Comunicadores del Sur

27.4.2020

Por Corina Estrin

A tono con los dichos del Ministro de Salud de la Nación, se hizo público esta línea de la directiva del hospital en una circular interna que generó indignación entre los trabajadores. Sin embargo se deja de lado la responsabilidad de los que vacían la salud pública y no tocan el negocio millonario de farmacéuticas y prepagas

Desde hace varios días los trabajadores de la salud vienen manifestando su preocupación y malestar debido a la falta de insumos en los hospitales.
El viernes por la tarde se viralizó una foto donde la dirección del hospital Penna le indicaba a sus trabajadores como debía actuar ante caso sospechoso y/o confirmado de COVID 19, estas situaciones se repiten en diferentes hospitales, sin embargo, el broche de oro lo constituye uno de los últimos párrafos de la circular interna donde directamente se responsabiliza a los mismos ante posibles contagios, mencionando la posibilidad de ser sancionados.
Escandalosamente no nos termina de sorprender dicha situación, en varias oportunidades tanto Alberto Fernández como el ministro Ginés González García hicieron mención a la responsabilidad del personal de salud, dejando traslucir que muchos de ellos se sienten demasiado confiados y se relajan en el uso de los materiales y protocolos de seguridad.
Desde mediados de marzo, la población en general y el personal esencial vienen sosteniendo la cuarentena, tiempo que parecía necesario e importante, aun siendo una solución restrictiva, para realizar evaluaciones de la disponibilidad de recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar la pandemia y estar “preparados” para el pico del brote, por otra parte minimizar la circulación del virus, evaluar la cantidad de respiradores disponibles y planificar su distribución más adecuada.
Incluso avanzar en la unificación del Sistema de Salud, estrategia imprescindible para dar respuesta a la emergencia sanitaria. Un ejemplo de preparación por parte del Estado fueron las imágenes de hospitales de campaña, no percatándose que los mismos no contaban con las normas necesarias de sanidad, contando con camas de madera y colchones de uso domiciliario, imposibles de higienizar adecuadamente entre un paciente y otro.
La falta de alcohol en gel, barbijos, máscaras y camisolines, es corriente en muchos hospitales del país. Las vacunas antigripales no llegan a los hospitales, administrando dentro de los mismos la escasez, en hospitales de CABA se pidieron 650 dosis de las cuales llegaron solo 200. Las informaciones no son claras y para no brindar los materiales se esgrimen múltiples argumentos, dos barbijos por guardia de 24 horas son suficientes, cuando en los protocolos su duración estimada máxima es de 4. Entrega de máscaras sin ningún tipo certificación y que se sostienen con una bandita elástica, todos estos materiales entregados a contra firma. En estas circunstancias son muchos los trabajadores que dada la necesidad y la vocación por concurrir a sus trabajos compran de sus bolsillos los materiales que consideran faltantes, barbijos 3M o N95, máscaras y hasta termómetros para realizar el proceso de triage. Situaciones cotidianas que prácticamente no salen en los medios de comunicación masiva.
Se destaca que los trabajadores de la salud aun no han sido testeados de forma masiva, exponiéndolos a un posible contagio entre pares, pacientes y familiares. El testeo seria un modo de cuidar el recurso humano, evitando tanto la circulación del virus, como también el factor de estrés al cual son expuestos ya que un miedo recurrente que aparece es la posibilidad de contagiar a quienes tienen que cuidar y a sus propias familias. Cuidar a los trabajadores de la salud incluye velar por su salud de manera integral, como así también brindarle la continuidad laboral necesaria. Los profesionales suplentes de las guardias también son válvula de ajuste, por las rotaciones de personal obligatorias, impidiéndoles concurrir a días de guardia previamente pactados.
No se puede permitir que el argumento sea que no saben cuidar los insumos, los que necesitan usarlos saben más que nadie el valor del cuidado de los mismos. Después de un mes y días del inicio de la cuarentena solo se pide tener lo suficiente, para cuidar el recurso humano y para poder cuidar a los pacientes. Son múltiples los ejemplos de las fábricas que han puesto su producción al servicio del sector salud o de los trabajadores esenciales, así también en las escuelas o particulares produciendo máscaras faciales.
Hay que tomar estos ejemplos de solidaridad pero las responsabilidades tanto de proveerse los recursos o donarlos no puede quedar en la individualidad, como decirle a quienes trabajan en centros de salud que son ellos los responsables de enfermarse, aun cuando nadie ha brindado los EPP adecuados, haciéndonos creer que un barbijo sirve para 12 horas de trabajo, o que una máscara sin ningún tipo de certificación más que la buena voluntad es un protector facial adecuado.
Así como en la actualidad la emergencia sanitaria recae con mayor crudeza en la población vulnerable que vive de la economía informal, o que está siendo despedida de las empresas, es en los trabajadores de la salud donde están buscando que recaiga la responsabilidad de la falta de insumos y de la propagación del virus.
Ante la falta de respuesta del Estado ante las exigencias de los trabajadores del sistema de salud, y los sindicatos que dejan pasar los ataques y hasta negocian salarios a la baja como UPCN, o llaman a acciones sin paro ni discusión entre los compañeros para prepararlas, como ATE este 28 de abril, es por esto que los trabajadores deben auto organizarse para garantizar la atención y sus cuidados. Para eso muchos empiezan a poner en pie asambleas y Comisiones de seguridad e higiene de los trabajadores para relevar lo que falta y plantarse para conseguirlo, como en los hospitales Rivadavia, Piñero, Ramos Mejía o el Garrahan. Que no sean nuestras vidas la que paguen el costo de la crisis sino los que se llenaron de plata a costa de que millones de familias vean deteriorar cada vez más sus condiciones de vida.

