Comunicadores del Sur

22.4.2020

El martes por la noche salió a la luz el caso del geriátrico en el barrio porteño de Belgrano donde 19 adultos mayores dieron positivo al hisopado. Este miércoles se hizo pública la situación en un geriátrico de Parque Avellaneda donde murió una anciana y hay al menos 8 infectados. El abandono y el lucro empresarial ponen en peligro la salud del grupo de mayor riesgo.

El geriátrico Apart Incas fue evacuado durante la noche del martes, luego de la denuncia vía mail presentada el día lunes por un familiar de uno de los ancianos internados allí. Desde esa evacuación el lugar permanece clausurado por orden judicial.
La Fiscalía General de la Ciudad ordenó que se abriera una investigación ante la falta de respuestas de las autoridades del lugar y recién a partir de esa orden desde el Gobierno porteño ordenaron la intervención del SAME.
A raíz de este escándalo que ya empezaba a conocerse a través de los medios, a las autoridades del geriátrico San Lucas, de Parque Avellaneda, no les quedó otra que informar lo que estaba pasando.
El modus operandi fue igual de escandaloso: a través de mensajes de Whatsapp, les pedían a los familiares que se llevaran a los ancianos. En ese lugar, además hubo una víctima fatal: una anciana de 90 años que falleció el sábado, pero que según cuenta su hijo, recién obtuvieron el resultado de los análisis que dieron positivo para coronavirus este lunes. Además, denunció que en el acta de fallecimiento indicaron “paro respiratorio y neumonía grave” y no coronavirus, como finalmente se comprobó que fuera la causa de la muerte.
En el barrio de Belgrano, las autoridades del geriátrico dijeron a los medios que se comunicaron desde el día sábado con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, apenas conocieron el caso de un enfermero que presumiblemente fue el primer contagiado en el lugar.
La directora médica de la institución justificó el accionar diciendo que “no fue un abandono” y que “hemos llamado al Gobierno de la ciudad y hemos obedecido”.
Según ella, las autoridades les indicaron que llamaran a las obras sociales pero “ninguna se quiso hacer cargo de sus afiliados”. Uno de los apoderados además declaró que se encontraban sin personal médico y que “nadie quiere trabajar allí”.
Lo cierto es que quienes (sobre todo en estas situaciones) deberían cuidar la salud de los adultos mayores, se pasan la pelota y se deslindan de cualquier responsabilidad. De hecho cuando llegaron las ambulancias del SAME al edificio ubicado en la calle Los Incas ayer por la noche, no había ninguna autoridad en el lugar.
Según denuncian los familiares los ancianos se encontraban al cuidado de “un electricista y una persona que hace mantenimiento” y cuentan que se enteraron de la situación a través de un mail que recibieron el domingo que decía que tenían que ir a retirar a los ancianos porque no había personal médico que se hiciera cargo de ellos.
La hija de uno de los internados declaró ante los medios que “gracias a que los familiares nos movimos esto se hizo público y se hisopó a todas las personas. Nosotros tenemos recursos y gente conocida que nos ayudó, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen las mismas posibilidades que nosotros?”. Vale aclarar que las cuotas de ese geriátrico llegan, algunas, a los $180.000. Lo que nos lleva a pensar cuál será la realidad en los lugares donde se encuentran alojados aquellos de menores recursos.
La situación no fue muy distinta en Parque Avellaneda: los familiares denuncian que desde el sábado los 45 residentes del lugar se encontraban al cuidado de sólo dos enfermeras que “hacen lo que pueden”, según declaró esta mañana una de las familiares a los medios, sin la asistencia y seguimiento médico adecuados. Además contó que están reclamando que hagan los testeos correspondientes. Debido a esta escandalosa situación el PAMI decidió recién hoy trasladarlos a otros establecimientos.
Eduardo Pérez, titular del PAMI, apareció recién este último miércoles en la institución para indicar los traslados, y argumentó que tomó la decisión porque no se estaba cumpliendo con lo acordado y que desde el sábado ningún profesional médico realizaba seguimiento de la salud de los ancianos del lugar.
En ambos casos el deslinde de responsabilidades estuvo a la orden del día. Tomala vos, damela a mí, y en el medio se encuentran los ancianos que habitan en los 478 geriátricos registrados en la Ciudad.
Los familiares en el caso del barrio de Belgrano, indicaron que presentaron una denuncia contra Luis Megyes y su socio, los dueños del lugar, por “abandono de persona y responsabilidad en la propagación de COVID 19”.
En el otro establecimiento, las familias elevaron sus reclamos contra el PAMI para que se realicen los testeos correspondientes, y también contra el asilo por no informar de la situación. Allí intervino el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Otro gran problema es la situación de vulnerabilidad y exposición en la que se encuentra el personal de la salud, tomando en cuenta como se cree, que ingresó el virus: en ambas instituciones estaba vigente la normativa de que nadie entraba ni salía de los edificios, a excepción del personal de cuidado de los ancianos.
La falta de condiciones a las que están expuestos las trabajadoras y trabajadores de la salud representa un peligro no sólo para ellos y sus familias, sino también para los pacientes en general y en especial para los mayores de 65 años.
En declaraciones a los medios, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, planteó que uno de los problemas es que a los trabajadores de esos geriátricos se los mantiene con bajos sueldos además de que no son considerados personal de la salud. Muchos viven en zonas carenciadas y tienen mayor probabilidad de contagio. Resaltó que estos es un alto riesgo para los adultos mayores, sobre todo teniendo en cuenta que el 70% de las personas que contraen el virus son asintomáticas.
Las pésimas condiciones en las que trabajan son absoluta responsabilidad tanto de los dueños de los geriátricos como del Gobierno de la Ciudad, que al igual que el nacional (en el caso de las trabajadoras y trabajadores de la salud pública), permiten y sostienen esta situación.
Desde que empezó la pandemia y la cuarentena obligatoria, vimos cómo las autoridades tanto a nivel nacional como a nivel municipal no se cansaban de repetir que la prioridad son los adultos mayores.
Pero la realidad mostró la otra cara, como el escándalo de las largas filas de jubiladas y jubilados para cobrar sus míseras jubilaciones, en los bancos de todo el país, luego se sumó la restricción de circulación inconstitucional que quería imponerle el Gobierno de la Ciudad. Aunque luego Rodríguez Larreta tuvo que retroceder, debido al escándalo que suscitó y ahora a aquellos adultos mayores que quieran salir, se les indica que llamen al 147.
Ahora sale a la luz este escándalo en uno de los geriátricos más exclusivos, donde queda a la vista no sólo la inexistencia de un protocolo de actuación para casos de emergencia sanitaria en instituciones donde se encuentra el sector más vulnerable de la población, sino también una larga cadena de negligencia por parte de los dueños y las autoridades médicas de este tipo de instituciones, las obras sociales y los gobiernos. Esto pasa cuando la salud de los ancianos también es un gran negocio.
Para que esto no ocurra más es necesario que todos los geriátricos privados pasen a la órbita estatal y dependan del Ministerio de Salud. A su vez, sus trabajadores y los familiares deben organizarse en Comisiones de seguridad e higiene en cada lugar para decidir cuáles son las necesidades y también puedan controlar que estas se cumplan.
Sólo de esa manera podrá garantizarse el cuidado necesario de los adultos mayores, que son la población de mayor riesgo, y de las trabajadoras y trabajadores que los asisten.

