabón y 4 repelentes y asistimos a 1500 personas. Necesitamos alcohol, barbijos, guantes y bandejas para dar las viandas porque no pueden entrar a comer.”
Otra condición que complica a las personas en situación de calle es el control policial, que en época de pandemia se ha recrudecido con maltratos, violencia física y abusos de poder. Ayer el Grupo de asistencia a vecinos en situación de calle publicó en la red social Facebook un video que muestra una brutal golpiza que recibió -de parte de la policía de la Ciudad- un joven de aproximadamente 25 años. “Así trata la Policía a un chico que visitamos siempre en el barrio de Monte Castro. Es un muchacho que hace meses vemos en la calle revolviendo la basura para conseguir algo de comida, es super amable y sabemos que está atravesando una situación psíquica complicada. No es modo de convencerlo, a los golpes si querían que no deambule. Fíjense la ´prevención´, el policía le pega, no tiene ni guantes ni barbijos y el otro oficial que está a su lado tiene un barbijo colgado en el cuello mientras fuma” relataron desde la red.