26.4.2020

Por La Retaguardia

A pesar de sus 10 años de existencia, su prestigio y la demanda creciente de vacantes, el Ministerio de Educación del GCBA, impide el comienzo de la cohorte 2020 del Postitulo Especialización en Educación Sexual Integral que se dicta en el Instituto Superior del Profesorado (ISP) Joaquín V. González. Las autoridades de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente (UCSFD) afirman que quieren aprovechar el contexto de la pandemia para revisar las propuestas de los postítulos. El equipo docente reclama el inicio de la cursada de primer año la primera semana de mayo, con un comunicado que aquí reproducimos, junto a una entrevista realizada a María Eugenia Otero, integrante del Consejo Académico, en el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos. Al final de la nota, se encuentra el formulario de Google para sumar adhesiones.

En medio de la emergencia sanitaria el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no firmó las resoluciones que aprueban los Postítulos de Formación Docente de los Profesorados.
Las autoridades de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente (UCSFD) afirman que quieren aprovechar el contexto de la pandemia para revisar las propuestas, los contenidos y que no haya superposición de ofertas.
Una de estas “ofertas” es la Especialización en Educación Sexual Integral que se dicta en el Instituto Superior del Profesorado (ISP) Joaquín V. González que sostiene desde hace 10 años la formación de miles de maestrxs y profesorxs, en cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la formación docente en ESI, según las leyes 26.150 de nación y 2110 de CABA.
A pesar de que el cuerpo docente está trabajando desde el verano para realizar la preinscripción de aspirantes, que este año fueron 2000, en la organización de la cursada y, a partir del aislamiento obligatorio, en la planificación en modalidad virtual, la decisión de las autoridades impidió comenzar virtualmente la cursada de primer año.
En el contexto de la pandemia por COVID-19 el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afirma la importancia de implementar los contenidos de ESI como una de las prioridades durante la emergencia. Sin embargo, ese mismo Ministerio, pese a tener un cuerpo docente solvente y comprometido con el proyecto de formación que ofrece el postítulo, cercena derechos dejando sin la posibilidad de comenzar la Especialización a 200 nuevxs aspirantes que intentan formarse en una disciplina que se considera prioritaria aún en estos contextos. Estas 200 personas, docentxs de todas las áreas y niveles, representan sólo el 10% del total de 2000 inscriptxs que tuvieron que llegar a sorteo debido a la imposibilidad de dar respuesta a semejante demanda.
Cada dos años se requiere de una resolución ministerial que apruebe la renovación del proyecto, lo que habilita el inicio de la cursada para dos cohortes de este postítulo. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos y plazos fijados para que la tramitación se resuelva antes del inicio del año lectivo, las autoridades de la UCSFD interponen en forma sistemática y sostenida, barreras y obstáculos que nos hacen llegar cada año a la fecha de inscripciones en un clima de incertidumbre en lo que respecta a la apertura y puesta en marcha del postítulo. En varias oportunidades hemos iniciado la cursada sin resolución firmada y, como las designaciones de lxs docentes del equipo también dependen de esa firma, dimos comienzo costeando viáticos y materiales sin haber cobrado un centavo del salario que por “derecho” nos corresponde. Además, nuestra labor docente real da inicios en enero