21.4.2020

Por Mariano Nieva

El Padre Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco de la Iglesia de Caacupé en la Villa 21/24 de Barracas y referente del equipo de curas villeros, dialogó sobre la crisis sanitaria. “En nuestro barrio el lema ‘Quedate en tu casa’ significa ‘Quedate en tu barrio’”.

El Padre Lorenzo “Toto” de Vedia es sacerdote y hace varios años está al frente de la parroquia Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé en la villa 21/24 de Barracas. Analizó los embates del coronavirus sobre los barrios populares, la preparación para contener socialmente a los vecinos el día después de la pandemia, el encuentro que tuvieron los curas villeros en Olivos con el presidente Alberto Fernández y muchos temas más.

Iniciada hace varios días la cuarentena en todo el país. ¿Cómo ve el cumplimiento de la misma en el barrio, teniendo en cuenta la realidad en la que viven la mayoría de las familias?
PT: Acá en la villa 21 y en todos los barrios populares se respeta bastante. La gente tiene la decisión de vivir la cuarentena. Quizás al principio no se entendía bien que significaba esta medida de confinamiento obligatorio porque cuando se comenzó a hablar del coronavirus los vecinos pensaban que era una enfermedad exclusivamente de otro sector social. Finalmente con el correr de los días empezó a tomarse con mucha más seriedad y responsabilidad.