para culminar en diciembre. Sostenemos la tarea durante los doce meses del año sin que ese trabajo sea valorado y reconocido, ya que -además de los exámenes por fuera de las fechas de contrato- cursantes y egresadxs demandan asesoramiento y apoyo en situaciones de violencia de género, abuso sexual, embarazos no intencionales de niñas y adolescentes, discriminación por orientación sexual o indentidad de género y otras problemáticas que irrumpen en el aula con relación a la sexualidad. A pesar la sólida trayectoria como formadorxs y de que seamos quienes efectivamente garantizan el acceso a la ESI, las condiciones de contratación del equipo docente continúan siendo precarias y no garantizan estabilidad laboral ni derechos.
Cada año se interponen excusas burocráticas y administrativas que operan como pantalla y que, advertimos con indignación, son una apuesta al desgaste y denigración de nuestra tarea docente. Este año no ha resultado excepción. La Sra. Ministra de Educación Soledad Acuña durante el 2018 asumió públicamente un compromiso con la ESI, expresado en un informe final de la Legislatura Porteña en el que claramente manifiesta la decisión de respetar y dar cumplimiento de manera efectiva a los acuerdos y recomendaciones indicados por un grupo de expertxs convocadxs por el ex legislador oficialista Maximiliano Ferraro, quien por entonces presidía la Comisión de Educación -hoy diputado Nacional por CABA.
No alcanzamos a comprender las razones que motivan a la Gestión a compromisos públicos, por un lado y a la implementación de Políticas Públicas que los denostan y tiran abajo dejándolos sin efecto, por otro. Cabe preguntarse cuál es el verdadero posicionamiento que el Gobierno de CABA asume frente a la ESI.
Queda en evidencia que las autoridades gubernamentales no respetan ni cumplen las leyes -paradójicamente algunas impulsadas y aprobadas por ellxs mismxs- que advierten sobre la necesidad y obligatoriedad de formación en ESI e incurren en una actitud grave de avasallamiento de derechos de estudiantes y trabajadores.
Emergencia sanitaria de por medio, con modalidad virtual obligada, llegamos a fin de abril sin resolución, cuando deberíamos haber comenzado la cursada hace tres semanas. Queda claro que las autoridades juegan a que el tiempo pase negándoles a lxs inscriptxs la posibilidad de cursar.
A la incertidumbre de cada año se sumó la emergencia sanitaria pero, a pesar de ello, el equipo docente comenzó la cursada de segundo en modalidad virtual con casi el 100% de participación. Continuamos a la fecha sin contar con una resolución que habilite la apertura de nuevas cohortes. De este modo la UCSFD le niega la formación a 200 personas con deseos de comprometerse y formarse, mientras que, una vez más, se vulneran los derechos de lxs trabajadorxs que integran el Equipo Docente.
La pandemia no se enfrenta cercenando derechos y menos se aprovecha la ocasión para avasallarlos, sino que es justamente en estos contextos donde más se necesita de su garantía, siendo la educación sexual integral uno de ellos, especialmente cuando se hace frente a una realidad tan cruel como los feminicidios y abusos agravados de manera alarmante, así como la necesidad de reforzar en cada ámbito educativo la promoción en salud. Lxs estudiantes y profesionales que necesitan consultar por situaciones de violencia de género respecto de la población con la que trabajan no se dirigen al Ministerio de Educación de CABA para que dé respuesta a sus inquietudes, se dirigen a nosotrxs.
Exigimos una respuesta positiva por parte de la UCSFD para dar comienzo a la cursada 2020 en modalidad virtual la primer semana de mayo.

NO NOS AÍSLEN DE LA ESI
Te pedimos tu firma para que el Ministerio de Educación de CABA firme la resolución que aprueba el Postítulo de Especialización en Educación Sexual Integral del Joaquín V. González. Exigimos comenzar la primera semana de mayo ACÁ

26.4.2020

Por Sebastián Furlong

Por primera vez desde la brutal represión de 2013, este 26 de abril no habrá actividades dentro del Hospital Borda debido a la pandemia del coronavirus. ¿Cómo es la cuarentena de los usuarios de la salud mental? Vivir entre el encierro, la falta de barbijos y el temor por el contagio.

El 26 de abril de 2013, más de un centenar de efectivos de la Policía Metropolitana y varias cuadrillas de operarios ingresaron cerca de la madrugada al Hospital Borda con el objetivo de demoler el Taller Protegido 19. Allí funcionaba la carpintería donde muchos usuarios de la salud mental trabajaban en la fabricación de sillas, camas, roperos y muebles de oficina destinados a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Detrás de la avanzada macrista contra el Borda estaba la intención de construir el «Centro cívico» -las oficinas del Ejecutivo comunal-, que era visto por organizaciones y sindicatos como la punta del iceberg de un nuevo negocio inmobiliario. La resistencia fue masiva y la represión brutal: gas pimienta, balas de goma y un saldo de 20 pacientes heridos, 60 personas lastimadas y 8 detenidos.
Ya pasaron siete años de aquel ataque a la salud pública y los principales responsables políticos de lo que pudo ser una masacre -Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta- fueron sobreseidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre de 2017. Por primera vez desde que se recuerda la fecha de esta represión, este 26 de abril no habrá actividades dentro del neuropsiquiátrico debido a la pandemia del coronavirus.
Gabriel Cavia, subsecretario gremial de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, recuerda dicha represión en diálogo con El Grito del Sur como «un acto criminal planificado que llevaba a un solo objetivo: un gran negocio inmobiliario encabezado por Nicky Caputo. Fue una locura absoluta, nosotros presentamos denuncias pero Macri tenía un gran blindaje no sólo en los medios sino también en la Justicia. Salvo una multa, no hubo ningún tipo de condena». «Este episodio infame fue un avasallamiento a la salud pública y los derechos humanos», opina por su parte Sara del Valle, integrante del Taller del Tomate.
En medio de la pandemia más fuerte de los últimos 100 años, los trabajadores y las trabajadoras del Hospital reclaman falta de Equipos de Protección Personal (EPP) para desarrollar sus labores, entre los que se cuentan la necesidad de barbijos quirúrgicos, máscaras y camisolines. Gonzalo Sánchez, delegado por ATE Capital, cuenta que «estamos atravesando una situación muy particular por falta de insumos, que están siendo comprados por los propios trabajadores. El Covid-19 viene avanzando y sabemos que, tarde o temprano, va a entrar al hospital. Trabajamos con una población adulta mayor y, por las enfermedades que se tratan allí, se hace muy difícil el distanciamiento social y la implementación de ciertas normas de higiene. Si llegamos a tener algún caso, va a ser muy difícil controlarlo internamente».
El temor por la salud crece porque ya hay dos casos sospechosos de coronavirus, aunque aún no hay ningún confirmado. Se estima que el Gobierno de la Ciudad está entregando cerca de 300 barbijos por día, mientras que el personal necesita a diario alrededor de 1000.