Tal vez la mayor preocupación ante la posibilidad del contagio del coronavirus sea el hacinamiento y la cantidad de vecinos que habitan en estos lugares.
PT: Claro, y lógicamente tenemos conciencia que en muchos casos cuesta quedarse dentro de las viviendas, aunque la mayoría lo hace. Pero también hay mucha gente que tiene que ir a buscar el almuerzo en algún comedor o salir a hacer pequeñas compras para el día en los negocios de cercanía ya que los más humildes no pueden hacer grandes gastos y acumular alimentos. Por otro lado, en estos lugares hay un sentido de solidaridad muy grande donde los vecinos y las vecinas están muy preocupados por asistir a los abuelos que están solos. Por eso los curas, colaboradores y colaboradoras decimos que en las villas el lema “Quedate en tu casa” significa “Quedate en tu barrio”.

¿Cuál es el trabajo puntual que están haciendo las Parroquias en medio de la pandemia, teniendo en cuenta que las Iglesias en las villas son históricamente una gran referente para sus habitantes?
PT: Puntualmente las parroquias y capillas de las villas están abiertas todo el día porque son, como bien decís, referentes muy importantes para el territorio y para los requerimientos de todo tipo de los vecinos y las vecinas. Nuestras iglesias son como las intendencias del barrio. La gente viene por un difunto, un incendio, porque necesitan medicamentos, se acabó la garrafa o no tienen dinero para cubrir la habitación del hotel. Y si bien no siempre podemos resolver todos los casos, intentamos siempre dar alguna respuesta.
Por eso, hoy más que nunca en medio de este contexto de la cuarentena y la pandemia, estas situaciones se tiñen de más necesidad.
También, estamos abriendo nuestros espacios para aquellos que no pueden hacer la cuarentena en sus casas, sobre todo los adultos mayores. Armamos toda una organización para esto. Trabajamos en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y ahora estamos haciendo un relevamiento con las Organizaciones Sociales de la Villa 21.24 de la cantidad de adultos mayores que hay. Si están solos tratamos que sigan quedándose en su domicilio. En cambio si están viviendo con otros, les proponemos que voluntariamente se aíslen en estos lugares que estamos preparando en distintos puntos de la ciudad.

Otro desafío que plantea esta situación tan delicada es la necesidad de asistir alimentariamente a una cantidad mayor de personas. ¿Qué medidas tuvieron que tomar al respecto?
PT: Con los alimentos hemos tenido que reforzar todos los servicios de los 8 comedores que tenemos en distintos puntos de nuestra jurisdicción. Por ejemplo en nuestra Iglesia de Caacupé todos los días entregamos unas 900 raciones de comida que la gente viene a retirar en recipientes plásticos. Y en algunos casos también ofrecemos ayuda económica para que las familias puedan comprar sus alimentos.

Hace unas semanas un grupo de curas de las villas se reunieron en Olivos con el presidente Alberto Fernández. ¿Qué se puede contar del encuentro?
PT: Efectivamente, el presidente nos convocó al equipo de curas villeros de Capital y Gran Buenos Aires a una reunión en la quinta de Olivos. Allí nos dirigimos un pequeño grupo en representación del resto de los sacerdotes que vivimos en estos barrios obreros y compartimos un almuerzo muy cálido y cordial. En el encuentro, Alberto Fernández se mostró muy predispuesto a mantener comunicación permanente con nosotros mostrándose además muy interesado en el trabajo que hacemos. Valoró mucho nuestra tarea social y pastoral y nosotros nos pusimos a disposición para lo que, desde el gobierno nacional, les pareciera que podamos aportar.
A su vez, tengo la impresión que tenemos un presidente que nos cuida, actúa con responsabilidad y quiere a los argentinos y argentinas.