Ubicado en el barrio de Barracas desde el año 1863, el Hospital Borda abarca 16 hectáreas ocupadas por 100 mil metros cubiertos de construcciones de diferentes épocas, rodeadas de calles con nombres, árboles, murales y graffitis. Allí se alojan unas 600 personas que reciben atención en forma ambulatoria, con unas 5500 prestaciones mensuales. En este marco, la pregunta resulta obvia: ¿cómo es la cuarentena de los usuarios de la salud mental?
Gabriel Cavia señala que «estamos intentando que los pacientes estén en sus servicios y pueden deambular, lo cierto es que están en un lugar con mucho parque. Ellos están bien y es una buena señal el hecho de que hasta ahora no tengamos contagiados». «Hay muchas actividades que están restringidas y obviamente que la patología es muy difícil de ser tratada con un 100% de encierro. No reciben visitas, no puede ingresar gente más allá de los que trabajamos ahí. Esto requiere un doble esfuerzo y presencia por parte de los profesionales», expresa Gonzalo Sánchez.
Precisamente, el Hospital cuenta con una gran cantidad de talleres no institucionales que buscan incluir a los usuarios en diversas disciplinas artísticas y oficios laborales desde una perspectiva de sujetos de derecho. En un comunicado conjunto, los talleristas sostienen que «para ellos nunca hay oportunidades, ni afuera y mucho menos estando encerrados entre muros. Como se tratan de ¨locos, pobres, sucios y feos¨, es más barato tenerlos hacinados y en condiciones inhumanas, con falta de higiene y salubridad, rodeados de tuberculosis, de sarna, muchas veces sin agua, gas, luz ni comida». «Los hospicios encierran miles de historias y todas reflejan que esta institución no es más que un lugar para depositar a quienes ya no le son útiles al sistema», agregan los talleristas.
Florencia Grillo, quien forma parte de Cooperanza Salud Mental Colectiva, reflexiona sobre las lógicas de encierro: «Imaginate si ahora uno lo sufre, que tiene medios para comunicarse. Los usuarios de la salud mental sufren una estigmatización, por lo cual ellos padecen el doble esta cuarentena». «A pesar de que hoy no nos podamos encontrar con ellos, se han formado otros vínculos a la distancia y estamos convencidos de que vamos a salir juntos de esta pandemia», se ilusiona.
En una crónica escrita para el portal Marcha, Darío Cavacini relata que visitó una tarde el Borda para preguntarse: «¿Cómo será el aislamiento de los que ya están aislados hace años? Esos mismos muros que han protegido a los sanos del afuera de los enfermos del adentro, hoy han invertido su orden. Ahora también nosotros estamos encerrados a cielo abierto. Quizás sepamos cómo se siente».
A siete años de la represión en Borda, las fichas saltaron por el aire. Corren tiempos en los que buena parte de la ciudadanía manifiesta el sufrimiento personal por la obligación del encierro sin haberse cuestionado jamás el padecimiento de quienes están atados a los designios del manicomio. Queda claro que el encierro no es algo natural ni terapéutico para ningún ser humano. Hoy, las grandes mayorías estamos conociendo lo que es realmente el encierro y lo difícil que resulta lidiar sus consecuencias.

24.4.2020

Este viernes se confirmaron los dos primeros casos positivos de Coronavirus en la Barrio 20. Un sistema de Salud sin Hospitales, precarización laboral y hacinamiento conforman este breve relato de un contagio anunciado.

Este viernes acaban de identificar dos casos confirmados de Coronavirus en el Barrio 20 en Villa Lugano los cuales se suman a un caso positivo en la Villa 15 (Ciudad Oculta), dos casos en la 1-11-14, en Flores, y otros dos casos en la Villa 31 ubicada en Retiro. De esta manera hasta el propio presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieyra, debió reconocer que ya suman 7 los casos únicamente en villas porteñas en pocos días.
Si bien se comunica que las personas contagiadas ya se encuentran aisladas, poco se conoció de las medidas preventivas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya tomado para evitar esta situación. “Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que implemente medidas urgentes para palear dicha situación y contener la expansión y circulación local del coronavirus donde hoy ya padecen dengue, tuberculosis, sarampión, entre otras enfermedades”, advirtieron desde la Red de Lugano. En este mismo sentido, la Izquierda Diario viene cubriendo en diversas notas la realidad del barrio y del conjunto de la Comuna 8, la última de las cuales, preanunciaban las carencias de un sistema de salud acorde a la lucha que ya exigía los numerosos casos de dengue y que estos casos de Coronavirus solo profundizarán.
Desde la banca del PTS – Frente de Izquierda Unidad, Alejandrina Barry presentó un proyecto de Ley que reúne las demandas y lucha que están protagonizando el personal de salud de la mayoría de los hospitales porteños, entre ellos el Garrahan, el Ramos Mejía, el Piñeyro y el Rivadavia por solo mencionar algunos. El proyecto dispone “la unificación y centralización del sistema de salud bajo la órbita estatal con control de trabajadores y profesionales de la salud”, “la realización de tests de Covid – 19 de forma obligatoria, preventiva, periódica y gratuita a todo el personal hospitalario” y “la entrega de los insumos necesarios para el tratamiento y la prevención del Covid – 19”.
Desde la Red de Lugano aclaran “no es posible un aislamiento obligatorio si el Estado no adopta medidas que acompañen y posibiliten el mismo. La labor militante de las organizaciones sociales y comunitarias y de los trabajadores de las diferentes instituciones descentralizadas no alcanza. Se requieren medidas urgentes, claras y adecuadas (…)”.
Es que como ya señalaran Nicolás Del Caño y Myriam Bregman del PTS, una gran proporción de los trabajadores del país trabajan en condiciones precarias y de informalidad, al que se suman decenas de miles de despidos y suspensiones que obligan a muchas personas a salir a la calle, incluso contra los propios deseos, para obtener algún ingreso o conseguir alimentos para la familia, como lo reflejan las largas filas que se forman jueves y viernes frente a las escuelas.
Por último, mientras cientos de miles viven hacinados en villas, el primer Informe sobre la Condición de Ocupación de las Viviendas, elaborado el año pasado por el IVC junto a diez organizaciones, determinó que el 9.2% de los inmuebles residenciales no están habitados en la Ciudad de Buenos Aires.
Este estudio, que se basó en el consumo eléctrico mensual como indicador, determinó que hay 138.328 viviendas “ociosas”. La actual situación muestra a las claras que hay que dar vuelta este sistema irracional, y poner como organizador económico y social las necesidades de las familias trabajadoras.

24.4.2020

El personal de la salud porteño hizo visible la negligencia: no reciben los insumos para protegerse o son de mala calidad. En el marco de un porcentaje creciente de infectados con coronavirus en el sector, los nucleados en ATE anticipan que la semana que viene habrá reclamos en todos los hospitales.