Con el paso del tiempo, el Papa Francisco se fue convirtiendo en una figura central de la política internacional. Y hace unos días lanzó una frase que retumbó en todas partes, “Nadie se salva sólo”. ¿Cuál considera que es su rol en este contexto de gran crisis sanitaria y económica a escala mundial?
PT: “Nadie se salva solo” es una gran consigna del Papa Francisco y tiene que ver con la esencia del cristianismo. La frase además, viene muy bien en estos tiempos en los cuales hace poco en nuestro país, y en muchos lugares del mundo hoy, se instalaron gobiernos neoliberales con su lógica del sálvese quien pueda. Entonces, o salimos entre todos o no sale nadie. Y esta será la gran enseñanza que nos deje esta pandemia. Ya no alcanzará con el progreso material e individual sino que la humanidad tendrá que marchar hacia un mundo más justo y solidario. Por eso, los sacerdotes de las villas y asentamientos compartimos el mismo espíritu de un Papa que a la distancia nos sigue inspirando.

La última. ¿Qué piensa el equipo de curas sobre el después de la cuarentena y del coronavirus en cuanto a las consecuencias socioeconómicas que van a sufrir los habitantes de estos barrios populares?
PT: Pensamos que va a ser muy difícil lo que vendrá después. Si bien por estos días nos sigue preocupando la posibilidad de que mucha de nuestra gente pueda contraer el virus, sabemos que las consecuencias económicas van a ser muy graves para las familias.
No olvidemos que veníamos arrastrando desde los últimos años, un fuerte déficit por la falta de trabajo y de poder adquisitivo de una gran parte de nuestro pueblo. Por supuesto que la pandemia profundizó esta situación e hizo que veamos hacia adelante un panorama de muchas necesidades para afrontar. Por eso es que cuando todo esto pase debe haber un replanteo de las políticas sociales. Como también tenemos claro que esta enfermedad y sus consecuencias le va a pegar muy fuerte a la clase media que es la que en gran medida le da trabajo a los más pobres con empleos para tareas domésticas o changas de todo tipo.
Para poder colaborar con alimentos no perecederos, elementos de limpieza e higiene personal. Comunicarse con la Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé de la Villa 21/24 de Barracas al 4302-3643. (Osvaldo Cruz 3470 – CABA)

22.4.2020

Se trata de denuncias de los trabajadores de la salud que exigen elementos de protección contra el coronavirus. El insumo más reclamado por médicos y enfermeros es el barbijo N95.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, se dictaron 18 fallos contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por la falta de insumos en los hospitales porteños. En los últimos días, la Justicia laboral dictó catorce medidas cautelares ante el reclamo de enfermeros por la falta de protección, según confirmó Mariana Chiacchio, integrante del Centro de Abogadxs por los Derechos Humanos (Cadhu) y una de las responsables de las presentaciones judiciales.
Son en total, 18 fallos de la Justicia porteña que ordenan al gobierno porteño a proveer los insumos de protección al personal de salud. También hay un fallo contra una entidad privada, el Hospital Italiano, donde al menos 15 trabajadores se contagiados de coronavirus, de acuerdo a las palabras de propia institución.
En todos los casos, se repite la carencia de Equipos de Protección Personal (EPP) contra el Covid-19. En particular, el insumo más reclamado por médicos y enfermeros es el barbijo N95, que deben destinarse al personal que está en contacto directo con pacientes contagiados, y los barbijos quirúrgicos para el resto del personal de los centros de salud, que son descartables.
Desde el Ministerio de Salud porteño indicaron: “Se adelantaron las compras de todo el año e insumos no faltan. Tenemos stock por un tiempo determinado para abastecer a todos los hospitales porteños”. “Estamos yendo hospital por hospital para revisar”, agregaron.
Son seis los hospitales porteños alcanzados por las medidas cautelares. La jueza María Elena López hizo lugar a los amparos de enfermeros y enfermeras que se desempeñan en distintas áreas del Hospital General Parmeiro Piñero; el Materno Infantil Ramón Sardá; y dos hospitales generales de agudos: el Pirovano y el Vélez Sarfield. Ya había fallos contra el Tornú (general de agudos), Moyano (psiquiatría) y Piñero.

22.4.2020

Por Alfonso de Villalobos

El directorio asegura haber tomado más recaudos que los sugeridos por la cartera de salud y acusan a los gremialistas de tener “intereses espurios”. Desde la Comisión interna denuncian negligencia patronal, contabilizan un infectado más y aseguran que los enfermos ya contagiaron a familiares.

Los contagios de Covid-19 y las irregularidades en los protocolos de seguridad sanitaria parecen no detenerse en el Hospital Italiano. Los representantes gremiales habían responsabilizado a las autoridades del nosocomio por el contagio de los primeros cinco trabajadores. En aquel momento el delegado general de la comisión interna, César Latorre, ratificó a este medio que el Directorio había obrado con “negligencia” mientras que, desde la empresa, aseguraron que habían cumplido con todos los protocolos oficiales. Los trabajadores habían exigido que se aislara a una empleada que había regresado de Colombia y presentaba síntomas compatibles con la enfermedad así como el testeo de las personas que hubieran tenido contacto con ella.
Días después el número de trabajadores contagiados escaló a 19 empleados que, en parte, contrajeron el virus en los servicios que los representantes gremiales habían señalado como de riesgo reclamando su inmediato aislamiento y cierre. Los delegados, además, exigieron tempranamente integrar el comité de crisis creado a efecto de combatir la pandemia tanto con relación a los pacientes como, especialmente, para la preservación de los empleados sobre la base del conocimiento específico que, por su presencia cotidiana en los servicios, podrían aportar. El argumento, sólido, fue desestimado por el Directorio que además se negó a realizar los testeos masivos y avanzar en los aislamientos sugeridos por los trabajadores.
Una vez que se confirmara el primer caso que, según los delegados habían identificado ellos previamente, sí se dispuso el testeo de las personas que habían estado en contacto pero “sin tomar los recaudos necesarios para preservar la salud de los trabajadores del laboratorio” que, a la vez, atendió pacientes externos. Fue allí precisamente de donde surgieron gran parte de los nuevos casos. Pero antes, la segunda contagiada confirmada, según versiones gremiales, había recurrido voluntariamente a un testeo ofrecido por el gobierno porteño mientras la primera aguardaba sus resultados con diagnóstico de faringitis.

Versión oficial y diferendo gremial

Ante el revuelo mediático generado por la propagación interna del virus, que coincidió con los casos conocidos de otras clínicas privadas como La Providencia y el Centro de Salud Norte así como con los del Hospital Belgrano de la provincia de Buenos Aires, el Directorio optó por publicar un comunicado de prensa en el que reconoce el contagio de los 19 empleados pero, a la vez, asegura haber tomado todos los recaudos necesarios para contener la propagación.
Con todo, explican que “el análisis epidemiológico de estos casos” concluyó que “uno tuvo antecedente de viaje, dos habían asistido en forma directa a pacientes con enfermedad confirmada, mientras que los 16 restantes fueron contagios por otros motivos” que, sin embargo, no especifican.
Las autoridades confirman que “una de estas personas tenía el antecedente de viaje a un país que en ese momento no era considerado país de riesgo”. El texto se refiere a la trabajadora que, proveniente de Colombia, según los delegados, presentó síntomas que fueron desestimados por las autoridades al igual que los reclamos de “dejar de atender lo que no era esencial. La primera que se contagió es de un laboratorio ambulatorio. Por esa vía que sugerimos se hubiese evitado el contagio”, aseguraron. Para Latorre resultaba “arbitrario decir que fueran solo de esos países. Los turistas tienen contacto con personas de otros países en los tours. Planteamos que, siendo una institución de salud había que maximizar las precauciones, es un criterio básico”.
Latorre, explica nuevamente que “a la chica contagiada la diagnosticaron mal, por faringitis y, sin tomar en cuenta que a esa altura Colombia ya era considerada país de riesgo la mandaron a la casa con ese diagnóstico”.
En el comunicado posterior a los 19 casos, el Directorio asegura que “pusimos en marcha un plan de capacitación que alcanzó a más de 7.500 colaboradores, en el cual se hizo foco en la prevención y el correcto uso de los elementos de protección personal, utilizamos herramientas de simulación para la colocación y el retiro de los equipos de protección y amplificamos los testeos en nuestro personal con definiciones más flexibles que las recomendadas por la autoridad sanitaria”.
Sin embargo, para Latorre, las autoridades lo que hicieron fue tomar parcialmente sus reclamos: “Lo de las capacitaciones lo pedimos nosotros pero no fueron masivas, solo lo hicieron con el personal jerárquico que luego lo transmitía en forma tergiversada a los sectores”.
El dirigente aseguró que “se niegan a testearnos a todos” y, denunció, “con el propósito de facturar mantuvieron las cirugías no urgentes ya programadas. Hacen 25 testeos por día a esos pacientes con resultados en tres horas mientras que los de los trabajadores, más expuestos, demoran 24 horas”.
El comunicado oficial, por el contrario, sostiene que “brindamos solo servicios esenciales durante la pandemia”. Latorre, visiblemente irritado, señaló que “van por detrás de la situación. Lo que les pasó con el laboratorio ahora se repitió con un nuevo sector que, para colmo, es el de protección y seguridad interhospitalaria”.
Según el relato del delegado “hubo un compañero que, con síntomas, estuvo durante una semana pidiendo el testeo. A partir del protocolo le hicieron el testeo que dio positivo pero ya había contagiado a su hijo y a dos compañeros de su lugar de seguridad y protección hospitalaria”. Latorre señaló que “está confirmado que hubo una grave negligencia del jefe de seguridad, que recibió una notificación de parte de medicina laboral para que sea enviado a la guardia a testearlo y resolvió comunicarse con el trabajador para preguntarle si tenía síntomas e indicarle que no fuera”.
En un video de difusión interna, el presidente del Hospital, Franco Livini, aseguró “sentirse orgulloso del hospital y sus trabajadores” a quienes felicita “por la valentía de poner en riesgo su propia salud en cuidar al otro”. Además, en un mensaje velado a los representantes gremiales incita a los empleados a “no dejarse alcanzar por ese agravio que días pasados surgió de algún espurio interés que pretendió descalificar a nuestro hospital denunciando una grave y falsa situación que algunos medios repitieron sin constatar.”
Los voceros del Hospital confirmaron la existencia de tres nuevos nuevos casos (los delegados aseguran que son cuatro) aunque sostienen que representan apenas el 0,2% del plantel (14.300 empleados). Además, aseguran que de los 22 reconocidos apenas dos se contagiaron por contacto con pacientes infectados en la propia institución mientras que uno lo hizo en otra institución y 19 representan casos de contacto social.