“Nos están dando insumos a cuentagotas. Es muy poca la cantidad, es precario el material, es de baja calidad, y no nos deja tranquilas, porque después tenemos que volver a nuestras casas, viajar en el transporte público, y no solamente corremos riesgo nosotras y nuestra familia, sino también la gente que viaja con nosotras”.
La que habla es Fabiana Reynoso, licenciada en Enfermería a cargo del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Rivadavia, donde esta mañana los trabajadores de la salud de toda la Ciudad de Buenos Aires se dieron cita para denunciar que no cuentan con los insumos para protegerse de posibles infecciones ante la pandemia de coronavirus.
Allí, en el centro de salud público ubicado en el corazón de Recoleta -uno de los barrios del país que concentra más casos positivos de COVID-19-, los elementos de protección recomendados por la Organización Mundial de la Salud escasean y la situación se repite similar en los demás hospitales porteños.
Por otro lado, quienes los reciben son sólo aquellos que están en contacto con pacientes confirmados de tener coronavirus, pero el personal que atiende a quienes no fueron confirmados o son asintomáticos permanece expuesto.
«Hemos convocado a delegados de los hospitales nucleados en ATE (Asociación Trabajadores del Estado) a esta conferencia para denunciar la falta de elementos de protección para el personal, fundamentalmente barbijos, camisolines termo-repelentes. Es lo que está provocando el alto porcentaje de trabajadores de la salud infectados (con COVID-19) que son más de un 14% de los infectados de todo el país, y en la Ciudad son el 9%«, detalla Rodolfo Arrechea, coordinador nacional de Salud del Consejo Directivo de ATE Nacional.
Por su parte, Claudia, enfermera del turno tarde, sostiene: «Nos dan un barbijo por día y, depende del uso, la duración media de un barbijo es de dos horas. Además, hay sectores que sí lo tienen y sectores que no, pero ante la falta de testeos masivos hoy todo paciente que ingresa es posible COVID». También asegura que la mayoría de los insumos de protección de buena calidad con los que cuentan es donada.
La situación no atañe sólo al sector público, ya que son muchos los trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en los hospitales públicos y también en sanatorios y las clínicas privadas.

Reclamos

Desde las puertas del Rivadavia, los trabajadores de la salud anunciaron que, de no solucionarse esta situación, la semana que viene llevarán adelante una protesta en la puerta de todos los hospitales porteños, a partir de las 11, para exigirle al Gobierno de la Ciudad los insumos que faltan. También pedirán testeos para quienes se desempeñen en el área.
«El jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) tiene la obligación de cuidar a quienes cuidan a toda la población. Esto recién empieza y nosotros tenemos el deber de exigirle la inmediata cantidad de insumos para poder trabajar con mayor tranquilidad en los hospitales de la Ciudad», concluyó Arrechea en diálogo con Canal Abierto.
En tanto, por vía judicial, ya fueron presentados más de cien amparos ante la Justicia porteña para que la Ciudad y las ART se encarguen de proveer los elementos de seguridad para los trabajadores de la salud.

Residentes

Por su parte, los médicos residentes y concurrentes que atienden en los hospitales porteños se reunieron esta mañana en las puertas del Hospital Durand para denunciar, no sólo la falta de insumos, sino las precarias condiciones de trabajo.
“Somos profesionales recibidos que realizamos una formación de posgrado. Previo a la pandemia veníamos trabajando hasta 100 horas por semana. Ahora aún más horas. En el caso de los concurrentes, por contrato deberían trabajar hasta 30 horas. No cobran un salario, no tienen ART ni obra social. En este contexto, son los que más riesgo corren”, explica Lain Bullentini, residente en medicina general del Hospital Argerich.
La estimación es que en la Ciudad hay entre 3.500 y 3.600 residentes, y 1.400 concurrentes. El total de trabajadores de la salud, incluyendo todos los sectores, es de 37.000 personas.
“Desde diciembre, cuando logramos dar marcha atrás con la ley de precarización que presentó el gobierno de la Ciudad, no cambió nada. No hubo voluntad política para que continúe la mesa de diálogo que había arrancado, y desde entonces sólo hubo una reunión –continúa Lain. Como trabajadores de la salud, queremos cuidar a la gente, pero sin regalar nuestra seguridad individual y colectiva”.
Sostienen, además, que falta capacitación sobre cómo accionar en cada una de las instituciones, y serios problemas para acceder a las licencias para los cuidadores de menores o adultos mayores, o por tratarse de personal con factores de riesgo.