20.4.2020

Los empleados reclaman que se jerarquice su actividad, hoy visibilizada por la pandemia de Covid-19. Algunos de ellos tienen salarios apenas arriba de la línea de pobreza.

La Junta Interna de la ATE en el Malbrán reclamó al titular del organismo, Pascual Fidelio, el reconocimiento de la tarea científico – sanitaria para todos los trabajadores de la institución. El reclamo está en línea con el pedido que realizó en las últimas semanas el Consejo Directivo Nacional de ATE a las autoridades nacionales.
En la nota los empleados señalan que el «personal es de un nivel de excelencia tanto en la formación como en la producción científica, equivalente al personal de los demás organismos del sistema científico del país siendo sus remuneraciones considerablemente menores, en niveles cercano a los de la línea de pobreza e indigencia para profesionales y técnicos al inicio de los respectivos escalafones».
Agrega el documento sectorial que «sabemos que esta solicitud es sobradamente justificada por las misiones y funciones de nuestra ANLIS-Malbrán. No obstante ello, nuestra organización sindical ha compilado a partir de los nuevos desafíos para la salud y la investigación, las acciones que nuestros compañeros llevan adelante en el área de la salud y la investigación y que por otra parte y a la luz de la crisis sanitaria mundial en el marco de la actual pandemia, dejan a las claras por los resultados obtenidos nuestra función científico sanitaria, razón por lo cual entendemos quedar eximidos de mayores argumentaciones».
«Finalmente ponemos en su conocimiento que. de manera informal y pública hemos presentado ante la Dirección ANLIS, el Ministerio de Salud y la Secretaria de Gestión y Empleo Público una propuesta integral de ´Reconocimiento de la función científico – sanitaria´ para nuestra institución, así como la implementación de una bonificación/compensación, de carácter institucional, remunerativo y bonificable que contemple a todes les trabajadores encuadrados en los escalafones S1NF.P y 113.1/09, así como otras formas contractuales que conviven en esta casa, ya que para cada una de sus acciones se requiere de una especificidad propia de una institución con las características como la nuestra», afirma.
Y concluye: «Entendemos que esta propuesta resume el espíritu de la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresadas en nuestra institución, y que por tanto debe ser elevada habiéndola puesto en conocimiento al conjunto de los actores institucionales de ANI.IS-Malbrán. para su consenso y posterior elevación, ya que la misma es una aspiración de todes».